CIVICUS conversa con Sara García Gross, Coordinadora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Fundada en 2009, Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que busca generar conciencia para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país; defender legalmente a las mujeres que han sido acusadas o condenadas o por abortos o delitos relacionados; y promover la educación en materia de salud sexual y reproductiva.
1. El Salvador tiene una de las legislaciones más regresivas del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se desarrolla el activismo de la Agrupación Ciudadana en ese contexto?
La lucha por los derechos de las mujeres, y en particular por los derechos sexuales y reproductivos, es difícil en un país donde la violencia contra las mujeres es cotidiana. En el marco de una cultura patriarcal tan fuerte, es central el trabajo de posicionar y hablar sobre un tema que dentro del sistema es silenciado.
La lucha que nosotras acompañamos desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto es una lucha por los derechos fundamentales de las mujeres a la salud y a la vida. La idea central que impulsamos es que la vida de las mujeres importa y que por lo tanto no vamos a permitir que la violencia y la impunidad formen parte del trato cotidiano que reciben las mujeres.
La legislación salvadoreña sobre derechos sexuales y reproductivos no siempre fue tan restrictiva como lo es hoy; su introducción fue el resultado del avance del conservadurismo y el fundamentalismo en la escena pública en los años 90. A principios de esa década llegó a su fin el conflicto armado interno (1980-1992) y los acuerdos de paz condujeron a un proceso de democratización. Este fue acompañado de mucha esperanza y hubo una suerte de primavera feminista en la que surgieron varias organizaciones de mujeres y se empezó a posicionar la lucha por los derechos de las mujeres. Entonces comenzó el trabajo para visibilizar la violencia feminicida y afirmar el derecho a una vida libre de violencia y a la autonomía sobre el propio cuerpo.
En ese momento el Código Penal de El Salvador incluía tres causales de aborto legal, es decir de exención de responsabilidad penal. Pero el Código Penal fue revisado por disposición de los acuerdos de paz, y en el proceso se intensificaron las presiones de algunos grupos vinculados con la jerarquía Católica, y en particular del Opus Dei, para que el aborto fuera totalmente penalizado. Estos grupos tuvieron mucha presencia en los medios masivos de comunicación y llegada a lugares de toma de decisión. Finalmente, en 1997, el Código Penal reformado estableció uno de los regímenes más restrictivos en todo el mundo: el aborto fue criminalizado incluso para situaciones de riesgo de muerte de la mujer. Esto hizo de nuestro país un anti-modelo a nivel global: según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el 97% de los países del mundo tienen actualmente una legislación que habilita la excepción para preservar la vida de la mujer. El Salvador es uno de los pocos países en el mundo que aún no ha decidido que salvar la vida de las mujeres importa.
En 1999, por último, este cambio de legislación fue apuntalado por una revisión constitucional que garantizó la protección de la vida desde el instante de la concepción. Esos dos cambios pretendieron clausurar acceso de las mujeres al aborto incluso terapéutico.
2. ¿Qué efectos tuvo la prohibición sobre el activismo?
La penalización total generó miedo, incertidumbre y censura, ya que la ley también criminalizaba a quien promoviera o facilitara los medios para la interrupción del embarazo. La formulación es ambigua y permite suponer que no solo los profesionales de la salud sino también las activistas y organizaciones feministas y de mujeres pueden ser criminalizadas.
Por efecto de la prohibición, empezaron a verse casos de estigmatización y persecución de mujeres que habían abortado, incluso en casos en que las mujeres habían llegado a un hospital público con una emergencia obstétrica a causa de una pérdida espontánea. Incluso en esos casos eran estigmatizadas, investigadas, procesadas e incluso en algunos casos condenadas a prisión.
Estos hechos extremos, encarnados en el Caso Karina, fueron un llamado de atención: permitieron empezar a generar conciencia de la gravedad de la situación y se convirtieron en el eje de nuestra lucha. Este caso se inició en 2004, cuando Karina fue acusada de asesinar a su hija recién nacida, aunque había sufrido un aborto espontáneo. Se generó entonces un importante movimiento llamado “Solidaridad con Karina”, y cuando en 2009 el fallo en su contra fue revisado y recuperó su libertad, Karina planteó que había muchas mujeres como ella, denunciadas y criminalizadas por aborto y privadas de su libertad tras una condena por homicidio agravado. Fue en ese momento que se conformó esta plataforma que se llamó Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, con el objeto de dar seguimiento a casos como este e impulsar un cambio en las percepciones sociales que tratan como un delito a algo que en verdad es un derecho.
3. ¿Qué tácticas emplea, que labores realiza la Agrupación Ciudadana para promover el cambio?
