CIVICUS conversa con Pedro Strozenberg, Ombudsman de la Defensoría de Río de Janeiro, sobre la situación de derechos humanos y la regresión del espacio para la sociedad civil en Brasil. La Defensoría es un órgano público que funciona como enlace entre Estado y sociedad civil. Pedro Strozenberg es abogado especializado en mediación de conflictos que se autodefine como un activista en materia de seguridad pública, ámbito en que su oficina trabaja para defender los derechos de la ciudadanía frente al abuso y la brutalidad policiales.
Usted viene de la sociedad civil. ¿Cómo llegó a la Defensoría de Río de Janeiro, y en qué consiste su trabajo?
Toda mi trayectoria ha sido en la sociedad civil. Soy abogado especializado en mediación de conflictos en el marco de la seguridad pública; me considero un activista del campo de la seguridad. Durante 15 años trabajé en una organización de la sociedad civil (OSC), Viva Río, sobre temas de juventud, derechos, seguridad pública, drogas y policía. Y hace 10 años estoy vinculado al Instituto de Estudios de la Religión, una organización más centrada en la investigación y con un fuerte componente de incidencia en política pública.
Mi rol en la Defensoría es una función temporaria que se deriva de mi trabajo en la sociedad civil. En virtud de una ley federal de 2009, el rol de Ombudsman de la Defensoría debe ser desempeñado por una persona de la sociedad civil. En cada estado, el ocupante del cargo es elegido por los integrantes del Consejo Superior de la Defensoría Pública a partir de una lista triple presentada por la sociedad civil. La ley federal está vigente desde hace 10 años, pero el sistema se está estableciendo a distintos ritmos y con retraso. Hasta hoy apenas fueron creadas 14 oficinas; se percibe una resistencia grande de los organismos del sistema de justicia a este elemento de control externo. En Río de Janeiro el mecanismo fue instituido en 2015 y yo fui electo en 2016. En 2017 fue reelecto, y cuando termine mi mandato volveré a la sociedad civil.
¿Cuáles son los principales desafíos de derechos humanos que ha enfrentado desde la Defensoría?
Río es una ciudad muy compleja y de grandes oscilaciones. Cuando comencé a involucrarme en estos temas, en la segunda mitad de la década de 1990, vivíamos un escenario parecido al de hoy: un ambiente de inseguridad muy grande, crisis económica, violencia policial elevadísima. Entre las décadas de 2000 y 2010 hubo una agenda innovadora importante, con foco en la prevención, que produjo una retracción temporaria de los niveles de violencia letal en Río. Desafortunadamente Brasil mantiene, hace 30 años, números muy elevados de violencia letal, ciertamente variables de localidad en localidad, pero con patrones inaceptables de violencia. Mientras que durante una década las cifras de la violencia letal disminuyeron en Río, en otras ciudades – en especial del nordeste y el norte de Brasil – han subido mucho, y la línea de base se mantuvo entre 50 y 60 mil personas asesinadas en Brasil cada año. Hoy en día hemos pasado las 60 mil. La presencia de armas de fuego y las disputas por el control de los territorios son importantes causas de esta letalidad.
En los últimos años Río de Janeiro experimentó un crecimiento aterrador de las muertes causadas por las fuerzas de seguridad del Estado, y más precisamente por la policía. Esta es la marca más emblemática del último período. En localidades como Río y San Pablo, casi la tercera parte de las muertes son causadas por la intervención de la policía.
Tenemos una policía absolutamente letal, y lo más dramático es que esto está legitimado por la orientación política de los gobiernos estadual y federal, basada en la lógica del enfrentamiento, del intercambio de balazos. Vivimos un período dramático de disputa de narrativas. Estas prácticas de la policía no están amparadas en la ley, que es mucho más restrictiva, sino en el discurso político de los gobernantes.
Mi función en la Defensoría incluye sostener la preeminencia de la ley y actuar como garante de los derechos de las personas, de modo tal que la ley sea una protección para la gente, y no una amenaza para la población más pobre. Hay que seguir un proceso legal, cumplir con requisitos legales, garantizar a la población el derecho a la defensa, a la libertad de expresión, a la protección de la vida. Desafortunadamente, en muchísimos casos no prevalece la comprensión de que las instituciones se deben guiar por los principios del estado democrático de derecho, y su interpretación y su alcance varían de acuerdo con criterios territoriales, étnicos y de género. Vivemos en la misma sociedad, pero no con la misma garantía legal. Hoy en día, experimentamos un tiempo de inestabilidad jurídica, donde el discurso irresponsable y prejuicioso de los gobernantes de Brasil y de una parcela importante del sistema jurídico día a día falta el respeto a la Constitución Nacional, proponiendo retrocesos jurídicos que en el futuro próximo aumentarán aún más las muertes y la población carcelaria. Necesitamos una narrativa que tome como punto de referencia a la ley, y no a la voluntad de una elite punitivista y excluyente.
