MÉXICO: ‘Buscamos incidir en las políticas públicas del próximo gobierno para contribuir a solucionar los problemas del país’

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En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Emanuel Johansen Campos, Coordinador de Fondos a la Vista de Alternativas y Capacidades, A.C. una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana dedicada a fortalecer las capacidades de incidencia de la sociedad civil organizada, promover la inversión social estratégica y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos.

1. ¿Cuáles considera que son las condiciones indispensables para el funcionamiento de una democracia plena? ¿Cómo evalúa la situación de México en relación con esos criterios?

En primer lugar, un elemento fundamental para el funcionamiento de una democracia plena es la existencia de una sociedad civil involucrada activamente en la vida política a nivel local, regional y nacional. En México, la tendencia al involucramiento ciudadano en la arena política cobró fuerza desde las últimas décadas del siglo XX, pero en los últimos años se ha producido un salto enorme. Las numerosas voces de denuncia y el trabajo colaborativo de activistas, medios de comunicación independientes y organizaciones civiles han permitido visibilizar actos de corrupción en todos los niveles de gobierno. Como resultado, la ciudadanía es cada vez más suspicaz ante la información difundida por los medios de comunicación y está mucho más dispuesta a movilizarse y ocupar espacios públicos para exigir cambios a los gobiernos, sobre todo en materia de combate a la corrupción y la impunidad, seguridad, justicia y desarrollo social.

En segundo lugar, se necesita una infraestructura que promueva la colaboración entre iniciativas de la sociedad civil para la incidencia en las políticas públicas. Se requiere mayor articulación de objetivos de largo plazo, así como trabajo colectivo para dar continuidad al cumplimiento de dichos objetivos. Los mecanismos de colaboración deben ser descentralizados y estar adaptados a la diversidad de contextos y necesidades a nivel regional y local.

Tercero, es fundamental la existencia de un marco legal que facilite e incentive la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. El gobierno federal ha actuado bajo la premisa de que es necesario vigilar de cerca las acciones de OSC, activistas y grupos sociales, especialmente si son críticos de la acción gubernamental. Ante esto es fundamental promover nuevas formas de interacción que permitan una verdadera colaboración y diálogo entre OSC y gobierno. En este contexto hemos aprovechado la coyuntura electoral para impulsar propuestas de mejora de las leyes que afectan a las OSC.

Lo mismo sucede con las candidaturas ciudadanas para cargos de elección popular. Si bien desde las reformas constitucionales de 2012 y 2014 está reconocida la figura de la candidatura independiente, un gran número de candidatas y candidatos que buscaron participar por esta vía enfrentaron un sinnúmero de dificultades para lograrlo. Así sucedió, por ejemplo, con las candidatas y candidatos al Congreso Constituyente de la Ciudad de México en 2016; con la campaña de María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, mujer indígena aspirante a candidata presidencial y portavoz del Consejo Nacional Indígena en 2018; y con los candidatos de la agrupación civil Wikipolítica, también en 2018. Ello se debe a que las reglas de la competencia electoral siguen tratando a los partidos políticos como ejes estructuradores de la representación y desincentivan la participación ciudadana más allá del ejercicio del voto.

Finalmente, se requieren mecanismos efectivos para castigar la corrupción y prevenir la impunidad en la esfera pública. Este es sin duda uno de los puntos prioritarios para el fortalecimiento de la democracia en México. En el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, México ha bajado de 34 a 29 puntos entre 2012 y 2017. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2017 el 91% de las personas consideró que los actos de corrupción en su entidad son frecuentes o muy frecuentes. Durante el último periodo presidencial han salido a la luz numerosos escándalos de corrupción que implican a figuras de gobierno en todos los niveles; sin embargo, en muy pocos casos se han observado respuestas y soluciones efectivas.

2. ¿Qué tendencias recientes en materia de prácticas democráticas observa en su contexto?

