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• GUATEMALA: “las manifestaciones reflejan tanto la organización social como la autonomía ciudadana”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Guatemala con Sandra Morán Reyes, activista por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. Con una larga trayectoria en los movimientos sociales, Sandra fue una de las cofundadoras del primer grupo lésbico guatemalteco y organizadora de la primera Marcha del Orgullo de Guatemala, celebrada en 1998 en la Ciudad de Guatemala. En 2015 fue elegida diputada nacional, convirtiéndose en la primera congresista y política homosexual en un cargo de elección popular en la historia de su país, desde el cual promovió diversas iniciativas en favor de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

  ¿En qué contexto se produjeron las protestas de noviembre de 2020, y cómo comenzaron?

  En enero de 2020 se inició un nuevo gobierno, y poco después la pandemia nos dejó a todos encerrados. Pero alrededor de mayo o junio algunos compañeros y compañeras comenzaron a salir a la calle de nuevo, en parte para criticar la actitud del gobierno frente a las necesidades de la población a medida que empezaron a verse claramente los efectos de la crisis generada por la pandemia. De pronto aparecieron banderas blancas, en las calles, en las puertas de las casas, en manos de personas y familias que recorrían las calles o se sentaban en los portales. Con la bandera blanca la gente indicaba que no tenía para comer y empezaron a darse acciones de solidaridad como las ollas solidarias, que aquí en Guatemala antes no existían. Hubo un gran movimiento de solidaridad entre personas. Mientras que las organizaciones se volcaron a atender a sus integrantes, la ciudadanía realizó esfuerzos importantes para brindar apoyo de persona a persona. Se volvió corriente que la gente saliera a recorrer las calles para repartir un poco de lo que tenía entre quienes más lo necesitaran. Esto se repitió luego en relación con las personas que fueron afectadas por los huracanes y perdieron todo.

  A nivel estatal, se aprobaron muchísimos recursos para paliar los efectos de la pandemia, pero estos recursos no llegaban a la gente y las necesidades de la población seguían desatendidas, de modo que la pregunta que empezó a plantearse fue “¿dónde está el dinero?”.

  Desde 2017 nosotros denunciábamos lo que llamábamos el “pacto de corruptos”, que vinculaba a funcionarios, empresarios e incluso representantes de la iglesia, aliados en defensa de sus propios intereses. En 2015, tras seis meses de manifestaciones masivas sostenidas, terminaron en la cárcel el presidente y la vicepresidenta, pero los gobiernos que les sucedieron acabaron reafirmando el mismo sistema. El gobierno del presidente Jimmy Morales finalizó unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en continuidad del anterior, ha ido avanzando en el control de la justicia, el Congreso y todas las instituciones del Estado para sostener la corrupción como forma de gobierno.

  A los efectos de la no atención de los impactos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que golpearon en octubre y noviembre de 2020, se sumaron los ataques contra los funcionarios del Ministerio Público que continúan luchando contra la corrupción. Los descontentos se fueron sumando hasta que en noviembre de 2020 el Congreso aprobó de madrugada el presupuesto nacional para 2021. Era un presupuesto altísimo – el más alto en la historia del país - con bolsones evidentes para la corrupción, especialmente en el rubro de obra gris, que es donde se concentra el grueso de la corrupción, pero sin ninguna atención a la salud y a la educación en el marco de la pandemia. El presupuesto incluso recortaba el programa de nutrición, en un país que tiene un enorme problema de desnutrición infantil. Esa fue la gota que derramó el vaso. Personas que normalmente no son las que protestan – una chef profesional, un artista, muchas personas conocidas en distintos ámbitos - comenzaron a escribir en las redes sociales y a manifestarse en contra de esta decisión. Así se convocó la primera manifestación, y de repente éramos como 25.000 personas – en medio de una pandemia.

  Para esa época ya se habían levantado todas las restricciones a la circulación y a las reuniones, pero la pandemia continuaba y el riesgo de contagio también. Nadie preveía una protesta tan masiva, y sin embargo ocurrió. Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero ya en la segunda hubo violencia y represión. Un pequeño grupo provocó un incendio en el edificio del Congreso, un hecho que continúa bajo investigación. Sobre esto se justificó la represión: gases lacrimógenos, golpes, arrestos y detenciones, algo que hace mucho que no ocurría. En otra manifestación se quemó un bus. Desde nuestra perspectiva, los actos de violencia fueron instigados para justificar la necesidad de un mayor control policial de las manifestaciones y la eventual represión.

  ¿La convocatoria a la movilización se hizo exclusivamente a través de las redes sociales? ¿Quiénes se movilizaron?

  Hubo a través de las redes sociales una serie de llamados que apelaron sobre todo a las clases medias, pero también convocaron los movimientos sociales y las Autoridades Indígenas. Estas últimas han desempeñado un rol cada vez más importante en los últimos años, y en el marco de esta crisis publicaron una declaración en la que propusieron un consejo de gobierno de los cuatro pueblos que integran Guatemala - Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo – para hacer una transición hacia una Asamblea Constituyente. Ellos han ido visitando territorios y haciendo un trabajo de formación de alianzas, y es la primera vez que avanzan hacia el gobierno nacional, ya que tienen autoridad solamente en sus territorios. El rol que han desempeñado es importante porque la oligarquía toda la vida le ha temido al levantamiento indígena; ese temor les mueve. Así como les movió el hecho de que en 2019 la candidata a presidenta del Movimiento de Liberación de los Pueblos, un partido fundado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), quedara en cuarto lugar. Una mujer maya, campesina, con poca escolaridad, quedó en cuarto lugar, y eso les hizo ruido.

  Ha habido cuatro actores movilizados: pueblos indígenas, mujeres, juventud y comunidades en resistencia – comunidades locales, generalmente lideradas por mujeres, que resisten frente a megaproyectos extractivos en sus territorios. En las últimas manifestaciones se observó el resultado del proceso de unidad del movimiento estudiantil universitario: a partir de 2015 los estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pública, marcharon junto con los de las dos universidades privadas, la Rafael Landívar, de clase media, y la Universidad del Valle, de clase alta. El lema con que marchaba la universidad pública, “USAC es pueblo” se transformó en “Somos Pueblo” a partir de esta convergencia. Fue un hecho histórico que representó el regreso de la juventud universitaria organizada a las luchas populares.

  El rol de la juventud también se observa en el movimiento feminista, ya que hay muchos movimientos feministas jóvenes. En particular se destaca el colectivo Mujeres en Movimienta, una expresión muy importante de feministas universitarias. La diversidad sexual también ha estado presente, y ha estado muy activa en la denuncia de los femicidios y homicidios de personas LGBTQI+.

  A ellos se sumó la clase media empobrecida tras el fuerte golpe de la pandemia. En las manifestaciones hubo mucha gente de clase media, muchos profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían a ninguna organización ni colectivo indígena, estudiantil o de mujeres salieron por su cuenta, movidos por el hartazgo. Así, las manifestaciones de noviembre de 2020 reflejaron tanto la organización social como la autonomía ciudadana.

  ¿Qué demandaba la ciudadanía movilizada?

  A pesar de que hubo varios sectores movilizados y muchísimas demandas acumuladas, hubo un orden en el petitorio de las protestas. Si bien los distintos sectores tenían sus propias demandas, todos acogieron los grandes reclamos. El eje central era que el presidente vetara el presupuesto, ya que lo que gatilló la movilización fue el descaro de un Congreso que hizo un presupuesto que no era para la ciudadanía de Guatemala sino para ellos mismos, para alimentar la corrupción. En ello las manifestaciones tuvieron un éxito inmediato, ya que pocos días después de la quema del edificio del Congreso, este dio marcha atrás y anuló el presupuesto que había aprobado. Junto con la retirada del presupuesto estaba la demanda de que se aprobara un presupuesto que respondiera a las necesidades de la población, pero esta demanda sigue pendiente.

  Tras la represión de las protestas, otra demanda central fue la renuncia del ministro de Gobernación, que no se produjo; el funcionario sigue en su cargo. También se reclamó la renuncia del presidente, que tampoco se produjo.

  Finalmente, se volvió a reflotar la demanda de una nueva Constitución, que está en la agenda de los movimientos sociales desde hace varios años. En el 2015, cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones que llevaron a la renuncia de todo el gobierno, los movimientos sociales evaluamos que la corrupción no estaba solamente en las personas, sino que teníamos un sistema corrupto y que por lo tanto hacía falta un cambio de sistema. Las organizaciones indígenas y campesinas tienen su propuesta de cambio constitucional, basada en su reclamo de reconocimiento de los pueblos indígenas e instauración de un Estado plurinacional que les dé autonomía y poder de decisión.

  Otros grupos tienen propuestas más embrionarias. Yo fui diputada hasta enero de 2020, y cuando todavía estaba en el Congreso trabajé con las organizaciones de mujeres pensando en que podía darse esta coyuntura y teníamos que prepararnos. Iniciamos el Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente para ir configurando una propuesta de una nueva constitución desde la perspectiva de las mujeres en su diversidad.

  ¿Cuáles son los principales cambios que proponen?

  Nosotros tenemos una constitución que fue redactada en 1985 y tiene un contenido importante de derechos humanos; incluye la figura del Ombudsman, que en ese momento era una innovación. Pero los derechos humanos son encarados desde una perspectiva individual; están ausentes los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y también los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, y por supuesto lo más avanzado en materia constitucional que son los derechos de la naturaleza. La nuestra es una propuesta política emancipadora de los pueblos, de las mujeres y de las diversidades. Se basa en la idea de una economía para la vida, que pone a la comunidad en el centro, y en una economía feminista que reorganice el trabajo y los cuidados.

  ¿Piensas que las protestas continuarán?

  Sí, las protestas van a continuar. Con las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización, pero en estos días se supo que CODECA va a volver a salir a la calle. CODECA es una organización que normalmente sale sola, no coordina con otros movimientos sociales, pero tiene una gran capacidad de movilización. Si ellos vuelven a las calles, abrirán una nueva etapa de manifestaciones.

  Ahora mismo el ministro de Finanzas está elaborando un nuevo presupuesto, que en un mes se tendrá que volver a discutir en el Congreso. Queda por verse no solamente cuánto se invertirá en salud, educación y reactivación económica, sino también qué es lo que considera “reactivación económica”. Hasta ahora el énfasis ha estado puesto siempre en la inversión privada internacional, que solo genera espacios de mayor explotación y megaproyectos. Hay una ley de promoción de la agricultura familiar que no hay manera de que se apruebe. De modo que la demanda de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, va a continuar expresándose en las calles.

  Por el momento, se trata de una convocatoria sectorial, no de una convocatoria amplia a la ciudadanía. Pero no hace falta demasiado para que se reactive la protesta ciudadana, ya que tras las manifestaciones de noviembre el presidente hizo una serie de promesas que no cumplió. El 14 de enero de 2021 se cumplió un año de gobierno y los niveles de apoyo que recibe el gobierno son bajísimos. El Congreso también tiene escasa legitimidad, dada la cantidad de diputados que integran el “pacto de corruptos”, suficiente para conformar una mayoría ordinaria para aprobar las leyes.

  Sin embargo, puede que haya miedo a movilizarse porque estamos en un pico de infecciones por COVID-19. Y otro obstáculo para la continuidad de las movilizaciones es la ausencia de un liderazgo unificado y la limitada coordinación.

  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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• Guatemala: Llamado a respetar el derecho de la ciudadanía a expresar sus preocupaciones a través del derecho a la manifestación pacífica

  

  Presidente de la República de Guatemala
  Alejandro Giammattei
  Ciudad de Guatemala
  Guatemala

  Desde el Foro de ONG Internacionales en Guatemala FONGI, integrado por más de 30 organizaciones y la alianza CIVICUS, alianza mundial de más de 10,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y activistas de 175 países de todo el mundo, le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por la escalada de represión de las protestas pacíficas y para pedirle que actúe urgentemente.

• HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

  CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

  El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

  

  ¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

  La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

  La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

  La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

  La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

  Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

  ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

  La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

  ¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

  Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

  En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

  El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

  ¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

  La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

  La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

  El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

• ITALIA: “Lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista”

  CIVICUS conversa con Andrea Garreffa, uno de los fundadores del movimiento de las Sardinas (Movimento delle Sardine), un movimiento político de base que comenzó en noviembre de 2019 en Bolonia, Italia, para protestar contra la retórica de odio del líder populista de derechas Matteo Salvini.

  

  ¿Qué les inspiró a iniciar este movimiento?

  El 26 de enero de 2020 había elecciones regionales en Emilia-Romagna, nuestra región de origen, y cuando digo nuestra, me refiero a mí y a los otros cofundadores del movimiento, Mattia Santori, Roberto Morotti y Giulia Trappoloni. En ese momento había una gran ola de extrema derecha, representada por la Liga y su líder, Matteo Salvini. Hubo señales muy atemorizantes en relación con la situación política general en Italia, una de las cuales fueron las faltas de respeto hacia la sobreviviente del Holocausto Liliana Segre, deportada a Auschwitz y única sobreviviente de toda su familia. A partir de la década de 1990 Segre comenzó a hablar en público acerca de su experiencia y en 2018 fue nombrada senadora vitalicia. Recibió tantos insultos y amenazas en las redes sociales que en noviembre de 2019 se le asignó protección policial. La situación era aterradora; no me avergüenza admitir que solía llorar cuando leía en el periódico noticias de esos episodios.

  ¿Cómo se organizó la primera manifestación de las Sardinas?

