CIVICUS conversa con Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional y presidente de la Fundación Stop Ecocidio. La campaña Stop Ecocidio busca lograr que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional. Para ello, la Fundación Stop Ecocidio, con sede en los Países Bajos, trabaja con abogados penalistas internacionales, investigadores y diplomáticos para elaborar una definición de ecocidio actualizada, clara y jurídicamente sólida y abogar por que los Estados lo incorporen en una enmienda al derecho penal internacional.
¿Cómo se desarrolló el concepto de ecocidio y para qué sirve?
Los orígenes del concepto de ecocidio se remontan a unos 50 años atrás, pero solo ha cobrado importancia recientemente. En 2017 cofundé, junto con la fallecida abogada británica Polly Higgins, la campaña Stop Ecocidio. Trabajamos juntas durante cuatro años y medio hasta que ella falleció en 2019. Lanzamos esta campaña para continuar el trabajo que ella había iniciado años atrás para criminalizar el ecocidio a nivel internacional. La campaña se sitúa en una interesante intersección en la que confluyen avances jurídicos, tracción diplomática y narrativa pública. Esto nos permite ejercer influencia y amplificar la conversación.
Utilizamos el término “ecocidio” para referirnos al daño y la destrucción masiva de los ecosistemas. Consideramos que el ecocidio es la causa principal o una de las causas principales de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. La destrucción de los ecosistemas perpetrada repetida e implacablemente por algunas de las mayores corporaciones del mundo ha agravado esa crisis. Pero este tipo de daño irreversible no es considerado como un delito a nivel mundial, y por lo tanto sigue estando ampliamente permitido. Una empresa puede tramitar con su gobierno una licencia o un permiso de pesca, de explotación forestal o de fracturación hidráulica, obtenerlo y producir destrucción medioambiental a gran escala sin demasiada repercusión. En el mundo en que vivimos, este comportamiento está aceptado, y la economía depende en gran medida de esa devastación. Creemos que es hora de cambiar las reglas.
Según Nigel Topping, director de We Mean Business, una coalición de organizaciones que trabajan sobre el cambio climático con miles de las empresas e inversores más influyentes del mundo, en los debates sobre el clima tendemos a enfocarnos en los actores económicos y en lo que hacen, en vez de mirar las normas subyacentes que les permiten actuar de esa manera. Criminalizar el ecocidio significaría añadir una norma básica que coloque a la destrucción de los ecosistemas bajo una línea roja global, a la vez moral y criminal. Llevarlo al terreno penal supone una gran diferencia conceptual y crea una situación muy diferente para las empresas y corporaciones. La mayor parte de la destrucción del medio ambiente es, en última instancia, impulsada por empresas, por lo que, aunque muchas de ellas estén patrocinadas por Estados, se trata de un problema empresarial.
El ecocidio se diferencia de otros delitos internacionales en que los directores generales se preocupan por la forma en que son percibidos, porque de ello depende el precio de sus acciones, su posición pública y la confianza de los inversores. Al codificar el ecocidio en el derecho penal, crearíamos la posibilidad de que los delincuentes ambientales sean vistos bajo la misma luz que los criminales de guerra, lo cual no es bueno para los negocios. Si el ecocidio se convierte en un delito, los inversores, financistas y aseguradores se verán obligados a reorientar sus fondos. Las finanzas son como el agua: fluyen por la vía de menor resistencia. Toda la buena voluntad del mundo no impedirá que las finanzas fluyan hacia inversiones medioambientales problemáticas; cerrarles esa vía depende de nosotros.
¿Por qué centran sus esfuerzos en la Corte Penal Internacional (CPI)?
Una de las principales razones por las que apuntamos a la CPI es que existe un procedimiento establecido para añadir delitos al Estatuto de Roma, que regula los delitos internacionales. En la actualidad, la CPI persigue cuatro delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Si se añade el delito de ecocidio al Estatuto de Roma, los autores de la destrucción del medio ambiente podrían ser detenidos, procesados y encarcelados como lo son los criminales de guerra.
El ecocidio es perpetrado en gran medida por empresas, y alentamos a todos los países a legislar sobre el ecocidio dentro de su propia jurisdicción. Sin embargo, sigue habiendo mucho margen para que las grandes empresas, capaces de contratar costosos abogados, eludan esas leyes. En cambio, bajo el derecho internacional, una empresa podría ser juzgada incluso si no es procesada por el país donde cometió el delito o por el país de origen del autor del delito; cualquier Estado miembro puede invocar los principios de jurisdicción universal si considera que el delito es lo suficientemente grave. Esto crea un potencial de aplicabilidad que ningún otro mecanismo global puede ofrecer.
Si lo que se busca es una ley que se aplique de forma coherente a través de las fronteras, tiene sentido seguir la vía de la CPI. Al mismo tiempo, es importante empezar a construir un consenso mucho más amplio sobre lo que es lícito y lo que no lo es.
¿Qué pasaría si mañana el ecocidio se convirtiera en delito?
