CHILE: ‘Hay un rechazo estructural hacia la forma de gobernar de todas las décadas anteriores’

Nicole RomoEn octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Nicole Romo, directora del área de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, una red de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Chile que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión. En conjunto, las organizaciones miembros trabajan con más de 900.000 usuarios y cuentan con unos 11.000 trabajadores y más de 17.000 voluntarios.

¿Por qué estalló la movilización en Chile, y qué hizo que las protestas escalaran como lo hicieron?

El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre de 2019 es la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

¿Qué actitud han tomado la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la protesta?

La movilización nacional que estamos viviendo ha dejado en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen. Nuestro país se pasó las últimas décadas convenciéndose de que los logros están basados en el mérito individual, que solo el esfuerzo de cada cual es garantía de movilidad social, cuando en realidad y en base a diversos estudios eso no es cierto en absoluto.

Frente a esto, los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas?

El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de ‘estas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

Los últimos informes hablan de decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Podrías describir el alcance de la represión y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas?

Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). Asimismo, se utilizaron gases en forma indiscriminada en el 56% de los casos observados, y en el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. Se registraron en los hospitales 2.727 casos de personas adultas heridas, así como 211 casos de niños, niñas y adolescentes, y 241 personas resultaron con lesiones oculares. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

¿Cómo han respondido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ante la represión estatal y las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas?

Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

Desde la sociedad civil la respuesta ha sido variada, pero en general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

Desde la Comunidad de Organizaciones solidarias sostenemos el principio de no violencia y desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de acción es otro, creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. Creemos fielmente en los datos entregados desde el Institución Nacional de Derechos Humanos, y sabemos que su trabajo es consciente y riguroso, al igual que el informe entregado por Amnistía Internacional, por lo que, como organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno de Chile para superar esta crisis? ¿Qué chances hay de que ello ocurra y se alcance una solución duradera?

Una salida duradera requeriría de un proceso largo de construcción y cambios, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Las medidas de corto plazo y mediano plazo tienen relación con la agenda social, que tiene tres dimensiones. La primera es la mejora de la calidad de vida a través de medidas en temas tales como salud, educación y pensiones. La segunda dimensión abarca medidas para terminar con los abusos de las élites económicas y políticas y cerrar las brechas de aplicación de justicia ante delitos cometidos por integrantes de la élite económica y ciudadanos comunes, quienes enfrentan sanciones completamente distintas: “clases de ética” para los primeros y cárcel efectiva para los segundos. La tercera dimensión refiere a la recaudación de los recursos que el Estado necesita para llevar adelante una agenda social profunda y contundente. Chile requiere una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación y de un sistema con mayor eficiencia en la gestión.

El eje de largo plazo pasa por el proceso constituyente, cuyos principales hitos ya están establecidos: plebiscito de entrada, elección de representantes, plebiscito de cierre. Sin embargo, aún no se han logrado condiciones que garanticen una participación transversal y representativa, paridad de género, cuotas para minorías y candidaturas independientes. Sin estas condiciones, la legitimidad del proceso constituyente se verá severamente debilitada.

El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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