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  • NACIONES UNIDAS: ‘Ahora la regulación ambiental deberá guiarse por un enfoque de derechos humanos’

    Victoria LichetCIVICUS conversa con Victoria Lichet, directora ejecutiva de la Coalición del Pacto Mundial, sobre la resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en tanto que derecho humano.

    La Coalición del Pacto Mundial reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC), activistas, artistas, abogados y científicos que abogan por la adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un proyecto de tratado internacional que apunta a consagrar una nueva generación de derechos y deberes fundamentales relativos a la protección del medio ambiente, y especialmente el derecho a un medio ambiente sano.

    ¿Qué relevancia e implicaciones tiene la reciente resolución de la AGNU sobre el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible?

    La adopción de una resolución sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible por parte de la AGNU, el órgano legislativo de la ONU, que incluye a todos sus Estados miembros, es una victoria histórica para la protección del medio ambiente. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal convierte a la protección del medio ambiente en un aspecto fundamental de la protección de los derechos humanos. Es un paso importante hacia la introducción de una perspectiva de derechos humanos en el litigio ambiental, ya que integra normas de derechos humanos en los asuntos ambientales.

    Además de reconocer el derecho a un medio ambiente sano en tanto que derecho de todas las personas, el preámbulo de la resolución afirma claramente el vínculo entre un medio ambiente sano y los derechos humanos. La AGNU reconoce que “los daños ambientales tienen repercusiones negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

    Aunque las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, esta resolución es un fuerte mensaje político de gran contenido simbólico. Desempeñará un papel importante en la formación y el fortalecimiento de normas, leyes, estándares y políticas ambientales internacionales más sólidas. De ese modo, necesariamente mejorará la eficacia general del derecho ambiental y catalizará nuevas acciones ambientales y climáticas. Esto también demuestra que el multilateralismo todavía tiene un rol que desempeñar en el derecho ambiental internacional.

    ¿Qué papel desempeñó la sociedad civil en el proceso que culminó con esta resolución?

    Esta resolución fue el resultado de meses de movilización por parte de OSC y organizaciones de pueblos indígenas (OPI), entre ellas la Coalición del Pacto Mundial. Bajo el inspirador liderazgo del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, y su predecesor, John Knox, la coalición de OSC y OPI pudo llegar a los gobiernos a través de correos electrónicos y cartas para informarles mejor sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano. También hizo campañas en las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre el proceso.

    El grupo de países que lideró esta iniciativa, formado por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, fue un gran apoyo y comunicó sobre cada paso relativo al avance de la resolución. Estamos muy agradecidos por su liderazgo.

    ¿Considera que el texto final de la resolución refleja plenamente los aportes de la sociedad civil?

    El texto final de la resolución mayormente refleja las expectativas de la sociedad civil. En el curso de la negociación, algunos Estados lograron eliminar algunos párrafos. Por ejemplo, el primer borrador decía que el derecho a un medio ambiente sano estaba relacionado con el derecho a la vida y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Pero el borrador final también incluía párrafos adicionales en los cuales, por ejemplo, se mencionaba a “empresas y otras partes interesadas” en el llamamiento a adoptar políticas de cooperación internacional para aumentar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano.

    En términos generales, el principal objetivo de la sociedad civil era que se reconociera el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano para todas las personas, y esto, obviamente, quedó plenamente reflejado en el texto final. Se trata, pues, de una victoria histórica de la sociedad civil.

    ¿Qué medidas deberían adoptar los Estados para hacer efectivo el derecho reconocido en la resolución?

    El reconocimiento debe combinarse con políticas públicas nacionales y regionales sólidas y ambiciosas que pongan en marcha mecanismos para reforzar la protección del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y el disfrute de sus restantes derechos humanos. A partir de ahora, los Estados deberán adoptar un enfoque de derechos humanos en la regulación ambiental, así como mejores políticas de energía renovable y economía circular.

    Como lo expresó el relator especial David Boyd, el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente sano debe alentar a los gobiernos a revisar y reforzar sus leyes y políticas ambientales y a mejorar su implementación y cumplimiento.

    ¿Qué debería hacer la sociedad civil a continuación?

    Ahora la sociedad civil debe abogar por instrumentos más sólidos y ambiciosos para proteger el medio ambiente, nuestro derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido a nivel internacional, debemos introducir derechos y deberes adicionales que nos lleven aún más lejos en el camino de la protección del medio ambiente.

    La resolución de la AGNU podría ser la base de un instrumento internacional más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ya disponemos de modelos ambiciosos que podrían utilizarse en estas futuras negociaciones, tales como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de pacto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mayor red ambiental global.

    El desplazamiento del “derecho blando” al “derecho duro” -en este caso, de la resolución no vinculante de la AGNU a una convención sobre el derecho a un medio ambiente sano- es muy común en el derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en rigor una parte de la resolución de la AGNU sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto no es jurídicamente vinculante, abrió camino a dos tratados que fueron adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se necesitaron 18 años para traducir la Declaración en dos textos jurídicamente vinculantes.

    Esperamos que no hagan falta 18 años para lograr una convención sobre derechos ambientales, porque eso nos llevaría hasta 2040. No tenemos tanto tiempo. Ha llegado el momento de adoptar una convención que sea una suerte de “tercer pacto”, es decir, que reconozca una tercera generación de derechos humanos. Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

    Ante la actual triple crisis planetaria, un texto internacional vinculante sobre el medio ambiente tiene una importancia vital, ya que millones de personas están muriendo a causa de sus entornos tóxicos, y especialmente por la contaminación atmosférica.

    Póngase en contacto con la Coalición del Pacto Mundial a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VictoriaLichet y a@PactEnvironment en Twitter.
  • NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’

    Fernanda HopenhaymCIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.

    ¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?

    El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

    Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.

    Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.

    El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

    ¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?

    ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.

    Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.

    Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.

    El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.

    ¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?

    En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.

    La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.

    Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.

    El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.

    ¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?

    Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.

    Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.

    Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.

    Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.

    América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.

    En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.

    ¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?

    Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.

    Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.

    Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.

    ¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?

    Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.

    Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.

    Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.

    Siga a@fernanda_ho y a@WGBizHRs en Twitter.
  • NACIONES UNIDAS: “El poder de los grupos antiderechos va en aumento; nos esperan tiempos difíciles”

    CIVICUS conversa con Tamara Adrián, fundadora y directora de DIVERLEX-Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, acerca de la exitosa campaña de la sociedad civil por la renovación del mandato de la persona experta independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género.

    Tamara Adrián es abogada y profesora universitaria, y la primera mujer trans que fue electa a un parlamento nacional en América Latina.