¿Piensa que el discurso de mano dura contra la delincuencia expresado desde lo más alto del poder ha prendido en Río?
Ese discurso efectivamente ha resonado, y eso se debe a que vivimos un tiempo de mucha desesperanza en términos de políticas de seguridad pública, y desafortunadamente es natural que la gente busque soluciones radicales e inmediatas, volviéndose vulnerable a apelaciones emocionales que raramente presentan auténticas soluciones. Los discursos electorales se basan mucho en esas apelaciones emocionales e inconsecuentes. Muchas personas quieren escuchar algo que, aunque no sea verdad, les genere expectativas de que la situación va a mejorar. Y lo dramático es que muchas veces es la población más pobre – la más afectada por el discurso de mano dura, en el sentido de que es el sector de la sociedad que aporta la mayoría de las víctimas– la que más fácilmente acepta la lógica de que estaremos más seguros cuanto más dura sea la acción del Estado. Nosotros creemos exactamente lo contrario: que cuantos más derechos tengamos, más capaces seremos de producir una cultura de no violencia.
Desafortunadamente, el aprovechamiento electoral del temor y la inseguridad es parte de la historia que estamos viviendo. Es tan solo una fase del ciclo, pero en esta fase, efectivamente, la gente más pobre está apoyando la mano dura, aunque se aplique contra ellos. La situación es bastante sorprendente, por no decir frustrante.
¿Considera que la narrativa dominante ha alentado la violencia policial?
Más bien diría que la lógica de la elección alentó a la gente que cree en la violencia como forma de enfrentar la violencia. En Brasil hay una cultura que alienta a seguir una referencia de brutalidad más que una referencia de legalidad. Cuanto más brutal sea, más reconocido será el esfuerzo de construir una política de seguridad.
Recientemente hubo un caso que es muy emblemático del momento actual. Dos favelas estaban en plena disputa territorial, provocando una situación dramática para sus habitantes, y la policía decidió intervenir. Era lo que correspondía, ya que ese es su rol. Pero mientras que en tres días de enfrentamientos no había habido ningún muerto, en tres horas de operativo policial hubo 13 muertos; luego encontraron dos más. Un operativo con 15 muertos no puede ser considerado exitoso, y debe ser sometido a una investigación. Muchos moradores han dicho que buena parte de las personas muertas ya se habían rendido y fueron ejecutadas por la policía. Nosotros estamos monitoreando la investigación del caso, y hay indicios de que las pericias fueron manipuladas. Este caso, mismo con tantas muertes, recibe la aprobación de parte de la población, que dice: “no fueron ciudadanos, fueron bandidos”. Estamos perdiendo nuestra humanidad, nuestra capacidad de empatía y compasión.
Otro ejemplo del efecto de esta narrativa: en su afán por aparecer en los titulares, el gobernador de Río dijo que si una persona amenaza a un policía o está armada, el policía “tiene que apuntar a la cabecita y sacar el balazo”. Un gobernador no debería poder decir algo así. Por increíble que parezca, más tarde se supo que en Manginhos, una favela de Río, bastante violenta, cercana a una zona de oficinas policiales, cinco personas habían sido asesinadas en el curso de unos pocos meses – dos en lo que va de este año – y aunque siguen las investigaciones para saber de dónde vinieron los tiros, los moradores dicen – con altas probabilidades de que así sea – que los policías habían hecho agujeros para ametralladoras en la torre de una antigua fábrica de la zona (que hoy es oficina de la policía), y desde ahí disparaban a los transeúntes. Uno de los muertos era un trabajador de una universidad cercana y su muerte produjo una gran conmoción. Si el que muere es un chico negro que vive en la favela y es percibido como cercano al tráfico de drogas, prevalece el discurso de que era solamente un negro de la favela. Pero si se trata de un trabajador con un empleo respetable, la muerte se torna inaceptable. Para nosotros, desde la Defensoría, es dramático que la policía se suba a una torre y desde allí mate a una persona.
