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  • INDIA: “Las organizaciones de la sociedad civil que se atreven a decirle la verdad al poder son atacadas”

    Mrinal SharmaCIVICUS habla con la abogada e investigadora de derechos humanos Mrinal Sharma acerca del estado de las libertades cívicas en India. Mrinal trabaja ayudando a personas defensoras de derechos humanos ilegalmente detenidas y a solicitantes de asilo, refugiados y apátridas en India. Trabajó como Asesora de Políticsa en Amnistía Internacional India hasta que el gobierno de este país obligó a la organización a cerrar en octubre de 2020. Su trabajo con Amnistía se enfocó en las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en Assam, en las barreras para el acceso a la justicia en Cachemira y en la demonización de las minorías en toda India. Mrinal había trabajado anteriormente en la Commonwealth Human Rights Initiative y en la Refugee Solidarity Network.

    ¿Se están volviendo más restrictivas las condiciones para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi?

    Ciertamente, el espacio cívico en la India ha experimentado un deterioro gradual bajo el gobierno de Modi. El 90% de los delitos de odio perpetrados en la última década se produjeron después de 2014, es decir, durante el gobierno de Modi. Según la base de datos sobre sedición de Artículo 14, desde 2010 11.000 personas han sido acusadas de sedición en la India. El 96% de los casos de sedición iniciados desde 2010 por criticar al gobierno nacional y a sus líderes fueron iniciados durante el gobierno de Modi. La India no es ajena a la tendencia al bloqueo deliberado del acceso a internet y ostenta el récord de haber impuesto el mayor número de bloqueos de internet en todo el mundo. Según el Internet Shutdown Tracker del Software Freedom Legal Centre, la cantidad de bloqueos de internet ha aumentado constantemente desde 2014. Estos alcanzaron su punto máximo en 2019, lo cual dio cuenta del prolongado apagón de las comunicaciones impuesto por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Además, entre 2012 y 2020, 148 de los 385 bloqueos de internet fueron impuestos para contener “situaciones de orden público” en curso, un eufemismo que suele utilizarse en referencia a las protestas pacíficas. Estos datos indican la magnitud de las restricciones impuestas sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en la India.

    Además, el uso de leyes restrictivas tales como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Pública y otras leyes de detención preventiva para frenar las protestas contra las políticas discriminatorias del gobierno también se ha convertido en algo habitual. Ni siquiera esta virulenta pandemia ha disuadido al gobierno indio de detener o mantener detenidas a personas defensoras de derechos humanos de avanzada edad o en mal estado de salud, a pesar de la situación de hacinamiento en las cárceles. En julio de 2020, Varavara Rao, un poeta y activista de 81 años que fue acusado en virtud de la UAPA por su presunta participación en actos de violencia ocurridos durante las celebraciones de Bhima Koregaon en 2018, dio positivo para el COVID-19 mientras estaba detenido en una prisión superpoblada de Maharashtra. Tras pasar más de dos años y medio detenido a la espera de juicio y de realizar múltiples intentos fallidos para obtener la libertad bajo fianza, recientemente fue puesto en libertad por seis meses en consideración de su precario estado de salud. Del mismo modo, Safoora Zargar, una investigadora académica que estaba embarazada de tres meses fue acusada bajo la UAPA y detenida en otra prisión superpoblada de Delhi por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA). Fue necesario llevar a cabo una intensa campaña pública internacional, nacional y local para que fuera puesta en libertad bajo fianza. Muchos estudiantes siguen detenidos.

    La pandemia ha sido utilizada para activar leyes draconianas de “emergencia”. Estas leyes otorgan amplios poderes al gobierno para detener y encarcelar a cualquiera que infrinja el confinamiento punitivo impuesto para frenar la propagación del virus. Estas leyes fueron aplicadas en forma arbitraria contra periodistas, trabajadores esenciales y personas pertenecientes a grupos excluidos. Algunos fueron incluso torturados y asesinados mientras estaban bajo custodia policial. Según un informe reciente del Proyecto de Justicia Penal y Responsabilidad Policial, la mayoría de los informes contravencionales elevados durante el confinamiento en el estado de Madhya Pradesh fueron contra peatones, y en particular contra vendedores ambulantes y personas en vehículos de dos ruedas, lo cual dejó en evidencia la aplicación discriminatoria de las leyes de emergencia.

    Cabe señalar que la aplicación de estas leyes es un hilo conductor que une a sucesivos gobiernos. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas por el gobierno anterior; el gobierno actual simplemente las ha utilizado para atacar a grupos sociales específicos.

    ¿Cuáles son los principales motivos que dan cuenta de los ataques contra activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC)?

    La sociedad civil desempeña un rol muy importante a la hora de acortar distancias entre derechos y derechohabientes. Al hacer ese trabajo, también comprende los defectos de los sistemas sociales y económicos y tiene poder para cambiar el statu quo exigiendo el fin de las desigualdades y desmantelando las estructuras de poder existentes, cosa que ha hecho con éxito en el pasado. Los líderes políticos demonizan a las OSC, desacreditan su trabajo y experiencia y las convierten en chivos expiatorios en función de sus creencias políticas para adquirir poder y beneficiarse políticamente.

    Estos constantes ataques adoptan la forma de restricciones ilegales y uso de términos vagos e imprecisos para describir a las personas defensoras de derechos humanos, a los manifestantes pacíficos y a sus motivaciones, y así moldear a la opinión pública. Entre esos términos se cuentan los de “antinacional”, “naxal urbano” y el más reciente “aandolanjivis” (manifestantes profesionales). Las OSC también son descritas como portadoras de una “ideología extranjera destructiva”, como una elite corrupta y como ese “otro” que trabaja contra el pueblo, mientras que quienes lideran esta demonización son presentados como representantes de ese “pueblo”. Esto aviva aún más las hostilidades entre grupos sociales, distrae al público de las verdaderas taras de la sociedad y habilita la adopción de políticas discriminatorias. Además, la restricción selectiva del derecho de las personas a las libertades de expresión y asociación con el objeto de silenciar las críticas y perpetuar la narrativa del gobierno también conduce efectivamente a la polarización, que es un terreno fértil para promover agendas políticas estrechas.

    ¿Qué cuestiones de derechos humanos son las que más preocupan a Amnistía Internacional en la India?

    La flagrante criminalización del disenso en la India sigue siendo muy preocupante. Las interrupciones masivas de Internet, el uso excesivo, innecesario y a menudo ilegal de la fuerza por parte de la policía y las detenciones ilegales en virtud de las leyes antiterroristas se han convertido en algo demasiado habitual. Dan prueba de ello la respuesta de mano dura del gobierno frente a las protestas pacíficas contra la decisión unilateral de despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía constitucionalmente garantizada, en medio de un apagón total de las comunicaciones, la promulgación de la discriminatoria CAA y, más recientemente, la aprobación de tres leyes agrícolas que pretenden desregular la agricultura en la India.

    Desde septiembre de 2020, más de 160 agricultores han muerto mientras protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Muchos jóvenes activistas que apoyan a los agricultores están detenidos bajo cargos de sedición. Al menos 50 personas murieron en los disturbios que estallaron en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Además, la burbuja de noticias falsas y desinformación facilitada por los modelos de negocios de las grandes empresas tecnológicas, que están basados en la vigilancia, combinada con marcos débiles para la protección de los datos, alimenta constantemente la política de demonización en la India.

    También son preocupantes las represalias del Estado contra quienes denuncian violaciones y delitos de casta, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y ataques contra minorías religiosas perpetrados por turbas de civiles armados y policías. A modo de ejemplo, a pesar de las pruebas irrefutables, grabadas en video, que muestran la complicidad de agentes de policía en los disturbios producidos en el noreste de Delhi en febrero de 2020, hasta ahora no hay ningún policía procesado. Al mismo tiempo que se ignoran sistemáticamente la violencia y el discurso de odio de los partidarios de la CAA, los manifestantes contrarios a la CAA siguen siendo acosados e intimidados por el gobierno.

    ¿Podría contarnos acerca de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA) y su impacto sobre la sociedad civil?

    La FCRA regula las donaciones extranjeras en la India. Ostensiblemente, fue promulgada para regular las donaciones extranjeras a los partidos políticos y controlar la influencia extranjera en las elecciones indias. Enmendada en múltiples ocasiones desde su aprobación en 2010, se ha convertido en un arma eficaz en manos del gobierno para sofocar a la sociedad civil india. Su versión más reciente impone restricciones discriminatorias al acceso de las OSC a financiamiento, imponiendo procedimientos de autorización onerosos, altamente burocráticos y difíciles de realizar. Desde 2011, según lo admite el propio gobierno, se han cancelado las licencias de más de 20.000 OSC. Las organizaciones que se atreven a decirle la verdad al poder o a cuestionar las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional India, son atacadas con la FCRA mediante acusaciones motivadas políticamente.

    La última modificación de la FCRA, aprobada en plena pandemia, ha ahogado aún más a la sociedad civil. Prohíbe que los funcionarios públicos reciban fondos extranjeros; prohíbe la transferencia de fondos extranjeros de una organización o individuo a otro, más allá de que cuenten con licencia bajo la FCRA; reduce el límite de utilización del rubro de “gastos administrativos” del 50% al 20%; amplía el periodo de suspensión de la licencia para OSC otorgada por la FCRA de 180 días a un año; y establece que las contribuciones extranjeras solo pueden ser recibidas mediante una cuenta bancaria de la OSC marcada por la FCRA en una sucursal designada del banco estatal situada en Delhi.

    Estas enmiendas estigmatizarán efectivamente la asociación de funcionarios públicos con organizaciones sin fines de lucro, ahogarán las colaboraciones entre OSC y, en particular, aquellas que involucren a OSC más pequeñas y de base, reducirán los fondos asignados para pagar sueldos del personal y realizar proyectos en el terreno que conlleven gastos de viaje, y privarán a las OSC de fondos hasta que el gobierno complete su investigación por presuntas violaciones a la FCRA. También obstaculizarán el trabajo de las OSC que tienen su sede fuera de Nueva Delhi, que constituyen aproximadamente el 93% de s las OSC registradas en la India, ya que imponen innecesarios gastos de viaje, los cuales además se contarían dentro del límite de 20% para gastos administrativos.

    El gobierno tiene la obligación de justificar la imposición de estas estrictas restricciones y la vulneración de los derechos humanos de las personas y organizaciones a asociarse y expresarse libremente. Tiene que demostrar que estas restricciones son realmente legítimas, razonables y proporcionales al daño que buscan evitar, pero no lo ha hecho. De hecho, hizo caso omiso de los reclamos de la sociedad civil para que el proyecto de ley fuera sometido a un comité de personas expertas para generar mayor debate antes de su aprobación. El debate en el Parlamento también fue mínimo.

    La FCRA y sus enmiendas más recientes han sido muy criticadas por la comunidad internacional, y por personalidades como Maina Kiai, ex Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, por ser demasiado amplias y vagas. Pero el gobierno no ha hecho caso. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha pedido explicaciones por la cancelación masiva de licencias de la FCRA para las OSC.

    Paradójicamente, los partidos políticos siguen recibiendo fondos extranjeros, lo cual antes estaba prohibido, y lo hacen con mínimas restricciones. De hecho, a pesar de que los partidos políticos violan recurrentemente la FCRA, ahora no solamente les resulta más fácil recibir fondos, sino que además el proceso se ha vuelto mucho más opaco. A modo de ejemplo, en 2014 el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el partido gobernante, Bharatiya Janata, y el Congreso Nacional Indio habían violado la FCRA al aceptar fondos extranjeros. En 2016 y luego en 2018, el gobierno indio modificó la FCRA para legalizar el financiamiento extranjero para los partidos políticos y eximir a éstos del escrutinio no solo de los fondos que les llegaran en el futuro, sino también de los que ya les habían sido donados en el pasado. En diciembre de 2020, la Comisión Central de Información, a cargo de la implementación de la Ley de Derecho a la Información de 2005, dictaminó que la revelación pública de la identidad de los donantes de los partidos políticos no sirve a ningún interés público, y por lo tanto no es necesaria.