  A medida que se acercaban las elecciones, mis amigos y yo comenzamos a pensar en una manera de expresarnos y advertir a la Liga que el juego aún no había terminado. Queríamos dejar esto muy claro, tanto para los partidos de extrema derecha como para todos los ciudadanos que buscaban un estímulo para empoderarse. El partido de la Liga acababa de ganar en Umbría y se estaba anunciando como ganador también en Emilia-Romagna; contaba con esta victoria para desestabilizar al gobierno de coalición y volver al poder. Queríamos hacer algo para poner un freno a este proceso. Empezamos a pensar en esto el 6 o 7 de noviembre de 2019, justo una semana antes de que Matteo Salvini, junto con Lucia Borgonzoni, la candidata de la Liga a dirigir el gobierno regional, iniciaran su campaña con un acto en el estadio de Bolonia. Teníamos muy presente que la última vez que Salvini había venido a Bolonia había dicho que la Piazza Maggiore, la plaza principal de la ciudad, podía albergar hasta 100.000 personas, dando a entender que esa era la cantidad de personas que habían asistido a su evento, algo que era físicamente imposible, ya que la capacidad máxima de la plaza es de unas 30.000 personas muy apretadas. En cierto modo, también queríamos llamar la atención sobre la información que difunden los medios y asegurarnos de que no pudiera hacer trampa.

  En resumen, nuestra idea era organizar una manifestación tipo flashmob en la Piazza Maggiore de Bolonia, el mismo día que Salvini hacía su acto. La llamamos “6.000 sardinas contra Salvini” porque nuestro objetivo era reunir alrededor de 6.000 personas y nuestra táctica era mostrar que éramos muchos, así que usamos la imagen de multitudes apretujadas como sardinas en un banco de arena. En los pocos días que tuvimos para organizarla, establecimos la narrativa principal y preparamos unas plantillas personalizables para que cada persona tuviera libertad para expresarse y usara su imaginación. El nuestro era un mensaje que cualquiera podía entender, y las acciones requeridas eran cosas que cualquiera podía hacer. Queríamos deshacernos de todos los sentimientos negativos vinculados a los partidos políticos existentes, por lo que la iniciativa fue inclusiva desde el principio. No estaba vinculada a ningún partido, sino abierta a cualquiera que compartiera los valores fundamentales del antifascismo y el antirracismo.

  Enviamos una invitación, no solo a través de Facebook, cosa que por supuesto hicimos, sino también, y sobre todo, saliendo a las calles para distribuir volantes y hablar con la gente, para que la gente pudiera entender que el evento era real y que verdaderamente iba a ser ocurrir. Nos sorprendió que apenas dos días después de lanzar la campaña en Facebook, estábamos repartiendo volantes y la gente nos decía que ya sabía del evento. El boca a boca funcionó increíblemente bien; en mi opinión, esto reflejó una necesidad muy fuerte de la gente de hacer algo para asegurar que Matteo Salvini no ganara en Bolonia y en Emilia-Romagna. La gente entendió lo importante que era esta elección. Durante el verano, Salvini había desestabilizado al gobierno nacional “luciéndose” en Milano Marittima y exigiendo pieni poteri - plenos poderes, una expresión que solía utilizar Mussolini. La ciudadanía no podía correr el riesgo de que volviera a ocurrir semejante espectáculo y realmente sintió el llamado a la acción cuando la propaganda de extrema derecha comenzó a difundir mensajes tales como “Liberiamo l'Emilia-Romagna” (Liberemos Emilia-Romagna), como si la gente hubiera olvidado sus clases de historia: la región no necesitaba ser liberada porque eso ya había sucedido al final de la Segunda Guerra Mundial. La gente sintió que no respetaban su inteligencia, y nos levantamos para hacerlo visible y tangible. La gente es menos estúpida de lo que suelen pensar los que están en el poder.

  ¿Cómo sabían que la gente iría?

  No teníamos idea. La noche del 14 de noviembre nos encontramos rodeados de una multitud increíble - los medios informaron que había 15.000 personas - y no podíamos creerlo.

  Esperábamos que asistieran unas cuantas personas; empezamos a creer en el éxito de la iniciativa cuando vimos que desde el primer día estábamos logrando cada objetivo que nos proponíamos. Por ejemplo, armamos la página de Facebook con el objetivo inicial de llegar a mil personas, y al día siguiente ya éramos más de tres o cuatro mil. Eso fue principalmente por dos razones: en primer lugar, porque era el momento oportuno, ya que evidentemente la gente estaba lista para una iniciativa como esta; y, en segundo lugar, por el hecho de que nosotros mismos vivimos en Bolonia, por lo que conocemos a mucha gente y podíamos difundir el mensaje fácilmente.

  Pero el 14 de noviembre nadie sabía lo que iba a pasar. Le habíamos dicho a la gente que habría una sorpresa y la mantuvimos en secreto hasta que todos se hubieron reunido, y a las 8:30 pm tocamos una canción de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, que se traduce como “qué tan profundo es el mar”. En una parte de la canción, la letra dice que somos muchos, que todos descendemos de los peces, y que no puedes detener a los peces porque no puedes bloquear el océano, no puedes cercarlo. Esto generó mucha emoción y la gente incluso lloraba porque era una sensación muy poderosa; muchos no podían creer que estuviera sucediendo de verdad. Las personas mayores volvieron a sentirse jóvenes, viviendo emociones que creían perdidas para siempre en la década del ‘70. Los niños pequeños tuvieron la oportunidad de participar en una fiesta masiva y alegre, lo cual les hizo cuestionar la idea de que la política es aburrida y sin emoción. Creo que toda la ola que vino después se generó esa primera noche; creció a partir de esa emoción inicial. No éramos 6.000 sino muchos más, y enviamos el mensaje de que el partido estaba lejos de terminar y que por lo tanto Salvini aún no podía considerarse ganador. Esta es la clave: cualquiera sea el deporte que practiques, si entras a la cancha pensando que vas a perder, perderás. Este era el estado de ánimo que predominaba entre los partidos de izquierda y la ciudadanía progresista. Hicimos lo que pudimos para que “nuestro equipo” creyera en sí mismo y en sus posibilidades de victoria. Podría decirse que lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista.

  ¿Quién organizó todas las manifestaciones subsiguientes?

  La emoción de la primera manifestación se extendió gracias a una impresionante fotografía tomada desde arriba del edificio municipal, que muestra una minivan roja rodeada de miles de personas. La imagen se extendió en internet y en las redes sociales. Ayudó a enfocar la atención en las elecciones regionales. Todos los medios internacionales estaban ahí, así que les ofrecimos la imagen y así comenzó todo. La imagen reflejaba el hecho de que estaba sucediendo algo importante, así que cuando en otras ciudades e incluso en otros países la gente empezó a ponerse en contacto con nosotros, configuramos una dirección de correo electrónico para que cualquiera pudiera comunicarse con nosotros.

  Compartimos nuestra experiencia y explicamos a quienes se contactaron con nosotros cómo habíamos armado todo en solamente seis días: cómo solicitamos los permisos para la manifestación y para tocar la música, cómo cuidamos a la gente, esas cosas. Luego organizamos toda la información para que pudiera ser compartida con cualquiera que quisiera hacer algo similar en otro lugar. También registramos el nombre de la iniciativa, no porque quisiéramos tener propiedad sobre ella, sino para evitar su uso indebido y proteger sus valores subyacentes. Pasamos horas y días hablando por teléfono con gente de toda Emilia-Romagna, y luego de otras regiones, hasta que el movimiento se hizo tan grande que estuvimos en condiciones de anunciar una manifestación masiva que se celebraría en Roma en diciembre.

  Para el evento de Roma ni siquiera tuvimos que hacer gran cosa, porque ya había gente en Roma que estaba organizando la manifestación por su cuenta, y a nosotros nos invitaron como oradores. Eso fue de hecho una fortaleza, porque ya no se trataba de gente de Bolonia organizando un evento para Roma, sino de gente de Roma autoorganizándose, movilizando a sus amigos y vecinos e invitando a la gente a unirse a ellos.

  Justo antes de las elecciones, el 19 de enero, organizamos un gran concierto en Bolonia, con el objetivo de fomentar la participación electoral. No queríamos presionar a la gente para que votara por tal o cual partido, sino alentar su participación. En las elecciones regionales anteriores había prevalecido la indiferencia: solo el 37% de los votantes habilitados hicieron uso de su derecho. La mayor participación que logramos en esta ocasión, cuando votó el 69%, fue en sí misma una victoria de la democracia.

  Has mencionado que el movimiento se extendió a nivel tanto nacional como internacional. ¿Estableció también conexiones con otros movimientos por la justicia en otros países?

  El movimiento se elevó a escala internacional desde el comienzo, gracias a los italianos que viven en el extranjero y que leían las noticias, entendían lo que estaba pasando y se pusieron en contacto con nosotros. Nos comunicamos con gente en docenas de ciudades importantes de países de todo el mundo, incluidos Australia, Estados Unidos y los Países Bajos.

  Ese fue el primer paso para llegar al nivel internacional, y también la razón por la cual luego nos invitaron a los cuatro a participar en el Foro de Cultura Europea, que tuvo lugar en Ámsterdam en septiembre de 2020. Asistimos al festival y allí tuvimos la oportunidad de conocer a representantes de Extinction Rebellion del Reino Unido, de los chalecos amarillos franceses, de Un Millón de Momentos por la Democracia, una organización de protesta de la República Checa, de Demosisto de Hong Kong y de Resistencia Negra Queer & Trans, una organización LGBTQI+ de los Países Bajos. Conectamos con otras realidades y conocimos otros movimientos. Comenzamos a hablar y a soñar con un evento que reúna a una amplia variedad de movimientos de protesta en los próximos meses o años, luego del fin de la pandemia de COVID-19. Ahora estamos abiertos y tenemos curiosidad por saber qué están haciendo los demás, aunque seguimos siendo independientes. Hacemos lo nuestro, ellos hacen lo suyo y colaboramos cuando tenemos la oportunidad.

  La página de Facebook 6000 Sardine contiene numerosas expresiones de solidaridad con el movimiento prodemocracia de Bielorrusia, #EndSARS en Nigeria y Black Lives Matter en los Estados Unidos. ¿Trabajan en solidaridad con ellos?

  Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con esos movimientos, de ser posible, y hacerles saber que vamos a enviar una comunicación en solidaridad, pero eso es todo. Estamos demasiado ocupados tratando de establecer una organización propia como para invertir energía en tratar de seguir y comprender todo lo que otros están haciendo para construir sus propios movimientos.

  También compartimos el entendimiento de que el movimiento es mucho más que la página de Facebook. Para nosotros, Facebook es un canal de comunicación y una forma útil de difundir mensajes, pero no es el núcleo del movimiento. A veces funciona más bien como una cartelera donde la gente comparte informaciones e intercambia mensajes, y no todo lo que aparece allí es el resultado de una decisión conjunta a nivel de la organización. Para ser honesto, a veces abro nuestra página de Facebook y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que encuentro en ella. Esto ocurre a causa de la delegación de tareas y la apertura a la participación.

  ¿Cuáles son los actuales objetivos del movimiento y cómo han evolucionado?

  Hemos pensado mucho en esto porque todo comenzó en forma muy espontánea y con un evento fuertemente relacionado con las elecciones, pero luego siguió creciendo. De ahí que nos sintamos responsables de manejar toda esta energía que hemos generado. Hicimos todo lo posible por difundir los mensajes correctos sin alimentar la ilusión. Seguimos siendo las mismas personas que éramos el año pasado, más allá de las experiencias que hemos vivido; sin embargo, no estábamos preparados para todo esto. Día tras día aprendemos a lidiar con la atención, los medios y todo lo que traen consigo. Nos enfocamos en la necesidad de establecer metas y una visión.

  Estábamos en eso cuando nos golpeó la pandemia de COVID-19. Por un lado, esto nos afectó negativamente porque no podíamos seguir movilizándonos; por otro lado, sin embargo, resultó tener un efecto extrañamente positivo, porque nos obligó a aminorar la velocidad. Aprovechamos el encierro para hacer lo único que podíamos hacer: sentarnos a pensar. Así logramos armar nuestro manifiesto, que fue el resultado de múltiples debates dentro de nuestro círculo interno.

  El manifiesto marcó un hito, y nuestros siguientes pasos consistieron en trabajar que cada uno de sus artículos se tornara visible y tangible en la vida real. Es en eso que nos estamos enfocando ahora. Siguiendo la metáfora del mar, después de la marea alta vino la marea baja, que es más manejable, y estamos tratando de nutrir el movimiento para que crezca desde la raíz, más lento pero menos caótico e inestable. Intentamos ser un punto de referencia para todo aquel que busque ideas progresistas, sin ser un partido pero señalando el rumbo.

  Me gustaría enfatizar el hecho de que comenzamos este movimiento con la idea de que no debemos simplemente acusar a los políticos o a los partidos, sino en cambio preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para traer al mundo el cambio que deseamos. Esto significa que no excluimos los enfoques que se centran en cosas pequeñas, tales como cuidar el propio vecindario. Incluimos este tipo de enfoque, así como otros más ambiciosos, tales como el de marcar el rumbo a los partidos progresistas de izquierda. Consideramos que ambos enfoques son válidos.

  Tampoco excluimos ningún discurso que converja con el nuestro y defienda nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de lo progresista que es el Papa, así que estamos invitando a alguna gente a hablar de eso, no porque seamos un movimiento religioso, sino para difundir el tipo de mensaje positivo que actualmente es bastante difícil de encontrar en la arena política.

  Hace unos meses organizamos nuestra primera Escuela de Política, Justicia y Paz. Lo hicimos en un pueblo pequeño, Supino, porque encajaba mejor con el modelo de autoorganización local que queremos promover. Invitamos a actores políticos a interactuar con activistas de veintipico de años. La idea era fusionar esos mundos para crear ese tipo de comunicación que tanto escasea en las plataformas de redes sociales. Queremos crear oportunidades para que personas de ideas progresistas se reúnan con otras y conversen, no necesariamente para encontrar la solución a un problema específico sino para que haya una conexión entre las personas con poder de decisión y personas que están interesadas en participar y cambiar las cosas, pero realmente no saben cómo hacerlo.

  ¿Cómo se mantuvo vivo el movimiento durante el encierro por la pandemia de COVID-19?

