BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

Bolivia-Protests (2).jpgEn todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.

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