    Esta clara diferencia entre el trato que reciben los partidos políticos y las OSC debería bastar para entender las turbias motivaciones subyacentes a la FCRA.

    ¿Por qué Amnistía India fue obligada a cerrar, y cuáles han sido las consecuencias?

    Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india, Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a despedir a todo su personal.

    Para Amnistía Internacional India el acoso y la intimidación a causa de su trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades. Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo, la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus empleados.

    Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores, responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda cuentas de sus excesos y su inacción.

    ¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que estén enfrentando desafíos similares?

    Varias OSC que han cuestionado o criticado las políticas del gobierno han enfrentado desafíos similares en relación con la FCRA. People’s Watch, Indian Social Action Forum, Hazards Centre, Greenpeace India, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Act Now for Harmony and Democracy, Indian Social Action Forum y Lawyers Collective son algunos de los grupos que han recibido acusaciones motivadas políticamente en virtud de la FCRA. Esto no es un accidente. Existe un patrón deliberado de silenciamiento de los grupos de derechos humanos mediante su trato como empresas criminales y la presentación de los disidentes como delincuentes. Lawyers Collective, por ejemplo, ha trabajado ampliamente con las víctimas de los ataques contra musulmanes de 2002 en Gujarat. People’s Watch ha hecho activamente campaña contra los abusos contra personas detenidas. Greenpeace India ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho a la tierra y contra el cambio climático y el impacto medioambiental de la minería del carbón.

    Además de la FCRA, otras leyes draconianas contribuyen a crear un entorno incapacitante para la labor de derechos humanos en India. Entre ellas están la UAPA, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. Anunciadas como leyes antiterroristas o leyes que castigan “delitos contra el Estado”, han creado un sistema de impunidad y constituyen herramientas eficaces para mantener a la gente en la cárcel durante períodos prolongados. El índice de condenas en virtud de estas leyes es realmente bajo. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2018 más del 93% de los casos iniciados bajo la UAPA seguían pendientes de tratamiento en los tribunales, mientras que la tasa de condenas en virtud de la UAPA era de apenas 27%. Desde 2016, solo siete casos de sedición han terminado en condena. Según una investigación anterior de Amnistía Internacional India, alrededor del 58% de las órdenes de detención dictadas entre 2007 y 2016 en virtud de la Ley de Seguridad Pública, que se aplica en Jammu y Cachemira y permite la detención administrativa sin acusaciones ni juicio, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. Entre marzo de 2016 y julio de 2017, el 81% de las órdenes de detención fueron anuladas. Esto demuestra que estas leyes son utilizadas para privar a las personas de su libertad de movimiento y de expresión durante el tiempo en que sus casos avanzan en los tribunales.

    ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos de derechos humanos y ampliar el espacio cívico en la India?

    En términos generales, la comunidad internacional debe amplificar las voces de quienes están al frente de la lucha contra las violaciones de derechos humanos en la India. Al mismo tiempo, debe dejar de asumir una posición moral elevada y desestimar las preocupaciones de la gente, reales o proyectadas, sobre la seguridad, el bienestar y el desarrollo. En cambio, debe centrarse en combatir el discurso que transforma a la sociedad civil en un “otro” rechazado y proyectar una visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo – un mundo no puede lograrse en ausencia de una sociedad civil robusta que trabaje sin descanso para la gente a lo largo y a lo ancho del país. También debe mantenerse más cerca de las comunidades locales.

    En concreto, debe lograr que el Estado indio se responsabilice por todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha respaldado y aprobado y en las que se basa, mientras pelea por tener un lugar más importante en la mesa. Han pasado 24 años desde que India presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Estado parte. La CNDH, el principal órgano de vigilancia de los derechos humanos de la India, no alcanza los niveles mínimos establecidos por los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos, pero sigue manteniendo una acreditación de categoría A y, por lo tanto, puede participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional debe exigir sistemáticamente la reforma de la CNDH y exigirle que rinda cuentas de la disminución de la protección de que gozan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Los grupos de derechos humanos deberían poder confiar plenamente en las instituciones de derechos humanos de su país.

    El espacio cívico en India es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.

    Siga las actualizaciones de Amnistía Internacional sobre la India a través de susitio web.

     

  • INDONESIA: “Los activistas independentistas pacíficos corren el riesgo de ser considerados terroristas”

    CIVICUS conversa con Samuel Awom, coordinador del grupo de derechos humanos KontraS Papúa, que monitorea violaciones de derechos humanos, realiza trabajo de incidencia en favor de las víctimas y trabaja por la paz en Papúa. KontraS Papúa tiene su sede en Jayapura, la capital de Papúa, y monitorea la situación de derechos humanos en toda la región de Papúa.

     

  • KIRGUISTÁN: “La decisión de la ciudadanía en el referéndum será clave para nuestro futuro”

    Ulugbek AzimovCIVICUS y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (International Partnership for Human Rights) conversan con Ulugbek Azimov, experto legal de la Fundación para la Prosperidad Jurídica (Legal Prosperity Foundation), acerca de las protestas que tuvieron lugar en Kirguistán en octubre de 2020 y los acontecimientos políticos que se produjeron a continuación. La Fundación para la Prosperidad Jurídica (ex Grupo Juvenil de Derechos Humanos) es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente que desde 1995 promueve los derechos humanos y los principios democráticos en Kirguistán. La organización lleva a cabo programas educativos, realiza un monitoreo de derechos humanos, interactúa con los mecanismos internacionales de derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos en el contexto de las reformas legales.

    A menudo se habla de Kirguistán como la única democracia de Asia Central. ¿Qué tan cerca de la verdad está esta caracterización?

    Es cierto que a principios de la década de 1990, es decir, en los primeros años de independencia, la democracia brotó y comenzó a desarrollarse en Kirguistán. En comparación con otros países de la región, Kirguistán se caracterizó por tener un mayor nivel de participación ciudadana, una sociedad civil más desarrollada y condiciones más favorables para el funcionamiento y la participación de los partidos políticos en el proceso político. Por este motivo, Kirguistán fue calificado como una “isla de democracia” en Asia Central.

    Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde la independencia, Kirguistán ha enfrentado graves problemas. Los intentos de los expresidentes de preservar y reforzar su poder presionando a la oposición, persiguiendo a los medios de comunicación y al periodismo independiente, restringiendo la libertad de expresión, utilizando los recursos públicos en su beneficio, sobornando a los votantes y falsificando los resultados de las elecciones, han provocado grandes convulsiones políticas en varias oportunidades. En los últimos 15 años, el gobierno ha sido derrocado tres veces, en las llamadas revoluciones de los Tulipanes, de abril y de octubre, producidas en 2005, 2010 y 2020, respectivamente. Dos expresidentes se vieron obligados a huir del país, y el tercero debió dimitir antes de tiempo.

    Desgraciadamente, a cada revuelta le siguió un proceso que socavó los logros democráticos anteriores. Por lo tanto, no es de extrañar que Freedom House haya calificado sistemáticamente a Kirguistán como “parcialmente libre” en su índice anual de Libertad en el Mundo. Además, en la última medición publicada este año, Kirguistán fue degradado a la categoría de “no libre” debido a las consecuencias de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020, que se vieron empañadas por graves violaciones. Así, Kirguistán se encuentra ahora en la misma categoría en la que se hallaban otros países de Asia Central desde hacía muchos años.

    ¿Se impusieron restricciones relacionadas con la pandemia en el período que precedió a las elecciones de 2020?

    En respuesta al rápido aumento de los casos de COVID-19 en la primavera de 2020, las autoridades kirguisas adoptaron medidas de emergencia e impusieron el confinamiento en la capital, Bishkek, y en varias otras regiones del país, lo cual redundó en restricciones del derecho a la libertad de circulación y otros derechos relacionados. Se prohibieron todos los actos públicos, incluidos los de naturaleza política.

    Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia también suscitaron preocupación porque impusieron restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las autoridades apretaron fuertemente las tuercas a las voces críticas en respuesta a las críticas generalizadas a los gobernantes, incluido el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov, por su incapacidad para luchar eficazmente contra la pandemia. Las autoridades policiales persiguieron a blogueros y comentaristas de las redes sociales con posiciones críticas, los visitaron en sus domicilios y mantuvieron con ellos conversaciones “profilácticas”. En algunos casos, se detuvo a usuarios de redes sociales por publicar información supuestamente falsa sobre la pandemia y se les obligó a disculparse públicamente bajo la amenaza de ser procesados.

    La ley sobre “manipulación de la información”, que el Parlamento aprobó en junio de 2020, es especialmente preocupante. Aunque los promotores de la ley afirmaron que su único objetivo era abordar el problema de las cuentas falsas en redes sociales, desde el principio quedó claro que se trataba de un intento de las autoridades de introducir la censura en internet y clausurar sitios molestos en vísperas de las elecciones. Tras una avalancha de críticas por parte de la comunidad de medios de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos, el entonces presidente Jeenbekov se negó a firmar la ley y en agosto de 2020 la devolvió al parlamento para que la revisara. Desde entonces, la ley ha permanecido en el parlamento.

    ¿Qué fue lo que desencadenó las manifestaciones postelectorales de octubre de 2020? ¿Quiénes protestaron y por qué?

    El principal motivo de las protestas de octubre de 2020, que volvieron a provocar un cambio en el poder, fue el descontento de la población con los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre.

    De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento. Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.

    Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin identidad partidaria.

    Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.

    Las elecciones “sucias”, caracterizadas por un nivel de violaciones sin precedentes, se convirtieron en un catalizador de los acontecimientos posteriores. Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio de los resultados provisorios al final de la jornada electoral, el 4 de octubre, y continuaron durante todo el día siguiente. La juventud desempeñó en ellas un rol decisivo: la mayoría de quienes salieron a la calle a protestar y se reunieron en la plaza central de la capital eran jóvenes. Por desgracia, la mayoría de las personas heridas, así como el manifestante que murió durante las manifestaciones de octubre, también eran jóvenes.

    ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a las protestas?

    Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5 de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones. Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos. Durante los disturbios también sufrieron daños coches de policía, ambulancias, cámaras de vigilancia y otros bienes materiales, por un valor estimado de más de 17 millones de soms (unos 200.000 dólares estadounidenses).

    ¿Lograron las elecciones presidenciales anticipadas celebradas en enero de 2021 resolver los problemas planteados por las protestas?

    La principal demanda de las protestas era la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020 y la celebración de nuevas elecciones justas. Esta demanda se satisfizo en parte el 6 de octubre de 2020, cuando la Comisión Electoral Central (CEC) declaró inválidos los resultados de las elecciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado nueva fecha para las elecciones parlamentarias. La CEC las programó inicialmente para el 20 de diciembre de 2020, pero el parlamento respondió adoptando rápidamente una ley que suspendía las elecciones a la espera de una revisión de la Constitución y ampliaba el mandato de los miembros del parlamento saliente hasta el 1º de junio de 2021.

    En su evaluación de esta ley, la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por personas independientes expertas en derecho constitucional- concluyó que durante el actual periodo de transición el parlamento debería ejercer funciones limitadas y abstenerse de aprobar medidas extraordinarias, tales como reformas constitucionales. Sin embargo, el parlamento saliente ha continuado su labor con normalidad y ha convocado a un referéndum constitucional a celebrarse en abril de 2021. El presidente recientemente electo, Sadyr Japarov, ha sugerido la celebración de nuevas elecciones parlamentarias en otoño de 2021, lo cual significaría que los integrantes del parlamento saliente continuarían en sus puestos incluso después del 1º de junio de 2021.

