Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.
¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?
En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.
Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.
Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.
En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.
El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.
Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?
¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?
En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.
Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?
Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.
Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.
Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.
¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?
Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.
Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.
También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.
Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.
Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?
En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.
Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.
En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.
También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.
¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?
Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.
Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.
La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.
La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.
¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?
Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.
El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
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