  Invitamos a gente de toda Italia a enfocarse en el nivel local, ya que de todos modos era lo único que podían hacer. Y para ser creíbles dimos el ejemplo. En Bolonia mucha gente puso su energía al servicio de los demás, por ejemplo haciéndoles las compras a quienes no podían salir de sus hogares e involucrándose en innumerables iniciativas, movimientos y asociaciones locales. Alentamos este involucramiento porque nunca fue nuestra intención reemplazar las organizaciones existentes, sino más bien revitalizar el activismo y la participación en los asuntos públicos.

  Pero sí le pedimos a la gente que se mantuviera en contacto, y regularmente organizamos llamadas y armamos eventos específicos. Por ejemplo, para el 25 de abril, Día de la Liberación, lanzamos una iniciativa a través de la cual compartimos clips de películas que retrataban la resistencia frente al fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial e invitamos a la gente a proyectarlos a través de sus ventanas sobre las paredes de los edificios vecinos, y a filmar el evento. Recopilamos las grabaciones y las reunimos en un video que difundimos en las redes sociales. Nuestro mensaje central fue que todos podíamos estar presentes aun cuando no pudiéramos salir físicamente.

  A principios de mayo también organizamos un flashmob simbólico en la Piazza Maggiore de Bolonia: en lugar de personas, colocamos alrededor de 6.000 plantas, que luego vendimos por internet. Nuestros voluntarios las repartieron en bicicleta, y todos los fondos que recolectamos fueron para el municipio local, que se había comprometido a duplicarlos con un aporte de sus propios fondos y a invertir el monto total para apoyar eventos culturales durante el verano. Antes de entregar las plantas, realizamos una performance artística en la plaza; luego movimos las plantas para trazar con ellas la silueta de una bicicleta sobre el piso. Como resultado de esta iniciativa, no solo marcamos nuestra presencia en el espacio público, sino que también canalizamos alrededor de 60.000 euros (unos 69.800 dólares) hacia eventos culturales. Luego mucha gente en otras partes de Italia replicó la iniciativa o nos comunicó su interés en hacerlo; sin embargo, algunos no pudieron concretarla porque tenía algunas complejidades logísticas.

  Y luego un día el municipio nos dijo que tenía algunas parcelas de tierra sin usar que podrían convertirse en huertos urbanos y nos las ofrecieron a nosotros. Organizamos a voluntarios que querían trabajar en ellos, de modo que ahora se han convertido en espacios con huertas donde se cultivan vegetales. Quienes deciden invertir su tiempo y esfuerzo en trabajar en estas huertas se quedan con la mitad de los productos que cultiven y entregan la otra mitad a comedores comunitarios que ayudan a quienes no tienen suficientes recursos para comprar alimentos.

  Incluso durante el confinamiento, pensamos a Bolonia como un laboratorio donde podríamos implementar y poner a prueba nuestras ideas y alentar a otras personas a hacer lo mismo, ya sea replicando nuestras iniciativas o probando algo diferente para ver qué ocurre. Si pones a prueba iniciativas potencialmente replicables y fáciles de implementar, y muchas personas siguen el ejemplo, entonces puedes lograr cambios a una escala considerable.

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• KAZAJISTÁN: “La cuarentena se convirtió en una suerte de excusa del gobierno para perseguir a la sociedad civil”

  CIVICUS conversa con Asya Tulesova, una defensora de los derechos cívicos y ambientales de Kazajstán. El 8 de junio de 2020 Asya fue arrestada y detenida tras participar en una manifestación pacífica en la ciudad de Almaty. Fue liberada el 12 de agosto de 2020, pero bajo libertad condicional. El caso de Asya fue parte de la campaña de CIVICUS #StandAsMyWitness, lanzada el 18 de julio, el Día de Nelson Mandela, para exigir la liberación de las personas defensoras de derechos humanos que están encarceladas o son perseguidas o acosadas por defender la libertad, los derechos y la democracia y denunciar la corrupción de gobiernos y compañías multinacionales.

  

  ¿Nos contarías un poco acerca de tu historia y tu activismo ambiental?

  Durante los últimos años he trabajado para una organización de la sociedad civil, la Fundación Cívica Sentido Común, enfocada en el desarrollo comunitario. Trabajamos en proyectos ambientales y educativos orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. En 2015 lanzamos nuestro proyecto de monitoreo de la calidad del aire en Almaty con el objetivo de brindar a la gente acceso a información gratuita y actualizada sobre la calidad del aire en la ciudad. El proyecto mejoró considerablemente la comprensión de la gente sobre la importancia del tema.

  Cuando me di cuenta de que la calidad del aire era un problema político, intenté postularme para el consejo local. Sin embargo, mi candidatura fue rechazada debido a discrepancias menores en mi declaración de ingresos fiscales. Este mismo razonamiento se utilizó para excluir a cientos de candidatos y candidatas que se postulaban como independientes en todo Kazajistán. Demandamos a la comisión electoral central, pero no pudimos persuadir al tribunal para que restableciera mi candidatura, a pesar de de que teníamos todas las pruebas que respaldaban mi reclamo. Mi caso ahora está siendo examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

  Continuamos nuestro activismo ambiental mediante la publicación de artículos, investigaciones sobre la contaminación del aire, la participación en eventos públicos y la organización de charlas públicas sobre el tema. En abril de 2019 mi compañero, el activista Beibarys Tolymbekov, y yo fuimos arrestados por sostener una pancarta en la maratón anual de Almaty; nuestros amigos Aidos Nurbolatov, Aigul Nurbolatova y Suinbike Suleimenova fueron multados por filmarnos sosteniendo el cartel. En tanto que integrantes de un movimiento de activistas jóvenes, queríamos llamar la atención de la gente sobre el carácter injusto de las siguientes elecciones presidenciales y la falta de candidatos independientes. Beibarys y yo recibimos 15 días de arresto administrativo; mientras estaba detenida hice una huelga de hambre para protestar contra la decisión del tribunal, y en un momento mi compañera de celda me dio un puñetazo en el estómago por negarme a cumplir con su reclamo de poner fin a mi huelga de hambre. Nuestra detención resultó en una serie de protestas en todo el país y en un aumento de la participación política de los jóvenes. Continuamos nuestro trabajo con la esperanza de que nuestros esfuerzos atrayeran más candidaturas independientes a la competencia electoral.

  La condición de activista en Kazajistán está asociada a un cierto grado de presión constante por parte del gobierno y las autoridades policiales. Muchas personas activistas y defensoras de derechos humanos, así como periodistas, viven bajo un intenso escrutinio y bajo constante vigilancia e intimidación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o de otros que actúan en su nombre.

  ¿Qué fue lo que ocurrió durante la protesta de junio de 2020 en la que te arrestaron?

  Durante la protesta del 6 de junio de 2020 presencié actos de brutalidad policial hacia manifestantes pacíficos. No era la primera vez; cada manifestación pacífica “no autorizada” que hemos tenido hasta ahora ha ido acompañada del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Pero en esta oportunidad decidí pararme frente a una de las camionetas policiales cargadas de personas detenidas ilegalmente para evitar que se las llevaran. Varios policías me atacaron, me sacaron a rastras de la camioneta y, cuando intenté regresar, me tiraron al suelo. En ese estado emocional le quité la gorra a un oficial de policía, a modo de protesta por las acciones policiales ilegales y la detención de manifestantes pacíficos. Es difícil articular lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Definitivamente estaba en estado de shock.

  Esto fue capturado en video y fui acusada de “insultar públicamente a un representante de las autoridades” en virtud del artículo 378, parte 2 del Código Penal, y de “infligir daño no grave a un representante de las autoridades”, en virtud del artículo 380, parte 1.

  ¿Cómo fue estar presa? ¿Tuviste miedo de contraer COVID-19?

  Estuve en prisión durante más de dos meses. El centro de detención adonde me llevaron está ubicado en el extremo norte de Almaty. Me llevaron por la noche y primero me pusieron en una celda de cuarentena para los detenidos recién llegadao, donde pasé más de diez días familiarizándome con las normas internas de la institución. Después de eso me trasladaron a una celda diferente.

  Debido a la pandemia de COVID-19, las visitas de familiares y amigos estaban prohibidas. Solo pude hablar con mi madre dos veces por semana durante diez minutos por videollamada y recibir visitas de mis abogados cada dos semanas. Las condiciones en esta institución eran mucho mejores que en el centro de detención temporario ubicado en la estación de policía donde antes había pasado dos días. La celda estaba relativamente limpia y tenía dos literas para cuatro personas, un lavabo y un inodoro. Nos turnábamos para limpiar la celda. Dos de mis compañeras de celda fumaban en el baño. Nos alimentaban tres veces al día, principalmente guisos y sopas. Nos llevaban a “pasear” cinco veces por semana, a una instalación especialmente diseñada para ello, que era básicamente una celda sin ventanas ni techo. Nuestros paseos por lo general duraban de 15 a 20 minutos, por lo que tuve que escribir una queja a las autoridades de la institución para que cumplieran con sus propias regulaciones internas y nos dieran una hora completa para caminar. Nos duchábamos una vez a la semana, durante 15 minutos por persona.

  Varias veces a la semana recibía paquetes procedentes de familiares y amigos. Su apoyo fue muy útil para mantener alto mi ánimo. Recibí una radio que me mandó otro activista, Marat Turymbetov, cuyo amigo Alnur Ilyashev había estado detenido en el mismo centro por sus críticas al partido gobernante, Nur Otan. Pasábamos mucho tiempo escuchando la radio a la espera de noticias, pero la mayoría de las noticias eran sobre la pandemia de COVID-19. Ocasionalmente también escuchábamos rumores acerca de casos de COVID-19 en la institución, pero no había nada seguro, así que no tuve demasiado temor a contraer el virus. Mi madre, sin embargo, estaba muy preocupada por eso y cada tanto me enviaba medicamentos. La pandemia ha sido muy dura para nuestro país y se ha cobrado muchas vidas.

  Esta vez, personalmente no he experimentado ninguna violación importante mientras estaba detenida, más allá del incumplimiento de algunas reglas internas por parte del personal. Sé que otras personas detenidas pasaron meses en la institución sin recibir visitas de la persona que investigaba su caso, su abogado o sus familiares. En un principio tuve sospechas cuando, en el centro de detención temporaria, me colocaron en una celda con la misma mujer que había estado conmigo en el centro de detención especial para faltas administrativas un año atrás.

  No puedo decir que sienta que he estado detenida durante mucho tiempo, pero fue suficiente para que aumentaran mi aprecio y mi compasión hacia los activistas y otras personas que han pasado meses y años en prisión. Por ejemplo, el defensor de derechos humanos Max Bokayev ha estado en prisión durante más de cuatro años por apoyar una manifestación pacífica contra la venta ilegal de tierras a empresas chinas. Durante la cuarentena, muchos activistas y líderes políticos fueron sometidos a registros y detenciones, por lo que la cuarentena se convirtió en una suerte de excusa del gobierno para perseguir a la sociedad civil. Entre los activistas detenidos se contaron Sanavar Zakirova, que ha sido perseguida por sus intentos de registrar un partido político, los activistas Abay Begimbetov, Askar Ibraev, Serik Idyryshev, Askhat Jeksebaev, Kairat Klyshev y muchos otros.

  ¿Qué piensas sobre la sentencia que recibiste?

  No estoy de acuerdo con mi sentencia, por eso vamos a apelar. El tribunal debe tener en cuenta el grado de peligro para la sociedad que suponen las faltas que cometí, que difícilmente constituyen un delito. Sin embargo, sí lamento la falta de autocontrol y la mala educación que exhibí. Creo firmemente en la protesta no violenta y mi caso es una gran oportunidad para que tanto nosotros como el gobierno condenemos la violencia procedente de ambos lados.

  ¿Qué apoyos necesitarían los activistas como ustedes de la comunidad internacional?

  Estoy muy agradecida de que mi caso haya recibido atención y apoyo internacionales. Fue un honor estar representada en la campaña de CIVICUS, #StandAsMyWitness. También estoy muy agradecida hacia mi madre, mis abogados, mi familia, amigos y simpatizantes de Kazajistán y de todo el mundo, a quienes se les ocurrieron muchas ideas creativas para crear conciencia pública y atraer la necesaria atención a mi caso y al problema de la brutalidad policial en Kazajistán. Personalmente, me inspiré mucho en una de las iniciativas lanzadas por mis buenos amigos Kuat Abeshev, Aisha Jandosova, Irina Mednikova y Jeffrey Warren, Protest Körpe, una forma simple y visualmente bella de presentar demandas de justicia y derechos humanos de una manera agradable y cariñosa. Es fácil unirse a ella. La mayoría de los mensajes de Protest Körpe son universales y tienen relevancia para muchos países. ¡Hagamos oír nuestros mensajes! Siento que podemos aprender nuevas tácticas creativas de Protest Körpe y de otras iniciativas y adaptarlas a nuestro contexto local. ¿No sería fantástico si esas campañas y movimientos pudieran conformar una red para que todos podamos compartir y aprovechar las experiencias de los demás?

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• KIRGUISTÁN: “La decisión de la ciudadanía en el referéndum será clave para nuestro futuro”

  CIVICUS y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (International Partnership for Human Rights) conversan con Ulugbek Azimov, experto legal de la Fundación para la Prosperidad Jurídica (Legal Prosperity Foundation), acerca de las protestas que tuvieron lugar en Kirguistán en octubre de 2020 y los acontecimientos políticos que se produjeron a continuación. La Fundación para la Prosperidad Jurídica (ex Grupo Juvenil de Derechos Humanos) es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente que desde 1995 promueve los derechos humanos y los principios democráticos en Kirguistán. La organización lleva a cabo programas educativos, realiza un monitoreo de derechos humanos, interactúa con los mecanismos internacionales de derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos en el contexto de las reformas legales.

  A menudo se habla de Kirguistán como la única democracia de Asia Central. ¿Qué tan cerca de la verdad está esta caracterización?