    En respuesta a otras demandas de los manifestantes, en octubre de 2020 se modificó la legislación electoral del país para reducir el umbral electoral para obtener representación parlamentaria de siete a tres puntos porcentuales y se redujo la tarifa de inscripción de candidatura de cinco millones a un millón de soms (unos 12.000 dólares). Estas modificaciones apuntaron a facilitar la participación de un mayor número de partidos, incluidos los más nuevos, y para promover el pluralismo y la competencia.

    Los manifestantes también expresaron resentimiento por las inadecuadas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción. Reclamaron que las autoridades llevaran ante la justicia a los funcionarios corruptos, y en particular a Matraimov, y exigieran la devolución al Estado de los bienes robados. En su discurso para los manifestantes antes de ser presidente, Japarov prometió que Matraimov sería detenido y castigado.

    A decir verdad, Japarov cumplió su palabra. Después de que Japarov llegara al poder, en octubre de 2020, Matraimov fue detenido en relación con una investigación sobre tramas de corrupción en el servicio de aduanas, se declaró culpable y aceptó compensar el daño devolviendo más de 2.000 millones de soms (unos 24 millones de dólares). Posteriormente, un tribunal local lo condenó, pero le impuso una pena atenuada bajo la forma de una multa de 260.000 soms (unos 3.000 dólares) y levantó las órdenes de congelamiento de sus bienes, por haber cooperado con la investigación. Esta sentencia extremadamente indulgente provocó la indignación de la opinión pública. El 18 de febrero de 2021, Matraimov fue otra vez detenido bajo nuevas acusaciones de lavado de dinero, pero al cabo de unos días fue trasladado desde el centro de detención preventiva donde se encontraba a una clínica privada para recibir tratamiento por problemas de salud. Tras ello, muchos calificaron a las medidas anticorrupción del actual gobierno como “populistas”.

    En enero de 2021 la ciudadanía kirguisa también votó en un referéndum constitucional. ¿Cuáles fueron sus resultados y qué consecuencias tendrán para la calidad de la democracia?

    Según los resultados del referéndum, que tuvo lugar el mismo día que las elecciones presidenciales de enero de 2021, el 84% de los votantes apoyó la transición de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.

    Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien. Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.

    El primer proyecto de constitución que preveía un sistema de gobierno presidencial, presentado en noviembre de 2020, fue apodado “khanstitución”, en referencia a los históricos gobernantes autocráticos de Asia Central. Sus críticos acusaron a Japarov, que ha defendido este cambio desde que asumió el cargo en octubre de 2020, de intentar usurpar el poder.

    El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.

    Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas. A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus recomendaciones al parlamento.

    Hay que reconocer que, como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al presidente.

    En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el 11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos, abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría dar lugar a un gobierno autoritario. Estas preocupaciones también fueron expresadas en un dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitido en marzo de 2021 a petición de la Defensoría del Pueblo de Kirguistán.

    El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas. Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados, por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión.

    La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas. El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza para el Estado. 

    Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los tribunales con una demanda por usurpación de poderes.

    El presidente, sin embargo, ha desestimado todas las preocupaciones expresadas sobre la reforma constitucional. Ha asegurado que Kirguistán seguirá siendo un país democrático, que se respetará la libertad de expresión y la seguridad personal de los periodistas, y que no habrá más persecuciones políticas.

    La ciudadanía de Kirguistán debe tomar una decisión. El próximo referéndum sobre el actual proyecto de constitución puede convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia de Kirguistán, y la decisión que tome la ciudadanía será clave para las perspectivas futuras de estabilidad y prosperidad.

    El espacio cívico en Kirguistán es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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  • Libertad de expresión y pandemia de COVID-19: panorama de restricciones y ataques

    COVIDGraphics

    Nuevo reporte del Monitor de CIVICUS señala:

    • Nuevos controles de censura han sido implementados durante la pandemia. 
    • La pandemia ha expandido el uso de leyes que criminalizan la desinformación – más de 35 países han adoptado o modificado medidas. 
    • Periodistas detenidos en más de 30 países por su cobertura de la pandemia. 

    Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia global por COVID-19. Durante este período, CIVICUS ha documentado restricciones a las libertades cívicas persistentes e injustificadas. La más reciente investigación se enfoca en el estado de la libertad de expresión y las violaciones cometidas como respuesta directa a la pandemia.

    La investigación abarca el período entre enero de 2020 y febrero de 2021 y señala dónde los gobiernos están usando al COVID-19 como un pretexto para censurar a los medios de comunicación y silenciar el disenso. En algunos países, los gobiernos han aprobado leyes y regulaciones que imponen restricciones indebidas a la libertad de prensa y acceso a la información. 

    La censura y la detención de periodistas son algunas de las violaciones cubiertas en este reporte. Desde Tanzania hasta Turkmenistán, los gobiernos han prohibido y bloqueado la cobertura de los medios sobre la COVID-19. Mientras que en Chile y China, los gobiernos han llevado a la cárcel a los periodistas por su cobertura de la pandemia. 

    La investigación demuestra como los periodistas, trabajadores de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de los excesos de los gobiernos y brinda más de 60 casos de estudio que ilustran tres tendencias: 

    • El uso de legislación restrictiva para silenciar las voces críticas, incluso mediante legislación sobre la desinformación. 
    • Censura y restricciones al acceso a la información, incluyendo la suspensión de medios de comunicación por su cobertura de COVID-19. 
    • Ataques a periodistas debido a su cobertura de la pandemia, a través de ataques físicos y arrestos. 

    LEA EL ANÁLISIS

     

  • MALASIA: “El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”

    CIVICUS conversa con Htoon Htoon Oo, refugiado y activista de Myanmar, actualmente residente en Malasia. En 2007 era estudiante de Química en la Universidad de Yangon Oriental y, en calidad de activista, participó en la llamada Revolución Azafrán, una serie de protestas desencadenadas por un aumento de los precios del combustible en 2007, las cuales fueron duramente reprimidas. También estuvo activo durante la transición de Myanmar de la dictadura militar a un gobierno cuasi civil en 2010.

    Consciente de estar bajo la vigilancia del Estado y temiendo que sus familiares y seres queridos sufrieran represalias y acoso a causa de su activismo, huyó de Myanmar en 2011 y desde entonces vive como refugiado en Malasia.

    Htoon Htoon Oo

    ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Malasia?

    La vida de las personas refugiadas de Myanmar en Malasia sigue siendo difícil, ya que supone diversas luchas y sufrimientos. A menudo nos sentimos indefensos, desesperados y desprotegidos. En mayo de 2021, había unas 179.570 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malasia. La mayoría -un total de 154.840- procedían de Myanmar, incluidas unas 102.950 de etnia rohingya, 22.490 de etnia china y 29.400 de otros grupos étnicos que huían de la persecución o de zonas afectadas por el conflicto.

    Malasia aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La ausencia de un marco legal para reconocer a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ha creado condiciones problemáticas y de explotación porque las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecemos de derechos formales para trabajar, no tenemos estatus legal y seguimos corriendo el riesgo de ser arrestadas, detenidas y devueltas, y no nos beneficiamos de ninguna protección legal.

    También tenemos libertades cívicas limitadas. Aunque hay muchas organizaciones de personas refugiadas de diversos orígenes, a la hora de expresar nuestras preocupaciones y organizar nuestras luchas, la realidad es que no podemos hacerlo libremente. Existe un temor común entre las personas refugiadas respecto de las consecuencias de hablar sobre nuestras luchas, expresar nuestras preocupaciones y reclamar por nuestros derechos.

    Por ejemplo, según el artículo 4(a) de la Ley de Reuniones Pacíficas, el derecho a manifestarse pacíficamente está reservado exclusivamente a quienes tienen ciudadanía malaya. Además, en Malasia hay muchas leyes que tienen un efecto amedrentador que evita que las personas refugiadas se manifiesten, tales como la Ley de Inmigración, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así como a los refugiados, dado que no estamos reconocidos por la ley. La Ley de Inmigración también expone a las personas refugiadas a severas formas de castigo, como la flagelación. La falta de reconocimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Malasia nos expone a la detención, a la cárcel y a diversos abusos.

    ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas refugiadas en el marco de la pandemia?

    Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en Malasia, en marzo de 2020, las personas refugiadas han enfrentado numerosas dificultades. El confinamiento, conocido como Orden de Control de Movimientos (OCM), que se implementó en todo el país, ha tenido un gran impacto sobre los refugiados.

    Aunque según la legislación malaya no pueden trabajar, algunas personas refugiadas buscan trabajos informales para sobrevivir. Durante la pandemia, hemos visto casos de empleadores que obligan a personas refugiadas a trabajar por salarios inferiores a los normales o a tomar licencias no remuneradas o a renunciar solamente por su condición de refugiados. Muchas personas refugiadas han perdido sus empleos debido a la pandemia. Nada nos protege de estos abusos.

    Durante la pandemia también hemos temido por nuestra seguridad porque ha habido varios casos de personas refugiadas que han sido blanco de la policía y de los funcionarios de inmigración debido a la falta de políticas claras y de conciencia de lo que es un refugiado entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunas personas refugiadas fueron multadas por la policía, y algunas incluso permanecieron detenidas en comisarías durante varios días.

    También hay quienes nos tachan de inmigrantes ilegales aunque tengamos tarjetas o documentos completos y auténticos del ACNUR que nos acreditan como refugiados.

    La mayoría de las personas refugiadas que enfrentan estas dificultades también hacen frente a la depresión y están mentalmente agotadas de tanto pensar en cómo sobrevivir y mantenerse a salvo.

    ¿Han recibido las personas refugiadas algún tipo de apoyo del gobierno malayo o del ACNUR durante la pandemia?

    No hemos recibido ningún apoyo del gobierno de Malasia; más bien hemos experimentado más redadas y mayores restricciones. Esto es lo contrario de lo que debería haber ocurrido: deberían habernos facilitado el acceso a información sobre tratamientos y pruebas de diagnóstico del COVID-19 y debería haber habido otros programas de apoyo para refugiados durante la pandemia.

    En cambio, en mayo de 2020 el departamento de inmigración y la policía de Malasia llevaron a cabo redadas de inmigración en Kuala Lumpur. Mientras que las personas inscritas en el ACNUR se libraron en gran medida de ser detenidas, las personas solicitantes de asilo no inscriptas fueron detenidas junto con los trabajadores migrantes indocumentados. Además, algunas quedaron atrapadas en zonas bajo confinamiento estricto, rodeadas de alambre de púa, donde se prohibía a los residentes salir de sus casas, lo que hizo que la situación fuera muy difícil. Muchos de nosotros no nos hemos recuperado de esto.

    Durante la pandemia también ha habido en internet una oleada de discurso de odio hacia las personas refugiadas, y en particular hacia las rohingya, acompañada de anuncios y políticas gubernamentales hostiles hacia las personas migrantes y refugiadas.

    El ACNUR envió mensajes directos a aquellas personas refugiadas cuyos documentos habían caducado, informándoles que seguirían siendo válidos hasta que el ACNUR pudiera reanudar sus operaciones normales, interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, esto no supuso ninguna diferencia para la autoridad de aplicación de la ley, y muchas personas han sido multadas e incluso detenidas.

    ¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en materia de acceso a la vacuna contra la COVID-19?

    El gobierno de Malasia ha alentado a las personas refugiadas a inscribirse para la vacunación, pero no ha proporcionado información clara, y los sistemas existentes no son accesibles para las personas refugiadas.

