Los países y representantes de la sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) listadas abajo expresan su profunda preocupación por los informes de presunta vigilancia digital ilegal contra periodistas, activistas y otras personas defensoras de derechos humanos en México, como se destaca en una carta firmada por el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil que lideran el proceso de OGP en México, y validado por Citizen Lab. Reiteramos la invitación al gobierno mexicano para que proporcione una respuesta formal, en caso de que así lo decida, de conformidad con las directrices del Protocolo de Respuesta Rápida.
El tema de los informes es muy relevante para los valores de OGP descritos en la Declaración de Gobierno Abierto, que incluyen “proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión”. La participación cívica requiere un entorno propicio para la libertad de expresión y la libertad de asociación, que respete el derecho de todas las personas a tener opiniones sin interferencias, y el derecho a la privacidad. Por lo tanto, las actividades ilegales de vigilancia digital son incompatibles con los principios de gobierno abierto, disminuyen la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos y socavan la seguridad de estos grupos y el papel fundamental que desempeñan.
Reconocemos el compromiso de OGP del gobierno de México para establecer “controles democráticos sobre las intervenciones de comunicaciones privadas”, y alentamos a las partes interesadas del gobierno, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras agencias de seguridad relevantes, a utilizar el proceso OGP para priorizar su implementación. Reconocemos los esfuerzos realizados hasta el momento por el Secretario Salcedo, Secretario de la Función Pública, para avanzar en el diálogo entre la sociedad civil y los actores estatales para lograr las reformas previstas en el compromiso. Alentamos además al gobierno a fortalecer los controles democráticos para evitar la vigilancia digital injustificada de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.
El Comité Directivo de OGP está dispuesto a brindar el apoyo necesario, incluyendo para identificar necesidades y oportunidades de colaboración, y facilitar el diálogo. En caso de que las partes interesadas mexicanas lo consideren fructífero, respetuosamente ofrecemos a dos de nuestros miembros, uno de la sociedad civil y otro del gobierno, para trabajar con los miembros del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y el gobierno mexicano, incluidas las agencias de seguridad relevantes, para continuar avanzando en el diálogo y cocrear un cronograma concreto para la implementación exitosa del compromiso de OGP de México “Controles democráticos en las intervenciones de comunicaciones privadas”.
Firman:
Gobierno de Canadá
Gobierno de Estonia
Gobierno de Italia
Gobierno de Kenia
Gobierno de Nigeria
Gobierno del Reino Unido
Natalia Carfi, Open Data Charter
Anabel Cruz, ICD Uruguay
Aidan Eyakuze, Twaweza
Eka Gigauri, Transparency International Georgia
Blair Glencorse, Accountability Lab
Lysa John, CIVICUS
Lucy McTernan, Scottish Open Government Partnership
Stephanie Muchai, International Lawyers Project
Luben Panov, European Center for Not-for-Profit Law
Doug Rutzen, International Center for Not-for-Profit Law
Barbara Schreiner, Water Integrity Network