    DIVERLEX es una organización de la sociedad civil venezolana dedicada a la investigación, la formación, la incidencia y el litigio estratégico en materia de diversidad sexual. A causa de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, casi todos sus dirigentes se encuentran actualmente fuera de Venezuela, donde siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQI+ en el exilio.

    Tamara Adrian

    ¿Por qué es tan importante el mandato del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género?

    Esta es una figura sumamente importante. El arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización de ciertos grupos y de las violaciones de sus derechos. Esta ha sido la constante en relación con las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías raciales y las minorías religiosas. Mientras los intolerantes puedan decir que el problema no existe, su sistema de poder permanece activo y las cosas no cambian. En el sistema universal de derechos humanos, la visibilidad de lo que los intolerantes quieren mantener invisible se logra mediante el trabajo de personas expertas y relatores independientes.

    El primer Experto Independiente, Vitit Muntarbhorn, estuvo en el cargo por un par de años y produjo un informe sobre la violencia por causa de la orientación sexual o la identidad de género, que compartió con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Inició el proceso de visibilizar las injusticias, inequidades y violencias contra las personas LGBTQI+ a nivel global.

    Los tres informes del actual experto independiente, Víctor Madrigal-Borloz, pusieron el dedo en la llaga de muchos países que incumplen en su deber de protección de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La propia oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso énfasis en el deber positivo de los Estados de asegurar los mismos derechos a todas las personas.

    Entendemos que aún falta mucho y que los informes –del Experto Independiente, el Alto Comisionado y organismos regionales como la Organización de Estados Americanos – son importantes para este proceso.

    Tan importantes son, que este trabajo generó una fuerte reacción por parte de grupos fundamentalistas que se reorganizaron bajo el formato de “organizaciones no gubernamentales” que buscaron obtener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para poder interferir en sus procesos.

    ¿Cómo operan estos grupos dentro de las Naciones Unidas?

    Los grupos antiderechos han ido cambiando de estrategia. Más que como organizaciones religiosas, han buscado presentarse como defensoras de la libertad religiosa y, sobre todo, de la libertad de expresión. Han impulsado estrategias de unión en el ámbito religioso, reuniendo a fundamentalistas católicos y a representantes de la Santa Sede con fundamentalistas neo-evangélicos y con los grupos musulmanes más retrógrados.

    También han refinado sus argumentos. En primer lugar, sostienen que el concepto de orientación sexual e identidad de género es un concepto occidental y no universal, por lo que no puede ser protegido por la ONU. En segundo lugar, que no hay ningún tratado ni instrumento internacional que proteja contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En tercer lugar, que los países con valores tradicionales deben poder mantener leyes discriminatorias o criminalizar las relaciones de personas del mismo sexo o las identidades de género diversas.

    En la argumentación de los países que se opusieron a la renovación del mandato del experto independiente o propusieron modificaciones estuvieron implícitos estos tres argumentos, junto con un cuarto: que ningún país puede proteger a criminales, y que la determinación de lo que es un acto criminal queda sujeta al derecho penal de cada país y no es susceptible de verificación ante el sistema internacional de derechos humanos.

    Históricamente este tema se ha resuelto a partir del reconocimiento de que todo el mundo tiene derecho a una creencia, pero nadie puede imponer la suya ni negarles a otras personas sus derechos sobre la base de su fe. Los fundamentalistas pretenden que esta situación se revierta para que los creyentes puedan discriminar y negar derechos a otras personas.

    ¿Ha aumentado en los últimos años el poder de los grupos antiderechos?

    El poder de los grupos antiderechos va en aumento, lo cual posiblemente esté vinculado con la regresión que está ocurriendo en los Estados Unidos. Efectivamente, en la votación para la renovación del mandato hemos visto delineados dos grupos de países que han opuesto resistencia: por un lado, países que nunca han avanzado en el reconocimiento de derechos y en los cuales hay mucha resistencia al cambio, y por el otro, países que están retrocediendo, como los Estados Unidos.

    En Estados Unidos desde hace por lo menos una década se han estrechado los vínculos entre el supremacismo blanco, los grupos neo-pentecostales y los sectores más radicales del Partido Republicano. Los grupos antiderechos han ido ocupando espacios en los tribunales, desde lo más bajo hasta la Corte Suprema, así como en las gobernaciones y las legislaturas estatales, lo que ha resultado en cada vez más sentencias, leyes y políticas anti-trans, anti-educación sexual y a favor de la libertad religiosa. Muy abiertamente han expuesto sus planes para revertir el derecho al aborto, combatir el concepto de género, y rechazar la educación sexual y reproductiva y el derecho a la anticoncepción, e incluso los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario y las protecciones contra la discriminación racial.

    Estados Unidos también tuvo un rol clave en el financiamiento internacional del movimiento antiderechos y en el desarrollo de nuevas iglesias neo-pentecostales alrededor del mundo, y sobre todo en África y América Latina. También ha influido sobre la formación de un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención: el movimiento de las feministas biologicistas, que niega el concepto de género, con los mismos argumentos que las iglesias más conservadoras.

    Esta comunidad de argumentación es altamente sospechosa, y tanto más cuando se observan las corrientes de financiamiento procedentes de Estados Unidos que alimentan a grupos feministas biologicistas en Brasil, Centroamérica, España, el Reino Unido o República Dominicana. El blanco de estos grupos ya no son las personas LGBTQI+ en general, sino específicamente las personas trans. Al sostener el carácter biológico y natural de las diferencias buscan destruir toda la estructura de protección basada en el género.

    Honestamente creo que es un plan muy bien pensado. Entiendo que imitaron la estrategia que nosotros adoptamos inicialmente para visibilizar nuestra lucha. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de haber ocupado el poder. El número de países que han firmado una resolución “pro-vida” en la ONU y que se han declarado “países pro-vida” demuestra que su objetivo ya no es oponerse solamente a los derechos de las personas LGBTQI+ sino a todo derecho basado en el concepto de género.

    ¿Cómo se organizó la campaña por la renovación del mandato del Experto Independiente?

    Las organizaciones que incidimos para que se renovara el mandato hemos actuado juntas desde la campaña para la designación del primer Experto Independiente. Cada vez, el proceso se inicia mucho tiempo antes de la designación. En este caso, lo iniciamos hace unos tres años: prácticamente al año siguiente de la renovación del mandato ya estábamos trabajando para crear el grupo madre para trabajar por una nueva renovación.

    Para las organizaciones de América Latina, una limitante recurrente es el desconocimiento del idioma inglés, que restringe la capacidad del activismo para internacionalizar sus luchas. Para superar este problema, nuestro grupo madre está conformado tanto por activistas que hablan castellano como por activistas que hablan inglés. Esto fue muy importante porque la coalición estuvo formada principalmente por grupos latinoamericanos.