  Es cierto que a principios de la década de 1990, es decir, en los primeros años de independencia, la democracia brotó y comenzó a desarrollarse en Kirguistán. En comparación con otros países de la región, Kirguistán se caracterizó por tener un mayor nivel de participación ciudadana, una sociedad civil más desarrollada y condiciones más favorables para el funcionamiento y la participación de los partidos políticos en el proceso político. Por este motivo, Kirguistán fue calificado como una “isla de democracia” en Asia Central.

  Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde la independencia, Kirguistán ha enfrentado graves problemas. Los intentos de los expresidentes de preservar y reforzar su poder presionando a la oposición, persiguiendo a los medios de comunicación y al periodismo independiente, restringiendo la libertad de expresión, utilizando los recursos públicos en su beneficio, sobornando a los votantes y falsificando los resultados de las elecciones, han provocado grandes convulsiones políticas en varias oportunidades. En los últimos 15 años, el gobierno ha sido derrocado tres veces, en las llamadas revoluciones de los Tulipanes, de abril y de octubre, producidas en 2005, 2010 y 2020, respectivamente. Dos expresidentes se vieron obligados a huir del país, y el tercero debió dimitir antes de tiempo.

  Desgraciadamente, a cada revuelta le siguió un proceso que socavó los logros democráticos anteriores. Por lo tanto, no es de extrañar que Freedom House haya calificado sistemáticamente a Kirguistán como “parcialmente libre” en su índice anual de Libertad en el Mundo. Además, en la última medición publicada este año, Kirguistán fue degradado a la categoría de “no libre” debido a las consecuencias de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020, que se vieron empañadas por graves violaciones. Así, Kirguistán se encuentra ahora en la misma categoría en la que se hallaban otros países de Asia Central desde hacía muchos años.

  ¿Se impusieron restricciones relacionadas con la pandemia en el período que precedió a las elecciones de 2020?

  En respuesta al rápido aumento de los casos de COVID-19 en la primavera de 2020, las autoridades kirguisas adoptaron medidas de emergencia e impusieron el confinamiento en la capital, Bishkek, y en varias otras regiones del país, lo cual redundó en restricciones del derecho a la libertad de circulación y otros derechos relacionados. Se prohibieron todos los actos públicos, incluidos los de naturaleza política.

  Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia también suscitaron preocupación porque impusieron restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las autoridades apretaron fuertemente las tuercas a las voces críticas en respuesta a las críticas generalizadas a los gobernantes, incluido el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov, por su incapacidad para luchar eficazmente contra la pandemia. Las autoridades policiales persiguieron a blogueros y comentaristas de las redes sociales con posiciones críticas, los visitaron en sus domicilios y mantuvieron con ellos conversaciones “profilácticas”. En algunos casos, se detuvo a usuarios de redes sociales por publicar información supuestamente falsa sobre la pandemia y se les obligó a disculparse públicamente bajo la amenaza de ser procesados.

  La ley sobre “manipulación de la información”, que el Parlamento aprobó en junio de 2020, es especialmente preocupante. Aunque los promotores de la ley afirmaron que su único objetivo era abordar el problema de las cuentas falsas en redes sociales, desde el principio quedó claro que se trataba de un intento de las autoridades de introducir la censura en internet y clausurar sitios molestos en vísperas de las elecciones. Tras una avalancha de críticas por parte de la comunidad de medios de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos, el entonces presidente Jeenbekov se negó a firmar la ley y en agosto de 2020 la devolvió al parlamento para que la revisara. Desde entonces, la ley ha permanecido en el parlamento.

  ¿Qué fue lo que desencadenó las manifestaciones postelectorales de octubre de 2020? ¿Quiénes protestaron y por qué?

  El principal motivo de las protestas de octubre de 2020, que volvieron a provocar un cambio en el poder, fue el descontento de la población con los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre.

  De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento. Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.

  Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin identidad partidaria.

  Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.

  Las elecciones “sucias”, caracterizadas por un nivel de violaciones sin precedentes, se convirtieron en un catalizador de los acontecimientos posteriores. Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio de los resultados provisorios al final de la jornada electoral, el 4 de octubre, y continuaron durante todo el día siguiente. La juventud desempeñó en ellas un rol decisivo: la mayoría de quienes salieron a la calle a protestar y se reunieron en la plaza central de la capital eran jóvenes. Por desgracia, la mayoría de las personas heridas, así como el manifestante que murió durante las manifestaciones de octubre, también eran jóvenes.

  ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a las protestas?

  Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5 de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones. Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos. Durante los disturbios también sufrieron daños coches de policía, ambulancias, cámaras de vigilancia y otros bienes materiales, por un valor estimado de más de 17 millones de soms (unos 200.000 dólares estadounidenses).

  ¿Lograron las elecciones presidenciales anticipadas celebradas en enero de 2021 resolver los problemas planteados por las protestas?

  La principal demanda de las protestas era la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020 y la celebración de nuevas elecciones justas. Esta demanda se satisfizo en parte el 6 de octubre de 2020, cuando la Comisión Electoral Central (CEC) declaró inválidos los resultados de las elecciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado nueva fecha para las elecciones parlamentarias. La CEC las programó inicialmente para el 20 de diciembre de 2020, pero el parlamento respondió adoptando rápidamente una ley que suspendía las elecciones a la espera de una revisión de la Constitución y ampliaba el mandato de los miembros del parlamento saliente hasta el 1º de junio de 2021.

  En su evaluación de esta ley, la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por personas independientes expertas en derecho constitucional- concluyó que durante el actual periodo de transición el parlamento debería ejercer funciones limitadas y abstenerse de aprobar medidas extraordinarias, tales como reformas constitucionales. Sin embargo, el parlamento saliente ha continuado su labor con normalidad y ha convocado a un referéndum constitucional a celebrarse en abril de 2021. El presidente recientemente electo, Sadyr Japarov, ha sugerido la celebración de nuevas elecciones parlamentarias en otoño de 2021, lo cual significaría que los integrantes del parlamento saliente continuarían en sus puestos incluso después del 1º de junio de 2021.

  En respuesta a otras demandas de los manifestantes, en octubre de 2020 se modificó la legislación electoral del país para reducir el umbral electoral para obtener representación parlamentaria de siete a tres puntos porcentuales y se redujo la tarifa de inscripción de candidatura de cinco millones a un millón de soms (unos 12.000 dólares). Estas modificaciones apuntaron a facilitar la participación de un mayor número de partidos, incluidos los más nuevos, y para promover el pluralismo y la competencia.

  Los manifestantes también expresaron resentimiento por las inadecuadas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción. Reclamaron que las autoridades llevaran ante la justicia a los funcionarios corruptos, y en particular a Matraimov, y exigieran la devolución al Estado de los bienes robados. En su discurso para los manifestantes antes de ser presidente, Japarov prometió que Matraimov sería detenido y castigado.

  A decir verdad, Japarov cumplió su palabra. Después de que Japarov llegara al poder, en octubre de 2020, Matraimov fue detenido en relación con una investigación sobre tramas de corrupción en el servicio de aduanas, se declaró culpable y aceptó compensar el daño devolviendo más de 2.000 millones de soms (unos 24 millones de dólares). Posteriormente, un tribunal local lo condenó, pero le impuso una pena atenuada bajo la forma de una multa de 260.000 soms (unos 3.000 dólares) y levantó las órdenes de congelamiento de sus bienes, por haber cooperado con la investigación. Esta sentencia extremadamente indulgente provocó la indignación de la opinión pública. El 18 de febrero de 2021, Matraimov fue otra vez detenido bajo nuevas acusaciones de lavado de dinero, pero al cabo de unos días fue trasladado desde el centro de detención preventiva donde se encontraba a una clínica privada para recibir tratamiento por problemas de salud. Tras ello, muchos calificaron a las medidas anticorrupción del actual gobierno como “populistas”.

  En enero de 2021 la ciudadanía kirguisa también votó en un referéndum constitucional. ¿Cuáles fueron sus resultados y qué consecuencias tendrán para la calidad de la democracia?

  Según los resultados del referéndum, que tuvo lugar el mismo día que las elecciones presidenciales de enero de 2021, el 84% de los votantes apoyó la transición de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.

  Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien. Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.

  El primer proyecto de constitución que preveía un sistema de gobierno presidencial, presentado en noviembre de 2020, fue apodado “khanstitución”, en referencia a los históricos gobernantes autocráticos de Asia Central. Sus críticos acusaron a Japarov, que ha defendido este cambio desde que asumió el cargo en octubre de 2020, de intentar usurpar el poder.

  El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.

  Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas. A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus recomendaciones al parlamento.

  Hay que reconocer que, como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al presidente.

  En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el 11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos, abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría dar lugar a un gobierno autoritario. Estas preocupaciones también fueron expresadas en un dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitido en marzo de 2021 a petición de la Defensoría del Pueblo de Kirguistán.

  El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas. Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados, por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión.

  La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas. El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza para el Estado. 

  Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los tribunales con una demanda por usurpación de poderes.

  El presidente, sin embargo, ha desestimado todas las preocupaciones expresadas sobre la reforma constitucional. Ha asegurado que Kirguistán seguirá siendo un país democrático, que se respetará la libertad de expresión y la seguridad personal de los periodistas, y que no habrá más persecuciones políticas.

  La ciudadanía de Kirguistán debe tomar una decisión. El próximo referéndum sobre el actual proyecto de constitución puede convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia de Kirguistán, y la decisión que tome la ciudadanía será clave para las perspectivas futuras de estabilidad y prosperidad.

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• LÍBANO: ‘Esta crisis debe manejarse con una visión feminista’

  CIVICUS conversa con Lina Abou Habib, una activista feminista basada en Beirut, Líbano, acerca de la respuesta de la sociedad civil a la emergencia causada por la explosión del 4 de agosto de 2020. Lina enseña Feminismos Globales en la Universidad Americana de Beirut, donde integra el Instituto Asfari, y preside el Colectivo de Investigación y Capacitación en Acción para el Desarrollo, una organización feminista regional que trabaja en Medio Oriente y África del Norte. También se desempeña en la junta de Gender at Work y como asesora estratégica del Fondo Mundial para la Mujer en Medio Oriente y África del Norte.

  

  ¿Podría contarnos acerca del momento en que ocurrió la explosión?

  La explosión de Beirut ocurrió el 4 de agosto de 2020, alrededor de las 18:10 hora de Beirut. Yo estaba en mi casa y desde hacía una hora que sabía que se había producido un gran incendio en el puerto de Beirut. Cuando el fuego empezó a extenderse, el cielo se oscureció a causa del humo. Yo estaba mirando hacia afuera, y lo primero que sentí fue una sensación aterradora, similar a un terremoto, y apenas una fracción de segundo más tarde ocurrió una gran explosión. Los vidrios a mi alrededor se hicieron añicos. Me tomó un par de minutos comprender lo que acababa de suceder. Lo primero que todos hicimos fue llamar a nuestras familias y amigos cercanos para asegurarnos de que estaban bien. Todo el mundo estaba en un estado de completa incredulidad. La explosión fue tan poderosa que cada uno de nosotros sintió que había sucedido justo a nuestro lado.

  ¿Cuál fue la respuesta inmediata de la sociedad civil?

  Es importante subrayar que junto con la respuesta de la sociedad civil también hubo una respuesta individual. La gente salió a las calles para intentar ayudar a los demás. Nadie confiaba en que el Estado fuera ayudar de ninguna manera; de hecho, el Estado era el responsable de lo sucedido. Las personas asumieron la responsabilidad de ayudarse unas a otras, lo cual supuso abordar problemas inmediatos, tales como despejar las calles de escombros y hablar con otras personas para averiguar qué necesitaban, por ejemplo refugio y comida. Cerca de 300.000 personas se habían quedado sin hogar y lo habían perdido todo en una fracción de segundo. Hubo una reacción extraordinaria por parte de gente común que se dispuso a ayudar: personas con escobas y palas comenzaron a quitar los escombros y a distribuir alimentos y agua. La indignación se convirtió en solidaridad.

  Se trató de un momento de gran empoderamiento, que aún continúa. En este mismo momento hay personas voluntarias y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que básicamente están haciéndose cargo de la situación y no solo brindan ayuda inmediata, sino que también ofrecen toda clase de apoyos a la gente en dificultades.

  Sin embargo, estos actos de solidaridad y cuidado también han sido criticados. La principal crítica ha sido que son contraproducentes porque eximen al Estado de cumplir con sus obligaciones y hacer sus deberes. Entiendo esta crítica, pero no estoy de acuerdo con ella. Para mí, los actos de solidaridad realizados por la sociedad civil y la gente común constituyeron nuestras principales historias de éxito, historias de poder y resistencia de las que es bueno hablar. Es necesario resaltar la respuesta inmediata brindada individualmente por las mismas personas que habían experimentado daños o habían perdido mucho. Las propias comunidades de trabajadores migrantes, que viven en condiciones extremas de explotación, racismo y abuso, salieron a limpiar los escombros y ayudar a otras personas. No creo que debamos ignorar el significado de estos actos de solidaridad.

  El Líbano ya estaba atravesando una profunda crisis económica, que se vio agravada aún más por la pandemia de COVID-19 y la explosión. ¿Cuáles fueron los grupos más afectados?

  Los peores efectos los sintieron quienes ya se encontraban en las situaciones más vulnerables. Un claro ejemplo de múltiples formas de discriminación que se superponen y se refuerzan entre sí es la situación de las trabajadoras migrantes en el Líbano. No es una situación nueva, sino que ya lleva décadas. Primero, las mujeres migrantes trabajan en el ámbito privado, lo cual las torna aún más invisibles y vulnerables. En segundo lugar, no hay absolutamente ninguna regla que sea obligatorio seguir para contratarlas, por lo que básicamente están a merced de sus empleadores. Se les mantiene en condiciones de cuasi esclavitud sobre la base de los denominados “contratos de patrocinio”. El aire mismo que respiran depende de la voluntad de sus empleadores y están completamente atadas a ellos. En resumen, se trata de una población de mujeres procedentes de países pobres del sur global que se desempeñan como trabajadoras domésticas y cuidadoras, posiciones que las vuelven increíblemente vulnerables al abuso. No hay leyes que las protejan, y siempre ha sido así. Por tanto, son quienes acaben siendo dejadas atrás cuando ocurre una crisis de seguridad o una crisis política.