En primer lugar, ha sido fundamental el litigio estratégico y el acompañamiento de casos. En un principio hacíamos un trabajo jurídico con los casos que salían en los medios, pero en la medida en que nuestro espacio tuvo mayor visibilidad, empezaron a remitirnos casos nuevos. De modo que damos seguimiento jurídico y movilizamos solidaridad en apoyo de los casos que van surgiendo, ya sea a través de los medios o de personas que nos los envían.
Desde 2009 llevamos adelante muchos casos de mujeres que enfrentaron violaciones del debido proceso y la negación de derechos básicos y fundamentales, y que contribuyeron a hacer visible nuestra lucha. Uno de los más reveladores de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se cometen contra las mujeres, desde el momento en que recurren al sistema público de salud hasta la resolución judicial de sus casos, fue el Caso Beatriz. Esta mujer había recurrido al sistema público de salud para solicitar la interrupción de un embarazo inviable, ya que el feto era anencefálico, además, ella enfrentaba una condición de salud ponía en riesgo su vida. El personal de salud le había indicado una interrupción del embarazo, pero no podían actuar debido al vacío legal que genera la total prohibición del aborto. Ante esta situación tuvo que interponer un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, además de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la propia Corte Interamericana. La respuesta de la Sala de lo Constitucional de El Salvador fue que su vida no corría un riesgo inminente, y que los derechos de la madre no podían ser privilegiados por sobre los del niño por nacer. No le dejaron abortar pero eventualmente le hicieron una cesárea prematura. Ella no terminó en la cárcel, pero el caso puso en evidencia las torturas por las que deben pasar las mujeres, una realidad que afecta a muchas.
En segundo lugar, y en gran medida sobre la base de estos casos, hacemos campañas de comunicación y sensibilización social, sobre todo en redes sociales. Esto es importante porque no buscamos solamente una respuesta jurídica e institucional sino también un involucramiento de la población. En ese sentido, perseguimos sobre todo un cambio de imaginario sobre la temática. Esta campaña es permanente, ya que es contra-hegemónica: apunta contra el sentido común más enraizado que considera que estamos promoviendo un delito contra la vida. Contra ello insistimos en que somos nosotras las que defendemos la vida, ya que luchamos por el derecho a la libertad, la salud y la vida de las mujeres. Más aún, por una vida libre de violencia, ya que esta criminalización es una de las muchas violencias a las que estamos sometidas. La construcción de estos mensajes es sumamente importante.
En ese sentido, también es fundamental la recolección de evidencia y la realización de investigaciones. Por ejemplo, hicimos una investigación que se llamó “Del hospital a la cárcel”, que analizó el recorrido de las mujeres que son criminalizadas por aborto u homicidio agravado; también hemos hecho investigaciones sobre salud, buenas prácticas, legislación comparada y recomendaciones internacionales. Estas investigaciones nos han dado herramientas para la argumentación y la incidencia.
Y finalmente, hacemos una labor de incidencia política para que el mensaje llegue a los legisladores y demás ocupantes de cargos públicos. Es importante que ellos tengan buena información, ya que no deben basarse en una creencia personal para emitir una decisión que compromete a la ciudadanía. Como ciudadanas, les hacemos llegar esa información y les exigimos que en la discusión y la decisión impere la laicidad, de modo de separar las convicciones individuales de las decisiones públicas.
Como resultado del trabajo de investigación, seguimiento y difusión, y en particular desde el Caso Beatriz en 2013, mucha gente, más allá de las organizaciones de mujeres, tomó conciencia de la situación y se indignó por ella. Al mismo tiempo, cuando se empezaron a ver estos cambios en las percepciones de la opinión pública también los grupos fundamentalistas empezaron a contraatacar con sus propias acciones. Y en julio de 2016 un diputado de derecha presentó una propuesta de ley, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, para incrementar hasta 50 años de cárcel las penas por el delito de aborto, de manera de homologar el Código Penal con la Constitución, que protege la vida desde el instante de la concepción. Un enorme retroceso y una verdadera aberración de derechos humanos.
4. ¿Experimentaron obstáculos adicionales para realizar su trabajo como consecuencia de esta reacción conservadora?
En reacción al trabajo nuestro y de otras organizaciones sociales para visibilizar la temática y poner en evidencia la injusticia, los grupos fundamentalistas han empleado contra nosotras la difamación, la estigmatización y el desprestigio. No solo nos llaman apologistas del delito, sino que también hacen publicaciones en los periódicos de mayor circulación en las que nos acusan de cometer delitos y piden a la Fiscalía que nos investigue y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa que no nos permita recibir fondos. En ese sentido, lo que atacan es nuestro derecho a defender derechos.
