grupos anti-derechos

 

  • REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Somos parte de un movimiento antirracista global’

    CIVICUS conversa con Elena Lorac, coordinadora de Reconoci.do, una red cívica independiente y pluralista conformada principalmente por personas dominicanas jóvenes de ascendencia haitiana. Reconoci.do defiende los derechos humanos y promueve la integración real, plena y efectiva en la sociedad dominicana de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Con presencia a lo largo de la República Dominicana, Reconoci.do sostiene la visión un país multicultural donde personas diversas conviven dignamente, sin estigma ni discriminación, y sus derechos fundamentales son respetados por la sociedad y protegidos por el Estado.

    Elena Lorac

    ¿Cuándo y por qué surgió Reconoci.do, y cuáles son los objetivos de la organización?

    Reconoci.do es un movimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana, mayormente jóvenes, que luchamos por nuestro derecho a la nacionalidad y por el acceso a todos los derechos que se derivan de esta pertenencia: derechos civiles, políticos y sociales; derechos tan básicos como el derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación y a la salud, que nos son sistemáticamente negados.

    El movimiento se formó a fines de noviembre de 2011, en reacción a una resolución de la Junta Central Electoral que suspendió “temporalmente” la validez de nuestras actas de nacimiento y documentos de identidad, es decir, en un contexto en que, en vez de avanzarse en el reconocimiento de derechos, se estaban produciendo retrocesos que institucionalizaban una exclusión histórica.

    Hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana reconocía como nacionales a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la excepción de los miembros del personal diplomático y las personas consideradas “en tránsito”, expresión que en principio se refería solamente a quienes llevaban unos pocos días en el país. Durante ocho décadas, bajo estas definiciones el Estado entregó certificado de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte dominicanos a los hijos e hijas de padres haitianos nacidos en el país. Sin embargo, en los años ’90 grupos nacionalistas empezaron a impulsar una interpretación restrictiva que, en 2004, se tradujo en una nueva Ley de Migración según la cual los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores migrantes indocumentados eran considerados extranjeros “en tránsito”, con lo cual sus hijos ya no tendrían acceso a la nacionalidad dominicana por el solo hecho de haber nacido en el país. La Junta Central Electoral, el organismo que coordina el registro civil, empezó a aplicar esta ley en forma retroactiva, y en 2007 institucionalizó esta práctica mediante una circular y una resolución que impidieron la expedición o renovación de documentos de identidad a los hijos nacidos en la República Dominicana de inmigrantes haitianos que estaban en situación migratoria irregular. En 2010, la nueva Constitución denegó el derecho automático a la nacionalidad a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular. Por último, en septiembre de 2013 la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció que las personas nacidas en el país cuyos padres hubiera estado en situación de indocumentación nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia se aplicó con carácter retroactivo a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007, es decir, despojó de la nacionalidad dominicana a cuatro generaciones de personas, mayormente de ascendencia haitiana, que durante ocho décadas habían sido registradas como dominicanas.

    Estos cambios legales institucionalizaron una exclusión histórica que ha sido perpetuada por una política de odio, racismo y xenofobia impulsada por grupos nacionalistas. Desde la visión dominante, todo lo que viene de Haití es extraño, ajeno e imposible de asimilar. Así, personas como yo, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, somos tratadas como extranjeras. Por haber nacido en República Dominicana, tampoco el Estado haitiano nos considera haitianos. Y en todo caso, estamos hablando de personas que en muchos casos nunca hemos ido a Haití, que nos hemos criado aquí y hablamos español; muchos jóvenes de hecho no hablan nada de creole. La falta de reconocimiento es terriblemente dolorosa.