    Fue un proceso muy difícil, y si bien la votación eventualmente resultó favorable, a lo largo de meses los resultados de las sesiones no generaban demasiada confianza. Observamos resistencias crecientes por parte de países con posiciones fundamentalistas, cada día más aferrados a la idea de revertir derechos.

    ¿Cuáles son los próximos pasos tras la renovación del mandato?

    Creo que no debemos relajarnos. Nos esperan tiempos difíciles. Es probable que muchos derechos que considerábamos ganados sean revertidos en los Estados Unidos, incluso los vinculados con la igualdad racial. Ya no se trata ni siquiera de regresar a una visión propia del siglo XX, sino a una correspondiente al siglo XVI o XVII.

    Esto tendrá un fuerte impacto a nivel global, sobre todo en los países que poseen instituciones menos desarrolladas. Probablemente los países con una institucionalidad más fuerte podrán resistir mejor los embates para revertir derechos sexuales y reproductivos. 

    Como pasos a seguir pongo el énfasis en la organización. En muchos lugares la gente me dice “tranquila, eso jamás pasará aquí”, pero insisto, no podemos relajarnos. Debemos enfocarnos en la formación de coaliciones y organizar alianzas más fuertes que permitan detener el avance de los grupos neoconservadores y disputarles espacios de poder.

    Contáctese con Tamara Adrián a través de supágina web o su perfil deFacebook y siga a@TamaraAdrian en Twitter.
  • NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”

    CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.

    UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.

    Natalie Samarasinghe

    ¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?

    “Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.

    En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.

    En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.

    Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.

    En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.

    Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.

    ¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?

    Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

    El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.

    Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.

    ¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?

    En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.

    En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.

    En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.

    Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.

    Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.

    Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.

    ¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?

    A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.

    A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.

    Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.

    ¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil? 

    La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.

    Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.

    Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.

    Póngase en contacto con UNA-UK a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@UNAUK y a@Natalie_UNnerd en Twitter.
  • PANAMÁ: “Al dar luz verde al gobierno para discriminar, la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+”

    IvanBarahonaCIVICUS habla con Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales, sobre la situación de las personas LGBTQI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Panamá.

    La Fundación Iguales es una organización de la sociedad civil (OSC) panameña que lucha por el fin de la discriminación por diversidad sexual a través de actividades de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de derechos humanos. Sobre la base de un enfoque interseccional, también promueve los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores y toda otra persona en situación de vulnerabilidad.

    ¿Qué avances ha experimentado la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá desde la despenalización de la homosexualidad en 2008?

    La opinión pública ha evolucionado sostenidamente hacia una actitud de el respeto hacia las personas LGBTQI+. Si bien queda un largo camino que recorrer, que se evidencia especialmente en la ausencia de políticas públicas de reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa, el fortalecimiento de una sociedad civil promotora de los derechos humanos es un avance palpable.

    Es importante recalcar que, si bien la homosexualidad fue despenalizada en 2008, la discriminación institucional ha persistido, y no solamente en las actitudes sino también en cantidad de normas y regulaciones. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía incluye como falta gravísima “la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo”. Es una falta de la misma gravedad que la de “hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros” o “atacar físicamente a un compañero o subalterno”. También el reglamento general de los bomberos incluye como faltas gravísimas “practicar el homosexualismo (o lesbianismo) públicamente”.

    Asimismo, sigue sin permitirse a personas homosexuales donar sangre y no tenemos una ley de reconocimiento de la identidad de género ni leyes antidiscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

    ¿Qué significación tuvo el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá?

    El llamamiento de la CIDH se produjo en 2020 en el marco de una audiencia temática solicitada por Fundación Iguales ante la larga demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de dar curso a las diversas demandas de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. La audiencia generó muchas expectativas, especialmente en las parejas del mismo sexo que tras largos años de espera veían denegado su derecho de acceso a la justicia, y por ende a su dignidad.

    Fundación Iguales y otras organizaciones de derechos humanos LGBTQI+ logramos llamar la atención sobre nuestras demandas, y la CIDH fue categórica en su recomendación para que Panamá cumpliera sus compromisos interamericanos. Pero las expectativas generadas fueron claramente defraudades porque el gobierno no cumplió con los acuerdos resultantes de la audiencia, que incluían el establecimiento de una mesa de trabajo entre la CIDH y el Estado para dar seguimiento a las demandas que expresamos en la audiencia y que la CIDH confirmó debían cumplirse en un breve plazo.

    ¿Cómo han trabajado las organizaciones LGBTQI+ de Panamá, y Fundación Iguales en particular, para lograr cambios legales y vencer resistencias culturales?

    En los últimos años, las organizaciones LGBTQI+ de Panamá hemos crecido y aumentado nuestra labor de incidencia en diferentes temas y espacios, con buenos resultados. La colaboración entre organizaciones ha sido clave a la hora de enfrentar las resistencias culturales a nuestro trabajo.

    Desde Fundación Iguales nos hemos enfocado tanto en el trabajo social como en el apoyo a casos de litigio por el matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Justicia. Hacemos un uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente a través de audiencias temáticas de la CIDH y participando de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También trabajamos en el marco del sistema universal de derechos humanos liderando procesos nacionales y enviando insumos a instancias tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Paralelamente Fundación Iguales ha liderado una campaña nacional por el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, Sí Acepto, que ha contado con el acompañamiento de otras OSC como Convive, Hombres Trans, Diversa y Pride Connection. También se han sumado empresas como Diageo, LLYC y BBDO, las embajadas de Canadá y el Reino Unido y la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.

    Tenemos muchos años acompañando los procesos de cambio de nombre de personas trans junto a la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans Panamá. Hemos sido partícipes y colaborado con la organización de las Marchas del Orgullo, específicamente en la oferta académica y cultural de la mano de la organización lésbico feminista Coalición Internacional de Mujeres y Familias.

    ¿Cuáles son los grupos a favor y en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá?

    Quienes estamos a favor somos un grupo diverso y complementario, decididamente acompañado por nuestras familias y la juventud en general. Hay numerosas empresas, embajadas, instituciones internacionales, medios, periodistas e instituciones académicas que se expresan con firmeza para que Panamá sea un país inclusivo donde las personas LGBTQI+ seamos respetadas y valoradas. El acompañamiento de otros grupos minoritarios de Panamá, como el de los afrodescendientes, consolida nuestro mensaje interseccional.

    El grupo que se opone a nuestros derechos constituye una facción extrema de grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, es importante aclarar que en Panamá muchas personas conservadoras y religiosas están a favor del respeto y la no violencia contra las personas LGBTQI+.