Si el ecocidio se convirtiera mañana en un delito bajo el derecho internacional, sería un desastre porque nadie estaría preparado para ello. Las empresas quedarían repentinamente convertidas en delincuentes y los tribunales no podrían ocuparse de todas. De modo que tendría que haber un periodo de transición.
Pero no hay riesgo de que esto ocurra demasiado pronto, ya que el proceso implica varios pasos que requieren bastante tiempo. En primer lugar, un Estado o grupo de Estados tiene que hacer la propuesta. En segundo lugar, es necesario que una mayoría simple de países se ponga de acuerdo para debatirla. En tercer lugar, para llegar al texto final y adoptarlo es necesario atravesar un largo proceso de negociaciones entre Estados. Y, por último, los Estados tienen que ratificarlo. La última vez que se modificó el Estatuto de Roma, cuando se añadió el crimen de agresión, se tardó entre siete y diez años. Creemos que, en el caso del ecocidio, el proceso podría ser mucho más rápido porque hay mucha más conciencia del problema y estamos viviendo una década decisiva en lo que respecta al cambio climático y a la oportunidad para cambiar las cosas. Los gobiernos están despertando a esta realidad y la ciudadanía está tomando conciencia, así que calculamos que el proceso podría durar unos cinco años. Definitivamente no tardará los 20 años que se tardó en alcanzar el Acuerdo de París, porque ahora la urgencia es mucho más clara.
¿Cómo ha sido el proceso hasta ahora y, cuáles han sido sus mayores logros?
Polly Higgins tuvo su epifanía en 2009-2010, cuando se planteó la pregunta “¿cómo imponemos un deber legal de cuidado del planeta?”. Ella se dio cuenta de que existe una relación entre derechos y responsabilidades, y que éstas deben definirse en el marco del derecho penal. Por ejemplo, uno puede tener derecho a la vida, pero si el asesinato no es considerado un delito, entonces el derecho a la vida no está realmente protegido. Hay que criminalizar el daño para proteger el derecho.
Basándose en esta idea, en 2010 Polly presentó a la Comisión de Derecho Internacional un proyecto que definía al ecocidio como un delito. Esto generó gran interés y dio lugar a la celebración de un juicio simulado en el Reino Unido. Pero con el tiempo, le resultó difícil conseguir apoyo financiero para sacarlo adelante. En aquel momento su propuesta era considerada extrema y drástica, y las fundaciones veían a su trabajo como una empresa arriesgada. Se trata de un trabajo de incidencia a nivel diplomático, que puede resultar imprevisible. Sin embargo, cada vez más gente creyó en ella, y así nació la campaña Stop Ecocidio. Esto ocurrió en 2017. Pronto nos dimos cuenta de que para hacer esto necesitábamos hacer crowdfunding. Como resultado de ello, la campaña despegó. En un mes recaudamos suficiente dinero para enviar a Polly y a un equipo de gente a la CPI. Pudimos apoyar a pequeños estados insulares para que también enviaran delegados, empezando por Vanuatu, nuestro primer aliado.
Lo interesante de la incidencia diplomática es que a menudo no es posible dar publicidad a sus principales hitos. Trabajamos con Vanuatu durante tres años antes de que ellos se sintieran cómodos hablando de ecocidio y reconociendo nuestro trabajo. Aunque la narrativa sobre el ecocidio ya se había hecho muy pública, el trabajo central de la campaña permaneció en secreto durante mucho tiempo.
Dado su rol de guía, uno de los mayores sobresaltos que experimentó la campaña se produjo tristemente cuando Polly falleció. Cuando cayó enferma hubo muchas dudas sobre lo que pasaría si fallecía, pero lo que realmente acabó ocurriendo fue muy interesante. Durante años estuvimos tan escasos de fondos que tuvimos que trabajar sin sueldo, pero tras el fallecimiento de Polly hubo una avalancha de apoyos, e incluso se acercó mucha gente para contribuir a la campaña.
Fue entonces cuando descubrí que había muchos abogados y organizaciones en diferentes países que tenían muchas ganas de trabajar en el tema e incluso ya habían estado trabajando en él, pero no habían colaborado directamente con nosotros. Juntar a estas personas que ya eran actores en este ámbito ha sido un ejercicio masivo de formación de redes. Nos dimos cuenta de que no podíamos trabajar por separado y empezamos a coordinar nuestro trabajo en pos de un objetivo común. En el caso del movimiento Stop Ecocidio, ha sido muy potente el hecho de reunir bajo una sola palabra -ecocidio- las formas en que muchas personas entienden lo que está sucediendo en el terreno ambiental.
Nos ha ayudado mucho la reciente oleada de activismo y movilización de base. Desde las huelgas escolares inspiradas por Greta Thunberg hasta las acciones de Extinction Rebellion en el Reino Unido y el Sunrise Movement en Estados Unidos, hay una amplia movilización en las calles. Esto ha llevado la conversación a los medios de comunicación y se ha hecho eco entre los gobiernos. La crisis climática y ecológica se está convirtiendo cada vez más en parte del discurso dominante, lo cual es en gran medida atribuible a la movilización pública.