    Para resolver la situación creada por el Tribunal Constitucional, y en respuesta a una fuerte labor de incidencia tanto nacional como internacional, en 2014 se aprobó la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial. Esta ley estableció un régimen especial para las personas consideradas “descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular”, sobre la base de la distinción entre dos grupos. A los integrantes del “Grupo A”, que incluyó a quienes en el pasado habían estado inscriptos en el registro civil dominicano, la ley les reconoció la nacionalidad dominicana y ordenó a la Junta Central Electoral entregarles o devolverles sus documentos de identidad. En cambio, a los del “Grupo B”, que aunque habían nacido y vivido siempre en el país y no mantenían vínculo alguno con el país de origen de sus padres, nunca habían estado inscriptos, la ley les dio un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros, con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en un plazo de dos años. Esta distinción es completamente arbitraria, y es común encontrar familias con hermanos que pertenecen a uno y otro grupo, así como familias que, aunque habían inscripto a sus hijos, se quedaron sin papeles como consecuencia de algún desastre natural y no pudieron iniciar el proceso de naturalización debido a su situación económica, a la lejanía de las oficinas administrativas y las tarifas involucradas. Apenas unos pocos miles de personas del Grupo B han logrado conseguir la nacionalidad por esta vía. Actualmente hay unas 133 mil personas jóvenes en situación de apatridia.

    Actualmente yo tengo mi cédula como resultado de la Ley 169-14; me la dieron cuando tenía 27 años. Mis años de desarrollo personal y formación y los inicios de mi vida productiva quedaron truncos porque no tenía cédula y no pude ir a la universidad. Muchos de mis compañeros y compañeras activistas están en la misma situación. Algunos han podido avanzar en la universidad y hasta llegaron a graduarse, mientras que otros no tuvieron la misma suerte.

    ¿Han llevado la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana a los foros regionales o internacionales de derechos humanos?

    Durante décadas, la comunidad internacional y la sociedad civil dominicana han hecho incidencia tanto a nivel nacional como internacional para denunciar el atropello, la discriminación y el racismo estructural en la República Dominicana.

    Conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), nosotros trabajamos asiduamente en el sistema interamericano, por ejemplo participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares a miembros del movimiento que habían sido amenazados o atacados. También en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que obligaba al Estado a devolvernos la nacionalidad. Pero el Tribunal Constitucional no reconoció la sentencia. El Estado dominicano no acata las decisiones de la Corte.

    El Estado no asume que hay un problema por resolver. Hoy nuestra lucha es mucho más compleja que cuando comenzamos porque ahora existe la sensación de que la situación está resuelta, y no es así. La gran mayoría de los jóvenes en esta situación provenimos de los bateyes, guetos o comunidades que se establecieron en la era de producción de caña de azúcar a finales del siglo XIX, cuando República Dominicana y Haití acordaron traer braceros haitianos a trabajar en el país. Estas personas, a veces por el engaño e incluso por la fuerza, eran llevadas directamente a los bateyes, unas pequeñas aldeas ubicadas en los alrededores de las explotaciones de caña. Los jóvenes que vienen de estos sitios alejados de las ciudades están en una situación muy vulnerable. La gran mayoría no tiene nada; son varias generaciones de familias que no tienen documentos, y sin ellos no pueden conseguir trabajo ni estudios. A los que logramos terminar el bachillerato y pretendemos ir a la universidad, nos sucede lo que me ocurrió a mí, que cuando quise comenzar la universidad me enteré de que, aunque tenía mi acta de nacimiento, no estaba habilitada por ser hija de padres haitianos. Para mí fue un golpe enorme, y es así para decenas de miles de jóvenes. De repente te dicen que no existes, y esto conlleva enormes traumas psicológicos. El Estado culpa a nuestros padres o abuelos, cuando en verdad fue el mismo Estado que los trajo para trabajar en la producción de azúcar, pero como ahora esa industria ya no existe, también quieren acabar con nosotros.

    Estas injusticias nos cierran caminos. Nos dejan sin perspectivas de futuro. Es por eso que de sitios como este surgió nuestro movimiento.

    ¿Cuáles fueron las implicancias de esta situación en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

    La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales, empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los registros gubernamentales.

    ¿En qué medida la situación que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana es resultado del racismo?

    Esta situación es del principio al fin un problema de racismo estructural. El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al país, confirmó que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos de identidad.

    En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo el cabello crespo, constantemente me cuestionan aunque tenga papeles, y en caso de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras, generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas negras de ascendencia haitiana.