    Lastimosamente, muchas instituciones que se supone que deben protegernos, como la policía y la Corte Suprema de Justicia, se han opuesto tajantemente a los derechos de la diversidad sexual. Sus argumentos son profundamente pobres y suelen centrarse en una visión muy esquemática de lo “natural” versus lo “antinatural”. En esa línea se expresó vergonzosamente la Corte Suprema al postular que el matrimonio tiene como función principal la procreación para la continuidad de la especie. Las conclusiones que se desprenden de estos argumentos son sumamente violentas e inaceptables en una sociedad moderna.

    ¿Por qué los progresos realizados en el terreno de la opinión pública siguen sin verse reflejados en el marco legal?

    Ha habido clarísimos progresos en la opinión pública. Según indicaron las encuestas, la campaña Sí Acepto, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la sociedad panameña: en tan solo tres años cambió la opinión de más de 300 mil personas, lo cual es muchísimo para un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Que tantas personas no LGBTQI+ apoyen la aspiración de una sociedad libre de discriminación es un claro indicio de cambio.

    Pero estos cambios positivos no se ven reflejados en el marco legal por falta de voluntad política. Tenemos un liderazgo político vetusto, populista, inoperante y falto de ética. Nuestros líderes no han comprendido que están disociados de los cambios de nuestra época relativos a la evolución de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de la democracia liberal. Pero el cambio es imparable: las nuevas generaciones claramente están adoptando posiciones favorables a los derechos, la diversidad y la inclusión, y que lleguen a ocupar lugares clave en la toma de decisiones es solo cuestión de tiempo.

    ¿Cómo sigue la lucha tras la sentencia de la Corte Suprema que admitió la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?

    La lucha se consolida, se reinventa y continúa. Al dar luz verde al gobierno para discriminar, en este caso contra parejas del mismo sexo y su derecho a conformar una familia reconocida y protegida por el Estado, la Corte ha puesto en evidencia su animadversión hacia las personas LGBTQI+. Ya nadie puede decir que la discriminación es sutil o imaginaria: se ha vuelto evidente y obscena para todas las personas, y no solamente para las personas LGBTQI+ que la padecen directamente. La situación ha quedado más clara que nunca, lo que ha llevado a que más gente se comprometa con la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+.

    En suma, la deplorable decisión de la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+, y en ese sentido constituye un momento trascendental en dirección de la conformación del país que queremos, con foco en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, el combate de las desigualdades sociales y económicas y la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

    El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con Fundación Iguales a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@figualespanama en Twitter.
  • RESOLUCIÓN DE LA ONU SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: “La crisis climática es una crisis de derechos humanos”

    HaileyCampbellCIVICUS conversa con Hailey Campbell sobre la recienteresolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre el medio ambiente, que habilita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados para hacer frente al cambio climático.

    Hailey es activista climática y codirectora ejecutiva de Care About Climate, unaorganización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en educación y empoderamiento en pos de la justicia climática y una red internacional de jóvenes líderes del movimiento por el climaque buscan compartir soluciones en la escena internacional.

    ¿Cuál fue el origen de la iniciativa de llevar el tema del clima ante la CIJ?

    Esta iniciativa histórica fue presentada por primera vez en 2019 por los Estudiantes del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático (PISFCC), una organización liderada por jóvenes y fundada por estudiantes de ocho países insulares del Pacífico. PISFCC empezó convenciendo al Foro de las Islas del Pacífico, la principal organización política y económica de la región, de llevar a la CIJ la cuestión del cambio climático y los derechos humanos. Las OSC del Pacífico apoyaron esta campaña y establecieron la Alianza para una Opinión Consultiva sobre Justicia Climática (ACJAO, por sus siglas en inglés), incluyendo a otros actores no estatales. En 2021, el estado de Vanuatu, un pequeño país insular muy susceptible a las catástrofes climáticas, inició las negociaciones y la redacción de la resolución, que posteriormente recibió el apoyo de más de 130 países y más de 220 OSC y acabó siendo adoptada por consenso por la AGNU el 29 de marzo de 2023.

    ¿Consideras a esta resolución como una victoria de la sociedad civil?

    Esta resolución fue una victoria monumental. Y esta victoria es el comienzo de una ola de cambio en la forma en que pensamos la crisis climática, así como un recordatorio de que el cambio climático no respeta las fronteras geopolíticas. Las OSC ecologistas, los jóvenes líderes, las naciones insulares que lideran la petición de la resolución y el grupo PISFCC están recordando al mundo que antes que personas defensoras, ejecutivos de los combustibles fósiles o políticos, todos somos personas. En tanto que humanos, todos compartimos este hermoso planeta y compartirlo exige preocuparse por los demás. Si algunos líderes no lo reconocen, deben rendir cuentas de ello.

    La resolución que solicita una opinión consultiva de la CIJ es también una celebración de la innovación y la perseverancia isleñas. Los isleños se han apoyado en sus conocimientos tradicionales y en su liderazgo colaborativo para adaptarse a los impactos medioambientales durante miles de años. La iniciativa de llevar el mayor desafío global al más alto tribunal del mundo pone de relieve su fortaleza y experiencia. En tanto que persona joven que vive en una isla del Pacífico, agradezco el liderazgo de otros jóvenes isleños y aliados que están allanando el camino para que las generaciones venideras tengan un futuro sostenible.

    ¿Cómo podría la CIJ ayudar a hacer frente al cambio climático?

    La CIJ es el más alto tribunal del mundo, y sienta precedentes mediante opiniones consultivas y normas que establecen cómo deben cooperar los Estados a escala mundial. En ese sentido, desempeña un rol destacado en el mantenimiento de la paz entre nuestras naciones.

    La opinión consultiva de la CIJ plasma la realidad de que no podemos resolver la crisis climática continuando con las mismas prácticas que nos llevaron a ella. El alcance de la resolución va más allá del Acuerdo de París, ya que hace referencia a la importancia de un clima seguro como un derecho humano que es clave para el bienestar. De esbozar posibles consecuencias jurídicas para las naciones que causen daños significativos a comunidades vulnerables y a las generaciones futuras, podría finalmente garantizar una mayor rendición de cuentas por la crisis climática. Si las naciones son obligadas a rendir cuentas y a actuar, se abre la puerta para garantizar la completa eliminación de las emisiones de combustibles fósiles y la satisfacción de las necesidades de creación de capacidades para la adaptación.

    ¿Cómo te has involucrado personalmente en la promoción de esta resolución y, más en general, en el activismo por el clima?