Hasta ahora, sin embargo, dado el contexto político favorable, no se ha avanzado más allá de las campañas de desprestigio. Sin embargo, nos preocupa la tendencia a la derechización que se observa en la región, y que si llegara a nuestro país podría resultar en una persecución mucho más seria contra las defensoras de derechos humanos. Además, las acciones desplegadas en nuestra contra han tenido costos: como también hacemos trabajo de base, hemos tenido que salir una y otra vez a contrarrestar las acusaciones, dar explicaciones de porqué nos atacan y explicar cuál es el sentido de nuestro trabajo.
5. ¿Cuáles son las chances de que la ley en discusión en la Asamblea sea aprobada? ¿Qué están haciendo para evitarlo?
En la Asamblea hay actualmente dos proyectos en disputa: en octubre del año pasado, tres meses después de que se presentara el proyecto para endurecer las penas por aborto, se presentó un proyecto de ley de despenalización por cuatro causales: cuando hay riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de violación o trata de personas, y cuando hay malformaciones fetales graves que hace inviable la vida extrauterina.
Ambos proyectos se están discutiendo, y estamos haciendo una fuerte campaña a favor de la despenalización por la salud y la vida de las mujeres. Hemos tenido una respuesta bastante favorable por parte de instituciones, organizaciones y espacios nacionales e internacionales. Por ejemplo, ha habido pronunciamientos muy potentes de parte del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador, así como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En el pasado Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas doce países recomendaron al Estado salvadoreño para que revisara su legislación.
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Sin embargo, sigue siendo fuerte la presión de algunos grupos conservadores que tienen en la Asamblea diputados que mantienen posiciones misóginas y anti-derechos. De modo que aunque el contexto sea favorable para nuestra lucha, es importante intensificar la presión y el llamado internacional para instar a la Asamblea Legislativa a aprobar una ley que proteja los derechos de las mujeres.
6. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de El Salvador con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿Están recibido solidaridad y apoyo desde el exterior?
Las alianzas internacionales son fundamentales para nosotros, porque permiten poner en evidencia la injusticia y generar indignación y presión sobre el Estado salvadoreño de modo que se sienta observado y se asuma responsable de realizar un cambio. Las alianzas que hemos construido hay apoyado diversos aspectos de nuestro trabajo: recolección de firmas, movilización en redes sociales e incluso incidencia política.
Por ejemplo, el pasado miércoles 7 de junio organizamos una acción global con el objeto de generar un pronunciamiento internacional, y pedimos que las plataformas globales de sociedad civil la difundieran a través de sus redes. Por medio de esta campaña instamos a organizaciones y ciudadanos en todo el mundo a enviar una carta a la Embajada de El Salvador en sus respectivos países, con copia al Presidente de la Asamblea Legislativa, para apoyar nuestro reclamo de cambio legal. Junto con personas de unos 25 países logramos romper el cerco mediático, visibilizando la restricción del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, y en definitiva del derecho a la salud y a la vida, de las niñas y mujeres en El Salvador. Como lo dice el texto que publicamos en agradecimiento a quienes nos acompañaron, por obra de la solidaridad internacional más de 6 millones de personas a nivel mundial vieron lo que los medios conservadores callan: mientras las ricas abortan, las pobres se desangran, y el Estado es responsable.
También hemos recibido un fuerte respaldo en foros internacionales, por ejemplo cuando se realizó la evaluación de El Salvador en el marco de la CEDAW o cuando fue el turno de nuestro país en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. Es importante aprovechar esas ventanas de oportunidad para poner el tema en la agenda, fortalecer las alianzas y generar cobertura mediática a nivel internacional. Esta es una de nuestras grandes apuestas: que el tema sea retomado por los medios y se promueva el debate público. Las alianzas con organizaciones internacionales de la sociedad civil como el Centro de Derechos Reproductivos, Amnistía Internacional, CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Ipas, la Red Global de Activistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos y las redes feministas regionales han sido fundamentales para la instalación y discusión de estos temas.
Estamos actualmente en una coyuntura clave, ya que es un año pre-electoral – habrá elecciones legislativas y municipales en marzo de 2018 - y no queremos que la atención se desvíe del tema. Queremos que se siga discutiendo, y que sea un debate serio, laico y basado en evidencia. Para eso necesitamos toda la solidaridad que podamos conseguir de expertas y expertos feministas que, desde donde estén, estén dispuestos a pensar lo local desde lo global y a ayudarnos a construir una estrategia de incidencia adaptada a nuestro contexto nacional.
• El espacio cívico en El Salvador es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “estrecho”.
• Visite el sitio web o la página de Facebook de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, o siga en Twitter a @AbortoPORlaVIDA.