    Por ejemplo, la inscripción para la vacunación exige documentos específicos. El sistema exige a refugiados y solicitantes de asilo que introduzcan un documento de identidad o número de pasaporte, dos documentos a los que no tenemos acceso. El sistema debería ser más inclusivo para todas las personas que viven en Malasia, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentadas, porque las vacunas deberían ser la primera barrera contra el contagio de la COVID-19. Si nos detienen las cosas solo empeorarán, porque es sabido que en los centros de detención se producen cadenas letales de contagio. En la raíz de este problema está la criminalización de la inmigración.

    ¿Cuáles son las demandas de las comunidades de refugiados hacia el gobierno malayo y la comunidad internacional?

    Nos gustaría que el gobierno malayo concientizara a la opinión pública sobre la condición de las personas refugiadas como tales, no como inmigrantes ilegales, grupos de riesgo o incluso delincuentes. Se ha impuesto una percepción negativa de las personas refugiadas, como si sólo se beneficiaran de la sociedad y no contribuyeran nada a ella, lo cual es falso.

    La verdad es que queremos contribuir a Malasia en todo lo que podamos. Instamos al gobierno de Malasia a que dé a las personas refugiadas acceso legal al trabajo y a que reconozca el estatus legal de las personas refugiadas. Actualmente no podemos encontrar empleo formal, y la ausencia de reconocimiento nos expone a la explotación. Esperamos que el gobierno genere conciencia sobre las verdaderas razones por las que las personas refugiadas están aquí.

    Espero que el gobierno pueda trabajar mano a mano con el ACNUR y la sociedad civil para resolver los problemas de las personas refugiadas de forma más adecuada y eficaz y no deporte a ninguna persona detenida de regreso a Myanmar, actualmente bajo un régimen militar. En cambio, deberíamos encontrar soluciones, tales como un programa de reasentamiento. También debería haber políticas e información claras sobre la vacunación que sean accesibles para todas las personas refugiadas.

    El espacio cívico en Malasia es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

     

  • MYANMAR: “Casi todos los detenidos nos dicen que fueron golpeados”

    CIVICUS conversa con Manny Maung, investigador en Myanmar de Human Rights Watch (HRW), acerca de la situación de derechos humanos en Myanmar. Anteriormente Manny fue periodista y pasó muchos años viviendo y trabajando en Myanmar.

    Myanmar sigue figurando en la lista de vigilancia de CIVICUS, que incluye a países que recientemente han experimentado rápido deterioro de sus libertades cívicas. En Myanmar los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado el 1º de febrero de 2021, arrestaron a los líderes civiles de los gobiernos nacional y estaduales y lanzaron una brutal represión contra el movimiento de protesta en todo el país. Más de seis meses más tarde, el asalto al espacio cívico continúa. Miles de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente. Muchas enfrentan acusaciones infundados y se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia.

    Manny Maung

    ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas en Myanmar a más de cinco meses del golpe?

    Desde el golpe militar del 1º de febrero, hemos asistido a un rápido deterioro de la situación. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y cientos han sido asesinadas, mientras que muchas más están escondidas e intentan evitar ser detenidas. HRW ha determinado que los militares han cometido contra la población abusos que equivalen a crímenes contra la humanidad, por lo que es evidente que la situación para la sociedad civil es extremadamente peligrosa, ya que las libertades cívicas se han vuelto inexistentes.

    ¿Sigue activo el movimiento de desobediencia civil (MDC) a pesar de la represión?

    Se siguen realizando protestas a diario, aunque son más pequeñas y ad hoc. Se producen protestas relámpago en todo Myanmar, no solamente en las principales ciudades. Pero estas manifestaciones están ahora algo acalladas, no sólo por la violenta represión de las fuerzas de seguridad, sino también por la devastadora tercera oleada de infecciones por COVID-19. Se han dictado cientos de órdenes de detención contra los líderes de las protestas, incluidos casi 600 médicos que han participado en o liderado el MDC. Periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil han sido objeto de ataques, al igual que cualquiera que sea considerado un líder de la protesta o de la huelga. En algunos casos, si las autoridades no encuentran a la persona que pretenden detener, arrestan a sus familiares como forma de castigo colectivo.

    ¿Cuál es la situación de los manifestantes que han sido detenidos y encarcelados?

    Casi todas las personas con las que hablamos que fueron detenidas o acorraladas durante la represión generalizada de las protestas nos cuentan que fueron golpeadas cuando fueron detenidas o mientras estaban retenidas en centros de interrogatorio militares. Un adolescente describió que le golpearon tan fuerte con la culata de un rifle que se desmayó entre entre una y otra paliza. También describió cómo le obligaron a meterse en una fosa y le enterraron hasta el cuello mientras tenía los ojos vendados, todo ello porque las autoridades sospechaban que era un líder de la protesta. Otros han relatado las graves palizas que les propinaron mientras estaban esposados a una silla, que les fueron negados agua y alimentos, que se les privó del sueño y que sufrieron violencia sexual o amenazas de violación.

    Muchos de los manifestantes que siguen detenidos no han tenido realmente un juicio. Algunos han sido acusados y condenados, pero se trata de un número pequeño comparado con los miles que están esperando que sus casos avancen. Muchos de los detenidos que ya han salido de la cárcel nos dicen que han tenido un contacto mínimo, si es que han tenido alguno, con sus abogados. Pero los abogados que los representan también corren riesgos. Al menos seis abogados que defienden a presos políticos han sido detenidos, tres de ellos mientras representaban a un cliente en un proceso judicial.

    ¿Cómo ha afectado al MDC la interrupción de los servicios de internet y televisión?

    La prohibición de la televisión por satélite se ha sumado a las restricciones del acceso a la información. La Junta alegó que las “organizaciones ilegales y las organizaciones de noticias” estaban emitiendo por satélite programas que amenazaban la seguridad del Estado. Pero las prohibiciones parecen dirigirse principalmente a los canales de noticias extranjeros que emiten por satélite en Myanmar, entre ellos dos emisoras independientes en lengua birmana, Voz Democrática de Birmania y Mizzima, a las que la Junta revocó sus licencias de medios en marzo. Los cortes de internet también han dificultado el acceso a la información y la comunicación en tiempo real.

    Los cortes generalizados de internet son una forma de castigo colectivo. Dificultan el acceso a la información y las comunicaciones necesarias para la vida cotidiana, y resultan especialmente disruptivos durante la crisis y la pandemia de COVID-19. Las restricciones también dan cobertura a los abusos de derechos humanos y complican los esfuerzos para documentar las violaciones.

    ¿Por qué ha aumentado la violencia en las zonas étnicas, y cuáles son sus blancos preferidos?

    En algunas partes del país el golpe provocó la reanudación de los combates entre grupos étnicos armados y el ejército. El estado de Rakhine parece ser la excepción, ya que allí el Ejército de Arakan ha negociado un alto el fuego y las protestas contra los militares no han sido tan ruidosas ni generalizadas. Otros grupos étnicos armados, como el Ejército por la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), han acogido con satisfacción la resistencia frente a los militares y están proporcionando refugio a quienes huyen de los militares en los territorios que controlan. Los renovados enfrentamientos entre el ejército y el KNLA han dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos de la población civil y han desplazado a miles de personas en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

    ¿Qué opina de la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la situación de Myanmar?

    La ASEAN ha intentado utilizar los canales diplomáticos, pero esta situación no es la habitual. Los militares se han hecho con el poder y han estado cometiendo crímenes contra su propio pueblo, una población civil que ya ha expresado su preferencia en las elecciones. Tras meses de negociaciones inútiles, la ASEAN debería estar preparada para imponer sanciones a Myanmar. Como naciones independientes, los Estados miembros de la ASEAN deben actuar juntos e imponer sanciones selectivas a Myanmar para garantizar que los militares dejen de actuar con total impunidad.

    La reacción del general Min Aung Hlaing, que se ha autoproclamado primer ministro, ante el plan de consenso de cinco puntos propuesto por la ASEAN, muestra su absoluto desprecio por la diplomacia regional y pone de manifiesto que sólo responderá a demostraciones de fuerza, tales como la de cortar su acceso y el de los militares a ingresos del exterior mediante la imposición de sanciones.

    ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil e impulsar el retorno a la democracia?

    HRW recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El CSNU y países influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, India, Tailandia y la Unión Europea deberían aplicar sanciones coordinadas para presionar a la junta. El CSNU también debería aprobar una resolución para prohibir la venta de armas a Myanmar.

    En cuanto a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, deben seguir defendiendo a los miembros de la sociedad civil que actualmente se encuentran escondidos o detenidos arbitrariamente. Esto significa seguir presionando para que se reconozca la gravedad de la crisis política y humanitaria en Myanmar y presionar a los gobiernos para que actúen en beneficio del pueblo de Myanmar.

    El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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  • MYANMAR: “Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana”

    Nay Lin Tun May

    CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado unabrutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual losprofesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.

    Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campañaGoalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

     

  • MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

    Cape DiamondCIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA,Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York,The Rohingya Exodus.

     

    Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

    ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

    La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

    Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

    Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

    ¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

    He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

    ¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

    La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

    Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

    Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

    ¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

    No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

    Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

    Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

    ¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

    Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

    El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

    En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

    El espacio cívico enMyanmar es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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  • MYANMAR: “Si el golpe no se revierte, habrá muchos más presos políticos”

    CIVICUS conversa sobre el reciente golpe militar en Myanmar con Bo Kyi, ex preso político y cofundador de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). Fundada en 2000 por antiguos presos políticos que viven exiliados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, AAPP tiene su sede en Mae Sot (Tailandia) y dos oficinas en Myanmar que abrieron en 2012. La AAPP aboga por la liberación de los presos políticos y el mejoramiento de sus vidas tras su puesta en libertad, con programas destinados a garantizar su acceso a la educación, la formación profesional, el asesoramiento en salud mental y la asistencia sanitaria.

     

  • ONLINE CIVIC SPACE: ‘We shouldn’t expect tech giants to solve the problems that they have created’

    Marek TuszynskiAs part of our 2019 thematic report, we are interviewing civil society activists and leaders about their experiences of backlash from anti-rights groups and their strategies to strengthen progressive narratives and civil society responses. CIVICUS speaks to Marek Tuszynski, co-founder and creative director of Tactical Tech, aBerlin-based international civil society organisation that engages with citizens and civil society to explore the impacts of technologyon society and individual autonomy. Founded in 2003, in a context where optimism about technology prevailed but focus was lacking on what specifically it could do for civil society, Tactical Tech uses its research findings to create practical solutions for citizens and civil society.

    Some time ago it seemed that the online sphere could offer civil society a new space for debate and action – until it became apparent that online civic space was being restricted too. What kinds of restrictions are you currently seeing online, and what's changed in recent years?

    Fifteen years ago, the digital space in a way belonged to the people who were experimenting with it. People were building that space using the available tools, there was a movement towards open source software, and activists were trying build an online space that would empower people to exercise democratic freedoms, and even build democracy from the ground up. But those experimental spaces became gentrified, appropriated, taken over and assimilated into other existing spaces. In that sense, digital space underwent processes very similar to all other spaces that offer alternatives and in which people are able to experiment freely. That space shrank massively, and free spaces were replaced by centralised technology and started to be run as business models.

    For most people, including civil society, using the internet means resorting to commercial platforms and systems such as Google and Facebook. The biggest change has been the centralisation of what used to be a distributed system where anybody was able to run their own services. Now we rely on centralised, proprietary and controlled services. And those who initially weren’t very prevalent, like state or corporate entities, are now dominating. The difference is also in the physical aspect, because technology is becoming more and more accessible and way cheaper than it used to be, and a lot of operations that used to require much higher loads of technology have become affordable by a variety of state and non-state entities.

    The internet became not just a corporate space, but also a space for politics and confrontation on a much larger scale than it was five or ten years ago. Revelations coming from whistleblowers such as Edward Snowden and scandals such as those with Facebook and Cambridge Analytica are making people much more aware of what this space has become. It is now clear that it is not all about liberation movements and leftist politics, and that there are many groups on the other end of the political spectrum that have become quite savvy in using and abusing technology.

