CHILE: ‘La COP necesita de la participación de la sociedad civil’

Gabriela BurdilesEn un contexto de gran movilización en reclamo de acción climática en todo el mundo, y ante la inminente Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 25), que tendrá lugar en Chile en noviembre de 2019, CIVICUS conversa con Gabriela Burdiles de Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una organización de la sociedad civil que trabaja desde 1998 en la promoción del acceso a la justicia ambiental e impulsa legislación sobre la materia en Chile. 

En vistas de las restricciones de acceso enfrentadas durante la COP 24 en Polonia, ¿qué expectativas tiene la sociedad civil ante la COP 25 en Chile?

Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ninguna acción contraria a a participación de la sociedad civil por parte del gobierno. Al contrario, el gobierno ha intentado acercarse a la sociedad civil haciendo encuentros informativos y facilitando el acceso al ‘espacio verde’ de la COP 25, el área que tradicionalmente ha ocupado la sociedad civil durante estos eventos, y que en Chile estará abierta del 2 al 13 de diciembre en el Parque Metropolitano de Cerrillos. Además, hay iniciativas desde la sociedad civil, tales como la Cumbre Social por la Acción Climática, una cumbre organizada por la sociedad civil de manera paralela a la COP; y la Cumbre de los Pueblos, una reunión anual que congrega a organizaciones y redes de diversas partes del mundo para compartir experiencias, impulsar soluciones alternativas y fortalecer la organización global y la acción local para frenar la catástrofe socioambiental. Si bien no han tenido ningún apoyo oficial del gobierno, estas reuniones tampoco han experimentado hasta ahora restricciones.

Tenemos que ver qué sucede con las protestas que se den en los espacios públicos, las cuales comenzarán pronto, en septiembre. Como sociedad civil durante los días de la COP 25 estamos llamando a una gran movilización el 8 de diciembre, que esperamos convoque a toda la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas y del mundo que estén participando en la conferencia.

¿Cómo está organizando la sociedad civil chilena su participación en la COP?

Chile asumió el reto de recibir a la COP 25 después de que el gobierno de Jair Bolsonaro decidiera no hacerlo en Brasil. Esto ha reducido significativamente los tiempos de planificación. La sociedad civil chilena se está organizando en torno de por lo menos tres colectivos o plataformas. Las tres de que tengo conocimiento son Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que está a cargo de la Cumbre Social por la Acción Climática, en la cual FIMA participa y coordina varios colectivos; la Cumbre de los Pueblos, que tiene lugar en torno del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la COP 25; y el Foro Paralelo de la Sociedad Civil COP 25.

Es decir, hay varias instancias organizadas. En el caso particular de SCAC, surgió debido a que no existía una articulación previa en torno del tema y porque no había instancias posibles para participar en la COP oficial, ya que FIMA es la única OSC chilena acreditada ante el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Estos grupos están trabajando en diferentes temas. Se enfocan por un lado en la política climática nacional, en temas tales como la consulta sobre la ley de cambio climático, el plan de descarbonización y las contribuciones nacionalmente determinadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la CMNUCC. También se enfocan en el ámbito internacional, junto con OSC extranjeras tales como Climate Action Network América Latina, y fundamentalmente con organizaciones de Centroamérica, Sudamérica y Europa. Además, estamos incidiendo y participando en los espacios previos a la COP 25, como la Cumbre de Acción por el Clima en septiembre y la Pre-COP.

Las reuniones de la COP necesitan de la participación de la sociedad civil, y una COP participativa tendría que contar con eventos paralelos de la sociedad civil, la academia, los gobiernos y otros actores, en el marco de la conferencia oficial, en el espacio verde, y tendría que facilitar las movilizaciones en los espacios públicos y las actividades en otros foros ciudadanos.

Desde la perspectiva de la sociedad civil chilena, ¿cuáles son los temas más importantes a tratar en la COP 25?

Durante la COP 25 [va a ser muy importante que haya transparencia y que la participación de las OSC en instancias como esta sea garantizada como un derecho y un requisito mínimo que debe garantizar el gobierno de Chile. También se debe resaltar la importancia de sensibilizar respecto de las acciones urgentes que deben desplegarse en la lucha contra el cambio climático y levantar los temas que componen la agenda ciudadana que son indispensables para frenar el calentamiento global. Por último, como sociedad civil vamos a estar trabajando por la descarbonización real de nuestra matriz energética; el fin y la reparación de las zonas de sacrificio ambiental, es decir, de áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes; el fomento de energías limpias y con bajos impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos y políticas para una transición justa y adaptación al cambio climático, y el diseño de mecanismos de mercado que contemplen resguardos ambientales y sociales adecuados.

Por años el gobierno de Chile líderó la negociación del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental, pero ahora se niega a firmarlo. ¿A qué se debe esta negativa, y por qué es importante que lo firme?

Por varios años Chile lideró, junto con Costa Rica, las negociaciones que llevaron a la adopción del Acuerdo de Escazú. El 7 de junio de 2018, cuando el acuerdo se abrió a la firma, a través de un comunicado emitido en tanto que co-presidentes del proceso de negociación, Chile y Costa Rica reafirmaron su compromiso con su firma y pronta entrada en vigor. Sin embargo, desde que el tratado fue abierto a la firma el 27 de septiembre de 2018, Chile se ha abstenido de firmar.

Según la información difundida en medios de comunicación (ya que hasta hoy la sociedad civil no ha recibido una respuesta formal), la negativa del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú se debe a razones de seguridad y soberanía, y está centrada en la cláusula sobre cooperación con estados sin litoral y resolución de controversias, que afectaría a Chile en virtud de su conflicto fronterizo con Bolivia. Sin embargo, el gobierno no dice que no va a firmar el tratado, sino que aún lo tiene ‘en estudio’. También afirma que todo el contenido del acuerdo ya está garantizado en nuestra legislación nacional, por lo cual no habría necesidad de firmarlo. Sin embargo, creemos que es importante que el gobierno se comprometa con este acuerdo. Chile tiene un gran desarrollo legislativo en temas de derechos de acceso a la justicia ambiental, pero todavía le falta avanzar en su implementación. No hay una protección para los activistas climáticos y hay muchas brechas en materia de información, participación y justicia. Recientemente publicamos nuestro informe sobre los avances y desafíos en acceso a la justicia ambiental y queda mucho por avanzar en esta materia. Por ejemplo, en nuestro país no existen mecanismos de asistencia judicial gratuita en materia ambiental.

En este contexto, esperamos que Chile pronto firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, y que este sea el inicio de un camino hacia una manera diferente de tomar las decisiones, en donde la agendas que buscan fomentar la inversión no menoscaben los derechos fundamentales de las personas y las comunidades.

El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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