    Conocí la campaña del PISFCC en 2019, cuando me conecté con el movimiento climático tras la cumbre sobre cambio climático COP25. Como estudiante de sostenibilidad dedicada a trabajar en el ámbito del clima, me inspiró la forma en que un pequeño grupo de estudiantes de todas las islas pedía enérgicamente una opinión consultiva de la CIJ. Empecé a seguir su trayectoria y a apoyar sus llamados a la acción de diversas maneras, desde reenviar contenidos a las redes sociales hasta sacar a relucir argumentos relevantes en mis conversaciones con los líderes de las siguientes COP.

    Inspirada por el liderazgo insular, acepté una pasantía en la Red Local Isleña 2030, la primera red global de pares dirigida por islas y dedicada a impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprendí más sobre la sostenibilidad de las islas y los efectos del cambio climático de la mano de sus líderes, cuyos ejemplos de soluciones innovadoras y su espíritu optimista me sorprendieron. Alentada a utilizar mi formación para ayudar a los isleños a hacer oír su voz, decidí centrar mi máster en la elaboración de un plan de trabajo para que los isleños pudieran colaborar con sus comunidades en el desarrollo, el seguimiento y la implementación de soluciones sostenibles para el cambio climático.

    Esta trayectoria de activismo estudiantil me ayudó a convertirme en una líder ambiental intersectorial, a trabajar en la adaptación climática en las islas y a apoyarme, en tanto que parte de un grupo vulnerable, en coaliciones como Care About Climate para defender nuestro derecho a un futuro climáticamente seguro. De hecho, esta inspiración me llevó a trabajar con jóvenes para lograr la primera inclusión de jóvenes como partes interesadas en una decisión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima en la COP27.

    ¿Qué pueden hacer los aliados internacionales para apoyar esta lucha?

    Todos los aliados internacionales deben seguir luchando. Esta resolución histórica es apenas el primer paso. Antes de emitir su dictamen, la CIJ solicitará argumentos escritos y orales a los Estados y a ciertas organizaciones internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Es importante que los miembros de la comunidad sigan contactándose con sus representantes nacionales y con las organizaciones internacionales seleccionadas para presentar testimonios y les pidan su apoyo al dictamen. De hecho, el PISFCC acaba de lanzar un increíble manual, que recomiendo encarecidamente consultar, para ayudar a tomadores de decisiones, jóvenes y OSC ambientales a entender su papel. Mi ejemplo favorito del manual refiere a la importancia de compartir con tus representantes nacionales tu testimonio personal sobre por qué crees en la necesidad de una opinión consultiva de la CIJ sobre derechos climáticos y qué impacto ella podría tener en tu futuro. Espero que mucha gente se anime a unirse a nuestra Alianza para enterarse de las distintas formas en que puede hacer sentir su influencia.

    Póngase en contacto con Care About Climate a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@careaboutclimate y a @hailey_campbell en Twitter eInstagram.
  • TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “La sociedad civil somete a verificación de datos los argumentos los Estados”

    IanTennantCIVICUS conversa con Ian Tennant acerca de la importancia de salvaguardar los derechos humanos en el actual proceso de redacción de unTratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

    Ian preside laAlianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, una amplia red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueve una agenda de prevención del delito y justicia penal participando en los programas y procesos de las Naciones Unidas en la materia. Ian también lidera la Representación Multilateral de Viena y el Fondo de Resiliencia de laIniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una OSC global con sede en Ginebra, centrada en la investigación, el análisis y la participación en relación con todas las formas del crimen organizado y los mercados ilícitos. Ambas organizaciones participan como observadoras en las negociaciones del Tratado de la ONU contra la Ciberdelincuencia.

    ¿Por qué se necersita un tratado de la ONU sobre ciberdelincuencia?

    No hay consenso sobre la necesidad de un tratado de la ONU que aborde la ciberdelincuencia. Los órganos que operan mediante consenso y que se ocupan de la ciberdelincuencia en el marco de la ONU, principalmente la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), no pudieron ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un tratado desde que la cuestión se planteó oficialmente por primera vez en el Congreso de la ONU sobre Delincuencia en 2010, por lo que en 2019 se sometió a votación en la Asamblea General de la ONU. La resolución que inició el proceso hacia un tratado se aprobó con apoyo minoritario, debido al elevado número de abstenciones. No obstante, el proceso ahora está avanzando y participan en él Estados que estuvieron en todos los bandos en el debate.

    La polarización de las posturas en relación con la necesidad de un tratado se ha traducido en una polarización de las opiniones sobre la amplitud que debería tener el tratado: los países que estuvieron a favor de un tratado piden que se incluya una amplia gama de delitos cibernéticos y los que estuvieron en contra de un tratado piden un tratado centrado en los delitos ciberdependientes.

    ¿Qué hay que hacer para que el tratado no sea utilizado por regímenes autoritarios para reprimir el disenso?

    Equilibrar medidas efectivas contra la ciberdelincuencia y garantías de los derechos humanos es la cuestión fundamental que debe resolver el proceso de negociación del tratado, y por el momento no está claro cómo lo logrará. La forma más eficaz de garantizar que el tratado no se utilice para reprimir el disenso y otras actividades legítimas es producir un tratado centrado en un conjunto claro de delitos ciberdependientes con salvaguardias adecuadas y claras de los derechos humanos que atraviesen todo el tratado.

    A falta de un tratado sobre derechos digitales, este tratado tiene que proporcionar esas garantías y salvaguardias. Si se establece un amplio régimen de cooperación sin las salvaguardias adecuadas, existe un riesgo real de que el tratado sea utilizado por algunos Estados como herramienta de opresión y supresión del activismo, el periodismo y otras actividades de la sociedad civil que son vitales en toda estrategia eficaz de respuesta y prevención de la delincuencia.

    ¿Cuánto espacio hay para que la sociedad civil contribuya al proceso de negociación?

    Las negociaciones del tratado se han abierto para que las OSC contribuyan al proceso mediante un mecanismo que no permite a los Estados vetar a OSC individuales. Hay espacio para que las OSC aporten sus contribuciones en cada punto del orden del día, así como a través de reuniones entre sesiones en las que pueden hacer presentaciones y liderar debates con los Estados miembros. Este proceso es, en cierto modo, un modelo de buenas prácticas que otros procesos de negociación de la ONU podrían imitar.

    Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.

    ¿Qué progresos se han hecho hasta ahora y cuáles han sido los principales obstáculos en las negociaciones?

    En teoría, al Comité Ad Hoc le quedan solamente dos reuniones hasta la adopción del tratado: una tendrá lugar en agosto y la otra a principios de 2024. El Comité ya ha celebrado cinco reuniones, en las cuales se han debatido todos los temas y los proyectos de disposiciones que se incluirán en el tratado. La siguiente etapa consistirá en que la Presidencia elabore un borrador del tratado y, a continuación, ese borrador se debata y negocie en las dos próximas reuniones.