Este es el modelo que promueve el gobierno del estado: un modelo que deja un rastro de muertos y dolores permanentes. La disputa de narrativas es muy importante para quienes viven en las favelas y para quienes creen en los derechos humanos.
En términos generales, ¿cuál es el estado de las libertades de la sociedad civil en Brasil?
Al mismo tiempo que vivimos en una democracia, en una institucionalidad democrática y legal, en la práctica es difícil para las OSC tener voz y expresarse de manera libre, autónoma y sostenible. En primer lugar, nos está fallando la sostenibilidad económica. No hay fondos públicos, transparentes y accesibles para el fortalecimiento de la sociedad civil. Por razones de financiamiento, estructura y capacidad de incidencia política, la sociedad civil está bastante débil. Faltan interlocutores en el Estado. Estamos en un momento frágil de la sociedad civil, y es importante que consigamos reforzarla.
Segundo, aunque estrictamente hablando no hay censura oficial, existe un ambiente de temor que restringe la libertad de expresión, ya que hay mucha investigación de quiénes son los activistas de derechos humanos y la sociedad civil. El discurso del presidente, que califica a los activistas de comunistas amenazadores del sistema social brasileño, apunta a eliminar el activismo. Hay señales muy evidentes de control político, que se expresaron claramente en la decisión de poner a un ministro militar a controlar a las OSC. Vivimos en una democracia, pero no tanto.
Tercero, está el riesgo y la amenaza física sobre los activistas. Realmente no sabemos hasta qué punto actualmente es seguro manejar temas de derechos en Brasil.
¿Qué riesgos enfrentan los activistas de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos, y qué se puede hacer para mitigarlos?
Los defensores somos menos de los que deberíamos ser, pero aun así somos bastantes. Sin embargo, el asesinato de Marielle Franco, en marzo de 2018, produjo miedo y provocó la retracción de muchos activistas de las favelas, negros y mujeres. El caso de Marielle fue al mismo tiempo representativo de un escenario que vivimos a menudo, y muy particular. Marielle era una persona de mucha visibilidad - fue una de las representantes más votadas de Río - y su asesinato, que ocurrió en el centro de la ciudad, fue un verdadero atentado contra la democracia. No fue personal; fue una reacción ante su actuación política; y Brasil no tiene una tradición de ataques por razones políticas. Por otro lado, el caso es típico porque se trata de una mujer negra, bisexual, de la favela. Toda una serie de categorías de personas muy vulnerables y amenazadas, muchas veces no por su actuación política, sino por su identidad, sus prácticas e ideologías.
El asesinato de Marielle ocurrió cuando Río de Janeiro estaba bajo intervención federal y militar, y ahora se conocen sus ejecutores, pertenecientes a un grupo de sicarios vinculado con las milicias e integrado por expolicías. Sin embargo, todavía no sabemos quién la mandó a matar ni porqué. El caso no ha sido esclarecido y entretanto prevalecen la impunidad y el miedo.
¿Qué apoyo necesita la sociedad civil que promueve derechos en Brasil?
Ante todo, tenemos que estar atentos para dar visibilidad a las situaciones de violaciones de derechos, y para esto es muy importante hablar con la prensa internacional y las organizaciones internacionales.
En segundo término, es muy importante la cooperación internacional entre OSC. Es particularmente importante que organizaciones como Amnistía internacional, Human Rights Watch o CIVICUS pongan a Brasil en primer plano en este contexto.
Finalmente, también es importante fortalecer a las organizaciones públicas para que hagan de enlace con la sociedad civil. En ese sentido las defensorías son muy importantes, ya que son el brazo del Estado más capaz de apoyar a los movimientos sociales en sus diferentes esferas. En Río, al menos, estamos intentándolo de diversas maneras. Por ejemplo, hacemos una actividad llamada “circuito de favelas por derechos”, un movimiento de escucha de la gente de la favela en temas de violaciones de derechos. Cada semana un grupo de 15 a 20 personas – defensores públicos, OSC, académicos, gestores públicos – vamos a una favela distinta y caminamos escuchando historias de violaciones de derechos. Sistematizamos las historias y tratamos de influir sobre la policía para que se preocupe por el modo en que opera en las favelas. En tanto que parte del Estado, trabajamos desde adentro para que este sea un tema central y se respeten los derechos de la población.
El espacio cívico en Brasil es clasificado como ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con la Defensoría Pública de Río de Janeiro a través de su página web, su canal de YouTube y su perfil de Facebook.