Organización de la sociedad civil
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El cierre de una importante ONG de derechos humanos por parte del gobierno supone otro golpe a las libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial
⚠️Nuevo ataque contra las libertades fundamentales en #GuineaEcuatorial.
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 18, 2019
Denunciamos el cierre del #CEID, una de las pocas #OSC que denuncia las violaciones de #DDHH en el país y exigimos al Presidente Obiang que anule la resolución.
👉🏿 https://t.co/pWvRiyz97V pic.twitter.com/IwkqJwBVDDGrupos internacionales de derechos humanos han condenado la decisión del gobierno de Guinea Ecuatorial de cerrar una importante ONG de derechos humanos, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID).
El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales del país publicó el 5 de julio un decreto que revoca la autorización oficial concedida al CEID, una de las pocas ONG independientes que denuncian las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La resolución que disuelve la organización de la sociedad civil (OSC) acusa a la organización de violar su propia constitución y de participar en actividades políticas.
"La disolución del CEID es un nuevo retroceso para los derechos humanos en un país que durante décadas no ha respetado las libertades fundamentales", dijo Paul Mulindwa, responsable de Incidencia y Políticas de CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil.
"El cierre de la organización tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial", dijo Mulindwa.
El cierre del CEID se produce tras los ataques físicos, las detenciones arbitrarias y la persecución judicial del vicepresidente de la organización, Alfredo Okenve. La medida tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y tiene un efecto intimidatorio sobre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el país.
El entorno represivo en Guinea Ecuatorial se ve alimentado por el uso de la violencia contra las personas que defienden los derechos humanos, la militarización del Estado y la política, los altos niveles de impunidad que gozan quienes perpetran violaciones de los derechos humanos y el uso de legislación restrictiva -como la Ley No. 1/1999 sobre el Régimen de las ONG- para restringir las operaciones de las OSC.
"La disolución del CEID es un reflejo de la grave situación de la libertad de asociación y expresión en el país y del continuo desprecio del gobierno por sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos", dijo Mulindwa.
El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, clasifica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Guinea Ecuatorial como cerrado.
CIVICUS hace un llamamiento al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo para que revoque públicamente la resolución, respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos contraídos recientemente con el proceso de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y cree un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
Para más información, póngase en contacto con nosotros:
Paul Mulindwa
paul.mulindwa[AT]civicus.org
media[AT]civicus.org -
NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”
CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.
UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.
¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?
“Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.
En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.
En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.
Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.
En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.
Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.
¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?
Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.
Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.
¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?
En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.
En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.
En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.
Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.
Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.
Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.
¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?
A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.
A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.
Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.
¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil?
La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.
Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.
Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.
Póngase en contacto con UNA-UK a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@UNAUK y a@Natalie_UNnerd en Twitter.
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