En noviembre de 2017 Argentina aprobó una ley de paridad de género con el objeto de garantizar un 50% de representación femenina en su Congreso Nacional. CIVICUS conversa con Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización de la sociedad civil argentina que persigue la equidad de género mediante acciones de incidencia, trabajo en redes y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales. Fundada en 2003 y basada en Buenos Aires, ELA es un equipo interdisciplinario de mujeres con trayectorias en el Estado, la práctica del derecho, la academia, los organismos internacionales y la sociedad civil.
- Según datos de la Unión Interparlamentaria, solo 12 países en todo el mundo tienen más de 40% de mujeres en sus cámaras de diputados o legislativos unicamerales. ¿En qué situación se encuentra la Argentina, y qué cambiará con la aprobación de la ley de paridad de género?
Argentina fue un país pionero cuando en los años ’90 aprobó una ley que estableció una cuota mínima de mujeres en ámbitos legislativos. Esta reforma se hizo a través de la introducción en el Código Nacional Electoral de un cupo femenino del 30% en las listas partidarias para las elecciones de diputados y senadores nacionales. En los años que siguieron, todas las provincias argentinas sancionaron leyes similares paras sus legislaturas provinciales. Esa medida de acción afirmativa buscaba subir el umbral de incorporación de mujeres en el ámbito legislativo y ese objetivo se alcanzó, aunque no sin dificultades. Según un estudio que hicimos en 2011, las legisladoras nacionales pasaron de menos de 5% en 1983, cuando recuperamos la democracia, a casi 40% en 2011.
Durante los 25 años que lleva de vigencia, sin embargo, fueron frencuentes las trampas en la implementación de la Ley de Cupo Femenino. Esto dio lugar a varios procesos judiciales por la impugnación de listas que burlaban el cupo de mujeres requerido por la ley. Todavía en 2015, el 10% de las listas presentadas en las elecciones nacionales incumplían de diversas maneras el mandato legal, sin que la justicia electoral ejerciera acabadamente su función de control.
El proyecto de reforma electoral que el Poder Ejecutivo impulsó en 2016 podría haber incorporado medidas para mejorar la implementación del cupo, pero no lo hizo. En todo caso, ese hubiera sido un objetivo pequeño. El compromiso con una democracia de calidad exige bastante más: la paridad. El debate en América Latina ya se estaba formulando en estos términos. Por ese motivo, en Argentina las mujeres de diversos partidos políticos se unieron en torno de diversos proyectos de ley para incorporar el principio de paridad, hasta llegar en noviembre de 2017 a la sanción de la ley de reforma del Código Nacional Electoral.
Como consecuencia de esta nueva ley, a partir de las elecciones de renovación legislativa de 2019 las listas que los partidos políticos presenten para las elecciones nacionales deberán incluir un 50% de mujeres, alternando la composición de la lista entre una mujer y un varón de modo de repartir en forma equitativa las posiciones elegibles.
Esperamos que la aplicación de esta ley tenga impacto al menos en dos niveles. En un sentido muy práctico, implicará un aumento en la cantidad de mujeres en los espacios legislativos, y eso se traducirá también en mayor cantidad de mujeres en todas las áreas del Congreso. Pero además, la aplicación de esta ley contribuirá a profundizar el consenso social acerca de la necesidad de contar con mayor presencia de mujeres en todos los espacios de poder y en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural de nuestro país.
- En los últimos años hemos escuchado a muchos, casi indefectiblemente hombres, insistir en que ya no hay en Argentina discriminación y desigualdad de género desde el momento en que una mujer ha podido llegar a presidente. ¿Qué es lo que falla en este razonamiento, y cuál es la mejor manera de rebatirlo?
Fue muy importante contar con una mujer en la presidencia (así como hoy en la gobernación de la provincia más grande de Argentina) porque abrió la puerta a un mundo de posibilidades. En estos años las mujeres han demostrado con creces que pueden ocupar lugares de poder en muy diversos espacios, no solo en la presidencia sino también en la Corte Suprema, en el Ministerio Público y en la gestión de las políticas universitarias. Estos cambios se fueron dando tanto a nivel nacional como en varias provincias. Se trata de modelos de rol que permiten ir transformando las miradas que la sociedad tiene sobre las mujeres (y que las mujeres -sobre todo las jóvenes- tienen sobre sí mismas) y los modelos de ejercicio del poder.