    La población dominicana es una población negra que no se reconoce a sí misma como tal. Evidentemente hay un problema de racismo sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.

    Así, con el correr del tiempo, como movimiento nos dimos cuenta de que el problema de la nacionalidad que nos movilizó en primer lugar no era solamente un problema de papeles, identificaciones y registros, sino también y más profundamente un problema de identidad y discriminación racial que se remonta al contexto histórico de nuestros ancestros.

    En consecuencia, somos un movimiento que no solamente lucha por la nacionalidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también comparte las luchas de todos los movimientos antirracistas y se moviliza contra todas las discriminaciones. Por eso nos solidarizamos y apoyamos todo tipo de manifestaciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de todas las minorías estigmatizadas y discriminadas.

    ¿Cómo repercutieron en la República Dominicana las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos?

    En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación, ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.

    Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve la situación que experimentamos nosotros.

    ¿Han recibido amenazas o ataques de movimientos anti-derechos?

    Hay varios grupos ultranacionalistas que se movilizan en reacción contra nuestras movilizaciones y eventos, básicamente para amedrentarnos y boicotear nuestras actividades. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional el clima se ha vuelto más favorable para los discursos de odio y ha habido numerosos actos de hostilidad. Muchos integrantes de nuestro movimiento y de otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana son objeto de agresiones, tanto verbales como físicas, como se ha reflejado en numerosos informes de derechos humanos. De ahí que en algunos casos hubiera que solicitar a la CIDH medidas de protección para compañeros y compañeras. Incluso las personas dominicanas que no son de ascendencia haitiana y se solidarizan con nosotros son catalogadas como traidoras la patria. Estas expresiones se han vuelto más comunes porque no han sido repudiadas con firmeza por las autoridades.

    Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de las actividades que planificamos en conmemoración de George Floyd.

    Desde que se anunció la actividad Una Flor para Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo un boicot contra el país trayendo temas que no son del país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas personas pensaron que no íbamos a poder hacer la actividad. Días antes del evento, el líder de uno de esos grupos anti-derechos, Antigua Orden Dominicana, nos amenazó a través de un video donde decía que si lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos no lo permitirían.

    El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos se hicieron presentes. No era la primera vez que lo hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se presentaron y se generó una situación similar.

    El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las compañeras que estaban manifestándose en ese momento, y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez junto con otra persona que participaba de la actividad. Cada vez que se hace una protesta relacionada con el tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene para reprimir.

    ¿Qué clase de apoyo necesitarían de la sociedad civil internacional y del movimiento antirracista global?

    Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que debemos hacerle frente.

    Lo que necesitamos es más apoyo para difundir la situación actual que se vive en nuestro país. El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia. Que todo lo que decimos es mentira y que estamos pagados por ONG internacionales para hacerle daño al país. Lo que nosotros buscamos es visibilidad y ayuda para denunciar las realidades terribles que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Nosotros no contamos con suficientes recursos para dar publicidad a nuestra causa, y la solidaridad internacional es lo que nos permite llevar adelante nuestras luchas y darlas a conocer a nivel mundial.

    El apoyo internacional es una de las cosas que nos han ayudado a salir adelante. Hemos tenido apoyo de grupos de la diáspora dominicana en Nueva York. Uno de ellos, We Are All Dominican, nos ha venido apoyando desde 2013. En el contexto de la pandemia nos ha ayudado a asegurar la alimentación y otras necesidades básicas de más de 250 familias durante tres meses. Todos los apoyos son bienvenidos, ya sean expresiones de solidaridad, contribuciones a la difusión o acciones de protección para personas defensoras de derechos humanos.

    El espacio cívico en República Dominicana es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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  • SWEDEN: ‘Swedish civil society needs to defend democracy at the grassroots level on a daily basis’

    Anna Carin HallAs part of our 2018 report on the theme of reimagining democracy, we are interviewing civil society activists and leaders about their work to promote democratic practices and principles, the challenges they encounter and the victories they score. Following Sweden’s September election, CIVICUS speaks to Anna-Carin Hall, press officer at Kvinna till Kvinna (Woman to Woman), a Swedish civil society foundation that seeks to strengthenthe role of women in conflict regions by collaborating with women’s organisations and supporting their work to promote women’s rights and peace. Its advocacy focuses on six thematic areas: safe meeting places, the empowerment of women’s rights defenders, increasing women’s power, women’s participation in peace processes, power over one’s body and security for all.

