victoria de la sociedad civil

• CHILE: “Hay un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisible”

  CIVICUS conversa con Marco Becerra, director de ACCIONGAY, acerca del proceso conducente a la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile. ACCIONGAY es una organización de la sociedad civil fundada en 1987 en respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, por entonces ignorada o minimizada como un problema que solo afectaba a “grupos de riesgo”. Con el tiempo amplió su radio de acción en defensa de los derechos de las personas LGBTQI+, sobre la base del principio de que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación en relación con sus vidas, cuerpos, salud, relaciones y sexualidad.

  ¿Cómo fue el proceso que culminó en la legalización del matrimonio igualitario en Chile, y qué papel desempeñó ACCIONGAY?

  Fue un proceso largo, de unos 30 años. El movimiento por la diversidad sexual y de género en Chile empezó a surgir a fines de los años ‘80 y principios de los ‘90. Este proceso tuvo distintas etapas. En un principio el trabajo se centró en la consolidación y visibilización del movimiento en un contexto de transición política postdictadura muy desfavorable para las demandas de igualdad de las personas LGBTQI+. En un segundo momento el trabajo se enfocó en la incidencia política con el objetivo de generar un compromiso efectivo de los actores políticos para enfrentar los desafíos relacionados con la inclusión de las personas LGBTQI+.

  Ya hacia fines de la década de los ‘90 se comenzaron a producir algunos cambios importantes, tales como la derogación de la ley que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres adultos. Sin embargo, otras demandas -como la del matrimonio igualitario- recién aparecieron en la conversación pública alrededor de 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España. Para entonces ACCIONGAY recibió la visita del activista español Pedro Zerolo, quien nos ayudó a entender la importancia de ampliar el debate respecto de las uniones civiles y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+.

  En un sentido más amplio, me atrevería a firmar que las demandas de igualdad ante la ley fueron el resultado del cambio social y cultural que América Latina experimentaba desde hacía algunos años. La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y en Uruguay, además de su avance en Europa, impulsaron a los movimientos LGBTQI+ y a las organizaciones de la diversidad sexual de Chile a movilizarse en torno de los temas de la igualdad.

  Es importante destacar la contribución de numerosas organizaciones y activistas que trabajaron sostenidamente durante años para generar alianzas con sectores políticos progresistas, los cuales fueron comprometiéndose con estas luchas. La idea de la unión civil se concretó durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 2015, y luego, a medida que fue aumentando la adhesión de la opinión pública junto con la percepción de estas desigualdades como una injusticia, fue tomando más fuerza la igualación de los derechos de familias formadas por personas del mismo sexo.

  El proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario fue enviado al Congreso por el segundo gobierno de Bachelet en 2017 y finalmente aprobada en diciembre de 2021. Entrará en vigor en marzo y representará un cambio muy significativo para la vida de cientos de familias homo-lesboparentales que no tenían reconocimiento legal y, por lo tanto, vivían en situación de completa indefensión frente al Estado.

  Las claves para conseguir este avance fueron la coordinación del movimiento, la incidencia con actores políticos y las campañas para concientizar y sensibilizar a la opinión pública.

  ¿Cómo interactuó este proceso con la ola de protestas de 2019 y el subsiguiente proceso constituyente?

  Chile está viviendo un proceso complejo, de cambio de época, como resultado del estallido social de 2019. Pero las exigencias de igualdad y reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género son anteriores. Este movimiento ya era muy fuerte antes del estallido social, con un entramado de organizaciones muy activas y movilizadas desde los años ‘90. No obstante, el contexto de movilización social generó un ambiente propicio para la consolidación de un actor político LGBTQI+ reconocible en las calles y en las manifestaciones ciudadanas por más igualdad.