En los últimos años se han denunciado públicamente acciones de vigilancia y monitoreo ilegal del gobierno contra activistas, miembros de OSC y líderes de opinión, las cuales han fracturado la confianza y la participación de la sociedad civil en la vida política. En este marco se inscribe la denuncia del uso del software Pegasus por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para vigilar a activistas y periodistas mexicanos. En reacción contra dichas acciones de espionaje, en mayo de 2017 un núcleo de la sociedad civil mexicana se retiró de la Alianza para el Gobierno Abierto. También se ha denunciado el uso de mecanismos de vigilancia y auditoría fiscal contra OSC y algunos medios de comunicación, en represalia por críticas a la gestión gubernamental. Así lo señalaron en 2017 organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Activistas y periodistas han sido blanco recurrente de persecución, amenazas y asesinato, según lo documentan muchas organizaciones de derechos humanos. Según Artículo 19, entre 2000 y 2018 han sido asesinados 117 periodistas en posible relación con su labor periodística; 44 de ellos durante el mandato del actual presidente. Por su parte, un informe publicado en 2017 por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” señala que entre 2012 y 2016 fueron asesinadas al menos 76 personas defensoras de derechos humanos en el país, en tanto que 73 se encuentran desaparecidas. Las recientes elecciones también estuvieron marcadas por un alto grado de violencia que parece haberse normalizado en la sociedad mexicana: durante el proceso electoral (septiembre de 2017-junio de 2018) se registraron entre 114 y 120 asesinatos contra políticos, de los cuales al menos 43 eran personas candidatas y precandidatas a puestos de elección popular. También en el día de la elección se registraron hechos de violencia en varias entidades del país; destaca el caso del estado de Puebla, donde grupos de choque robaron al menos 70 paquetes electorales, en el 60% de los casos mediante el uso de armas de fuego.

Por otro lado, desde Alternativas hemos identificado algunas tendencias positivas para la vida democrática de México. La participación de la sociedad civil durante el proceso electoral fue muy alta, como lo atestigua el importante número de iniciativas, no solamente para promover el voto de la ciudadanía, sino también para impulsar entre los candidatos propuestas de política pública surgidas de la experiencia y el trabajo colectivo de la sociedad civil organizada. Durante los meses de junio y julio realizamos un mapeo de iniciativas civiles impulsadas en el marco de las campañas electorales, a partir del cual identificamos al menos 38 acciones de incidencia con los candidatos a la presidencia, con objetivos que iban de la difusión de información y el análisis público de las propuestas de los candidatos hasta la elaboración de agendas de política pública en una variedad de temas. Hubo también un gran número de iniciativas a nivel estatal y local. Por otro lado, si bien la abstención electoral sigue siendo considerable, en las últimas elecciones votó el 63.4% del padrón electoral, la cifra más alta desde las elecciones federales del año 2000.

3. ¿Considera que estas elecciones constituyeron un hito en la historia democrática del país?

Sin duda las recientes elecciones han sido un hito en la vida política de México. Mientras que las elecciones del año 2000 llevaron a la presidencia a un partido de oposición (el Partido Acción Nacional, PAN, de centroderecha) por primera vez desde 1929, las de 2018 representaron el primer triunfo en elecciones federales de un partido con una plataforma ideológica más cercana a las políticas de izquierda (el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA) en la historia moderna de México. Esta alternancia representa también un fuerte deseo de cambio de la sociedad y un castigo al PRI y al PAN, los dos principales partidos, por los resultados negativos de sus administraciones pasadas. Ejemplo de ello es el hecho de que el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones presidenciales con el 53,2% de los votos y una diferencia de 30 puntos sobre su contendiente más cercano, obteniendo la cifra más alta en elecciones presidenciales desde 1982.

El trabajo de vigilancia y denuncia de organizaciones civiles, iniciativas ciudadanas, activistas, periodistas y medios de comunicación ha sido crucial para visibilizar los niveles alarmantes de corrupción, impunidad e inseguridad de los últimos años. Ejemplos de ello fueron las investigaciones de 2014 sobre la “Casa Blanca” adquirida por la primera dama Angélica Rivera a Grupo Higa y el posible conflicto de interés que representaba la participación de dicha empresa en la licitación para la construcción del tren México-Querétaro, proyecto propuesto durante la administración de Peña Nieto. Dicho reportaje estuvo a cargo del equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui, recibiendo por ello el Premio Nacional de Periodismo 2015. El reportaje también contribuyó a que el Gobierno Federal abriera una investigación oficial sobre conflicto de interés a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Por su parte, numerosas organizaciones de derechos humanos denunciaron la desaparición, de 43 estudiantes normalistas en el pueblo de Ayotzinapa en 2014, presuntamente a manos del ejército; desde ese año los padres y madres de los desaparecidos se han movilizado y han dado continuidad a la exigencia de justicia, con el acompañamiento y apoyo de organizaciones y colectivos de derechos humanos de todo el país.

4. ¿Qué está haciendo la sociedad civil mexicana para fortalecer la democracia?

Como resultado del proyecto de transparencia y generación de información sobre OSC Fondos a la Vista, de Alternativas y Capacidades, sabemos que a 2018 hay al menos 160 OSC dedicadas directamente a la incidencia política. Este número es pequeño si se compara con las poco más de 40 mil OSC de las que dan cuenta los principales registros nacionales de organizaciones civiles en México; sin embargo, hay numerosos ejemplos recientes de los esfuerzos del sector para vigilar y denunciar malas prácticas gubernamentales en el ejercicio del poder e impulsar soluciones de política pública.

