CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.
Desde mucho antes de la pandemia del COVID-19 las elecciones han sido foco de conflicto en la política boliviana. ¿Cómo se fue reacomodando el escenario político desde la instalación del actual gobierno provisional en noviembre de 2019?
Bolivia se encuentra en un abismo político del cual no podrá salir ni siquiera mediante las elecciones que se avecinan. Este abismo se ha ido profundizando desde 2016, cuando el entonces presidente Evo Morales perdió el referéndum convocado para habilitar una nueva reelección. A partir de ese momento hemos tenido un escenario altamente polarizado y hemos vivido una campaña electoral continua y sin tregua.
Este abismo cada vez más profundo es el resultado de una fractura social y una racialización de la política, que se han intensificado luego de la crisis electoral de octubre de 2019, combinadas con la falta de mecanismos de intermediación. Tenemos un escenario que se afianza en una construcción del “otro” desde lo étnico-racial y en la confrontación de clases.
En ese sentido, el proyecto de una Bolivia plurinacional bajo el liderazgo de un líder popular, que resultó en un relativo desplazamiento de varias élites, tuvo claras consecuencias. Durante el tiempo que duró ese proyecto - los 14 años de gestión de Morales – la discriminación étnica y racial pasó a ser políticamente incorrecta y legalmente penada, pues se aprobó una ley en contra de toda forma de discriminación y racismo. No obstante, este cambio formal no llegó a consolidarse en la cultura política. Durante el gobierno de Morales las élites desplazadas, varias de ellas de clases altas urbanas, tuvieron que migrar o exiliarse - en algunos casos por persecución política - y generar proyectos desde los recodos de la política, ya que no tenían oportunidades reales de recuperar el poder estatal. Entonces, en cuanto el Movimiento al Socialismo (MAS) se debilitó, toda esa estructura dormida se rearmó, trayendo de regreso los resabios discursivos anteriores.
De los muchos ejemplos de esta racialización voy a mencionar dos. En noviembre de 2019, en las confrontaciones posteriores a las elecciones, varios grupos de WhatsApp se refirieron a los simpatizantes del MAS como “hordas de salvajes”. Si bien hubo mucha violencia entre grupos y varios incluso se mezcló la delincuencia, la construcción del otro como un “salvaje” buscaba justificar la reacción de odio e incluso la represión violenta, como fue el caso de las represiones de Sacaba y Senkata, donde murieron más de 30 personas en formas que aún no han sido esclarecidas. Otro ejemplo ha sido la campaña de algunos políticos para restar escaños legislativos a las zonas rurales, alegando que tienen sobrerrepresentación, quitan oportunidad a las ciudades y favorecen al MAS, cuyo voto es rural. No obstante, estudios muy fundamentados han demostrado que esto no es así, y que los cambios también afectarían a departamentos que favorecen a los partidos de derecha, como Beni, Santa Cruz y Tarija. Es decir, se trata tan solo de un argumento en contra de la ruralidad.
Por otra parte, la falta de mecanismos de intermediación es consecuencia de la institucionalización fallida. En Bolivia los partidos no son fuertes; ni siquiera lo es el MAS, que continúa siendo una estructura corporativizada de movimientos populares de base muy caudillista, con un líder único. La consecuencia de ello es la ausencia del debate de ideas y la falta de renovación de los liderazgos. Si el MAS hubiera generado nuevos liderazgos para las elecciones de 2019, probablemente su proyecto continuaría con la misma fuerza que tenía en 2014 y no se hubiera desgastado a la par de las tentativas de Morales de acceder a un nuevo mandato.
Pero los demás partidos tienen el mismo problema. En las elecciones de 2019 tuvimos básicamente los mismos candidatos que habíamos tenido en 2004, antes del primer mandato de Morales. La falta de institucionalización es muy proclive a los radicalismos y a la polarización. A su vez, convierte a los partidos en partidos atrapa-todo, por lo que en una misma fuerza conviven ideologías progresistas y ultraconservadoras, políticas de derecha con visiones del mundo de izquierda. La política deja de ser una competencia de proyectos de gestión del Estado y se convierte en confrontación con un otro que, como mencioné, es un constructo racial.
En suma, el escenario en realidad no se ha reacomodado, sino que por el contrario se ha agudizado en sus extremos. Las elecciones, ya sean en septiembre, en octubre o el próximo año, no resolverán el problema ni aplacarán la polarización. Seguiremos en transición hasta que aparezca una fuerza articuladora y renovada, esperemos que con más inteligencia política que la que ha demostrado la mayoría de los contendientes en este momento.