Sin embargo, los detractores de las medidas de acción afirmativa se toman de los casos particulares para argumentar que las mujeres “lo han logrado todo”. Básicamente, sostienen que si una mujer ha llegado a uno de esos espacios, entonces las medidas de acción afirmativa ya no son necesarias. Sin embargo, justamente el hecho de que podamos nombrar a “la” mujer que ha accedido a la presidencia, a la Corte Suprema, la gobernación, el decanato de la facultad o la dirección de la compañía demuestra que esa mujer es la excepción antes que la regla. Si las podemos nombrar, las podemos contabilizar, y eso es porque siguen siendo pocas en comparación con los cargos disponibles.
Los adversarios del cupo también argumentan que el establecimiento de una cuota o una regla de paridad socava el mérito como regla para acceder a los cargos públicos, e insinúan que no habría suficientes mujeres calificadas para ser legisladoras. Sin embargo, esto es desmentido por diversos indicadores. Por ejemplo, desde hace más de 20 años el 60% de los graduados de varias facultades de universidades nacionales son mujeres. En el Congreso Nacional, las mujeres que integran las cámaras tienen mayores credenciales educativas que sus pares varones: las mujeres con un título de educación superior superan en un 10% a los varones con similares títulos. Además, parecen ser más eficaces en su trabajo ya que a pesar de ser menos numerosas, impulsan más de la mitad de los proyectos de ley.
Otros dicen que debemos ser pacientes ya que con el tiempo se desarrollarán liderazgos femeninos que podrán acceder a lugares de decisión sin necesidad de políticas que impulsen el proceso. Este argumento no solo soslaya los mecanismos de poder que operan en la confección de las listas partidarias por efecto de la limitada democracia interna de los partidos políticos (donde abunda el nepotismo, pero el tema solo parece preocupar cuando la nominada es una mujer) sino que además pasa por alto el hecho de que la participación de las mujeres en el Congreso lleva largo tiempo estancada. En 2001 entró en vigencia la reforma impulsada a partir del reclamo interpuesto por una dirigente de la Unión Cívica Radical ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). María Teresa Merciadri de Morini había denunciado que el partido había violado la ley que establecía el cupo de 30%, ya que al conformar la lista de seis candidaturas electorales había colocado a dos mujeres en los puestos tercero y sexto, aunque el partido solo renovaba cinco cargos. Como consecuencia de la intervención de la CIDH el Estado nacional reformó la reglamentación vigente para resolver el problema que dio origen al reclamo. Desde entonces, hubo un aumento constante en la participación de las mujeres en el Congreso, que creció a un ritmo de 2,5 puntos por elección hasta 2009. Desde entonces y hasta 2015 la tendencia comenzó a decaer: la capacidad de promover la paridad a partir de la implementación del cupo del 30% se agotó hace casi una década.
Otro argumento frecuente contra el cupo sostiene que las mujeres no tendrían interés en ocupar esos cargos de responsabilidad, y que por eso no persiguen oportunidades de liderazgo o las declinan cuando se presentan. De acuerdo con esta línea de pensamiento, las mujeres prefieren otras formas de desarrollo personal, principalmente ligado a la construcción de una familia a la que dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo en el trabajo invisible de cuidado. Este es un argumento interesante, porque parte de datos ciertos. De acuerdo con la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, en la Argentina las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado. El análisis de las trayectorias personales de los integrantes del Congreso Nacional muestra que las mujeres son en mayor proporción viudas, solteras o divorciadas y tienen (en promedio) menor cantidad de hijos que sus pares varones. Eso parece indicar que para aprovechar las oportunidades políticas (y otras) las mujeres deben tener menos responsabilidades directas de cuidado. Pero hay varios aspectos que deben puntualizarse: ¿todas las mujeres realizan las mismas elecciones? Esas elecciones ¿no están en determinadas en cierta medida por el contexto cultural? Y finalmente, ¿qué rol deben cumplir las políticas públicas para favorecer una organización social del cuidado más justa en términos de género, de modo que el trabajo no remunerado no recaiga desproporcionadamente sobre las mujeres? El Congreso mismo fue hasta hace poco tiempo indiferente a la necesidad de garantizar políticas públicas para responder a esta problemática generalmente relegada a la privacidad de las familias: sólo recientemente se reformó el reglamento para habilitar a las diputadas usar el jardín maternal de la Cámara de Diputados, cuando una diputada fue madre durante su mandato e hizo el pedido. Entonces, ¿deben retirarse las mujeres o debe cambiar el Congreso?