    El principal obstáculo ha sido la existencia de diferencias bastante profundas respecto de cómo tiene que ser el tratado: desde un tratado amplio que tipifique y habilite la cooperación en relación con una amplia gama de delitos hasta un tratado estrecho centrado en los delitos ciberdependientes. Esos diferentes objetivos hicieron que hasta ahora el Comité careciera de una visión común. Es esto, precisamente, lo que las negociaciones deben producir en los próximos meses.

    ¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, cumpla su propósito?

    Dependerá de los negociadores de todas las partes, y de lo lejos que estén dispuestos a llegar para lograr un acuerdo, que el tratado tenga un impacto significativo sobre la ciberdelincuencia y, al mismo tiempo, se mantenga fiel a las normas internacionales de derechos humanos y a la ética general de derechos humanos de la ONU. Este sería el resultado óptimo, pero dados la atmósfera política y los desafíos actuales, será difícil de conseguir.

    Existe la posibilidad de que el tratado se adopte sin las salvaguardias adecuadas y que, en consecuencia, sólo sea ratificado por un pequeño número de países, lo cual disminuiría su utilidad, pero también conllevaría riesgos para los derechos únicamente para los países que lo suscriban. También existe la posibilidad de que el tratado contenga normas de derechos humanos muy estrictas, pero que por eso mismo no lo ratifiquen muchos países, lo cual limitaría su utilidad en materia de cooperación pero neutralizaría sus riesgos en materia de derechos humanos.

    Póngase en contacto con la Alianza de ONG para la Prevención de la Delincuencia y la Justicia Penal a través de susitio web, y siga a@GI_TOC y@IanTennant9 en Twitter.
  • TRATADO DE LA ONU CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA: “Se trata de proteger no a los Estados, sino a las personas”

    StephaneDuguinCIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

    Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

    ¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

    Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención dela Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

    Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

    Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

    Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

    Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

    ¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

    El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

    Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

    ¿Cuáles son los principales desafíos?

    El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

    Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

    Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

    No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

    Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

    Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

    Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

    Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

    ¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

    La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

    Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

    El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

    También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

    Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

    En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

    ¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

    Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

    El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

    Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

    ¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

    Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

    El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

    Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.
  • TRATADO DE LA ONU SOBRE LOS PLÁSTICOS: “La salud humana y el medio ambiente deben ser lo primero”

    VitoBuonsanteCIVICUS conversa sobre los avances hacia un Tratado de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Contaminación por Plásticos con Vito Buonsante, abogado especializado en salud ambiental y asesor técnico y político de la Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes (IPEN).

    IPEN es una red global de organizaciones de la sociedad civil (OSC) cuyo objetivo es mejorar las políticas sobre productos químicos y sensibilizar a la opinión pública para asegurar que las sustancias peligrosas dejen de producirse, utilizarse o desecharse de forma perjudicial para la salud humana y el medio ambiente.

    La mayoría de la gente no sabe que se está elaborando un Tratado de la ONU sobre la Contaminación por Plásticos. ¿Cuándo y cómo se inició el proceso?

    En marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), el máximo órgano decisorio mundial en materia de medio ambiente, aprobó un amplio mandato para iniciar conversaciones sobre un tratado internacional que haga frente a las crecientes amenazas de la contaminación por plásticos. El Tratado sobre los Plásticos pretende abarcar todas las repercusiones de los plásticos a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los efectos de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos sobre la salud humana y el medio ambiente. Debería ayudar al mundo a avanzar hacia un futuro libre de productos tóxicos.

    Según el análisis de IPEN, sobre la base del mandato de la UNEA, el acuerdo final debe abordar los impactos de los plásticos y sus sustancias químicas sobre la salud de cuatro maneras. En primer lugar, debe abordar el uso, la liberación y los daños de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la producción hasta el consumo y la gestión de residuos. En segundo lugar, dado que el mandato hace hincapié en la importancia de promover un diseño sostenible, el tratado debe garantizar que se eliminen las sustancias químicas peligrosas de la producción de plásticos y que los plásticos con sustancias químicas peligrosas no se reciclen.

    En tercer lugar, la resolución de la UNEA señala la importancia de prevenir las amenazas para la salud humana y el medio ambiente derivadas de los plásticos tóxicos y demanda coordinación con el Convenio de Basilea de 1989 sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Rotterdam de 1998 sobre la importación de productos químicos peligrosos, el Convenio de Estocolmo de 2001 sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, un marco político mundial adoptado en 2006. Por tanto, el tratado debe abordar las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la exposición a sustancias químicas peligrosas y emisiones tóxicas a lo largo del ciclo de vida de los plásticos.

    En cuarto lugar, está la cuestión de los microplásticos, que la resolución de la UNEA incluye dentro de la contaminación por plásticos. Esto significa que el tratado también debe abordar los peligros para la salud y el medio ambiente de los microplásticos, incluido su potencial para ser vectores de contaminación química.

    ¿Qué progresos se han producido en la primera sesión de negociaciones?

    Del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 se celebró en Punta del Este, Uruguay la primera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, en particular en el medio marino.

    En esta primera reunión, los Estados han tenido la oportunidad de expresar sus intenciones en relación al tratado que imaginan. Por un lado, hemos visto a un gran grupo de Estados, que trabajan bajo el paraguas de la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos, que han expresado su deseo de un tratado que marque la diferencia en la forma en que se fabrican los plásticos y aborde las causas profundas de la contaminación por plásticos. Por otro lado, hay un grupo de Estados que luchan por un tratado que no cambie la situación actual. Entre estos países se encuentran, Arabia Saudita, Estados Unidos y Japón, que quieren un tratado centrado únicamente en la gestión de residuos, en lugar de abarcar todo el ciclo de vida de los plásticos, y basado en compromisos nacionales voluntarios en vez de obligaciones vinculantes para todos.

    La segunda sesión tendrá lugar a finales de mayo y principios de junio en París, Francia. Las negociaciones deberían concluir a finales de 2024, y debería ser posible cumplir el plazo. Es posible acordar medidas globales. La ciencia es muy clara: sería ilusorio pensar que reciclar las crecientes cantidades de plásticos que se producen es la solución a la crisis de contaminación por plásticos, después de 40 años de no conseguir reciclar ni siquiera una pequeña cantidad de esos residuos plásticos. Es demasiado pronto para saber en qué dirección irán las conversaciones, pero debería ser posible acordar una serie de normas globales, aun a riesgo de que algunos Estados no ratifiquen inmediatamente el tratado.