  El cambio social profundo que empezó a ocurrir en Chile recogió las luchas históricas de las organizaciones y movimientos LGBTQI+ que se levantaron en el contexto del estallido social de 2019. En gran medida esto se vio reflejado en la cantidad de personas LGBTQI+ elegidas por medio de procesos eleccionarios, en especial para la Convención encargada de redactar la nueva constitución, así como en la designación de ministros y ministras de las disidencias sexuales en el gabinete del próximo presidente, Gabriel Boric.

  ¿Por qué la aprobación se demoró tanto, si las encuestas mostraban un altísimo grado de apoyo de la opinión pública?

  Si bien en Chile hay una sociedad civil muy activa, el sistema político, pese a que ha cambiado en los últimos tiempos, tenía enclaves muy conservadores. Esto se expresó en la dificultad que tuvo el Congreso para avanzar con esta ley. No menos cierto es que tampoco hubo un compromiso fuerte de los sucesivos presidentes. No obstante, el segundo gobierno de Bachelet incorporó la idea de legislar el matrimonio igualitario. Fue durante su gobierno que se aprobó la Ley de Unión Civil y se envió el proyecto de Ley de Identidad de Género, que se aprobó durante el gobierno del presidente Rafael Piñera.

  Desde el punto de vista de la percepción ciudadana, los cambios ocurrieron porque se alcanzó un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisible. El apoyo que recibe el matrimonio igualitario es impactante: casi un 70% de la gente está de acuerdo, y una cifra similar apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

  Las campañas por el matrimonio igualitario las desarrollaron principalmente las organizaciones LGBTQI+ con el apoyo de otros movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y feministas, por nombrar a algunos. Paralelamente se generaron alianzas, solidaridades y complicidades, no solo con otras organizaciones sociales sino también con los sectores progresistas de los partidos políticos. El apoyo a la Ley de Matrimonio Igualitario fue bastante transversal, y llegó a incluir a sectores de la centroderecha liberal que aportaron sus votos para hacerla posible. Solo se autoexcluyeron los sectores ultraconservadores.

  En contra de la ley de Matrimonio Igualitario se movilizaron, sobre todo, algunos líderes de las iglesias evangélicas pentecostales que en la actualidad tienen cierta influencia social en Chile, pero fueron derrotadas en el debate parlamentario. La Iglesia Católica en cambio se mantuvo en silencio, probablemente debido a que en los últimos años ha perdido importancia social y política como consecuencia de los escándalos de pedofilia y abusos sexuales a niños, niñas y adolescente cometidos por el clero.

  ¿Cuáles serán los efectos inmediatos de la nueva ley, y qué es lo que queda por hacer?

  Esta ley tendrá consecuencias inmediatas en la medida en que garantizará el goce de todos los derechos y los efectos positivos de la institución del matrimonio independientemente del sexo y orientación sexual de las personas. Como la ley incorpora la adopción y la filiación, resolverá una serie de problemas que experimentan las familias homo-lesboparentales con hijos. Por ejemplo, los padres no biológicos no tenían ningún derecho legal sobre sus hijos de crianza; ahora tendrán reconocimiento legal.

  Chile ha tenido una seguidilla de avances legales: la Ley Antidiscriminación en 2012, la Ley de Unión Civil 2015, la Ley de Identidad de Género en 2018, y a partir de 2022 la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, persisten situaciones de mucha discriminación en los ámbitos laboral y educativo. La violencia contra las comunidades LGBTQI+ es permanente.

  Desde marzo se viene un desafío enorme que va a implicar revisar la agenda de trabajo, sobre todo desde que a partir del 11 de marzo tendremos un gobierno progresista que incorporó en su programa la igualdad y el reconocimiento de las comunidades LGBTQI+. 

  Estamos seguros de que será un gobierno muy diferente de los anteriores, y estamos muy esperanzados de que se podrá comenzar a cerrar la brecha de inclusión real de las personas LGBTQI+ en todos los ámbitos de la vida social, desde las instituciones de la administración pública hasta el ámbito educativo.

  El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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