Se suponía que la principal misión del gobierno provisional era convocar a nuevas elecciones tan pronto como fuera posible, pero su estadía en el poder se ha prolongado. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la fijación de la fecha de los comicios?
La fecha de las elecciones se cambió ya dos veces, y al momento en el cual hacemos la entrevista, todavía no está del todo decidida. Por supuesto, las elecciones se convirtieron en motivo de gran conflicto, y puede convertirse en una crisis aún más fuerte que la propia pandemia. Esto se debe principalmente a que como bolivianos y bolivianas pensamos que lo electoral puede ser definitorio para resolver la actual confrontación. La vía electoral es mejor, por supuesto, que un conflicto político abierto y descarnado - cuyos atisbos vimos en noviembre pasado, con el saldo de más de 34 víctimas y cientos de heridos. Pero, de igual manera, es difícil creer que quien sea electo o electa pueda hacer una gestión moderadamente expedita.
Me animaría a decir que hay tres factores que afectan la realización de las elecciones y le colocan más presión. En primer lugar, la pandemia y sus efectos colaterales. Según se demostró, esta situación no puede ser gestionada por un gobierno de transición con tan poca legitimidad y apoyo político y social. El gobierno transitorio liderado por la presidenta interina Jeanine Añez ha tenido una gestión muy cuestionable de la crisis: ha exhibido su desconocimiento de cómo funciona el aparato estatal y su falta de capacidad técnica, y ha tenido casos de corrupción. No solo ha tenido fracasos en lo sanitario, sino también por ejemplo en lo educativo. El gobierno de transición no pudo generar una política de educación a distancia, ni articular entre escuelas, maestros y padres, para adaptar el sistema educativo a la situación. Pero, además, la crisis económica que generará la pandemia requerirá un gobierno con mayor legitimidad, por lo que se necesitan elecciones con urgencia.
El segundo factor es la doble figura de Añez como presidenta transitoria y candidata. Definitivamente, no es posible gestionar una crisis de la magnitud de la pandemia del COVID-19 si al mismo tiempo se está haciendo campaña. Esto se debe a que toda acción que toma el gobierno transitorio es vista como electoral - tanto si entrega un hospital como si presiona por el cambio de fecha de las elecciones. Hubo cosas ridículas durante la gestión de la crisis como el cambio de color de la fachada de un hospital - de azul, color del MAS, a verde, el color del partido de la presidenta transitoria. Esa simple acción retrasó más de una semana su puesta punto para empezar a atender a personas enfermas de COVID-19.
El tercer factor es que la fijación de la fecha perjudica a algunos y favorece a otros. En marzo, a dos meses de la primera fecha fijada para las elecciones, el MAS tenía una intención de voto de casi 40%, mientras que el segundo competidor, Carlos Mesa, estaba con menos de 30%, lo cual le daba al MAS una gran ventaja para ganar en primera vuelta. Ahora esa ventaja se desdibujó y el primero y el segundo están más cerca de un empate. Me parece que Añez espera que, superada la crisis de la pandemia, la situación juegue a su favor a través del relato de la victoria sobre el virus y la ciudadanía olvide todos los desaciertos.
¿Se han introducido restricciones adicionales de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en el marco de la pandemia?
Luego de la crisis de octubre de 2019, bastante antes de la pandemia, en Bolivia se instaló un control informacional más fuerte que ha afectado al espacio de participación, y con él a la propia democracia.
Desde un primer momento hubo un fuerte amedrentamiento a medios de comunicación, con amenazas públicas contra periodistas que cometan “sedición”, por parte de la entonces Ministra de Comunicación de Añez, Roxana Lizárraga. Más acuciantes fueron las confiscaciones de cámaras y revisiones de teléfonos y conversaciones, entre otras intimidaciones y agresiones directas a periodistas. Varios de estos casos son citados en el Informe Anual de la Relatoría Especial Para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en febrero de 2020.
Esa suerte de cerco de información hizo que, por ejemplo, no fuera posible investigar los acontecimientos sucedidos en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Dos investigadores independientes nombrados por la CIDH fueron vetados por el gobierno, por lo que tuvieron que retirarse de Bolivia. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos se manifestaron al respecto, pero el hecho no tuvo ningún eco en los medios de comunicación bolivianos.
Asimismo, la pandemia se convirtió en un justificativo para estrechar el control informacional a través de los decretos No. 4199, 4200 y 4231. Si bien se centraban en la lucha contra la pandemia, estos decretos incluyeron artículos que criminalizaban la desinformación; CIDH y OSC internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch los consideraron atentatorios contra los derechos fundamentales a las libertades de expresión y de información. Uno de los mayores problemas es que estos artículos buscaban crear un tipo penal que no existía en Bolivia: el delito de desinformar. E intentaron hacerlo mediante la modificación de una ley a través de un decreto, una incongruencia jurídica, dejando todo librado a la interpretación del gobierno transitorio.