  Tres hechos consecutivos afectaron su situación. El primero fue la revolución que se inició el 17 de octubre de 2019, un momento increíblemente importante que fue la culminación de años de activismo, y en el que también participaron las trabajadoras migrantes, que fueron apoyadas, sostenidas y orientadas por jóvenes feministas libanesas. Como resultado de ello, hubo en el seno de la revolución trabajadoras migrantes que se rebelaron contra el sistema de patrocinio, que las priva de su humanidad y las expone a condiciones de trabajo equivalentes a la esclavitud, y exigieron trabajo decente y una vida digna.

  A ello se sumaron el colapso económico y la pandemia de COVID-19, los cuales sobrevinieron cuando aún continuaban las protestas. Como resultado de la crisis económica, algunas personas optaron por no pagar los salarios de trabajadores domésticos y migrantes o, lo que es peor, simplemente se deshicieron de ellos dejándoles en la calle durante la pandemia.

  Y luego ocurrió la explosión del puerto de Beirut, que nuevamente afectó particularmente a los trabajadores migrantes. Fue una sucesión de crisis que afectaron ante todo a los trabajadores migrantes, y en particular a las mujeres, porque ya se encontraban en condiciones precarias en las que sufrían abusos, su trabajo se daba por descontado y eran luego descartados en las calles, olvidados por sus embajadas e ignorados por el gobierno libanés.

  Como activista y feminista, ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno ante la explosión?

  No ha habido una respuesta responsable de parte del gobierno. Ni siquiera llamaría “gobierno” a esto que tenemos, sino “régimen”. Es una dictadura corrupta, un régimen autoritario que sigue simulando ser democrático e incluso progresista. El régimen dice ser la encarnación de la reforma, pero nunca la lleva a cabo. Por ejemplo, diez días después de la revolución, en octubre de 2019, el presidente se dirigió a la nación y nos prometió una ley civil de familia igualitaria, algo que las activistas feministas hemos exigido durante décadas. Fue toda una sorpresa, pero resultó que no era en serio, ya que no se ha hecho nada al respecto. Las autoridades simplemente dicen lo que creen que la gente quiere escuchar, y parecen estar convencidas de que la ciudadanía es demasiado ignorante para darse cuenta.

  De modo que debemos situar la respuesta a la explosión en el contexto del reciente levantamiento. La respuesta del gobierno a la revolución ha sido no reconocer los problemas que la gente señalaba: que había vaciado las arcas públicas, que seguía ejerciendo el nepotismo y la corrupción y, lo peor de todo, que estaba desmantelando las instituciones públicas. La única respuesta del gobierno ha sido cerrar el espacio de la sociedad civil y atacar las libertades de asociación y expresión y el derecho de protesta. He vivido en este país la mayor parte de mi vida y he pasado por una guerra civil, y creo que no hemos experimentado una represión de las libertades de la magnitud que estamos viendo ahora mismo bajo este régimen. Nunca habíamos visto que las personas fueran citadas por la policía o las instituciones de seguridad por algo que dijeron o publicaron en las redes sociales. Esto es exactamente lo que este régimen hace, y lo continúa haciendo. El presidente actúa como si tuviéramos una ley de lesa majestad y no acepta crítica alguna; quienes lo critican pagan por ello con su libertad. Es la primera vez que vemos a activistas detenidos por esta causa.

  En resumen, el régimen no ha hecho nada significativo en respuesta a la explosión. El hecho de que haya enviado al ejército a distribuir paquetes de ayuda alimentaria no tiene gran importancia. De hecho, se han negado a entregar artículos de ayuda alimentaria a personas no libanesas que fueron afectadas. Esto pone en evidencia la forma en que interactúan en este proceso sucesivas capas de corrupción, intolerancia y mala gestión.

  Tras la explosión, la gente volvió a salir a las calles a protestar. ¿Cree que las protestas han tenido algún impacto?

  El sábado siguiente a la explosión hubo gente protestando en las calles. Yo estaba allí y me asustó el despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad.

  Ante tantas calamidades, la única razón por la que la gente no se ha volcado masivamente a las calles es la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la pandemia ha sido para el régimen un regalo del cielo. Ha impuesto toques de queda, ha destruido las carpas que los revolucionarios habían armado en la Plaza de los Mártires y ha hecho arrestos y detenciones, todo ello con el pretexto de proteger a la gente del virus. Pero, por supuesto, no logra engañar a nadie. Los niveles de contagio aumentan en lugar de disminuir. El hecho de que el régimen sea tan corrupto que básicamente no tengamos un servicio de salud en funcionamiento, realmente no ayuda.

  Las limitaciones creadas por la pandemia y los temores de la gente por su propia salud están limitando seriamente las acciones contra el régimen; sin embargo, no creo que esto vaya a detener la revolución. La gente ya ha tenido suficiente. Mucha gente lo ha perdido todo. Y cuando te ponen contra la pared, no te queda otro lugar a donde ir como no sea hacia adelante. El régimen seguirá usando la fuerza bruta, seguirá mintiendo y administrando mal los fondos y los recursos, pero esto se está volviendo totalmente inaceptable para una porción cada vez mayor de la población.

  Creo que la movilización callejera ha tenido éxito en varios niveles. Uno puede estar en desacuerdo y señalar que el régimen todavía está en el poder, y es verdad que todavía tomará mucho tiempo para que caiga. Pero el éxito inmediato de las protestas fue que quebraron un tabú. Había una especie de halo o santidad en torno de ciertos líderes que eran considerados intocables. Ahora es obvio que ya no disfrutan de esa protección. Aunque el régimen no esté dispuesto a ceder, apenas está ganando tiempo.

  A mi modo de ver, un logro importante ha sido el rol de liderazgo desempeñado por los grupos feministas a la hora de pensar el país que queremos, los derechos y prerrogativas que reivindicamos y la forma de gobierno que deseamos. Junto a 40 organizaciones feministas publicamos una lista de demandas. Pensamos juntas y establecimos cómo debe ser una reconstrucción humanitaria desde una perspectiva feminista y estamos utilizando esto como una herramienta de incidencia ante la comunidad internacional. La forma en que estamos interviniendo indica que esta crisis debe manejarse con una visión feminista.

  Además, por primera vez la comunidad LGBTQI+ ha sido parte integral en la configuración del proceso de reforma, el proceso de transición y la configuración del país que queremos, tanto en lo que se refiere a la forma de estado como en lo que concierne a las relaciones humanas. También se ha amplificado la voz de la comunidad migrante. Para mí, estos logros son irreversibles.

  ¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitaría la sociedad civil de Beirut y el Líbano?

  Hay varias cosas que podrían hacer. En primer lugar, necesitamos formas tangibles de solidaridad en el campo de las comunicaciones, para amplificar nuestra voz. En segundo lugar, debemos presionar a la comunidad internacional en nombre del movimiento feminista libanés para que el régimen libanés rinda cuentas por cada centavo que recibe. Para dar un ejemplo: recibimos unos 1.700 kilos de té de Sri Lanka, pero el té ha desaparecido; parece que el presidente lo distribuyó entre los guardias presidenciales. Necesitamos la influencia y la presión de la comunidad internacional para que este régimen rinda cuentas. En tercer lugar, debemos que los principales medios de comunicación internacionales amplifiquen estas voces.

  Quiero enfatizar el hecho de que la ayuda internacional no debe estar exenta de condiciones, ya que el régimen gobernante no opera con transparencia y no rinde cuentas. Por supuesto que no le corresponde a la sociedad civil reconstruir lo dañado o poner en pie la infraestructura. Pero cada centavo que vaya dirigido al régimen para estos menesteres debe entregarse bajo condiciones de transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia. Debe empoderarse a la sociedad civil para que desempeñe funciones de control. Esto significa que las OSC deben tener la voz y las herramientas para monitorear. De lo contrario, nada va a cambiar. La ayuda internacional se desvanecerá; sólo ayudará al régimen a prolongar su dominio mientras la ciudad permanece en ruinas.

  El espacio cívico en el Líbano es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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• MYANMAR: “Casi todos los detenidos nos dicen que fueron golpeados”

  CIVICUS conversa con Manny Maung, investigador en Myanmar de Human Rights Watch (HRW), acerca de la situación de derechos humanos en Myanmar. Anteriormente Manny fue periodista y pasó muchos años viviendo y trabajando en Myanmar.

  Myanmar sigue figurando en la lista de vigilancia de CIVICUS, que incluye a países que recientemente han experimentado rápido deterioro de sus libertades cívicas. En Myanmar los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado el 1º de febrero de 2021, arrestaron a los líderes civiles de los gobiernos nacional y estaduales y lanzaron una brutal represión contra el movimiento de protesta en todo el país. Más de seis meses más tarde, el asalto al espacio cívico continúa. Miles de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente. Muchas enfrentan acusaciones infundados y se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia.

  

  ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas en Myanmar a más de cinco meses del golpe?

  Desde el golpe militar del 1º de febrero, hemos asistido a un rápido deterioro de la situación. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y cientos han sido asesinadas, mientras que muchas más están escondidas e intentan evitar ser detenidas. HRW ha determinado que los militares han cometido contra la población abusos que equivalen a crímenes contra la humanidad, por lo que es evidente que la situación para la sociedad civil es extremadamente peligrosa, ya que las libertades cívicas se han vuelto inexistentes.

  ¿Sigue activo el movimiento de desobediencia civil (MDC) a pesar de la represión?

  Se siguen realizando protestas a diario, aunque son más pequeñas y ad hoc. Se producen protestas relámpago en todo Myanmar, no solamente en las principales ciudades. Pero estas manifestaciones están ahora algo acalladas, no sólo por la violenta represión de las fuerzas de seguridad, sino también por la devastadora tercera oleada de infecciones por COVID-19. Se han dictado cientos de órdenes de detención contra los líderes de las protestas, incluidos casi 600 médicos que han participado en o liderado el MDC. Periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil han sido objeto de ataques, al igual que cualquiera que sea considerado un líder de la protesta o de la huelga. En algunos casos, si las autoridades no encuentran a la persona que pretenden detener, arrestan a sus familiares como forma de castigo colectivo.

  ¿Cuál es la situación de los manifestantes que han sido detenidos y encarcelados?

  Casi todas las personas con las que hablamos que fueron detenidas o acorraladas durante la represión generalizada de las protestas nos cuentan que fueron golpeadas cuando fueron detenidas o mientras estaban retenidas en centros de interrogatorio militares. Un adolescente describió que le golpearon tan fuerte con la culata de un rifle que se desmayó entre entre una y otra paliza. También describió cómo le obligaron a meterse en una fosa y le enterraron hasta el cuello mientras tenía los ojos vendados, todo ello porque las autoridades sospechaban que era un líder de la protesta. Otros han relatado las graves palizas que les propinaron mientras estaban esposados a una silla, que les fueron negados agua y alimentos, que se les privó del sueño y que sufrieron violencia sexual o amenazas de violación.

  Muchos de los manifestantes que siguen detenidos no han tenido realmente un juicio. Algunos han sido acusados y condenados, pero se trata de un número pequeño comparado con los miles que están esperando que sus casos avancen. Muchos de los detenidos que ya han salido de la cárcel nos dicen que han tenido un contacto mínimo, si es que han tenido alguno, con sus abogados. Pero los abogados que los representan también corren riesgos. Al menos seis abogados que defienden a presos políticos han sido detenidos, tres de ellos mientras representaban a un cliente en un proceso judicial.

  ¿Cómo ha afectado al MDC la interrupción de los servicios de internet y televisión?

  La prohibición de la televisión por satélite se ha sumado a las restricciones del acceso a la información. La Junta alegó que las “organizaciones ilegales y las organizaciones de noticias” estaban emitiendo por satélite programas que amenazaban la seguridad del Estado. Pero las prohibiciones parecen dirigirse principalmente a los canales de noticias extranjeros que emiten por satélite en Myanmar, entre ellos dos emisoras independientes en lengua birmana, Voz Democrática de Birmania y Mizzima, a las que la Junta revocó sus licencias de medios en marzo. Los cortes de internet también han dificultado el acceso a la información y la comunicación en tiempo real.

  Los cortes generalizados de internet son una forma de castigo colectivo. Dificultan el acceso a la información y las comunicaciones necesarias para la vida cotidiana, y resultan especialmente disruptivos durante la crisis y la pandemia de COVID-19. Las restricciones también dan cobertura a los abusos de derechos humanos y complican los esfuerzos para documentar las violaciones.

  ¿Por qué ha aumentado la violencia en las zonas étnicas, y cuáles son sus blancos preferidos?

  En algunas partes del país el golpe provocó la reanudación de los combates entre grupos étnicos armados y el ejército. El estado de Rakhine parece ser la excepción, ya que allí el Ejército de Arakan ha negociado un alto el fuego y las protestas contra los militares no han sido tan ruidosas ni generalizadas. Otros grupos étnicos armados, como el Ejército por la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), han acogido con satisfacción la resistencia frente a los militares y están proporcionando refugio a quienes huyen de los militares en los territorios que controlan. Los renovados enfrentamientos entre el ejército y el KNLA han dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos de la población civil y han desplazado a miles de personas en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

  ¿Qué opina de la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la situación de Myanmar?

  La ASEAN ha intentado utilizar los canales diplomáticos, pero esta situación no es la habitual. Los militares se han hecho con el poder y han estado cometiendo crímenes contra su propio pueblo, una población civil que ya ha expresado su preferencia en las elecciones. Tras meses de negociaciones inútiles, la ASEAN debería estar preparada para imponer sanciones a Myanmar. Como naciones independientes, los Estados miembros de la ASEAN deben actuar juntos e imponer sanciones selectivas a Myanmar para garantizar que los militares dejen de actuar con total impunidad.