    Sweden’s September election saw support fall for the established centre-left and centre-right parties and rise for the far-right Sweden Democrats. What factors lie behind this result, and what broader trends do you think it points to?

    First, I must emphasise that my answers reflect my own personal opinions rather than those of the organisation I work for. Kvinna till Kvinna is a politically and ideologically independent organisation and has only taken one single standpoint regarding the elections – against what we see as the Sweden Democrats’ anti-feminist policy.

    That said, the drop in support for social democratic parties, for example, is an ongoing trend all over Europe, and not just in Sweden, so one answer could be that this global trend towards a more traditional, nationalist and authoritarian climate finally got hold of Sweden, too.

    Part of the explanation is, as always, fear of globalisation, as traditional jobs move out of Sweden as a result of cost-efficiency thinking, and a large influx of migrants over a short time span, particularly in 2015, create a heavy pressure on the Swedish welfare system, including education and health services, as well as housing shortages.

    Before the election there was also public discussion about the gap between urban and rural areas in Sweden, and around health services shutting down in remote areas. Support for the Sweden Democrats is more common in regions with low education, low income and high unemployment.

    Nevertheless, the Swedish economy is still very strong, and Swedes are in no way suffering economically because of heavy immigration. But large migration centres set up in the countryside have altered the makeup of the population very quickly, causing tension in these places. Additionally, long-term studies in Sweden have shown that for many decades public opinion has been less pro-immigrant than the policies of the dominant parties, and the Sweden Democrats are now being able to capitalise on this.

    Apart from the economy, insecurity issues have also been used to stir anti-immigrant sentiment. A rising level of spectacular shootings among criminal gangs in some immigrant-dominated suburbs has attracted the attention of both Swedish and international media – one of those events was even mentioned by US President Donald Trump, who incorrectly implied that it had been a terrorist attack – and alt-right websites have used these politically a lot.

    Longer term, do you expect support for far-right causes to continue rise, or do you think it has peaked?

    There are different views on this. Some analysts say that the Sweden Democrats have become popular because the other parties in parliament have tried to shut them out. As a result, the Sweden Democrats and their supporters have been able to play the role of victims and claim that the political elite does not care for the views of the common people. Some therefore argue that the Sweden Democrats should be included in the government, and refer to the case of Finland, where Sannfinnlandarna, a nationalist party, reached the government and showed themselves unfit to govern, as a result of which support for them rapidly dropped. This is suggested as one potentially easy way to get the Sweden Democrats off the agenda.

    Several analysts have predicted that the Sweden Democrats will rise a bit more in the next election and will then start to lose popularity. The explanation for this would be that the right turn in the Western world will eventually fade out - but this is really just an assumption, with not much in terms of facts to support it.

    Are these trends indicative of rising currents of xenophobia and racism? If so, how have the more mainstream political parties responded to these and how have they impacted on rights-oriented civil society?

    There is a discussion in Swedish media right now regarding whether support for the Sweden Democrats is driven mainly by xenophobia and racism. Some opinion-makers claim this is the case, but there are surveys pointing towards the fact that Swedes think that the problem is failed integration, rather than immigration itself. Swedish society hasn´t been able to provide immigrant groups with proper education in Swedish, guidance about the Swedish community, decent jobs and so on.

    The change in the political climate manifests itself in, for example, more outspoken discussion of the costs of immigration and its impact on the Swedish welfare system. We can also see a more vivid discussion around cultural or traditional behaviour, such as honour crimes, with some claiming that for too long Sweden has not taken a strong stand against this and avoided several conflictive issues around immigration and integration that were considered culturally sensitive.