Los controvertidos artículos fueron derogados como consecuencia de presiones desde distintos flancos, entre ellos la sociedad civil, activistas de derechos humanos, el gremio de periodistas y organizaciones multilaterales. Así, por ejemplo, 43 organizaciones y 95 activistas de 17 países distintos firmaron un pedido público de la Fundación InternetBolivia.org para pedir el respeto de los derechos humanos.
A los decretos se sumaron las declaraciones públicas del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el sentido de que la policía estaría realizando “ciberpatrullajes” para poder identificar a las personas que presuntamente estarían desinformando. Esta acción no sólo implicaría una medida de vigilancia y monitoreo de la sociedad civil, lo que es inconstitucional e ilegal, sino que sería también un acto de amedrentamiento político. De hecho, un informante me comentó que tweets de mi autoría, que criticaban ciertas acciones del gobierno, fueron transcritos y mencionados en una reunión de análisis de situación ministerial - supuestamente como muestra de la opinión pública desfavorable que estaba siendo promovida por un grupo de tuiteros.
Si bien los artículos fueron derogados y no se volvió a mencionar el ciberpatrullaje de manera pública, al menos 68 personas fueron arrestadas, 37 de ellas con juicios abreviados y sin ninguna transparencia. El gobierno manifestó públicamente que las personas aprehendidas eran activistas políticos que simpatizaban con el anterior gobierno y que estaban cometiendo “sedición”. Esto fortalece la idea de una suerte de persecución política.
Otro periodista muy conocido, Junior Arias, también tuvo que cesar sus actividades por un par de semanas luego que alegara ser amenazado desde el gobierno. Esa amenaza fue motivada por la investigación que él estaba realizando en relación con la adquisición de latas de gas lacrimógeno con sobreprecios.
Todos estos casos se suman a la situación de control informacional. La Fundación InternetBolivia.org ha manifestado su preocupación al respecto, impulsando una campaña en contra de los decretos y aportando a la investigación de estas restricciones. Sacamos un informe sobre la situación de los derechos humanos durante la pandemia, en la cual analizamos algunas de estas situaciones, y estamos realizando otro proyecto para investigar los alcances del ciberpatrullaje y la situación de las 68 personas apresadas por “sedición” y por “desinformar”.
Si la democracia depende de garantizar el libre flujo de y el acceso a la información, y la posibilidad de manifestarnos libremente, las acciones que ha estado llevando a cabo el gobierno transitorio son altamente antidemocráticas.
Aún si para la fecha de las elecciones la situación sanitaria hubiese mejorado, la campaña electoral transcurrirá en el contexto de la pandemia. ¿Qué cambios se están produciendo?
Evidentemente, hay un mayor uso de lo digital como mecanismo de posicionamiento y campaña. Esto es algo que, desde un primer momento, se veía venir y que nos preocupaba por diferentes razones. Desde 2016 la política en Bolivia ha tomado un giro hacia las plataformas digitales, con todo lo que eso conlleva. Los partidos contrarios al MAS buscaron particularmente sacar ventaja del espacio digital porque quienes lo habitan son los votantes no convencidos, mayormente jóvenes. En ese sentido, es notoria la inversión que han venido realizando para tener mejor llegada.
No obstante, la campaña digital no es limpia, ni se trata solo de marketing y posicionamiento. Para el referéndum de 2016, que Morales perdió, se suscitó el gran fenómeno de las noticias falsas y la posverdad, con situaciones que nunca se llegaron a esclarecer. Desde entonces, el MAS intentó tener más control sobre el espacio digital a través de las llamadas “cibertropas” – es decir, grupos organizados dedicados a distorsionar la conversación y manipular la opinión pública en las redes - aunque se podría decir que fracasó.
De cualquier manera, gran parte de la política partidaria hoy pasa por lo digital, sobre todo a través de grupos de WhatsApp. En estos, como hemos logrado verificar desde la Fundación InternetBolivia.org, se genera activación ciudadana y se posicionan temáticas, y se difunde una gran cantidad de noticias falsas. En 2018, por ejemplo, de 38 grupos autoorganizados por ciudadanos a los cuales logramos acceder, notamos que 36 eran controlados por las mismas personas, que hacían de activadores. Tras un rastreo de los contactos de los organizadores de los grupos, pudimos dar con una persona que era una asistente de uno de los políticos más opositores a Morales.