  La reacción del general Min Aung Hlaing, que se ha autoproclamado primer ministro, ante el plan de consenso de cinco puntos propuesto por la ASEAN, muestra su absoluto desprecio por la diplomacia regional y pone de manifiesto que sólo responderá a demostraciones de fuerza, tales como la de cortar su acceso y el de los militares a ingresos del exterior mediante la imposición de sanciones.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil e impulsar el retorno a la democracia?

  HRW recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El CSNU y países influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, India, Tailandia y la Unión Europea deberían aplicar sanciones coordinadas para presionar a la junta. El CSNU también debería aprobar una resolución para prohibir la venta de armas a Myanmar.

  En cuanto a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, deben seguir defendiendo a los miembros de la sociedad civil que actualmente se encuentran escondidos o detenidos arbitrariamente. Esto significa seguir presionando para que se reconozca la gravedad de la crisis política y humanitaria en Myanmar y presionar a los gobiernos para que actúen en beneficio del pueblo de Myanmar.

  El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

  Siga a @mannymaung en Twitter.

• MYANMAR: “Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana”

  

  CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado unabrutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual losprofesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.

  Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campañaGoalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

• MYANMAR: “Si el golpe no se revierte, habrá muchos más presos políticos”

  CIVICUS conversa sobre el reciente golpe militar en Myanmar con Bo Kyi, ex preso político y cofundador de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). Fundada en 2000 por antiguos presos políticos que viven exiliados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, AAPP tiene su sede en Mae Sot (Tailandia) y dos oficinas en Myanmar que abrieron en 2012. La AAPP aboga por la liberación de los presos políticos y el mejoramiento de sus vidas tras su puesta en libertad, con programas destinados a garantizar su acceso a la educación, la formación profesional, el asesoramiento en salud mental y la asistencia sanitaria.

• NAMIBIA: “Las protestas contra la violencia de género se alimentaron de la esperanza colectiva”

  CIVICUS conversa con Bertha Tobias acerca de las recientes protestas contra el femicidio y la violencia de género (VG) en Namibia. Bertha es una líder juvenil que ha recibido premios internacionales por su participación en competencias de debate. Se graduó en el United World College de Changshu, China, y actualmente cursa estudios superiores en el Claremont Mckenna College de California. Ha recibido el premio Go Make A Difference, que apoya la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, y ha participado activamente en las protestas por los derechos de las mujeres en Namibia.

  

  ¿Podrías contarnos cómo empezaron las protestas de #ShutItAllDown (#CerremosTodo) contra la VG y cómo te involucraste en ellas?

  Me involucré en la lucha contra la VG luego de que se conociera la noticia de que se habían descubierto restos humanos en una ciudad costera de Namibia. Se sospechaba que los restos eran de Shannon Wasserfall, una joven de 20 años que había desaparecido en abril de 2020. Este incidente específico provocó reacciones masivas. La publicación del titular de la noticia en la cuenta de Twitter de uno de los principales medios de comunicación nacionales impulsó a muchas personas jóvenes a la acción, las llevó a organizarse y a salir a manifestarse a las calles. Inyectó urgencia en la conversación sobre la VG y el femicidio en Namibia.

  El de Shannon no fue un caso aislado, ya que en Namibia desaparecen mujeres jóvenes todo el tiempo. Pero cuando este caso salió a la luz, reavivó la conversación nacional sobre el tema. Alguien en Twitter afirmó, con razón, que algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar, y yo respondí a su comentario y me involucré desde el principio, porque es un tema que me preocupa profundamente, ya que creo firmemente que las vidas de las mujeres tienen un valor intrínseco y valen tanto como las de los hombres.

  Junto con otros jóvenes, enviamos correos electrónicos, conseguimos el apoyo necesario y nos organizamos en menos de 24 horas, sobre todo y principalmente a través de las redes sociales. Hicimos un folleto que circuló ampliamente y mucha gente acudió a la protesta. Los jóvenes nos apropiamos de la iniciativa y así fue como todo empezó: se trató de un ejemplo tanto del poder de internet como del poder de la juventud.

  Si no recuerdo mal, el primer día de protesta un periódico informó que se habían reunido algo más de 800 personas, y en todas las protestas subsiguientes hubo cientos de personas. Participaron tanto mujeres como hombres jóvenes: las protestas fueron lideradas predominantemente por mujeres, pero los jóvenes estuvieron presentes en cantidades considerables. Lo que es importante señalar respecto de la demografía de las protestas es que los participantes eran mayoritariamente gente joven. Fueron las y los jóvenes quienes asistieron a reuniones con funcionarios, redactaron peticiones y hablaron con los medios de comunicación. Y fueron las mujeres jóvenes las que estuvieron al frente, mientras que los jóvenes les brindaron su apoyo.

  Creemos que si en Namibia las mujeres jóvenes no pueden salir a comprar un cartón de leche sin temer por sus vidas, entonces hay algo que está terriblemente mal en nosotros como país. La filosofía de #ShutItAllDown es bastante radical: significa que hay que paralizar todo hasta que logremos entender qué es lo que no está funcionando para las mujeres namibias en materia de seguridad. Hasta que no obtengamos respuestas a esta pregunta, no creemos que sea correcto, saludable o en el mejor interés de nadie seguir haciendo las cosas como siempre. No queremos que la actividad económica continúe como si nada ocurriera mientras las mujeres jóvenes no se sienten seguras.

  ¿Qué piensas que hizo a #ShutItAllDown diferente de las anteriores protestas por los derechos de las mujeres en Namibia?

  Ha habido otras protestas por los derechos de las mujeres en el pasado. De hecho, a principios de 2020 tuvimos una protesta a favor del aborto que se centró específicamente en los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y abogó por la legalización del aborto y el reconocimiento de la agencia y la autonomía corporal de las mujeres. Según la Ley de Aborto y Esterilización de 1975, en Namibia el aborto es ilegal excepto en casos de incesto, violación o cuando la vida de la madre o del niño está en peligro.

  En Namibia hay movimientos feministas que están activos y trabajan con constancia; sin embargo, un dato de la realidad que tuvimos que reconocer es que muchos movimientos feministas son liderados por jóvenes que también tienen otras obligaciones, tales como empleos de tiempo completo. Las organizaciones de la sociedad civil también enfrentan desafíos, sobre todo en materia de recursos y apoyo institucional.

  La protesta previa, que tuvo lugar a principios de 2020, fue significativa en el sentido de que allanó el camino y estableció bases importantes para que #ShutItAllDown pudiera adquirir la confianza colectiva necesaria para seguir adelante. Las organizadoras feministas estuvieron presentes y se activaron para amplificar la voz de #ShutItAllDown. Estuvieron muy activas en la difusión de información y fueron cruciales a la hora de movilizar a su gente para que acudiera a las protestas y las mantuviera vivas. Las organizadoras feministas de Namibia hacen un gran trabajo entre bastidores, pero su labor enfrenta limitaciones porque cuentan con recursos insuficientes. De ahí que muchas de nuestras peticiones se dirijan al gobierno y a otras instituciones que sí disponen de los recursos que necesitamos para instituir los cambios que buscamos.

  La diferencia entre #ShutItAllDown y otras protestas anteriores radica en el hecho de que ahora las y los jóvenes de Namibia participan cada vez más en los asuntos públicos y se hacen oír para exigir que el gobierno y otras instituciones rindan cuentas de sus acciones y cumplan con sus mandatos y sus obligaciones hacia la ciudadanía.

  Además, el movimiento ha podido crecer de forma más o menos orgánica porque las redes sociales son cada vez más utilizadas como herramienta para mantener conversaciones y presionar por la rendición de cuentas. Namibia tiene una población bastante joven con enormes capacidades digitales. La flexibilidad y la capacidad de autoorganización de la juventud acabaron por empujarnos a todos a hacer algo.

  ¿Cuáles eran las demandas de #ShutItAllDown, y qué respuesta obtuvieron?

  La principal demanda que teníamos para el gobierno de Namibia era la declaración del estado de emergencia en relación con el femicidio y la violencia sexual y de género (VSG), simplemente porque creíamos que el problema que enfrentábamos justificaba este tipo de acción. Queríamos que se transmitiera el mensaje de que el femicidio constituye una crisis de dimensiones nacionales y que, más allá de la pandemia de COVID-19, las mujeres siempre, todos los días, tememos por nuestras vidas. También exigíamos una consulta inmediata con personas expertas en violencia sexual y que el Ministerio de Justicia pusiera en marcha un registro de delincuentes sexuales y tribunales para delitos sexuales.

  Varias demandas se centraron en potenciar los métodos existentes para frenar la violencia sexual y de género. También se dirigieron nuevas demandas a varios ministerios y a otras partes interesadas, tales como la implementación de patrullas en los barrios las 24 horas del día y los siete días de la semana, servicios virtuales y a distancia contra la VG y programas escolares y universitarios para sensibilizar a los jóvenes sobre la VSG.

  Nuestro petitorio reconocía que existe violencia tanto dentro como fuera del hogar. Pero entendemos que frenar la violencia dentro del hogar es más difícil debido a los años o décadas de trabajo de base que se necesitan para revertir la normalización de la VG. Es posible que no estemos vivos para presenciar los frutos de este esfuerzo, debido al tiempo que se requiere para transformar una sociedad y su cultura, para interrogar y derribar colectivamente los principios tradicionales en que se arraigan las normas abusivas.

  Desgraciadamente, no obtuvimos la declaración del estado de emergencia que reclamábamos. Pero otras demandas, tales como el refuerzo de la seguridad mediante patrullas, la modificación del currículo educativo y la creación de grupos de trabajo o comités para intensificar los esfuerzos para frenar la VSG, recibieron una respuesta positiva. Otra demanda importante que recibió una respuesta positiva fue la formación de agentes de policía para que sean más comprensivos y empáticos a la hora de tramitar casos y recibir denuncias de VG. Sabemos que la acogida que reciben las sobrevivientes de abusos en las comisarías y la falta de atención y urgencia con que son tratados sus casos se cuentan entre las principales razones por las cuales muchas mujeres no denuncian la violencia sexual.

  ¿Hubo otras cuestiones relevantes que el movimiento #ShutItAllDown dejó en evidencia?

  Sí, el activismo LGBTQI+ y los integrantes de este colectivo tuvieron un rol prominente a la hora de movilizar gente para la protesta y amplificar las voces del movimiento #ShutItAllDown. Para mí, fue importante ver a mujeres queer y a otras personas LGBTQI+ que navegan con dificultad una sociedad violentamente homofóbica y transfóbica, protestando y subrayando la importancia de la interseccionalidad y la labor de incidencia colectiva. Out-Right Namibia, una de las principales organizaciones de derechos humanos de las personas LGBTQI+ de Namibia, aprovechó su posición para impulsar a #ShutItAllDown y crear una red fuerte y bien conectada en defensa de nuestros derechos colectivos en tanto que mujeres negras y/o queer.

  Las protestas de #ShutItAllDown también sacaron a la luz la ilegalidad del aborto en Namibia y más generalmente la precariedad de nuestro derecho a la salud reproductiva. En este marco intensificamos nuestras conversaciones sobre la cuestión de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva. Estas fueron algunas de las cuestiones vitales que #ShutItAllDown puso de manifiesto, dejando en evidencia lo mucho que queda por hacer para que los derechos de todas las mujeres sean reconocidos y respetados.

  ¿Hay espacio para el activismo intergeneracional dentro del movimiento #ShutItAllDown?

  El activismo intergeneracional ha demostrado ser un terreno interesante, sobre todo a causa de la naturaleza ardiente y apasionada de la juventud. Gran parte del impacto del activismo que se encarnó en las protestas de #ShutItAllDown se basó en la generación de disrupción e incomodidad general para incitar a la acción incluso a la gente más indiferente. Creo que la disrupción abre conversaciones importantes. Tenemos la esperanza de que nuestras acciones lleven a quienes no están familiarizados con lo que estamos haciendo a preguntarse por qué nos preocupamos por la seguridad de las mujeres al punto de ir a sentarnos en medio de la calle o a bloquear y clausurar un centro comercial, y a intentar comprender qué está pasando y qué es lo que pretendemos. Estas preguntas iniciarían una conversación y alimentarían importantes debates acerca de un mal nacional urgente que les cuesta la vida a muchas mujeres.

  Pero muchas personas adultas tienden a cuestionar las tácticas disruptivas utilizadas por las más jóvenes. Y otra limitación que hemos experimentado es que las tácticas disruptivas suponen la asunción de un riesgo personal. Los y las jóvenes nos jugamos mucho menos en términos de empleabilidad y pérdida de respetabilidad. Muchas personas mayores están de acuerdo con las causas que nos movilizan, pero generalmente no se arriesgan a ponerse de nuestro lado, o al menos no lo hacen explícitamente. Hay factores políticos y prácticos que limitan incluso el grado en que pueden expresar públicamente su apoyo.

  ¿Cómo ves el futuro de #ShutItAllDown?

  Lo bueno de los movimientos orgánicos y espontáneos, así como de los movimientos que no tienen un líder, es que cualquiera puede despertar un día y decidir iniciar #ShutItAllDown en su respectiva localidad, porque el movimiento no tiene un líder único ni un rostro visible. Desde octubre de 2020 no hemos tenido ninguna nueva protesta, pero eso no significa que no vaya a haber más protestas en el futuro. La VG es un problema constante y, por desgracia, en cualquier momento y en cualquier lugar puede surgir un caso que reavive la protesta.

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• PANAMÁ: “Las protestas reflejan las desigualdades estructurales y la frustración ante la evidente corrupción”

  CIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá conEileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.

• PERÚ: “El debate constitucional ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas”

   

  

  CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Perú con Rafael Barrio de Mendoza, investigador sobre procesos de transformación territorial del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de diez organizaciones de la sociedad civil con presencia en 16 regiones del Perú. Propuesta Ciudadana busca contribuir a la formulación de propuestas de política para un Estado inclusivo y la adecuada gestión de los recursos públicos. Promueve una visión de la gobernanza territorial que parte de la identificación y el respeto de las diversidades y se centra en el desarrollo democrático.