Entender que las mujeres pueden y deben ocupar puestos de liderazgo como parte de su derecho a participar plenamente de la vida social, política y económica es un proceso en construcción. Por eso es importante no retroceder en los avances que se han logrado y responder a los argumentos falaces con que se trata de detener el proceso.
- ¿Por qué es bueno que haya más mujeres en cargos políticos? ¿Es bueno para las mujeres, o es bueno para la democracia?
Asegurar la diversidad en la integración de los cargos públicos, y en particular en el Legislativo que es el ámbito deliberativo por excelencia, mejora la calidad del debate público y fortalece los valores de la democracia.
La experiencia nos indica que en muchos casos –aunque ciertamente no en todos- han sido las mujeres quienes impulsaron políticas de igualdad, leyes contra la violencia de género y políticas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre tantos otros avances de las últimas décadas. Sin embargo no es esa la razón por la cual ha de promoverse a las mujeres a espacios de poder, ni tampoco deberían ser las mujeres las únicas responsables de promover la igualdad de género. Esta es una obligación derivada del compromiso auténtico con la democracia y los derechos humanos, y en tanto que tal debemos exigirla de todas las personas que ejercen poder en el ámbito que sea.
Sin embargo, las estructuras partidarias siguen siendo en general poco abiertas a las mujeres. Es interesante preguntarse porqué. ¿Es por efecto de los estereotipos que afectan a las mujeres? ¿O porque esas estructuras son parte de un sistema que concentra el poder en pocas y siempre en las mismas manos? Porque lo cierto es que no solo las mujeres están excluidas de los espacios de poder: la falta de diversidad no tiene que ver solamente con el género.
La paridad es un compromiso ético y político que parte de la convicción de que las mujeres deben estar presentes en los espacios de representación política porque eso es bueno no solo para las mujeres sino también para la democracia. El intercambio de ideas propio de todo proceso democrático se enriquece con la diversidad de miradas que aportan personas con distintas trayectorias y experiencias.
A partir de esta convicción se conformó en Canadá un gabinete paritario: no porque así lo dispusiera ley sino porque eso es lo que demanda una sociedad moderna, integrada e igualitaria. “Porque estamos en 2015” fue la justificación espontánea de Justin Trudeau, el Primer Ministro canadiense, en la conferencia de prensa que siguió a la presentación de un gabinete que reflejaba la diversidad de Canadá más allá del género, ya que incluía a varones y mujeres, personas con discapacidad y personas de distinto origen étnico y distintas orientaciones sexuales.
Hacia esa convicción debemos ir en Argentina y en América Latina.
- ¿Cuánto trabajo le insumió a la sociedad civil lograr que el tema fuera tratado y que la ley de paridad fuera aprobada?
En América Latina varios países avanzaron antes que Argentina en la regulación legal de la paridad en los espacios legislativos. Tales son los casos de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua. Los consensos regionales que surgen de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe hace ya varios años que promueven las políticas de paridad como un compromiso ético y político que mejora la calidad de la democracia.
En Argentina ya antes de 2015 había en el Congreso varios proyectos de ley que buscaban avanzar hacia la paridad. Así, cuando el Ejecutivo planteó la reforma electoral, muchas mujeres y algunos varones referentes de todas las fuerzas políticas se unieron para apoyar una propuesta ampliamente superadora del proyecto oficialista. Es importante destacar la colaboración de mujeres del oficialismo y la oposición, que trabajaron articuladamente entre ellas y con las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento de mujeres y las feministas con un objetivo común. Las organizaciones de mujeres, académicas y de derechos humanos acompañamos el reclamo a través de la campaña #MujeresALaPolítica.
Entre las estrategias que utilizamos para contribuir a instalar y sostener el tema en la agenda pública se cuentan la organización y participación en mesas de debate, la elaboración y difusión de estudios sobre el impacto de las mujeres en la política, la publicación de notas de prensa y artículos de opinión, la generación de espacios de intercambio permanente con mujeres de las diversas fuerzas políticas y las campañas en las redes sociales y en la vía pública.