    In sum, changes are being driven by both economic and, increasingly, political factors. What makes them inescapable is that technology is everywhere, and it has proliferated so fast that it has become very hard to imagine going back to doing anything without it. It is also very hard, if not impossible, to compartmentalise your life and separate your professional and personal activities, or your political and everyday or mundane activities. From the point of view of technology, you always inhabit the same, single space.

    Do people who use the internet for activism rather than, say, to share cat pictures, face different or specific threats online?

    Yes, but I would not underestimate the cat pictures, as insignificant as they may seem to people who are using these tools for political or social work. It is the everyday user who defines the space that others use for activism. The way technologies are used by people who use them for entertainment ends up defining them for all of us.

    That said, there are indeed people who are much more vulnerable, whose exposure or monitoring can restrict their freedoms and be dangerous for them – not only physically but also psychologically. These people are exposed to potential interceptions and surveillance to find out what are they doing and how, and also face a different kind of threat, in the form of online harassment, which may impact on their lives well beyond their political activities, as people tend to be bullied not only for what they do, but also for what or who they are.

    There seems to be a very narrow understanding of what is political. In fact, regardless of whether you consider yourself political, very mundane activities and behaviours can be seen by others as political. So it is not just about what you directly produce in the form of text, speech, or interaction, but also about what can be inferred from these activities. Association with organisations, events, or places may become equally problematic. The same happens with the kind of tools you are using and the times you are using them, whether you are using encryption and why. All these elements that you may not be thinking of may end up defining you as a person who is trying to do something dangerous or politically controversial. And of course, many of the tools that activists use and need, like encryption, are also used by malicious actors, because technology is not intrinsically good or bad, but is defined by its users. You can potentially be targeted as a criminal just for using – for activism, for instance – the same technologies that criminals use.

    Who are the ‘vulnerable minorities’ you talk about in your recentreport on digital civic space, and why are they particularly vulnerable online?

    Vulnerable minorities are precisely those groups that face greater risks online because of their gender, race or sexual orientation. Women generally are more vulnerable to online harassment, and politically active women even more so. Women journalists, for instance, are subject to more online abuse than male journalists when speaking about controversial issues or voicing opinions. They are targeted because of their gender. This is also the case for civil society organisations (CSOs) focused on women’s rights, which are being targeted both offline and online, including through distributed denial of service (DDoS) attacks, website hacks, leaks of personal information, fabricated news, direct threats and false reports against Facebook content leading to the suspension of their pages. Digital attacks sometimes translate into physical violence, when actors emboldened by the hate speech promoted on online platforms end up posing serious threats not only to people’s voices but also to their lives.

    But online spaces can also be safe spaces for these groups. In many places the use of internet and online platforms creates spaces where people can exercise their freedoms of expression and protest. They can come out representing minorities, be it sexual or otherwise, in a way they would not be able to in the physical places where they live, because it would be too dangerous or practically impossible. They are able to exercise these freedoms in online spaces because these spaces are still separate from the places where they live. However, there is a limited understanding of the fact that this does not make these spaces neutral. Information can be leaked, shared, distorted and weaponised, and used to hurt you when you least expect it.

    Still, for many minorities, and especially for sexual minorities, social media platforms are the sole place where they can exercise their freedoms, access information and actually be who they are, and say it aloud. At the same time, they technically may retain anonymity but their interests and associations will give away who they are, and this can be used against them. These outlets can create an avenue for people to become political, but that avenue can always be closed down in non-democratic contexts, where those in power can decide to shut down entire services or cut off the internet entirely.

    Is this what you mean when you refer to social media as ‘a double-edged sword’? What does this mean for civil society, and how can we take advantage of the good side of social media?

    Social media platforms are a very important tool for CSOs. Organisations depend on them to share information, communicate and engage with their supporters, organise events, measure impact and response based on platform analytics, and even raise funds. But the use of these platforms has also raised concerns regarding the harvesting of data, which is analysed and used by the corporations themselves, by third-party companies and by governments.

    Over the years, government requests for data from and about social media users have increased, and so have arrests and criminalisation of organisations and activists based on their social media behaviour. So again, what happens online does not stay online – in fact, it sometimes has serious physical repercussions on the safety and well-being of activists and CSO staff. Digital attacks and restrictions affect individuals and their families, and may play a role in decisions on whether to continue to do their work, change tactics, or quit. Online restrictions can also cause a chilling effect on the civil society that is at the forefront of the promotion of human rights and liberties. For these organisations, digital space can be an important catalyst for wider civil political participation in physical spaces, so when it is attacked, restricted, or shrunk, it has repercussions for civic participation in general.

    Is there some way that citizens and civil society can put pressure on giant tech companies to do the right thing?

    When we talk about big social media actors we think of Facebook, Twitter, Instagram and WhatsApp – three of which are in fact part of Facebook – and we don’t think of Google because it is not seen as social media, even though it is more pervasive, it is everywhere, and it is not even visible as such.

    We shouldn’t expect these companies to solve the problems they have created. They are clearly incapable of addressing the problems they cause. One of these problems is online harassment and abuse of the rules. They have no capacity to clean the space of certain activities and if they try to do so, then they will censor any content that resembles something dangerous, even if it isn’t, to not risk being accused of supporting radical views.

    We expect tech giants to be accountable and responsible for the problems they create, but that’s not very realistic, and it won’t just happen by itself. When it comes to digital-based repression and the use of surveillance and data collection to impose restrictions, there is a striking lack of accountability. Tech platforms depend on government authorisation to operate, so online platforms and tech companies are slow to react, if they do at all, in the face of accusations of surveillance, hate speech, online harassment and attacks, especially when powerful governments or other political forces are involved.

    These companies are not going to do the right thing if they are not encouraged to do so. There are small steps as well as large steps one can take, starting with deciding how and when to use each of these tools, and whether to use them at all. At every step of the way, there are alternatives that you can use to do different things – for one, you can decentralise the way you interact with people and not use one platform for everything.

    Of course, that’s not the whole problem, and the solution cannot be based on individual choices alone. A more structural solution would have to take place at the level of policy frameworks, as can be seen in Europe where regulations have been put in place and it is possible to see a framework shaping up for large companies to take more responsibility, and to define who they are benefiting from their access to personal information.

    What advice can you offer for activists to use the internet more safely?

    We have a set of tools and very basic steps to enable people who don’t want to leave these platforms, who depend on them, to understand what it is that they are doing, what kind of information they leave behind that can be used to identify them and how to avoid putting into the system more information than is strictly necessary. It is important to learn how to browse the internet privately and safely, how to choose the right settings on Google and Facebook and take back control of your data and your activity in these spaces.

    People don’t usually understand how much about themselves is online and can be easily found via search engines, and the ways in which by exposing themselves they also expose the people who they work with and the activities they do. When using the internet we reveal where we are, what we are working on, what device we are using, what events we are participating in, what we are interested in, who we are connecting with, the phone providers we use, the visas we apply for, our travel itineraries, the kinds of financial transactions we do and with whom, and so on. To do all kinds of things we are increasingly dependent on more and more interlinked and centralised platforms that share information with one another and with other entities, and we aren’t even aware that they are doing it because they use trackers and cookies, among other things. We are giving away data about ourselves and what we do all the time, not only when we are online, but also when others enter information about us, for instance when travelling.

    But there are ways to reduce our data trail, become more secure online and build a healthier relationship with technology. Some basic steps are to delete your activity as it is stored by search engines such as Google and switch to other browsers. You can delete unnecessary apps, switch to alternative apps for messaging, voice and video calls and maps – ideally to some that offer the same services you are used to, but that do not profit from your data – change passwords, declutter your accounts and renovate your social media profiles, separate your accounts to make it more difficult for tech giants to follow your activities, tighten your social media privacy settings, opt for private browsing (but still, be aware that this does not make you anonymous on the web), disable location services on mobile devices and do many other things that will keep you safer online.

    Another issue that activists face online is misinformation and disinformation strategies. In that regard, there is a need for new tactics and standards to enable civil society groups, activists, bloggers and journalists to react by verifying information and creating evidence based on solid information. Online space can enable this if we promote investigation as a form of engagement. If we know how to protect ourselves, we can make full use of this space, in which there is still room for many positive things.

    Get in touch with Tactical Tech through itswebsite and Facebook page, or follow@Info_Activism on Twitter.

     

  • POLONIA: “La crisis de la democracia y los derechos humanos se agravará”

    CIVICUS conversa con Małgorzata Szuleka sobre las recientes elecciones presidenciales de Polonia, celebradas durante la pandemia de COVID-19, y sobre el uso que hizo el partido gobernante de la retórica anti-LGBTQI+ para movilizar a su electorado. Małgorzata es abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia, una de las organizaciones de derechos humanos más grandes y antiguas tanto de Polonia como de la región. HFHR Polonia representa a víctimas de abusos de derechos humanos en procesos judiciales, realiza investigaciones y monitorea las violaciones de los derechos humanos. Desde 2015 ha hecho un activo seguimiento de las crecientes violaciones del estado de derecho en Polonia. Trabaja con organizaciones aliadas en Europa del Este, Asia Central, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

    Małgorzata Szuleka

    Tras su reprogramación, las elecciones polacas se realizaron en junio y julio de 2020. ¿Cuál fue la posición de la sociedad civil respecto de la celebración de elecciones durante la pandemia de COVID-19?

    Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo de 2020 y organizarlas planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado de emergencia, según lo dispone la Constitución. No se pueden organizar elecciones durante un estado de emergencia o dentro de los 90 días siguientes a su finalización. Desde una perspectiva constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado de emergencia. Esto hubiera extendido automáticamente el mandato del presidente hasta que se pudieran programar elecciones regulares, una vez superada la epidemia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales candidatos se reailzó el 12 de julio de 2020 sobre la base de argumentos legales muy dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental ni por la oposición.

    Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia. Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda, el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia, muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.

    También se presentó el problema de que la Corte Suprema confirmó la validez de las elecciones. El 12 de julio, el presidente Duda fue reelegido para un segundo mandato por un margen estrecho. Recibió el 51% de los votos, mientras que su contendiente de la opositora Coalición Cívica recibió el 49%. El presentismo apenas superó 68% y se presentaron más de 5.800 denuncias de irregularidades en el proceso. La Corte Suprema dictaminó que 92 de esas denuncias estaban justificadas pero no habían influido en el resultado final, por lo que declaró válidos los resultados. Lamentablemente, esta decisión pasó completamente por alto el problema de los fundamentos constitucionales y legales sobre la base de los cuales se habían convocado estas elecciones.

    ¿Se adoptaron medidas para proteger a la gente durante la campaña y el proceso de votación? ¿Tuvo la pandemia algún impacto sobre la participación?

    La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña, el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental, responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones. Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a favor del partido PiS.

    ¿Fue equitativa la cobertura de los medios durante las elecciones?

    La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena; definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.

    Uno de los reclamos electorales presentados ante la Corte Suprema se refería específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival, y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura) recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil crear un argumento legal sólido.

    ¿Qué implicancias tiene la reelección del presidente Duda para la democracia y los derechos humanos en Polonia?

    Representa la continuidad de una tendencia muy preocupante. De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva, indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.

    Y esto no se terminó con la campaña. El presidente Duda es apenas un representante del partido PiS, por lo que dirá lo que sea necesario para mantenerlo alineado. No es más que una cuestión de cálculo y lucha interna de poder. En junio, el partido PiS apuntó contra la población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto, propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del exterior. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.

    Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos tres años. Lo único que podría detenerlos es la evaluación pragmática de si se trata de algo que responde a la necesidad del momento o si acaso podría haber alguna otra cosa más importante. Pero creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia se profundizará.