    ¿Cómo sería un tratado ambicioso?

    La medida más importante que debe incluir un tratado eficaz es la reducción de la producción total de plásticos. Si la producción no se ralentiza, en los próximos 20 años la cantidad de plástico se duplicará y será realmente imposible controlarla.

    Una segunda medida clave se refiere al diseño de los plásticos. Aquí es necesario eliminar todos los aditivos químicos tóxicos, como los bisfenoles, los PFAS y los retardantes de llama, y todos los polímeros tóxicos, como el PVC y el poliestireno. Se sabe que estas sustancias químicas tienen efectos perjudiciales para la salud, ya que alteran las funciones hormonales, la fertilidad y las funciones cerebrales de los niños, entre otras cosas. Eliminarlos de los plásticos creará ciclos de materiales más seguros. También es muy importante mejorar la transparencia en lo que se refiere tanto a los ingredientes de los plásticos como a las cantidades y tipos de plásticos producidos. Sin una imagen clara de lo que se produce y dónde, será difícil vencer la contaminación por plásticos.

    La ambición debe extenderse también a la implementación. Los países desarrollados deben comprometerse a crear un fondo para implementar el tratado. Por muy estrictas que sean las disposiciones del tratado, sin una inversión considerable en implementación, su impacto de será limitado. Recientemente se han adoptado compromisos para fondos destinados al clima y la biodiversidad, pero aún no se ha creado un fondo para hacer frente a la contaminación por plásticos y otras acciones relacionadas con los productos químicos y los residuos.

    ¿Qué aportan las OSC ambientalistas a la mesa de negociaciones?

    Las OSC poseen un amplio abanico de conocimientos y experiencias que resultan muy valiosos para los negociadores del tratado. IPEN, por ejemplo, lleva más de dos décadas abogando por el reconocimiento de las repercusiones de las sustancias químicas tóxicas de los plásticos, mostrando claramente a través de numerosos informes científicos y pruebas de plásticos y productos plásticos cómo los productos plásticos exponen a las comunidades y poblaciones vulnerables a sustancias químicas tóxicas.

    Somos optimistas y creemos que prevalecerá la necesidad de resolver esta crisis planetaria. La comunidad internacional ha fracasado con el cambio climático y no puede fracasar también con los plásticos. El Tratado sobre los Plásticos podría ser una forma de demostrar que la cooperación internacional es la mejor manera de resolver los problemas globales y que la salud humana y el medio ambiente pueden y deben anteponerse a los intereses nacionales y empresariales.

    Póngase en contacto con IPEN a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ToxicsFree y@VitoABuonsante en Twitter.
  • TRATADO PANDÉMICO: “Los Estados deben compartir la responsabilidad y rendirse cuentas recíprocamente”

    Barbara StockingCIVICUS conversa con Barbara M. Stocking sobre la necesidad de desarrollar un nuevo tratado internacional sobre pandemias anclado en la solidaridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad.

    Barbara Stocking es presidenta del Panel para una Convención Mundial de Salud Pública, ex presidenta del Murray Edwards College de la Universidad de Cambridge, exdirectora ejecutiva de Oxfam Gran Bretaña y ex presidenta del Panel de Evaluación Provisional del Ébola.

    ¿Qué es el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública y qué motivó su lanzamiento en abril de 2021?

    La Universidad de Miami decidió encuestar a personas expertas de todo el mundo sobre el tema de las pandemias. Esto ocurrió antes de que estallara la pandemia de COVID-19. Necesitábamos saber si estábamos preparados para una pandemia y qué cuestiones debían abordarse. Yo era uno de los expertos en el tema: en 2015 presidí el Comité sobre el Ébola que evaluó la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos meses después se publicó en la revista médica The Lancet un artículo que resumía las opiniones expertas.

    Para entonces la pandemia de COVID-19 ya estaba en curso, y el presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank, propuso hacer algo más que publicar un informe. En 2020 se fundó el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública con el fin de abogar por nuevas formas de abordar el control y la respuesta a los brotes, y se me pidió que lo presidiera.

    El Panel es una coalición independiente de alto nivel para hacer incidencia en derechos humanos. Incluye a expresidentes como Laura Chinchilla, de Costa Rica, y John Mahama, de Ghana, y al ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría. Todos ellos son personas que pueden tener influencia sobre la OMS, sus Estados miembros y otros organismos. No hacemos campañas públicas porque no tenemos los recursos ni la gente, pero actuamos al más alto nivel político.

    En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud acordó poner en marcha el proceso de elaboración de un tratado mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Nuestro grupo de expertos seguirá monitoreando los avances de la idea para asegurarse de que cumple con lo que creemos que es necesario para evitar que los brotes se conviertan en pandemias.

    ¿Qué déficits en la respuesta a la pandemia de COVID-19 hicieron evidente la necesidad de este tratado?

    La necesidad de una convención se hizo evidente para todo el mundo como resultado del COVID-19, pero no se trata solamente del COVID-19. Durante los últimos 20 años, todos los informes concluyeron que no estábamos preparados para hacer frente a una pandemia. El COVID-19 acaba de confirmarlo de la forma más espeluznante.

    La preparación es la clave. Los gobiernos han intentado estar preparados, pero es evidente que no lo estaban. ¿Por qué? Para algunos países fue una cuestión de recursos, y en esos casos debemos asegurarnos de que obtengan los recursos necesarios para tener sistemas de vigilancia sanitaria. Sin embargo, muchos países con abundantes recursos y excelentes sistemas sanitarios tampoco estuvieron preparados. Una de las razones es que muy pocos países practican la preparación. Cuando estaba en el servicio de salud del Reino Unido, cada hospital hacía un simulacro para un incidente grave cada tres años. Necesitamos el mismo enfoque en la preparación de la salud pública. La práctica es clave y debe incluir no solamente a los sistemas sanitarios, sino a todo el gobierno, porque si ocurre algo tan grande, los ministerios y los jefes de Estado también deben involucrarse.

    La sociedad tampoco estaba preparada. Tenemos que asegurarnos de transmitir los mensajes correctos y de involucrar a las comunidades, que sabemos que son muy importantes.

    Cuando se hizo evidente que había un virus circulando, y aún no estaba claro de qué se trataba, y la OMS declaró al COVID-19 una emergencia de salud pública de preocupación internacional, no se hizo demasiado. Febrero de 2020 era un momento clave para actuar, pero se hizo muy poco.