Entonces, su poca llegada digital se convierte en la mayor debilidad del MAS para las campañas actuales. Este es un partido que depende más del trabajo territorial, que en las cuales circunstancias es completamente inaccesible. No obstante, lo que equilibra la balanza electoral es el voto duro. A diferencia de los otros partidos, el MAS tiene un buen porcentaje de voto duro, al que no necesita llegar ni por la vía territorial ni por la digital, ya que lo votará de todos modos.
¿Se han tomado medidas para que las elecciones puedan realizarse en este contexto?
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), integrado por profesionales reconocidos por su alta integridad profesional y su responsabilidad, están tomando todas las medidas. No dudo de que el TSE estará preparado y tendremos todas las medidas de bioseguridad.
No obstante, las elecciones dependen de factores más allá de las medidas que se adopten. Por ejemplo, está el factor convencimiento. Hay un buen porcentaje de votantes que no está convencido de ninguna opción, y ante el recrudecimiento de la pandemia no tendrá ningún incentivo para ir a votar, y en cambio preferirá resguardar su salud. Incluso, me animo a decir que hay sectores urbanos que, aunque tengan decidido su voto, difícilmente saldrán a votar por miedo al contagio.
También tenemos que tomar en cuenta que muchas poblaciones rurales están desconectadas y son de difícil acceso. Ante la paralización de una gran parte de los servicios de transporte y comunicación, estas poblaciones probablemente no lleguen a votar. Algo similar pasa con las y los bolivianos en el extranjero. Estas personas, según indicaron las autoridades electorales, no podrán ejercer su voto en estos comicios. Si bien las poblaciones rurales y las personas migrantes representan porcentajes minoritarios, en una situación de alta polarización y de resultados parejos (como se dio en las últimas elecciones de octubre y como prevén algunas encuestas) podrían llegar a ser determinantes en el resultado final.
¿Cuáles se avizoran como los principales temas de campaña? ¿Está en juego el modelo de salida de la pandemia?
La campaña electoral, lastimosamente, se debate principalmente desde la dicotomía MAS vs anti-MAS. Se debate la continuidad o no del proyecto sociocultural y político del MAS, muy afianzado en la propia imagen de Morales, en contraposición a un nuevo proyecto de corte liberal en lo económico y conservador en los valores.
Desde el momento en que asumió el poder, Añez basó su búsqueda de legitimidad en la confrontación abierta con el gobierno anterior, promoviendo la narrativa anti-MAS antes que la construcción de nuevos pactos políticos para desescalar el conflicto político y social. Así, gran parte de sus discursos y acciones buscaron proyectar la imagen de que “ordenaba la casa” después de lo que afirmaba habían sido 14 años de mala gestión. Al mismo tiempo, sus ministros y adeptos llevaron a cabo un minucioso proceso de persecución de exautoridades y simpatizantes de Morales, con controvertidos y no esclarecidos episodios tales como el cercado de la embajada mexicana en La Paz, lugar donde se encuentran asilados algunos exministros.
Entonces, es muy posible que candidatos que no necesariamente comparten la misma visión política terminen uniéndose solo para evitar el retorno del MAS.
Más allá de la polarización política, otro tema de debate será la economía. La pandemia tendrá un impacto profundo y dejará secuelas sobre los sectores de alta precariedad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estimado un decrecimiento de al menos 5%, con un aumento de la pobreza de alrededor de 4%, equivalente a casi medio millón de bolivianos y bolivianas, además de un déficit fiscal de 10%. Para un país que ya venía golpeado por el decrecimiento de la demanda de materias primas y un colapso del precio del petróleo, nuestros principales productos de exportación, este es el peor escenario imaginable.
Bolivia no tiene una espalda fiscal para responder a una situación como esta, por lo que deberá recurrir a préstamos y a la reducción masiva del gasto público. El siguiente gobierno deberá decidirse por una salida más liberal o más social: reactivación del sector financiero y empresarial, o generación de una renta básica universal, por ejemplo. De cualquier manera, alguien tendrá que pagar la factura de la crisis. Se avizora un conflicto de alta intensidad en torno de cómo generar política redistributiva sin ampliar todas las brechas y desigualdades sociales.
Probablemente este no sea el debate de cara a las elecciones, pero lo será en los años siguientes. Solo espero que, como sociedad, estemos a la altura de entender que dejar atrás a los sectores precarizados, que son la vasta mayoría, no hace sino reproducir nuestro rezago en el desarrollo.
El espacio cívico en Bolivia es calificado de ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.
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