    The normalisation of the Sweden Democrats, a party that originated in the Neo-Nazi movement of the 1970s and 1980s, has also led to a louder alt-right Neo-Nazi movement in Sweden, which though still low in numbers, gets a lot of media attention. Several alt-right media outlets are spreading fake news about crime rates among immigrants. Alt-right groups are also making threats, spreading hatred and running smear campaigns in social media. This climate may very well lead to self-censorship among pro-immigration, feminist and LGBTQI groups.

    Mainstream parties have responded to all of this by moving towards a more moderate immigration policy and placing higher demands on immigrants – for instance, by introducing new requirements that they must meet in order to receive social aid and subsidies. Rights-oriented civil society groups are still trying to raise their voices in favour of a generous immigration policy based on humanitarian values, but they aren’t getting much attention these days.

    How is civil society working to combat xenophobia, racism and right-wing populism in Sweden, and what else could it do to build support for human rights and social justice?

    Open racism and xenophobia are in no way tolerated by the vast majority of Swedes, and several local rallies have been staged against racism and the Neo-Nazi movement both before and after the elections. Rights-oriented civil society has prepared for a long time to counter these trends, but stills needs the support of large groups of everyday people to have an impact on official discourse and the public conversation.

    Swedes take great pride in their open society and will likely defend the free press, the freedom of speech and gender equality, among other values. Threats and hatred against immigrants, journalists, feminists and LGBTQI activists get much attention in the media and several political actions have been organised to prevent them from happening. So, if a right-wing government forms with silent or open parliamentary support from the Sweden Democrats, we will likely see a lot of strong reactions from the political and cultural establishment as well as from civil society.

    In the long run, Swedish civil society needs to work to defend democracy at the grassroots level on a daily basis, and maybe it also needs to go to the barricades to build opinion and change what could turn out to be a dangerous course of history.

    Civic space in Sweden is rated as ‘open’ by the CIVICUS Monitor.

    Get in touch with Kvinna till Kvinna through its website and Facebook page or follow@Kvinna_t_Kvinna on Twitter.

     

  • TÚNEZ: ‘La respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia’

    En vísperas del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Ramy Khouili, director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD). Fundada en 1989 por el movimiento feminista autónomo en respuesta al feminismo estatal, ATFD promueve la igualdad de género en todas las áreas, desde la esfera política hasta los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos sexuales, corporales y reproductivos de las mujeres, y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

    Tunisia Interview

    ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Túnez? ¿Cuánto han logrado hasta ahora?

    Alrededor de un mes después de la independencia, en 1956, se promulgó el Código de Estatus Personal. Hasta el día de hoy este código sigue siendo considerado el más progresista y revolucionario de la región, porque abolió la poligamia, instituyó el matrimonio civil y abolió el repudio y muchas otras formas de degradación de las mujeres. Desde entonces hemos tenido una situación muy peculiar, ya que en la esfera pública ha prevalecido el feminismo estatal. Aunque vivimos bajo una dictadura durante casi 50 años, Túnez fue siempre elogiado como un buen ejemplo para la región en lo que concierne a los derechos de las mujeres. Este elogio tomó de rehenes a las mujeres, negándoles el derecho a una igualdad real. En respuesta a ello se fundó un movimiento feminista autónomo que se impuso la misión denunciar que la situación no era tan buena como el régimen la presentaba, lo cual le provocó muchísimos problemas.

    Después de la revolución de 2011 hubo un resurgimiento de los grupos islamistas y conservadores, por lo que los derechos de las mujeres fueron amenazados. Entre 2011 y 2014, durante el proceso para redactar una nueva constitución, la mayoría islamista trató de imponer el concepto de “complementariedad” entre el hombre y la mujer, en reemplazo del de igualdad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debieron realizar muchos esfuerzos y se debieron organizar muchas movilizaciones callejeras para evitarlo. En consecuencia, el Artículo 21 de la Constitución de Túnez ahora establece de manera clara que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación.