El progreso de Stop Ecocidio no ha sido lineal. En 2019, cuando Vanuatu se convirtió en el primer país en pedir que se reconociera el ecocidio como un delito en la CPI, el tema saltó al nivel internacional. Vanuatu fue inmediatamente seguido por las Maldivas y otros miembros de la CPI. También en 2019, el Papa Francisco se pronunció a favor de la criminalización del ecocidio. En un discurso ante la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa propuso que los “pecados contra la ecología” se añadieran a las enseñanzas de la Iglesia católica y propuso que el ecocidio fuera agregado como una quinta categoría de crímenes contra la paz a nivel internacional. El Vaticano es, por lo tanto, un destacado defensor de este concepto.
También se lograron algunos avances en materia de implementación en países concretos, y especialmente en Francia. El presidente francés, Emanuel Macron, declaró que el ecocidio es una cuestión internacional que debe abordarse en la CPI, pero al mismo tiempo Francia ha intentado abordarlo en su legislación interna. Tras las protestas de los chalecos amarillos, desencadenadas por un aumento de los impuestos sobre los combustibles, el presidente Macron convocó una Asamblea Ciudadana sobre el Clima, otorgando a 150 ciudadanos franceses elegidos al azar un mandato para debatir y proponer políticas para hacer frente a la crisis climática. ¡Y la asamblea ciudadana volvió con la propuesta de criminalizar el ecocidio! Si se le pregunta a la gente, para la mayoría la penalización del ecocidio es una obviedad.
Desde entonces, en Francia se ha propuesto una ley al respecto. Se trata de una versión muy diluida en comparación con la propuesta de la Asamblea, pero aun así nos ofreció la oportunidad de hacer ruido y mantener una conversación más amplia. Como era de esperar, el sector empresarial opuso mucha resistencia y se salió con la suya, lo que demostró por qué es más fácil conseguir apoyo para esto a nivel internacional. Es más fácil para los gobiernos porque no les exige que actúen de inmediato, y desde nuestra perspectiva también es mejor en el largo plazo.
Hasta ahora, seis gobiernos nacionales han mostrado interés en incluir el ecocidio en su legislación o en sus programas gubernamentales. También hay 11 estados con parlamentarios interesados en la definición en que estamos trabajando. Esto es un avance clave porque nos obliga a elaborar una definición que sea utilizable para la CPI. Para ello, hemos armado un grupo de redacción integrado por los mejores juristas internacionales. El proceso de redacción ya está en marcha, y está siendo apoyado por varios grupos consultivos. Les hemos proporcionado informes científicos clave sobre el estado de la cuestión a nivel mundial, y estamos colaborando con grupos indígenas de todo el mundo para que sus voces sean escuchadas. Esto es fundamental porque el 80% de la biodiversidad del mundo se conserva en tierras indígenas. También tenemos previsto consultar a grupos religiosos y al activismo joven para comprender cabalmente lo que esta definición debe tener en cuenta.
Mirando hacia atrás, ¿cuál ha sido el principal desafío que ha enfrentado Stop Ecocidio? ¿Y cómo se perfila su futuro?
Gran parte del trabajo que realizamos tiene que ver con las narrativas, con dar a conocer el concepto de ecocidio para crear tracción. Cuando Vanuatu hizo su anuncio en 2019, nadie se habría enterado si no hubiéramos trabajado para amplificarlo. En la medida en que se amplificó, desencadenó el siguiente nivel de conversación.
Dada la importancia de amplificar el mensaje y desencadenar nuevas conversaciones, un gran desafío para nosotros ha sido el silencio de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el que fue el último gran evento de Polly, que celebramos en La Haya en paralelo con la asamblea de la CPI, analizamos hipotéticamente quién podría ser procesado si el ecocidio fuera codificado como delito, y se nombró a grandes empresas como Shell. Solo podemos especular sobre la razón por la que los medios de comunicación no recogieron esto, pero cabe suponer que hay mucha autocensura. Los medios de comunicación evitan señalar con el dedo a actores tan poderosos.
Comprendimos que se trata de un tema que polariza y que nos estamos ganando enemigos poderosos. De cara al futuro, debemos conseguir que las grandes empresas vean la destrucción que se avecina y que en un giro en su comportamiento. Algunas empresas, como BP, han empezado a cambiar su forma de actuar, aunque muchos argumentan que apenas están haciendo un “enjuague verde” para limpiar su reputación y cuestionan la autenticidad de su compromiso.
Para que esto funcione, el empoderamiento conducente al cambio medioambiental tiene que producirse en todos los ámbitos. Tiene que empezar desde las bases, pasar por las filas del gobierno y llegar a las empresas. Necesitamos que se discuta sobre el ecocidio a nivel mundial, por lo que es muy importante llegar a todos estos ámbitos. Tenemos que conseguir que todos ellos se pongan a pensar cómo van a afrontar la introducción de una nueva norma fundamental.
Póngase en contacto con Stop Ecocidio a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @EcocideLaw y a @Jojo_Mehta en Twitter.