  ¿Cuál fue la causa desencadenante de las protestas que estallaron en Perú en noviembre de 2020?

  La causa inmediata fue la decisión de una mayoría parlamentaria de vacar al presidente Martín Vizcarra, empleando un mecanismo escasamente utilizado en el pasado y cuyo contenido y proceso tiene un amplio margen de discrecionalidad. La publicación de las acusaciones contra Vizcarra fue dándose en una secuencia que se revela planificada, y predominó la sensación de su instrumentalización por parte de la llamada “coalición vacadora”. Si bien hay un espacio de controversia sobre la calidad de los indicios de los delitos que se le imputan a Vizcarra, presuntamente cometidos durante su mandato de gobernador de la región de Moquegua, hace cinco años, existía un consenso en la opinión pública de que dichas acusaciones podrían haberse perseguido creíblemente al terminar su mandato presidencial, en particular dado que las elecciones generales ya estaban convocadas para abril de 2021.

  Pero desde un punto de vista más estructural, la crisis política fue la expresión de la maduración de una crisis de representación política, con vínculos poco orgánicos entre la oferta política y las sensibilidades ciudadanas y un sistema precarizado y cartelizado de representación política, en el cual una miríada de intereses ilegales, informales y oligopólicos han resistido sucesivas generaciones de reformas - educativa, judicial, fiscal y política, entre otras – que pretenden regularlos. Las revelaciones de casos de corrupción que involucraban a gran parte del elenco político, como el caso Lava Jato/Odebrecht y el de los Cuellos Blancos, que destapó una extendida red de corrupción en el sistema judicial, sirvieron para instalar el consenso de un deterioro general del manejo de lo público. A la vez, la relativa eficacia de las medidas fiscales en contra de los líderes políticos involucrados alimentó la perspectiva de una limpieza de la clase política y la posibilidad de cultivar una transición hacia un mejor sistema de representación. En cierta medida, el vínculo populista que estableció Vizcarra con esa sensibilidad - sellado con la disolución constitucional del anterior Congreso, en el cual el partido del expresidente Alberto Fujimori contaba con la mayoría - fue el factor que sostuvo su gobierno, carente de apoyos parlamentarios, empresariales, mediáticos o sindicales. La vacancia de Vizcarra se experimentó como la restitución de la constelación de intereses que hasta entonces había retrocedido con la labor fiscal y las reformas educativa, política y judicial.

  ¿Cómo describirías el conflicto institucional que resultó en la destitución y el reemplazo del presidente?

  El conflicto institucional se gestó en la precariedad de un sistema político caracterizado por un nuevo Congreso con múltiples bancadas pero ninguna de ellas oficialista y un presidente popular pero sin apoyos institucionales, cuya legitimidad se sostenía en el manejo versátil del debate público a través de una combinación de gestos políticos, el reclutamiento de técnicos competentes en puestos clave, y un ejercicio calculado de antagonización con el Congreso en temas clave, tales como las reformas educativa, política y judicial.

  La coalición mayoritaria en el Congreso retomó, a grandes rasgos, la agenda de intereses de la anterior mayoría “fujiaprista” - así designada por la alianza tácita entre el Partido Aprista y la corriente política fundada por el expresidente Fujimori - a la que añadió nuevas demandas populistas que ponían en riesgo el manejo presupuestal y macroeconómico en torno del cual existía un consenso tecnocrático. En este marco, actores que sobrevivieron a la disolución del anterior Congreso lograron recolocarse en el nuevo y operar, junto a algunos medios de comunicación, una campaña que buscaba deteriorar la popularidad de Vizcarra mediante el levantamiento de acusaciones de corrupción en casos poco claros. Estas fueron las dinámicas que nutrieron el conflicto institucional.

  Por su lado, la sociedad civil tuvo una respuesta unificada ante la vacancia y el nuevo régimen que se instaló. Su respuesta se movió desde la expresión de preocupación y el reclamo de toma de responsabilidad hasta la abierta condena ante el establecimiento de la nueva gestión. Las protestas masivas y la represión con que fueron enfrentadas alimentaron esa transición en la mayoría de la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel activo en el enmarcamiento del conflicto, la producción de una narrativa para audiencias internacionales y la colocación de presión sobre los actores públicos con que interactúan.

  ¿Quiénes se movilizaron, y qué reclamaban?

  En un comienzo, los manifestantes protestaban contra la vacancia del presidente Vizcarra y contra la asunción del presidente del Congreso, Manuel Merino, como nuevo presidente. Una encuesta realizada posteriormente por Ipsos mostró que poco más de tres cuartos de la población estaba de acuerdo con la protesta contra la remoción del presidente Vizcarra, y que al menos dos millones de personas se movilizaron de una u otra forma o tomaron parte activa en las protestas.

  Las manifestaciones fueron mayormente protagonizadas por jóvenes de entre 16 y 30 años, quienes vertebraron la organización y generaron los repertorios y tácticas de protesta. El estado de ánimo de hartazgo generalizado fue movilizado por la llamada “generación del bicentenario”, nacida después del fin del fujimorismo, nativa digital y, en su mayoría, desafecta de la política convencional. Se trata también de una generación mesocrática -tanto en los segmentos tradicionales de la clase media y en los sectores populares- y partícipe de comunidades virtuales mediadas por las plataformas digitales. Eso explica en parte la velocidad de la emergencia de arquitecturas de organización bastante eficientes para producir repertorios, coordinar acciones, documentar las protestas y generar movimientos de opinión pública. La mediación de las redes sociales y el uso de aplicaciones de microtransferencias monetarias propiciaron una organización descentralizada de la protesta, con múltiples manifestaciones en distintas locaciones, distintas convocatorias convergentes, diversidad de repertorios y canales de transferencia rápida de recursos.

  La movilización liderada por los jóvenes se nutrió de una clase media dispuesta a asumir el costo de manifestarse. Alrededor de este núcleo se articularon sociológica y territorialmente otros sectores de la población, más o menos acostumbrados a estrategias convencionales de protesta, o simplemente alejados de toda expresión pública.

  Las protestas comenzaron el 9 de noviembre, se sucedieron día a día y alcanzaron su punto álgido el 14 de noviembre, fecha de la Segunda Marcha Nacional. La movilización masiva del llamado 14N se alimentó de la súbita expresión de un hartazgo que atravesaba de lado a lado a la sociedad y que era particularmente intenso entre los jóvenes. De ahí su carácter excepcional por su alcance, magnitud y organización, así como por la rápida instalación de una identidad ciudadana no partidarizada, que solo en parte puede explicarse por el apoyo a Vizcarra, ya que lo excedía.

  El 14N culminó con la muerte de dos jóvenes manifestantes por perdigones de plomo. Merino había asumido el 10 de noviembre y había formado un gobierno radicalmente conservador. El signo del gabinete se reveló rápidamente en la autorización de la represión severa de la protesta, sobre todo en Lima, la capital. Tras las primeras jornadas de violencia policial, el presidente del Consejo de Ministro felicitó y garantizó protección a los escuadrones policiales involucrados. Las muertes del 14N activaron una cascada de desafecciones en los pocos apoyos políticos que sostenían al régimen en respuesta a una presión ciudadana desbordada, y hacia el mediodía del 15 de noviembre Merino había renunciado.

  El espacio generado por la movilización se pobló de una cantidad de demandas heterogéneas, desde el restablecimiento de Vizcarra hasta el reclamo de un cambio constitucional que cimentara la salida al neoliberalismo, pasando por propuestas más claramente ciudadanas, centradas en la defensa de la democracia, la continuidad de las reformas, la injusticia de la represión y la insensibilidad de la clase política frente a la emergencia sanitaria de la pandemia. El fermento para estos reclamos sigue existiendo y queda por verse cómo terminan tomando forma en el escenario electoral de 2021.

  ¿En qué se diferenciaron estas protestas de otras que ocurrieron en el pasado? ¿Hubo algún cambio relacionado con el contexto de la pandemia?

  En anteriores movilizaciones urbanas ya se habían ensayado los mecanismos de coordinación que proporcionan las redes sociales, pero esas manifestaciones habían sido protagonizadas por actores convencionales, tales como movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. En esta oportunidad se formaron nuevos grupos de activistas, tales como brigadas para desactivación de bombas lacrimógenas y de auxilio médico, similares a las técnicas de movilización ensayadas en otros escenarios, como las protestas de Hong Kong y las de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Ello habla de la emergencia de espacios de aprendizaje global de protesta. 

  En parte, fue la emergencia sanitaria la que condicionó la composición de las protestas, en su mayora integradas por jóvenes, al tiempo que propició, entre aquellos que tenían mayores reparos en salir a las calles, la difusión de nuevos repertorios, como los cacerolazos, los bocinazos y el activismo digital. Al mismo tiempo, el carácter masivo de las protestas se explica por el hecho de que los indicadores sanitarios del momento sugerían el cese de la primera ola de COVID-19, y por la constatación de que las marchas de Black Lives Matter no habían estado vinculadas a brotes relevantes, lo cual alentó una sensación de seguridad para las marchas.

  ¿Por qué acabaron los manifestantes reclamando una reforma constitucional? ¿Qué clase de reforma constitucional reclaman?

  Las propuestas de cambios constitucionales formaron parte de las demandas de la movilización, pero no terminaron de protagonizarla. En todo caso, ganaron un nuevo ímpetu en el debate público. La genealogía de estas demandas puede pensarse en dos vertientes. El cambio constitucional a través de una asamblea constituyente es una de las demandas centrales de las izquierdas desde el fin del fujimorismo. Inmediatamente después de la caída del régimen de Fujimori (1990-2001) se convocó un Congreso con un mandato constituyente que no pudo producir un nuevo texto constitucional, y desde entonces esta aspiración pasó a habitar el campo del progresismo, perdiendo vigencia entre otros actores moderados y de derecha. Las izquierdas a menudo reivindican la mitificada Constitución de 1979 como alternativa, proponen un nuevo texto inspirado los procesos boliviano y ecuatoriano, y apuntan el carácter ilegitimo de la Constitución actual, nacida tras un golpe de Estado. El crecimiento económico sostenido de las décadas post-Fujimori y las reformas puntuales de algunos mecanismos constitucionales otorgaron legitimidad a la Constitución, pero muchas de las instituciones y principios que consagra han ido agotándose con los cambios sociológicos y económicos que ayudaron a propiciar.

  La segunda vertiente viene de un reclamo más orgánico tras la constatación de los límites del modelo de mercado, evidentes sobre todo en la persistencia de la desprotección social, el trabajo precario e informal y los abusos de los oligopolios en la provisión de servicios, así como en la crisis del sistema de representación política. Vizcarra inauguró una etapa reformista en materia judicial y política, y en los marcos legales que gobiernan a los sectores extractivos y el sistema de pensiones. Asimismo, dio continuidad a la reforma educativa. El ánimo reformista -pensado por los sectores moderados como el camino de una transición “responsable”- fue agredido por la pugna política alimentada por los sectores afectados, creando un espacio para que las aspiraciones de reforma puedan empezar a predicarse en el lenguaje del cambio constitucional.

  Con todo, este debate ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas del 14N, y aún no están claros los términos de la conversación, el contenido de los cambios más significativos y, sobre todo, la oferta de actores políticos maduros capaces de interpretarlos y llevarlos a cabo. El peligro radica en que, en un contexto de alta indeterminación, el proceso termine siendo definido por actores cuyas motivaciones no participan del ánimo de cambio.

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• PERÚ: “La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas”

  CIVICUS conversa sobre la crisis política en Perú con Nadia Ramos, CEO del Centro de Liderazgo para Mujeres de las Américas y portavoz oficial de la Red Hemisférica Somos Lideresas, organizaciones que impulsan el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres en Perú y en América Latina.

  ¿Cómo se gestó el conflicto de poderes que acabó con la salida del presidente Castillo?

  El expresidente Pedro Castillo fue elegido democráticamente a través del voto popular, pero desde antes de iniciar su mandato vivió un acoso constante de grupos que argumentaban que su victoria electoral nació a partir del fraude y, por ende, no lo reconocían como presidente legítimo. Estos grupos presentaron denuncias sin pruebas ante organismos internacionales para tratar de impedir su juramentación.

  Perú tiene un sistema presidencialista híbrido, ya que, en vez de estar completamente separados, los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen poderes para destituirse o disolverse recíprocamente. Hay un Consejo de Ministros conformado por todos los ministros de Estado cuyo presidente es nombrado directamente por el presidente del Perú. El Congreso otorga su voto de confianza al presidente del Consejo de ministros, pero si le niega su confianza en dos oportunidades el presidente de la República puede disolver el Congreso.

  Los dos poderes están constantemente midiendo fuerzas, y durante el Gobierno de Castillo el choque institucional se sintió aún más. Si a esto se le suma que tenemos partidos políticos débiles, el resultado es una situación política inestable, algo a lo que estamos los peruanos muy acostumbrados.

  Durante su gobierno, Castillo fue acosado por el Congreso, a lo que luego se sumó una denuncia grave de corrupción presentada por la Fiscal de la Nación. También fue atacado por la prensa tradicional, que durante meses nunca pudo obtener una entrevista con el presidente. Castillo no daba explicaciones de nada: guardó absoluto silencio y daba mensajes a la nación de un minuto de duración para explicar temas puntuales de su gestión.

  A pesar de no tener mayoría en el Congreso, Castillo evitó ser destituido por el Congreso en varias oportunidades. Como se supo luego, lo hizo buscando discretamente apoyos en algunas bancadas clave. Pero mientras que sus antecesores tuvieron entre seis meses y un año en que pudieron gobernar, Castillo nunca tuvo tregua. Ante el acoso y la persecución, finalmente recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar la activación de la Carta Democrática, un instrumento de defensa de la democracia bajo amenaza, argumentando que era víctima de un complot que buscaba sacarlo del poder. La OEA respondió enviando una Comisión de Alto Nivel a Perú para analizar la situación política y confirmar si se estaba gestando un complot en su contra, amenazando la democracia.