    Fue gracias a este movimiento social que se logró redactar una constitución que es considerada la más progresista de la región. El Artículo 46, un agregado de último momento, reconoce el rol del Estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos de las mujeres y prohíbe todo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

    Desde entonces hemos logrado otros cambios legales. En 2016 se aprobó una ley contra el tráfico de personas y en 2017 se aprobó una ley anti-violencia, que fue la primera en su tipo en la región y fue redactada principalmente por activistas de la sociedad civil y organizaciones feministas. En materia de representación política, la ley de partidos políticos aprobada en 2011 estableció que todas las listas electorales deben tener paridad de género.

    ¿Qué desafíos persisten?

    La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.

    Por mucho tiempo, Túnez fue presentado como un buen ejemplo en materia de planificación familiar y salud reproductiva, dado que estableció programas de planificación familiar y salud reproductiva ya en los años ‘50 y ‘60, y concedió a las mujeres el derecho al aborto a comienzos de los ‘70, incluso antes que muchos países europeos. Sin embargo, desde la revolución hemos notado que las autoridades estatales han dado un paso atrás en el área de los servicios sociales, especialmente de educación, salud y salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos y al aborto se está volviendo más limitado y cada vez hay más necesidades insatisfechas en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual es alarmante.

    En 2019, junto con otras OSC de Túnez, presentamos un informe sombra con un seguimiento de los avances realizados en dirección de los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y señalando los desafíos futuros. Nuestro informe ofreció una perspectiva diferente de la del gobierno de Túnez. Una de nuestras más grandes preocupaciones es que Túnez es un país con mayoría musulmana y cuando se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Estado de Túnez presentó, en común con otros países de mayoría musulmana, una declaración donde advertía que no se comprometería con ninguna medida que pudiese contradecir los valores del islam. El Artículo 1 de la nueva Constitución establece que Túnez es un país musulmán. La mencionada declaración sigue en pie. Aunque ha levantado la mayoría de sus reservas respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado de Túnez no levantó todas sus reservas respecto de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. De modo que sigue habiendo desafíos tanto en la ley como en la práctica. 

    ¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos, y qué está haciendo la sociedad civil para enfrentarlos?

    Al principio de la pandemia del COVID-19, la ATFD emitió una advertencia a las autoridades tunecinas donde expresó sus preocupaciones relativas al período de cuarentena, en el cual muchas mujeres han tenido que permanecer enceradas en sus hogares junto con sus agresores. Teníamos razón, ya que el número de casos de violencia de género siguió creciendo durante la cuarentena. El Ministerio de Asuntos de las Mujeres dijo que la cantidad de llamadas recibidas a través del número de teléfono de emergencia creado por el gobierno se multiplicó por cinco. En nuestros centros de atención también hemos observado un pico, ya que el número de mujeres víctimas de violencia que buscaron nuestro apoyo aumentó. La situación se tornó más difícil cuando la gente empezó a actuar en forma más agresiva. Sin embargo, al mismo tiempo se volvió cada vez más difícil ir a una estación de policía o buscar servicios de salud, de modo que el acceso a los servicios disminuyó. Las mujeres se han sentido aisladas y se vieron obligadas a seguir conviviendo con sus agresores durante la cuarentena.

    La mayoría de los tribunales cerraron durante la cuarentena y nosotros tuvimos que hacer cabildeo con el alto consejo del sistema judicial y el Ministerio de Justicia para incluir casos de violencia contra las mujeres entre los casos de emergencia que estaban siendo tratados durante la cuarentena. Afortunadamente, nuestro pedido fue aceptado.

    El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado porque, por temor al virus, las mujeres no podían salir a buscar estos servicios. Tuvimos que colaborar con el Ministerio de Salud y el de Asuntos de las Mujeres para encontrar soluciones para esta situación, y ahora estamos tratando de encontrar una forma de asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

    Asimismo, los derechos socioeconómicos de las mujeres han sido severamente afectados. Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas, hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen acceso a ayuda gubernamental.