    El espacio cívico en Polonia es clasificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos-Polonia a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@hfhrpl y a@m_szuleka en Twitter.

     

  • REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

    CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, conHamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

    Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

    DominicanRepublic FlagEn los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

    Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

    Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

    ¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

    El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

    Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

    En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

    ¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

    El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

    Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

    Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

    Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

    En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

    Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

    Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

    La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

    ¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

    Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

    La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

    Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

    Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

    Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

    Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

    El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

    El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”

    CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.

     

  • SERBIA: “La crisis política se profundizará porque una gran porción de la ciudadanía carece de representación”

    CIVICUS conversa con Ivana Teofilović acerca de las causas de las recientes protestas y la reacción del gobierno frente a ellas, así como sobre las elecciones celebradas en Serbia durante la pandemia de COVID-19. Ivana es coordinadora de programas de políticas públicas en Civic Initiatives, una asociación ciudadana serbia que persigue el objetivo de fortalecer la sociedad civil a través de la educación cívica, la promoción de valores y prácticas democráticos y la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

    Ivana Teofilovic

    ¿Por qué estallaron en Serbia protestas durante la pandemia de COVID-19, y cómo reaccionó el gobierno?

    La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio de 2020 fue el anuncio de la introducción de un nuevo toque de queda, es decir, una nueva prohibición de todo movimiento durante 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional en la capital, Belgrado. Si bien el motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19, la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.

    En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una gran cantidad de gas lacrimógeno, que fue arrojado indiscriminadamente contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud. Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes, la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado estaba vencido.

    Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente, un joven fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en la cercanías, precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de individuos de civil provocaron más disturbios y actos de violencia. En su momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y que operaban bajo sus órdenes.

    Los medios también desempeñaron un rol muy importante en las protestas. En este contexto, muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas, convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según la Asociación de Periodistas de Serbia (NUNS), por lo menos 28 periodistas fueron agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en seis casos requirieron atención médica urgente. Según un comunicado de NUNS, el herido más grave fue Zikica Stevanovic, periodista de la agencia de noticias Beta.

    Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.

    También se utilizaron en su contra medidas burocráticas, por ejemplo mediante su inclusión en una lista compilada por la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas para exigir a los bancos que examinen todas las transacciones financieras realizadas por ellos durante el año pasado. Las asociaciones e individuos afectados publicaron un comunicado conjunto con más de 270 firmas para pedir a las autoridades que hicieran públicas urgentemente las razones de la sospecha de que estas organizaciones e individuos podían estar involucrados en acciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También dejaron claro que estas presiones no los disuadirían de seguir luchando por una Serbia libre y democrática.

    La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi Sad y Smederevo.

    ¿Ha experimentado la sociedad civil desafíos adicionales para continuar haciendo su trabajo bajo la pandemia?

    Bajo el estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero también después de levantado el estado de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentaron numerosas dificultades que obstaculizaron enormemente su trabajo. Durante las primeras semanas del estado de emergencia, algunas OSC que brindan servicios a grupos vulnerables no pudieron realizar sus actividades debido a la prohibición de circular, dificultad que solo se superó de manera gradual y parcial a medida que se fueron otorgando permisos especiales a ciertas categorías de personas.

    Otro desafío fue el planteado por el Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos, adoptado en respuesta a los impactos económicos de la pandemia. Este reglamento no extendía la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, bienes de consumo y servicios donados al sector humanitario y sin fines de lucro para apoyar a grupos socialmente vulnerables. Por este motivo, un grupo de OSC envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para ampliar la exención del IVA.

    El mayor desafío para las OSC fue la sostenibilidad financiera, que se vio especialmente amenazada por la suspensión del concurso para proyectos co-financiados de importancia pública, a nivel tanto nacional como local. Además, si bien no eran suficientemente claras en lo que respecta a las OSC, las disposiciones del Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos excluían inequívocamente las iniciativas ciudadanas informales y, por lo tanto, ponían en peligro su supervivencia.

    Además, el derecho a la libertad de expresión estuvo especialmente en peligro durante la pandemia. Los desafíos incluyeron restricciones enfrentadas por la prensa para asistir a las conferencias de prensa del Gabinete de Crisis y hacer preguntas, el desprecio expesado por funcionarios de órganos e instituciones gubernamentales hacia los representantes de los medios y la persecución de los medios de comunicación que expresaron críticas durante la pandemia. Estas restricciones abrieron las puertas a la difusión de información no verificada. La falta de información oportuna y objetiva resultó en una mayor propagación del pánico y dejó en evidencia que, además de una pandemia, Serbia enfrentaba una “infodemia”.

    ¿Qué opina la sociedad civil de la respuesta del gobierno a la pandemia y las condiciones en que se celebraron las últimas elecciones?

    A pesar de la posición muy desfavorable en que se encontraron, las OSC desempeñaron un rol significativo durante la crisis del COVID-19. Las OSC también jugaron un importante rol correctivo de las acciones de gobierno, ya que presentaron numerosas propuestas de calidad para superar la crisis. En muchas situaciones fueron las OSC, debido a su mejor capacitación, las que asumieron las funciones de determinados servicios gubernamentales. La impresión predominante es que el Estado no estaba preparado para la crisis y, por lo tanto, no tenía capacidad suficiente para responder adecuadamente.

    Por su carácter cerrado, el gobierno esgrimió la necesidad de actuar con velocidad y eficiencia como pretexto para eludir el diálogo. En la adopción de determinadas medidas se produjeron frecuentes violaciones de las leyes, la constitución y los derechos de la ciudadanía, y en particular del derecho de los periodistas a hacer su trabajo. Las medidas económicas no fueron adoptadas de manera oportuna y efectiva, lo cual puso en peligro a muchas OSC y a sus activistas, y en última instancia tuvo su mayor impacto sobre la ciudadanía en tanto que usuaria de los servicios de las OSC.

    En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 21 de junio tras ser aplazadas de su fecha original del 26 de abril, aún queda sin respuesta la pregunta acerca de la responsabilidad del gobierno para conducir un proceso electoral bajo la pandemia. Se sospecha que la decisión de realizar las elecciones fue motivada políticamente e irresponsable. Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, en las semanas posteriores a las elecciones, el número de infecciones y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente. Daría la impresión de que los esfuerzos realizados por algunas OSC para crear las condiciones para el desarrollo de elecciones libres y democráticas no dieron los resultados deseados.

    ¿Cuáles fueron los principales obtáculos que impidieron que las elecciones fueran libres y justas?

    Más allá de la pandemia, la principal preocupación respecto de las elecciones fue que estuvieron dominadas por el partido gobernante, a través de la presión sobre el periodismo y los medios de comunicación críticos y el control de los principales medios de comunicación, que carecen de diversidad de opiniones y cobertura equilibrada y son utilizados con fines de campaña.

    La cobertura de los medios durante la campaña electoral fue un poco más equilibrada que en las elecciones anteriores, ya que el gobierno quería demostrar el carácter infundado de los reclamos de la ciudadanía y la oposición política respecto de las malas condiciones para la competencia electoral y la captura de los medios de comunicación. En principio, los candidatos recibieron igual trato por parte de los medios públicos, aunque los funcionarios públicos que hacían campaña a diario recibieron mucha cobertura adicional. Además, los miembros de la oposición que habían decidido boicotear las elecciones, y por lo tanto no presentaron candidatos, carecieron de espacio para presentar sus argumentos en la televisión nacional.

    El trato desigual hacia los candidatos fue especialmente visible en los canales de televisión comerciales de alcance nacional, que brindaron apoyo logístico al partido gobernante y a sus socios de coalición. Este problema se vio agravado por la actitud pasiva del Organismo Regulador de Medios Electrónicos (REM), que jugó un papel casi imperceptible durante la campaña electoral. En mayo de 2020, el REM cambió su metodología de seguimiento de la representación mediática de los actores políticos, contando cada mención de una opción política como prueba de representación mediática. De ahí la conclusión de que la opositora Alianza por Serbia era el partido más representado. Pero en verdad la Alianza por Serbia, que boicoteó las elecciones, no recibió ninguna cobertura en la televisión nacional; en realidad, fue el blanco más frecuente de los ataques del partido gobernante y sus medios aliados. En ese sentido, otro problema de fondo es el marco normativo desigual: las regulaciones del REM relativas a los servicios de medios públicos son legalmente vinculantes, pero las relativas a las emisoras comerciales están redactadas bajo la forma de recomendaciones y no tienen efectos vinculantes, y no existen salvaguardas efectivas contra las violaciones.

    ¿Qué implicancias tienen los resultados de las elecciones para el futuro de la democracia y los derechos humanos en Serbia?

    El gobernante Partido Progresista Serbio, que en verdad es un partido de derechas, obtuvo más del 60% de los votos y se quedó con unos 190 escaños parlamentarios, sobre un total de 250. Su socio de coalición, el Partido Socialista de Serbia, quedó en segundo lugar, con aproximadamente 10% de los votos, sumando unos 30 escaños a la coalición. En consecuencia, la Asamblea Nacional se quedó sin representantes de la oposición, abriendo un espacio adicional para el ejercicio de un poder ilimitado y sin obstáculos legales por parte del partido gobernante. Los últimos cuatro años son prueba de que la mera presencia de la oposición en el parlamento no es una barrera suficiente contra la arbitrariedad, ya que el gobierno ha perfeccionado mecanismos que le permiten vaciar de sentido a los procedimientos parlamentarios y restringir la libertad de expresión de los representantes de la oposición. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición, a través de sus iniciativas, apariciones públicas y propuestas, habían logrado llamar la atención sobre los numerosos escándalos y las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios.

    Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y democráticas. Los más recientes intentos de lidiar con la sociedad civil, el periodismo y destacadas personalidades críticas mediante la promoción de investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo hablan de una polarización cada vez más profunda. El desarrollo de los derechos humanos requiere de coordinación y cooperación entre las OSC y los órganos gubernamentales, así como de consenso social y voluntad política, por lo que ciertamente esto no está contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en Serbia. Por el contrario, está provocando una crisis cada vez más grave, el agravamiento de las desigualdades e injusticias y protestas más frecuentes.

    El espacio cívico en Serbia es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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  • SINGAPUR: ‘La oposición recibió cobertura desfavorable de los medios estatales y le costó llegar al votante’

    CIVICUS conversa con el defensor de derechos humanos Jolovan Wham sobre las recientes elecciones de Singapur, celebradas en el marco de la pandemia del COVID-19. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de leyes restrictivas contra activistas de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes en línea y miembros de la oposición política de Singapur, que son criminalizados, por ejemplo mediante demandas por difamación y acusaciones de desacato a la autoridad judicial.

    Jolovan Wham

    ¿Ha habido algún desacuerdo sobre si las elecciones debían celebrarse, o sobre cuándo o cómo debían tener lugar?

    Sí. Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.

    Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse con los votantes en línea.

    Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con COVID-19.

    ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas antes de las elecciones?

    El control del partido gobernante, el Partido de Acción Popular (PAP), sobre todas las instituciones públicas es un importante problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos, apoyo y recursos para su trabajo.

    Un reciente informe del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido. Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales, que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes restrictivas contra voces críticas y disidentes.

    ¿Cómo afectó esto a las posibilidades de la oposición?

    Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones físicas en el contexto de la pandemia.

    Las elecciones se celebraron el 10 de julio. El PAP obtuvo 83 escaños parlamentarios, pero también experimentó un revés, ya que la oposición logró avances menores pero históricos. El Partido de los Trabajadores, el único partido de oposición con presencia en el parlamento, aumentó sus escaños de seis a 10, el mejor resultado obtenido por la oposición desde la independencia. El voto popular obtenido por el PAP cayó al 61%.

    ¿Cuáles fueron los principales temas en torno de los cuales giró la campaña?

    Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición, acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19 y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría estos esfuerzos.

    Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

    El espacio cívico en Singapur es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

     

  • SRI LANKA: ‘El control de los medios le dio al gobierno una gran ventaja’

    CIVICUS conversa con Sandun Thudugala, Director de Programas de Law and Society Trust (LST), acerca de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Sri Lanka el 5 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19. LST es una organización de investigación y defensa legal fundada en 1982 en Colombo, Sri Lanka, con el objetivo de promover reformas legales para mejorar el acceso a la justicia, la judicialización de los derechos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

    Ante las elecciones de agosto de 2020, el CIVICUS Monitordocumentó el hecho de que abogados de derechos humanos y periodistas estaban siendo sujetos a arrestos, amenazas y acoso. Uninforme del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, publicado en mayo de 2020, también mostró que la sociedad civil enfrentaba desafíos para registrarse y operar y diversas barreras para el ejercicio del derecho de protesta.

    Sandun Thudugala

    ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil antes de las elecciones?

    Como ocurre en muchos otros países, en Sri Lanka la situación de las libertades cívicas y el espacio para la sociedad civil siempre ha sido precaria. Incluso bajo el gobierno anterior, que se suponía que apoyaba más a la sociedad civil y a la agenda de derechos humanos, continuaron los esfuerzos para introducir nuevas leyes draconianas para controlar la sociedad civil y socavar las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

    La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.

    Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el gobierno anterior había apoyado y perseguía el objetivo de promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka tras el conflicto interno desarrollado entre 1983 y 2009. Lo mismo se observa en relación con los mecanismos nacionales de derechos humanos.

    Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación se vio agravada por la pandemia del COVID-19. La necesidad de hacer frente al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la concentración de poder en manos del presidente.

    ¿Cuáles fueron los principales temas de campaña?

    El gobierno, encabezado por el recientemente electo presidente Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), quería alcanzar la mayoría de los dos tercios en el Parlamento para estar en condiciones de reformar la actual constitución y otorgar poderes adicionales al presidente. Ese ha sido el principal objetivo de la campaña electoral del SLPP. La necesidad de un gobierno fuerte para proteger las aspiraciones de la mayoría budista cingalesa, defender la soberanía nacional y fomentar el desarrollo económico fueron, por consiguiente, algunos de los principales temas de su campaña. La popularidad que tenía el presidente tras su victoria en las elecciones presidenciales fue utilizada para movilizar a los votantes en apoyo del SLPP.

    Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento.

    Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.

    ¿Hubo alguna discusión acerca de la conveniencia de realizar las elecciones en el contexto de la pandemia?

    El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.

    Hasta donde yo sé, no se consideró la posibilidad de habilitar el voto vía internet para esta elección. No creo que Sri Lanka tenga la infraestructura y la capacidad para ofrecer esa opción en este momento. Más del 70% de los votantes habilitados emitieron sus votos y, con excepción de las personas que todavía se encontraban en centros de cuarentena, no experimentaron obstáculos significativos a la hora de votar. Aunque sí hubo incidentes cuando algunas fábricas privadas negaron a sus empleados el permiso para ir a votar.

    ¿Fue posible desarrollar una campaña “normal” en el contexto de la pandemia?

    La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.

    Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni de publicidad en los principales medios de comunicación.

    Esto seguramente afectó los resultados de las elecciones, en las que el SLPP, liderado por el presidente Rajapaksa y por su hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, obtuvo 145 escaños parlamentarios sobre un total de 225. El partido opositor Samagi Jana Balavegaya, establecido a principios de 2020 como resultado de un desprendimiento del Partido Nacional Unido, de derecha, obtuvo 54 escaños. El partido Illankai Tamil Arasu Kadchi, que representa a la minoría étnica tamil, obtuvo 10 escaños, y otros 16 escaños se dividieron entre 12 partidos más pequeños. En consecuencia, el 9 de agosto el hermano del presidente fue designado Primer Ministro de Sri Lanka por cuarta vez.

    ¿Pudo la sociedad civil desempeñar algún rol significativo en el proceso electoral?

    Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la importancia de proteger la 19a enmienda a la Constitución, que limitaba los poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de comunicación ni en ningún otro espacio público.

    El espacio cívico en Sri Lanka es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con Law and Society Trust a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@lstlanka y a@SandunThudugala en Twitter.

     

  • TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”

    CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.

     

  • UGANDA: “Nadie puede ganar las elecciones sin los votos de los jóvenes”

    CIVICUS conversa con Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo de Justice Access Point-Uganda (Punto de Acceso a la Justicia-Uganda, JAP). Establecido en 2018, JAP busca impulsar, animar y fortalecer la lucha por la justicia en el contexto del estancado proceso de justicia transicional de Uganda, las dificultades del país para implementar las recomendaciones de su primer y segundo Exámenes Periódicos Universales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la reacción de algunos estados africanos contra la Corte Penal Internacional.

    Mohammed es un experimentado y apasionado defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz, con más de 15 años de activismo en derechos humanos y prevención de atrocidades a nivel local, nacional e internacional. En 2014 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea para Uganda; ha integrado el Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal (2007-2018) y la Junta Asesora de la Human Rights House Network en Oslo (2007-2012), y actualmente integra el Comité de Gestión del Comité Nacional de Uganda para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas. 

    Mohammed Ndifuna

    ¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uganda de cara a las muy esperadas elecciones de 2021? 

    El espacio cívico en Uganda puede ser caracterizado como un espacio acosado, asfixiado y expoliado. La sociedad civil da la impresión de estar en una especie de pendiente resbaladiza mientras las cosas cambian de mal en peor. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han experimentado una ola de ataques descarados contra su espacio físico que han tomado la forma de intrusiones y allanamientos de sus oficinas a plena luz del día. Entretanto han continuado los ataques contra las OSC en general, y en particular contra las que hacen incidencia en derechos humanos y promueven la rendición de cuentas. En los últimos años se ha promulgado una cantidad de medidas legislativas y administrativas contra las OSC y otros sectores, tales como la Ley de Gestión del Orden Público (2012) y la Ley de ONG (2016).

    De cara a las elecciones generales y presidenciales, que se celebrarán el 14 de enero de 2021, el ministro del Interior estableció que todas las OSC deben pasar por un proceso obligatorio de validación y verificación para quedar habilitadas para operar. Muchas OSC no han podido completar el proceso. De hecho, hasta el 19 de octubre de 2020 solo 2.257 OSC habían completado con éxito el proceso de verificación y validación, y entre ellas se contaban solo unas pocas OSC que hacen incidencia en temas de gobernanza.

    Las OSC ugandesas son altamente dependientes de los donantes y ya estaban lidiando con la reducción de sus recursos financieros, que afectó fuertemente los alcances de su trabajo. Esta situación se vio agravada por el brote de COVID-19 y las medidas de confinamiento que se tomaron como respuesta, que perjudicaron los esfuerzos de movilización de recursos de las OSC. Así pues, la combinación de estas tres fuerzas - acoso, restricciones y acceso limitado al financiamiento - ha debilitado a las OSC, obligando a la mayoría a centrar sus esfuerzos en su propia supervivencia.

    Parecería que hay mucho más en juego en las elecciones de 2021 que en años anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado?

    La situación comenzó a cambiar en julio de 2019, cuando Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, anunció que competiría por la presidencia como candidato de la opositora Plataforma de Unidad Nacional. Bobi Wine es cantante, actor, activista y político. Como líder del movimiento Poder Popular, Nuestro Poder, fue elegido legislador en 2017.

    La atención que recibe Bobi por parte de los jóvenes es enorme, y hay que tener en cuenta que más del 75% de la población de Uganda tiene menos de 30 años. Esto hace que los jóvenes sean un grupo que es muy importante atraer. Ningún candidato puede ganar las elecciones de Uganda si no recibe la mayor parte de los votos de los jóvenes. En la próxima carrera presidencial, Bobi Wine parece ser el candidato más capaz de atraer estos votos. Aunque no tiene gran experiencia como político, Bobi es una personalidad muy carismática y ha logrado atraer a su movimiento de masas no solo a los jóvenes sino también a muchos políticos de los partidos tradicionales.

    Largamente conocido como el “presidente del gueto”, Bobi Wine ha aprovechado su atractivo como estrella de la música popular para producir canciones políticas y movilizar a la gente. Sus raíces en el gueto también lo han tornado más atractivo en las zonas urbanas. Se cree que ha motivado a muchos jóvenes a registrarse para votar, por lo es posible que la apatía entre los votantes jóvenes disminuya en comparación con elecciones pasadas.

    En vistas de la actual lucha sin cuartel por los votos de los jóvenes, no es de extrañar que el aparato de seguridad haya arremetido violentamente contra los jóvenes, en un intento evidente de contener la presión que están ejerciendo. Muchos activistas políticos vinculados a Poder Popular han sido acosados y, en algunos casos, asesinados. Varios líderes políticos de Poder Popular han sido intermitentemente detenidos y procesados en los tribunales o presuntamente secuestrados y torturados en sitios clandestinos. En un evidente intento de atraer a los jóvenes del gueto, el presidente Yoweri Museveni ha nombrado como asesores presidenciales a tres personas procedentes del gueto. Esto sugiere la posibilidad de que las bandas de gánsteres del gueto y la violencia desempeñen un rol en las próximas elecciones presidenciales.

    En elecciones anteriores hubo restricciones a la libertad de expresión y el uso de Internet. ¿Veremos tendencias similares en esta oportunidad?

    Ya las estamos viendo. La preocupación por la restricción de las libertades de expresión e información es válida no solamente en virtud de la mirada retrospectiva, sino también a causa de varios acontecimientos recientes. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2020 la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) emitió un aviso público indicando que toda persona que deseara publicar información en internet debía solicitar y obtener una licencia de la CCU antes del 5 de octubre de 2020. Esto afectará principalmente a los usuarios de internet, como blogueros, a quienes se les paga por el contenido que publican. Obviamente, esto intenta reprimir las actividades políticas de los jóvenes en la internet. Y también es particularmente preocupante porque, dado que las reuniones y asambleas públicas están restringidas a causa de las medidas de prevención del COVID-19, los medios de comunicación digitales serán el único método permitido para hacer campaña para las elecciones de 2021.

    También ha aumentado la vigilancia electrónica, y no es remota la posibilidad de un cierre de las plataformas de redes sociales en vísperas de las elecciones.

    ¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la sociedad civil y a su capacidad para responder a las restricciones del espacio cívico?

    La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas en respuesta han agravado el ya precario estado en que se encontraban las OSC. Por ejemplo, la capacidad de la sociedad civil para organizar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas en apoyo de los derechos y libertades fundamentales, o para protestar contra su violación, se ha visto restringida por la forma en que se han aplicado los procedimientos operativos estándar (POE) para hacer frente al COVID-19. Esto ha resultado en violaciones y ataques contra el espacio cívico. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2020 la Fuerza de Policía de Uganda y las Unidades de Defensa Local allanaron conjuntamente una reunión de oración de Acción de Gracias que se llevaba a cabo en el distrito de Mityana y gratuitamente lanzaron gases lacrimógenos contra la congregación, que incluía a niños, mujeres, hombres, personas mayores y líderes religiosos; la razón alegada fue que las personas reunidas habían desobedecido los POE para el COVID-19.

    En cuanto la implementación de los POE para el COVID-19 entre en contacto con la presión electoral, es posible que la represión de las libertades de reunión pacífica y asociación se agrave. Lamentablemente, las OSC ya se encuentran fuertemente restringidas.

    ¿De qué manera puede la sociedad civil internacional ayudar a la sociedad civil de Uganda?

    La situación en que se encuentra la sociedad civil de Uganda es tal que requiere del apoyo y la respuesta urgentes de la comunidad internacional. Es necesario prestar atención a lo que está sucediendo en Uganda y expresarse de modo tal de amplificar las voces de una sociedad civil local que está siendo cada vez más sofocada. Más específicamente, se debería apoyar a las OSC ugandesas para que puedan responder mejor a las violaciones flagrantes de las libertades, mitigar los riesgos que conlleva su trabajo y mejorar su resiliencia en el contexto actual.