    Todo se reduce a una falta de comprensión fundamental sobre lo que significa ser precavido en el caso de una pandemia. En la mayoría de las cosas de la vida, uno puede preguntarse si una situación va a empeorar y hacer una evaluación realista. Pero con una pandemia, especialmente al principio, no se sabe cómo se replicará el virus y hay que actuar con rapidez. Pero ante el COVID-19, los Estados no lo hicieron. También se opusieron a las directrices de la OMS porque, según ellos, la OMS “no tiene autoridad”.

    El siguiente problema fundamental es que, a pesar de que tenemos normas sanitarias internacionales, la gente tiende a no cumplirlas, y no hay mecanismos para imponerlas y demandar rendición de cuentas. Está claro que también hay que trabajar para actualizar la normativa sanitaria internacional, pero el mayor problema es que los países acepten rendirse cuentas recíprocamente. La expresión que utilizamos es “garantía mutua”: para tomar decisiones difíciles, cada Estado necesita saber que otros harán lo mismo. Esto debería permitirnos vender la idea de la rendición de cuentas.

    No tiene sentido tener un tratado o una convención sobre pandemias a menos que haya disposición a rendir cuentas. Pero esto a menudo es ignorado porque es difícil. Los Estados son soberanos sobre sus territorios y son responsables de la salud de su población, pero también tienen una responsabilidad compartida de mantener el mundo a salvo. Por eso necesitamos un tratado o convención.

    ¿Cómo podría el tratado ayudar a resolver estos problemas? 

    Los principios de equidad, transparencia y responsabilidad deben incorporarse al tratado. Tenemos que pensar en lo que hay que arreglar o corregir, porque son las cosas sobre las que tendremos que rendir cuentas.

    Por ejemplo, en lo que respecta a la preparación, se ha empezado a avanzar, pero sólo a través de revisiones de pares para determinar si los países están preparados. Este sistema tendría que ampliarse. Las revisiones independientes serían algo positivo para el tratado o convención. Necesitamos que alguien más que la OMS realice las evaluaciones de preparación y respuesta, lo que puede hacerse dentro de la estructura de un tratado. La OMS debería establecer las normas y proporcionar apoyo en el rol de “amigo del país”. Podría crearse un organismo pequeño. Como la OMS tiene casi todos los datos, no es necesario empezar de cero. Pero debe haber un organismo con la experiencia y los conocimientos necesarios. Es posible que tenga que rendir cuentas, a través de las estructuras de los tratados, a los jefes de Estado, que esperamos que integren las conferencias de las partes que supervisen este tratado o convención.

    Todas estas cosas se pueden incorporar. Esto no quitará poderes a la OMS, sino que los aumentará.

    ¿Cómo ha participado la sociedad civil hasta ahora en el proceso del tratado?

    La sociedad civil está pidiendo claramente más voz en las cuestiones sanitarias y en el desarrollo del tratado sobre pandemias, y creo que esto es realmente necesario.

    En el ámbito de la OMS, la sociedad civil que participa procede en su mayoría de organizaciones internacionales y sus socios locales, y a menudo trabaja en temas de salud, y me refiero a la salud en sentido amplio, incluida la salud mental.

    Cuando se celebraron las audiencias, la sociedad civil participó activamente y el espectro de organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes se amplió para incluir a OSC de derechos humanos, no solamente a causa de las libertades afectadas bajo las cuarentenas, sino también porque los gobiernos estaban utilizando la pandemia como excusa para violar los derechos humanos. Como resultado, cada vez más OSC de derechos humanos querían tener incidencia en el tratado.

    En cuanto a la participación en el propio proceso del tratado, la OMS tiene una categoría para la sociedad civil, que es la de “observadores oficiales”. Pero la sociedad civil debería tener mucha más influencia en el debate. Al más alto nivel, la OMS está organizando eventos de dos días para proporcionar evidencia a las partes interesadas más allá de los Estados miembros. En abril celebraron un evento de dos días, en el que el Panel participó y dio su opinión sobre el tema. En junio se celebrará otro evento.

    Un problema importante que he visto es la gestión centralizada de la pandemia. Tenemos que involucrar a las comunidades, y esto incluye a la sociedad civil. Cuando se gestiona una pandemia, hay que incorporar la participación de personas y organizaciones a nivel local. Esto no puede hacerlo solo el gobierno central; las autoridades locales deben desempeñar su rol para involucrar a estos grupos. 

    Ampliar la gobernanza del tratado para incluir a la sociedad civil sería todo un desafío, ya que los Estados miembros serán dueños del tratado que firmen, ya sea por consenso o por ratificación gubernamental. Tiene que haber más debate sobre cómo, incluso si hay una conferencia de las partes, podemos incluir más a la sociedad civil y comprometernos con ella. 

    ¿Cuáles son los principales desafíos que prevé en el futuro inmediato en relación con la implementación de un eventual tratado?

    El primer desafío es producir una Convención Mundial de Salud Pública con un fuerte componente de rendición de cuentas. Los Estados deben aceptar que deben rendirse cuentas entre ellos y al mundo. Y aunque a los Estados les resulte difícil aceptar la idea de ser evaluados por personas independientes, necesitamos que las evaluaciones sean realizadas por un organismo independiente. Podemos tener Estados que supervisen su trabajo, pero el organismo tiene que ser capaz de trabajar de forma independiente.

    La noción de “soberanía compartida” sigue siendo difícil de aceptar para los países. Pero habitamos todos el mismo planeta y necesitamos trabajar juntos. Todos estamos interrelacionados, por lo que debemos tener la voluntad de cooperar y ver cómo podemos construir juntos. Algunos se preocuparán por la pérdida de soberanía, pero tenemos que ayudarles a entender la importancia crítica que tiene esto, desde un punto de vista tanto moral como de interés propio. A cada persona le interesa que los demás se comporten bien con ella. Estos son algunos de los bloqueos que debemos superar para lograr un buen tratado.

    En resumen, los Estados ya han acordado elaborar algún tipo de tratado o convención y ya están trabajando en ello. Pero la pregunta es si este será el tratado adecuado. Si todo va bien, tendremos un acuerdo para 2024, y luego habrá que esperar a que los países lo ratifiquen, o no.

    Pero no debemos dejar pasar el impulso porque realmente debemos estar preparados. La gente sigue preguntándonos si podríamos tener otra pandemia en los próximos 10 o 20 años. Bueno, francamente, podríamos tener otra el año que viene. Hay una verdadera urgencia porque los hábitats están cambiando; los animales y los humanos están cada vez más cerca unos de otros.

    Veo que todo el mundo se relaja un poco ya que el COVID-19 parece estar relativamente controlado. Pero no debemos quedarnos dormidos. Es casi seguro que algo similar volverá a ocurrir en el futuro. Lo único que no sabemos es cuándo.

    Póngase en contacto con el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública a través de susitio web.

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