    Hemos hecho mucho trabajo de incidencia con las autoridades porque la respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia. Hemos trabajado con la mayoría de los ministros. Nos hemos reunido con la mayoría de los departamentos ministeriales para crear conciencia. Hemos enviado documentos políticos y cartas abiertas. Continuamos brindando servicios en nuestros centros de atención, los cuales siguen operando. También hemos adaptado estos servicios para que puedan ser brindados por teléfono. Hemos lanzado una campaña contra la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, la cual ha sido seguida por miles de personas y ha tenido mucho éxito. Como resultado de ello, el departamento de Facebook para Medio Oriente y África del Norte se puso en contacto con nosotros y ahora estamos trabajando con ellos para amplificar el impacto de futuras campañas. También vamos a establecer canales de comunicación con Facebook para reportar violencia y expresiones de odio en las redes sociales.

    ¿Qué restricciones de las libertades de asociación, expresión y protesta han enfrentado durante la pandemia, y qué están haciendo para superarlas?

    No hemos enfrentado restricciones procedentes del gobierno, pero nuestra presencia en el espacio público se ha visto afectada por la imposibilidad de hacer manifestaciones. Las manifestaciones son algo a lo que estamos acostumbrados, porque ocupar el espacio público para decir “estamos aquí y reclamamos esto o aquello” se una táctica que funciona. Y ahora no lo podemos hacer. Pero estamos moviéndonos hacia una nueva fase de la cuarentena y tal vez pronto pueda ser un poco más fácil, de modo que ya estamos pensando en nuevas formas de protestar respetando las medidas de distanciamiento social. Estamos reflexionando sobre cómo adaptar nuestras tácticas de movilización. Estamos enfocándonos en las redes sociales, así como en los medios tradicionales, para comunicar nuestros mensajes y hablar de los problemas que enfrentamos, y llegar al mayor número posible de personas. También tratamos de diversificar nuestros medios de comunicación para llegar a diferentes públicos.

    Asimismo, estamos estableciendo una coalición con el sindicato de periodistas, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y otras organizaciones para trabajar sobre el impacto que ha tenido la respuesta a la pandemia sobre los derechos humanos.

    Muchos donantes y aliados han sido muy flexibles porque era obvio que no podíamos seguir operando como si nada hubiese cambiado. Tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades, posponer otras y resignar el presupuesto para asistencia social. La mayoría de nuestras contrapartes han sido comprensivas y hemos tenido buenas discusiones con ellos para reajustar nuestros planes a la situación causada por la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido problemas con donantes que han disminuido salarios durante este período.

    Además de afrontar los problemas más urgentes, también estamos en un proceso de reflexión interna y con nuestros socios y aliados. Queremos ver cambios positivos como resultado de la pandemia. Queremos una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas se sientan incluidas. La pandemia ha revelado algunos problemas subyacentes que el gobierno durante mucho tiempo había preferido ignorar, pero que ahora necesitarán ser abordados, como por ejemplo las fallas y limitaciones del sistema de salud.

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil de Túnez de parte de la comunidad internacional?

    La principal forma de apoyo es el trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar juntos porque nosotros tenemos experiencia en el terreno, mientras que las organizaciones internacionales tienen redes más amplias, son capaces de trabajar en una variedad de contextos y tienen acceso a mecanismos internacionales y capacidad para influir sobre la agenda internacional. Para que una alianza sea efectiva, debe trabajar simultáneamente para influir a nivel tanto nacional como internacional. La pandemia ha mostrado que algunos de los problemas más grandes no pueden ser atacados desde el nivel nacional, sino que debemos trabajar a nivel internacional y en colaboración con redes regionales. Si juntamos esas dos cosas, creo que podemos lograr un mayor impacto.

    El espacio cívico en Túnez es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas a través de su página deFacebook y siga a@atfd_tunisie en Twitter y afemmes_democrates en Instagram.

     

  • UNITED NATIONS: ‘Anti-rights groups come in under the pretence of speaking about human rights’

    As part of our 2019 thematic report, we are interviewing civil society activists and their allies about their experience of facing backlash by anti-rights groups. CIVICUS speaks to two United Nations (UN) officials, speaking on condition of anonymity, about the increasing space that is being taken up by anti-rights groups at the UN Human Rights Council, and the strategies that need to be developed to strengthen progressive narratives and civil society responses.

     

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