    El espacio cívico enUganda es catalogado como “represivo” por el CIVICUS Monitor. 
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  • ZAMBIA: "Las prácticas electorales observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región"

    McDonald ChipenziCIVICUS conversa con McDonald Chipenzi, Director Ejecutivo de la iniciativa Servicios de Gobernanza, Elecciones, Incidencia e Investigación (GEARS, Governance, Elections, Advocacy, Research Services) y presidente del Consejo de ONG de Zambia, acerca del estado del espacio cívico en vísperas de las cruciales elecciones generales que se celebrarán el 12 de agosto de 2021.

    ¿Cuál es la situación del espacio cívico y las libertades de los medios de comunicación antes de las elecciones?

    El espacio cívico y mediático en Zambia sigue siendo frágil y se ha ido reduciendo a causa de restricciones legales. Esto se ha visto agravado por el estallido de la pandemia de COVID-19 y la imposición de nuevas normas y directrices que han aumentado las restricciones a la libertad de movimiento y a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de la ciudadanía. Esto ha resultado en una ineficaz participación de la ciudadanía en los asuntos públicos nacionales.

    Las normas y directrices relativas al COVID-19 han agravado el ya delicado y restringido estado del espacio cívico, mediático y político en Zambia. Estas restricciones son el resultado de la aplicación selectiva de leyes arcaicas, como la Ley de Orden Público de 1955, y de leyes recientemente promulgadas, como la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos de 2021, cuyo objetivo es interceptar, vigilar e interferir en las conversaciones, la correspondencia y las comunicaciones de la ciudadanía, incluso sin orden judicial. Esta nueva ley, que se considera destinada a reducir el espacio cívico virtual, ha infundido temor en la ciudadanía, disuadiéndola de participar efectivamente en forma virtual. Como resultado, muchas personas han optado por permanecer en silencio o han abandonado plataformas virtuales como WhatsApp y Facebook.

    El espacio de los medios de comunicación también sigue marcado por la intimidación y el acoso como resultado de leyes restrictivas y de las acciones de las élites gobernantes. El cierre de Prime TV, una cadena de televisión privada, en marzo de 2021, tuvo un efecto paralizador en la comunidad de los medios de comunicación. La mayoría de ellos temen ahora acoger voces críticas y líderes de la oposición. Temen perder la publicidad del gobierno y otras oportunidades de negocios. Los actores más cercanos a los poderes fácticos también se distancian de los medios de comunicación que dan cabida a las voces críticas.

    ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad civil de cara a las elecciones?

    La principal preocupación de la sociedad civil es la seguridad de todos los involucrados, ya que la policía no se compromete a proporcionar seguridad a todos por igual. La policía se ha mostrado reacia a hacer frente a la violencia perpetuada por las élites del partido gobernante, e incluso ha contribuido a ella. Se teme que el día de las elecciones, cuando algunos partidos sientan que están perdiendo en algunos distritos electorales, realicen acciones disruptivas para obligar a repetir la votación, lo cual podría beneficiarles.

    Otra preocupación es la posibilidad de que se produzca un corte de internet, de los servicios de telefonía móvil y de las redes sociales, especialmente después de la votación, para tratar de ocultar los resultados.

    Una tercera preocupación es la pandemia de COVID-19, que se temió que se extendería si los partidos políticos celebraban mítines. Según el Ministerio de Salud y la Comisión Electoral de Zambia (CEZ), los mítines fueron considerados potenciales eventos de superdifusión de la COVID-19, por lo que se recomendó su prohibición. Esto afectó sobre todo a la oposición, ya que los funcionarios del partido gobernante continuaron utilizando las inauguraciones e inspecciones de proyectos de desarrollo como excusa para hacer campaña.

    Hay que tener en cuenta que el grupo de trabajo sobre COVID-19 formado por la CEZ para desarrollar las directrices estuvo dominado por las instituciones gubernamentales. De las 14 instituciones representadas, nueve eran gubernamentales, y hubo apenas tres espacios para los medios de comunicación y dos para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de género y agua y saneamiento.

    Para prevenir la violencia y mantenerla bajo control en caso de que se produzca, la sociedad civil trabaja con la policía, alentándola a ser más profesional y ética, y con los partidos políticos, para que proporcionen orientación a sus cuadros. También está haciendo un llamamiento al presidente de la República para que libere a la policía para que pueda enfrentarse a los delincuentes independientemente de su filiación partidaria.

    En cuanto a la posibilidad de un corte de los medios de comunicación y de internet, las organizaciones de la sociedad civil han enviado peticiones al presidente de la República para que se abstenga de interrumpir el servicio de internet o las redes sociales durante y después de las elecciones.

    Para estas elecciones, la Iniciativa GEARS desarrolló la llamada “estrategia Ing'ombe Ilede”, que permitirá recolectar los resultados electorales en caso de un corte de internet. Se ha designado un lugar común para que los coordinadores de circunscripción y de provincia que participan en las elecciones compartan sus documentos sin necesidad de reunirse. Esta estrategia está inspirada en las antiguas tácticas comerciales utilizadas en un lugar llamado Ing'ombe Ilede, situado en el valle de Gwembe, en una provincia del sur de Zambia. Creemos que esta estrategia ayudará a sortear un posible corte de internet, sobre el cual ya ha advertido el gobierno.

    ¿Está aumentando la polarización en vísperas de las elecciones? ¿Qué efectos tendrán las elecciones sobre la división social y política?

    Las elecciones han polarizado al país, ya que los políticos del partido gobernante están utilizando el regionalismo y el tribalismo para ganar votos en sus supuestos bastiones. El impacto de esto será una profunda división después de las elecciones, especialmente si el partido gobernante gana las elecciones, ya que marginará a quienes considere que no lo apoyaron en las elecciones. Los grupos o regiones percibidos como baluartes del principal partido de oposición ya han sido marginados y discriminados en términos de oportunidades económicas y de desarrollo, incluido el reparto de cargos políticos en el gobierno.

    Las oportunidades de empleo y negocios también son un coto de quienes son percibidos como partidarios del partido gobernante. Los mercados y las estaciones de autobuses están en manos de partidarios del partido gobernante y no de los ayuntamientos. Esto ha reducido el espacio cívico de muchos ciudadanos que sobreviven gracias al comercio en los mercados y las estaciones de autobús, ya que les ha llevado a adoptar la llamada “estrategia de la sandía”, así designada porque dicha fruta es verde (el color del partido gobernante) por fuera y roja (el color de la oposición) por dentro. Esto les permite sobrevivir en esos mercados, paradas de autobús y estaciones y paradas de taxi. Esta situación puede agravarse si el partido gobernante mantiene el poder.

    ¿Cuál es la situación de la economía, y cómo influirá en las decisiones de los votantes?

    El estado de la economía zambiana no es bueno, sino que afecta a muchos ciudadanos de a pie. La moneda local, el kwacha, ha seguido depreciándose frente a las principales divisas convertibles. El costo de vida se ha cuadruplicado y los precios de los productos básicos se han disparado. Los pobres apenas consiguen vivir mientras las élites políticas gobernantes duermen encima del dinero debido a la excesiva corrupción y al abuso de los recursos del Estado en ausencia de controles y rendición de cuentas. Los pobres comen para vivir, no viven para comer. Esto tendrá un fuerte impacto en las zonas periurbanas de las principales ciudades, como Lusaka y los pueblos de Copperbelt.

    La población rural, por su parte, puede que no se vea tan afectada por la situación de la economía, ya que la mayoría recogió buenas cosechas en las últimas temporadas de lluvias y también se benefició de un plan de transferencias sociales en efectivo dirigido a las personas mayores y e sectores vulnerables, que ahora se ha convertido en una herramienta de campaña. Además, los votantes rurales tienden a ser conservadores y a votar por los partidos políticos tradicionales preferidos por sus antepasados.

    Zambia ha sido conocida como un bastión de la democracia en la región. ¿Qué impacto tendrán estas elecciones sobre la democracia, tanto en Zambia como en la región?

    Esta elección es clave para el desarrollo de una tendencia regional sobre el manejo electoral. Si se gestiona muy mal y desemboca en el caos, puede influir negativamente en la región, ya que los líderes de la mayoría de los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) suelen copiarse unos a otros. Al tratarse de una de las pocas elecciones celebradas en la región durante la pandemia de COVID-19 tras las históricas elecciones de Malawi, Zambia tiene la oportunidad de demostrar que sigue siendo el bastión de la democracia en la SADC.

    Sin embargo, las prácticas observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región. Por ejemplo, la cancelación de mítines y otras actividades de campaña, principalmente dirigidas contra la oposición, mientras el partido gobernante y los funcionarios públicos siguen realizando sus campañas, es una muy mala lección para la democracia, la competencia justa y la credibilidad de las elecciones. La aplicación selectiva del código de conducta electoral por parte de la autoridad electoral es también un muy mal ejemplo para la región. Por lo tanto, la región tendrá que separar las buenas prácticas de las malas. Sin embargo, la mayoría de las instituciones electorales y los líderes políticos se inclinan más por las malas prácticas y dejan de lado las buenas, ya que aquellas benefician a los titulares del poder.

    ¿Qué pueden hacer los grupos regionales y globales de la sociedad civil para apoyar a la sociedad civil zambiana durante este periodo de elecciones y tras ellas?

    La sociedad civil regional y global tiene un rol importante que desempeñar para garantizar que en Zambia prevalezca la paz y que después de las elecciones no se produzcan intimidaciones y acosos dirigidos contra el movimiento de la sociedad civil. Es necesario vigilar los acontecimientos postelectorales, especialmente en lo que respecta a las maniobras para reducir el espacio cívico. A pocos días de las elecciones, el 9 de agosto, el Secretario Permanente del Ministerio de Información y Radiodifusión, Amos Malupenga, emitió un comunicado en el que advertía a la ciudadanía que el gobierno podría cortar internet antes de las elecciones, lo cual supone una amenaza directa para el disfrute de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en línea de la ciudadanía durante y después de las elecciones.

    El ejército y otras fuerzas de defensa, además de la policía, se han desplegado en las calles de todo el país con el pretexto de sofocar cualquier posible acto de violencia política y electoral. Esto puede dar lugar a abusos que socaven el espacio cívico físico. Por lo tanto, el espacio cívico y político tanto físico como virtual continuarán constantemente bajo amenaza del establishment durante y después de las elecciones, como lo han estado antes.

    La sociedad civil y los medios de comunicación críticos son blancos potenciales de intimidación y acoso tras las elecciones; de ahí la necesidad de que la sociedad civil global y regional apoye a la sociedad civil de Zambia con estrategias para contrarrestar las represalias que tras las elecciones pueda imponerles la maquinaria estatal. Si el gobierno actual gana, su categorización, marginación y discriminación de las organizaciones de la sociedad civil según su filiación partidaria real o percibida empeorará tras las elecciones.

    Dado que el proceso de derogación de la Ley de ONG sigue en curso, el periodo postelectoral podría ser testigo de la adopción de un nuevo enfoque para completarlo.

    Se necesitarán estrategias de solidaridad y fondos legales para ayudar a quienes puedan ser incriminados y acusados bajo leyes arcaicas. Es necesario seguir desafiando la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos, la Ley de Orden Público y la Ley de ONG. Para ello, es necesario que la sociedad civil regional y global apoye, defienda, promueva y proteja el espacio cívico y mediático en Zambia antes, durante y después de las elecciones.

    El espacio cívico en Zambia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

    Póngase en contacto con GEARS a través de su página de Facebook y siga a @GearsZambia en Twitter.

     

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