Así se logró avanzar en un dictamen conjunto que incluyó el principio de paridad en la reforma electoral que había presentado el Poder Ejecutivo, que la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2016. Al mismo tiempo avanzó y logró media sanción un proyecto independiente que buscaba incorporar el principio de paridad en el Código Nacional Electoral, y que fue aprobado por la Cámara de Senadores el mismo día de octubre de 2016. De ese modo se terminó ese año legislativo con dos proyectos de ley de objetivos similares: incorporar el principio de paridad en el Código Electoral. Paradójicamente, ninguna de las cámaras trató el proyecto iniciado en la otra, y ninguno de ellos logró convertirse en ley.
En ese situación se inició el año legislativo de 2017. Ese año, diputadas del gobierno y la oposición asumieron el compromiso público de avanzar en la sanción del proyecto que ya tenía media sanción del Senado. Esto se hizo realidad, finalmente, en la última sesión ordinaria del Congreso, nuevamente gracias a la articulación inteligente de las mujeres de distintas fuerzas políticas. Una vez colocado el proyecto en el temario, la enorme mayoría de la Cámara acompañó la sanción de la ley.
- ¿El trabajo de ustedes ha terminado aquí, o anticipan que habrá problemas de implementación que tendrán que monitorear?
No, el trabajo no termina aquí. La aprobación de una ley no es un punto de llegada sino el punto de partida de otro proceso complejo para garantizar su aplicación. Tal como sucedió cuando se reformó el Código Nacional Electoral para incluir el cupo femenino en los años ‘90, también en esta oportunidad los próximos años serán fundamentales para garantizar una adecuada reglamentación y aplicación del principio de paridad. Deberemos estar muy atentas a que la justicia electoral cumpla con su función de contralor. La provincia de Buenos Aires ya nos recordó la necesidad de mantener una mirada atenta sobre la implementación de los logros normativos, cuando la autoridad electoral emitió una resolución para eludir la aplicación de la ley de paridad que ya regía en la provincia. Contra esa resolución presentamos un recurso que todavía no ha sido satisfactoriamente resuelto.
- ¿Se ha vuelto más inclusiva la democracia argentina en los últimos años? ¿Hay perspectivas de progreso en esa dirección?
La ciudadanía se ha vuelto más exigente con la democracia, y eso es muy positivo. Un proceso democrático no solo requiere que se respeten la formalidad de la votación cada dos años. Una democracia robusta requiere debates informados, acceso a la información, procesos de discusión con la participación más amplia posible. Y sí, también requiere la inclusión de la diversidad, y no solamente en términos de género.
Avanzar en equidad de género requiere ir transformando la cultura y ese es un proceso lento que requiere consolidarse a lo largo del tiempo. En ese camino, contar con modelos de rol permite a una nueva generación de niñas y jóvenes verse en espejos distintos y proyectarse en una mayor variedad de posibilidades. Al mismo tiempo, ayuda a los varones valorar las capacidades de las mujeres con una mirada más igualitaria.
Claro que para sostener ese proceso es imprescindible revisar atentamente los mensajes que los medios de comunicación contribuyen a modelar y difunden. Y también debe enfatizarse la corresponsabilidad en el cuidado, no solo de niños y niñas sino también de personas adultas mayores y de todas las personas en situación de dependencia. Este debe ser asumido por mujeres y varones en condiciones de igualdad, con políticas publicas adecuadas para reducir su impacto en términos no solamente de género sino también socioeconómicos. Ignorar este tema impacta no solo en la igualdad y el acceso equitativo al poder, sino también sobre el empleo y demás condiciones para el ejercicio de la autonomía.
Espero que la incorporación del principio de paridad en el ámbito legislativo permita avanzar en la concreción del compromiso igualitario que da sustento a nuestra democracia. Además, espero que permita acercar al espacio de representación de los intereses del pueblo un reflejo más fiel de sí mismo, al tiempo que contribuya a establecer una conversación sobre la participación de las mujeres en otros espacios de decisión. En definitiva, la paridad de género se plantea como un principio rector de la democratización de las relaciones sociales entre los géneros.
El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
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