Cuando dos grandes sismos sacudieron las regiones centro y sur de México los días 7 y 19 de septiembre del 2017, cientos de personas en todo el país unieron fuerzas y movilizaron recursos para ayudar a los afectados. La sociedad civil demostró una gran capacidad de organización en momentos de urgencia y necesidad; ejemplo de ello fueron los movimientos de difusión de información, y vinculación de voluntarios y necesidades, tales como #Verificado19S. La emergencia también visibilizó una serie de problemas públicos que a su vez motivó el surgimiento de organizaciones y movimientos que aún siguen trabajando en temas que van desde la reconstrucción de la infraestructura física y el tejido social, hasta mecanismos de vigilancia y monitoreo de las acciones de los gobiernos para atender la reconstrucción de largo plazo, propuestas para mejorar las políticas de prevención de desastres, e iniciativas de investigación y denuncia para identificar responsables y restituir los daños y perjuicios generados debido a irregularidades, mala gestión y corrupción.

La sociedad civil también ha impulsado numerosas acciones de incidencia en contextos electorales, tales como la postulación de ciudadanos independientes a cargos de elección popular, gracias a las reformas constitucionales de 2012 y 2014 que lo habilitaron. Así, en 2016, 21 candidatos independientes pudieron competir en las elecciones para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En 2018 el proyecto político ciudadano Wikipolítica apoyó a al menos seis candidatos independientes para competir por cargos locales y federales en la Ciudad de México y en los estados de Jalisco, Nuevo León y Yucatán. Finalmente, también en 2018 un candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, compitió por la presidencia de México y obtuvo el 5,2% de los votos.

Entre las numerosas iniciativas impulsadas por OSC y colectivos sociales que buscaban incidir en las elecciones presidenciales destaca la Tercera Cumbre Ciudadana (TCC). Se realizó en el marco de la competencia electoral por la presidencia, y constituyó un proceso de diálogo con el fin de construir una agenda conjunta de la sociedad civil para el logro de un Estado democrático de derecho sin corrupción ni impunidad.

5. ¿Podrías describir los objetivos, procesos y resultados de la Tercera Cumbre Ciudadana?

La TCC es un espacio en el que diversas organizaciones y movimientos sociales buscan incidir en las políticas públicas del próximo gobierno federal para contribuir a la solución de los grandes problemas del país. Para llevar a cabo la TCC se recuperaron aprendizajes importantes de las dos cumbres anteriores de 2012 y 2015.

El primer paso de la TCC fue conformar una agenda consensuada de políticas públicas. Desde comienzos de 2017 y a lo largo de diez meses de trabajo, un conjunto amplio y diverso de organizaciones y colectivos compiló una agenda de 56 propuestas de política pública agrupadas en siete ejes temáticos: ambiente en el desarrollo sostenible, cohesión comunitaria y desarrollo participativo, derechos humanos, educación de calidad, fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, justicia y seguridad. La TCS incluyó diez propuestas para abordar retos pendientes en la legislación sobre OSC, tales como la simplificación de los procesos administrativos, la disminución de la sobre-regulación de la actuación de las OSC, y la mejora de las reglas para el acceso a beneficios fiscales y recursos públicos. La agenda y las propuestas fueron aprobadas por consenso por 59 organizaciones, tras lo cual se invitó a otras organizaciones y movimientos sociales a suscribir en línea, ya fuera a propuestas puntuales o a toda la agenda. A julio de 2018, casi 380 organizaciones o colectivos habían suscrito la agenda.

El segundo paso consistió en enviar la agenda a los cuatro candidatos presidenciales junto con la solicitud de que indicaran qué propuestas suscribían, cuáles suscribían con reservas o no suscribían las coaliciones que los postularon, así como sus razones en caso de expresar reservas o rechazo. Los cuatro candidatos hicieron llegar sus respuestas, y tres de ellos además hicieron público su posicionamiento en un evento que tuvo lugar el 29 de mayo de 2018, ante más de 400 personas provenientes de la sociedad civil organizada.

Adicionalmente, la TCC sostuvo un diálogo público con cuatro candidatos de diferentes fuerzas políticas al Senado Federal, con el objeto de que se posicionaran frente a diversos temas de la agenda, y se acordó construir puentes de diálogo una vez que tome posesión la próxima legislatura.

Pasadas las elecciones, la TCC está buscando contactar al presidente electo para sostener una primera reunión con él y su equipo para dar seguimiento a las propuestas de la agenda y establecer mecanismos de diálogo. Del mismo modo, a partir del 1° de septiembre de 2018, cuando el nuevo congreso comience a sesionar, la TCC establecerá contacto con las distintas fuerzas políticas del poder legislativo.

El espacio cívico en México es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.

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