  La democracia en Perú es muy precaria, y este fue un gobierno precario que buscó sobrevivir día a día. Era prácticamente imposible que llegara hasta el final de su mandato el 28 de julio de 2026.

  ¿Qué ocurrió el 7 de diciembre?

  Desde hacía tiempo Castillo venía siendo hostigado por el Congreso, que de manera constante presentaba mociones de vacancia, aunque no obtenía los votos suficientes para destituirlo. Mientras tanto, el presidente guardaba silencio y se concentraba en lograr los apoyos necesarios para sobrevivir en el cargo. Hasta el 7 de diciembre, cuando el escenario político cambió por error del propio Castillo.

  Ese día, el presidente inesperadamente quebró el orden constitucional de Perú y cometió un suicidio político. Durante su mensaje a la nación ordenó instaurar un “Gobierno de excepción”, disolvió el Congreso y convocó a elecciones para un Congreso Constituyente encargado de elaborar una nueva constitución. Declaró un toque de queda por 48 horas y anunció la reorganización del Poder Judicial, entre otras medidas.

  Pero Castillo no contaba con que sus ministros renunciarían en bloque y las Fuerzas Armadas le darían la espalda y sacarían un comunicado indicando que no le debían obediencia a un gobierno usurpador. En respuesta a su mensaje a la nación, el pleno del Congreso hizo un llamado a todas las bancadas para celebrar una sesión extraordinaria en la que aprobó la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral con 101 votos a favor -bastantes más de los 87 requeridos- y cuatro en contra, en ausencia de varios congresistas afines al gobierno.

  Castillo quedó detenido y una semana más tarde un juez dictó 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por rebelión, crimen organizado y corrupción, delitos por los cuales de ser condenado podría pasar varias décadas de prisión.

  ¿Cómo se resolvió la crisis institucional?

  En los últimos años hemos visto pasar a seis presidentes y sobrevivido a varias situaciones de inestabilidad profunda. Esta crisis política se resolvió en pocas horas, ya que el Congreso enseguida vacó al presidente y convocó a la vicepresidenta, Dina Boluarte, para asumir como la primera presidenta del Perú.

  No obstante, la ciudadanía esperaba que Boluarte renunciara, que el Congreso eligiera una nueva Mesa Directiva – el órgano encargado de la dirección administrativa del Congreso – y que el presidente del parlamento asumiera la presidencia para convocar a nuevas elecciones generales. Cuando Boluarte decidió continuar al frente se desató una ola de protestas en todo el país en reclamo de su dimisión. En la represión de las protestas fueron asesinadas 28 personas, entre ellas cuatro menores de edad. Esto llevó a la renuncia de dos ministros y a la renovación del primer gabinete del gobierno de Boluarte.

  A continuación el Congreso aprobó en primera votación que las elecciones generales se lleven a cabo en abril de 2024. Ahora toca llevar a cabo una segunda votación en la siguiente legislatura ordinaria. Esperamos que las reformas electorales y políticas continúen para garantizar que las personas correctas puedan llegar al Congreso y a la presidencia.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil peruana, y qué clase de apoyos internacionales necesita?

  La sociedad civil peruana está llevando a cabo protestas pacíficas, pero la represión ha sido una constante durante las últimas semanas. La inestabilidad política y social ya ha costado decenas de vidas, por lo que esperamos mensajes firmes de condena de la comunidad internacional, la continuidad de las investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que las redes internacionales de derechos humanos sean nuestra voz para que los crímenes cometidos contra adultos y adolescentes peruanos no queden impunes.

  Buscamos y exigimos justicia y reparación para los familiares de las víctimas. Asimismo, exigimos judicialización de todos los responsables –desde quien dio la orden y cometió las matanzas, hasta los involucrados en el sembrado de pruebas falsas contra líderes de organizaciones sociales y civiles para acusarlas falsamente de terrorismo.

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• POLONIA: ‘Inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción’

  CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del recienteanuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.

  

  ¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?

  Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.

  La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.

  En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.

  ¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?

  Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.

  Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.

  Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.

  Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.

  Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

  Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.

   

  Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?

  Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.

  Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.

  Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.

  Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.

  ¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?

  Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.

  Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.

  ¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?

  Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.

  Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.

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• SERBIA: “La crisis política se profundizará porque una gran porción de la ciudadanía carece de representación”

  CIVICUS conversa con Ivana Teofilović acerca de las causas de las recientes protestas y la reacción del gobierno frente a ellas, así como sobre las elecciones celebradas en Serbia durante la pandemia de COVID-19. Ivana es coordinadora de programas de políticas públicas en Civic Initiatives, una asociación ciudadana serbia que persigue el objetivo de fortalecer la sociedad civil a través de la educación cívica, la promoción de valores y prácticas democráticos y la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

  

  ¿Por qué estallaron en Serbia protestas durante la pandemia de COVID-19, y cómo reaccionó el gobierno?

  La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio de 2020 fue el anuncio de la introducción de un nuevo toque de queda, es decir, una nueva prohibición de todo movimiento durante 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional en la capital, Belgrado. Si bien el motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19, la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.

  En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una gran cantidad de gas lacrimógeno, que fue arrojado indiscriminadamente contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud. Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes, la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado estaba vencido.

  Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente, un joven fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en la cercanías, precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de individuos de civil provocaron más disturbios y actos de violencia. En su momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y que operaban bajo sus órdenes.

  Los medios también desempeñaron un rol muy importante en las protestas. En este contexto, muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas, convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según la Asociación de Periodistas de Serbia (NUNS), por lo menos 28 periodistas fueron agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en seis casos requirieron atención médica urgente. Según un comunicado de NUNS, el herido más grave fue Zikica Stevanovic, periodista de la agencia de noticias Beta.

  Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.

  También se utilizaron en su contra medidas burocráticas, por ejemplo mediante su inclusión en una lista compilada por la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas para exigir a los bancos que examinen todas las transacciones financieras realizadas por ellos durante el año pasado. Las asociaciones e individuos afectados publicaron un comunicado conjunto con más de 270 firmas para pedir a las autoridades que hicieran públicas urgentemente las razones de la sospecha de que estas organizaciones e individuos podían estar involucrados en acciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También dejaron claro que estas presiones no los disuadirían de seguir luchando por una Serbia libre y democrática.

  La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi Sad y Smederevo.

  ¿Ha experimentado la sociedad civil desafíos adicionales para continuar haciendo su trabajo bajo la pandemia?

  Bajo el estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero también después de levantado el estado de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentaron numerosas dificultades que obstaculizaron enormemente su trabajo. Durante las primeras semanas del estado de emergencia, algunas OSC que brindan servicios a grupos vulnerables no pudieron realizar sus actividades debido a la prohibición de circular, dificultad que solo se superó de manera gradual y parcial a medida que se fueron otorgando permisos especiales a ciertas categorías de personas.

  Otro desafío fue el planteado por el Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos, adoptado en respuesta a los impactos económicos de la pandemia. Este reglamento no extendía la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, bienes de consumo y servicios donados al sector humanitario y sin fines de lucro para apoyar a grupos socialmente vulnerables. Por este motivo, un grupo de OSC envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para ampliar la exención del IVA.

  El mayor desafío para las OSC fue la sostenibilidad financiera, que se vio especialmente amenazada por la suspensión del concurso para proyectos co-financiados de importancia pública, a nivel tanto nacional como local. Además, si bien no eran suficientemente claras en lo que respecta a las OSC, las disposiciones del Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos excluían inequívocamente las iniciativas ciudadanas informales y, por lo tanto, ponían en peligro su supervivencia.

  Además, el derecho a la libertad de expresión estuvo especialmente en peligro durante la pandemia. Los desafíos incluyeron restricciones enfrentadas por la prensa para asistir a las conferencias de prensa del Gabinete de Crisis y hacer preguntas, el desprecio expesado por funcionarios de órganos e instituciones gubernamentales hacia los representantes de los medios y la persecución de los medios de comunicación que expresaron críticas durante la pandemia. Estas restricciones abrieron las puertas a la difusión de información no verificada. La falta de información oportuna y objetiva resultó en una mayor propagación del pánico y dejó en evidencia que, además de una pandemia, Serbia enfrentaba una “infodemia”.

  ¿Qué opina la sociedad civil de la respuesta del gobierno a la pandemia y las condiciones en que se celebraron las últimas elecciones?

  A pesar de la posición muy desfavorable en que se encontraron, las OSC desempeñaron un rol significativo durante la crisis del COVID-19. Las OSC también jugaron un importante rol correctivo de las acciones de gobierno, ya que presentaron numerosas propuestas de calidad para superar la crisis. En muchas situaciones fueron las OSC, debido a su mejor capacitación, las que asumieron las funciones de determinados servicios gubernamentales. La impresión predominante es que el Estado no estaba preparado para la crisis y, por lo tanto, no tenía capacidad suficiente para responder adecuadamente.

  Por su carácter cerrado, el gobierno esgrimió la necesidad de actuar con velocidad y eficiencia como pretexto para eludir el diálogo. En la adopción de determinadas medidas se produjeron frecuentes violaciones de las leyes, la constitución y los derechos de la ciudadanía, y en particular del derecho de los periodistas a hacer su trabajo. Las medidas económicas no fueron adoptadas de manera oportuna y efectiva, lo cual puso en peligro a muchas OSC y a sus activistas, y en última instancia tuvo su mayor impacto sobre la ciudadanía en tanto que usuaria de los servicios de las OSC.

  En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 21 de junio tras ser aplazadas de su fecha original del 26 de abril, aún queda sin respuesta la pregunta acerca de la responsabilidad del gobierno para conducir un proceso electoral bajo la pandemia. Se sospecha que la decisión de realizar las elecciones fue motivada políticamente e irresponsable. Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, en las semanas posteriores a las elecciones, el número de infecciones y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente. Daría la impresión de que los esfuerzos realizados por algunas OSC para crear las condiciones para el desarrollo de elecciones libres y democráticas no dieron los resultados deseados.

  ¿Cuáles fueron los principales obtáculos que impidieron que las elecciones fueran libres y justas?

  Más allá de la pandemia, la principal preocupación respecto de las elecciones fue que estuvieron dominadas por el partido gobernante, a través de la presión sobre el periodismo y los medios de comunicación críticos y el control de los principales medios de comunicación, que carecen de diversidad de opiniones y cobertura equilibrada y son utilizados con fines de campaña.

  La cobertura de los medios durante la campaña electoral fue un poco más equilibrada que en las elecciones anteriores, ya que el gobierno quería demostrar el carácter infundado de los reclamos de la ciudadanía y la oposición política respecto de las malas condiciones para la competencia electoral y la captura de los medios de comunicación. En principio, los candidatos recibieron igual trato por parte de los medios públicos, aunque los funcionarios públicos que hacían campaña a diario recibieron mucha cobertura adicional. Además, los miembros de la oposición que habían decidido boicotear las elecciones, y por lo tanto no presentaron candidatos, carecieron de espacio para presentar sus argumentos en la televisión nacional.

  El trato desigual hacia los candidatos fue especialmente visible en los canales de televisión comerciales de alcance nacional, que brindaron apoyo logístico al partido gobernante y a sus socios de coalición. Este problema se vio agravado por la actitud pasiva del Organismo Regulador de Medios Electrónicos (REM), que jugó un papel casi imperceptible durante la campaña electoral. En mayo de 2020, el REM cambió su metodología de seguimiento de la representación mediática de los actores políticos, contando cada mención de una opción política como prueba de representación mediática. De ahí la conclusión de que la opositora Alianza por Serbia era el partido más representado. Pero en verdad la Alianza por Serbia, que boicoteó las elecciones, no recibió ninguna cobertura en la televisión nacional; en realidad, fue el blanco más frecuente de los ataques del partido gobernante y sus medios aliados. En ese sentido, otro problema de fondo es el marco normativo desigual: las regulaciones del REM relativas a los servicios de medios públicos son legalmente vinculantes, pero las relativas a las emisoras comerciales están redactadas bajo la forma de recomendaciones y no tienen efectos vinculantes, y no existen salvaguardas efectivas contra las violaciones.

  ¿Qué implicancias tienen los resultados de las elecciones para el futuro de la democracia y los derechos humanos en Serbia?

  El gobernante Partido Progresista Serbio, que en verdad es un partido de derechas, obtuvo más del 60% de los votos y se quedó con unos 190 escaños parlamentarios, sobre un total de 250. Su socio de coalición, el Partido Socialista de Serbia, quedó en segundo lugar, con aproximadamente 10% de los votos, sumando unos 30 escaños a la coalición. En consecuencia, la Asamblea Nacional se quedó sin representantes de la oposición, abriendo un espacio adicional para el ejercicio de un poder ilimitado y sin obstáculos legales por parte del partido gobernante. Los últimos cuatro años son prueba de que la mera presencia de la oposición en el parlamento no es una barrera suficiente contra la arbitrariedad, ya que el gobierno ha perfeccionado mecanismos que le permiten vaciar de sentido a los procedimientos parlamentarios y restringir la libertad de expresión de los representantes de la oposición. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición, a través de sus iniciativas, apariciones públicas y propuestas, habían logrado llamar la atención sobre los numerosos escándalos y las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios.

  Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y democráticas. Los más recientes intentos de lidiar con la sociedad civil, el periodismo y destacadas personalidades críticas mediante la promoción de investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo hablan de una polarización cada vez más profunda. El desarrollo de los derechos humanos requiere de coordinación y cooperación entre las OSC y los órganos gubernamentales, así como de consenso social y voluntad política, por lo que ciertamente esto no está contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en Serbia. Por el contrario, está provocando una crisis cada vez más grave, el agravamiento de las desigualdades e injusticias y protestas más frecuentes.

  El espacio cívico en Serbia es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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