espacio cívico
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EL SALVADOR: “Las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura”
CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales de El Salvador con Carolina Amaya, periodista salvadoreña independiente especializada en crisis climáticas y conflictos socioambientales.¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones generales?
Al cumplirse 80 años del fin de la dictadura de Maximiliano Martínez, El Salvador se acerca a una nueva dictadura. El 4 de febrero, con la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños perderemos la garantía de nuestros derechos humanos básicos.
La primera gestión de Bukele se caracterizó por la violación masiva de derechos humanos: militarización desmedida, un prolongado régimen de excepción, estigmatización y criminalización de la pobreza como sinónimo de vínculos con pandillas, ataques a la prensa independiente, despojo de tierras, destrucción ambiental, persecución de defensores ambientales, y la lista sigue. Esa realidad es maquillada por la propaganda que difunden medios de comunicación y creadores de contenidos alineados con el gobierno. Su narrativa se resume en que las pandillas regresarán a las calles si Bukele o su partido, Nuevas Ideas, pierden el poder.
Bukele está buscando su reelección como resultado habiendo ignorado la Constitución de El Salvador, que no lo permite. Por lo tanto, su nueva gestión será inconstitucional, así como todas las decisiones que tome. Es de temer que todos los derechos establecidos en esa misma constitución sean violentados. Además, ya no podremos saber cuánto tiempo Bukele y su círculo se mantendrán en el poder.
En suma, lo que está en juego en estas elecciones es nuestra agonizante democracia. La ciudadanía salvadoreña se expresará en las urnas, pero no es posible saber si en el futuro podrá volver a hacerlo libremente.
¿Cuáles son las perspectivas de que estas elecciones sean verdaderamente libres y competitivas?
Las elecciones serán libres, pero completamente irregulares dado la participación del candidato que se perfila como ganador es inconstitucional. El proceso está viciado desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de la candidatura de Bukele, pese a estar inhabilitado para la reelección.
En cuanto al elemento de competitividad, hay otros partidos con otras propuestas, pero la competencia es desigual. El partido de gobierno ha hecho uso de fondos oficiales para su campaña electoral, mientras que los demás debieron financiarse con fondos propios para hacer frente a una maquinaria bien financiada y con fuerte presencia tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Esto aniquila toda alternativa, por lo que las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura.
La democracia nacida en 1992 se ha ido degradando a través de los años. Cada partido político que ha ejercido el poder se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. La corrupción, la prepotencia de las elites, la ineficacia del Estado y la falta de transparencia han generado descreimiento generalizado. Las comunidades más precarias se han vuelto bastiones del bukelismo porque dependen de sus políticas asistencialistas para satisfacer necesidades inmediatas, ya que tienen claro que no pueden esperar soluciones de largo plazo.
El gobierno ha hecho una intensa campaña electoral en torno de la entrega de cajas de alimentos y de la inauguración de obras, cosas que están prohibidas por el Código Electoral. No hay autoridad que pueda poner freno a estas ilegalidades porque toda la estructura estatal, incluido el poder judicial y los órganos de contralor, está cooptada por el bukelismo.
¿Cuál ha sido el clima de opinión de cara a las elecciones generales?
En redes sociales como YouTube y TikTok predominan la desinformación y la manipulación de la información predominan, mientras que en medios televisivos se ha impuesto una campaña del miedo. Esto no es novedad en El Salvador: durante mucho tiempo los partidos políticos explotaron en campaña el temor de que El Salvador pudiera convertirse en otra Cuba u otra Venezuela. Ahora la amenaza se enfoca en la seguridad y la preservación de la vida.
Es muy preocupante el modo en que este mensaje ha calado en la ciudadanía salvadoreña, al punto no solamente de normalizar la candidatura inconstitucional de Bukele sino también de darle la certeza de que ganará cómodamente.
¿Cómo se han posicionado la sociedad civil, la oposición política y la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?
El gobierno de Bukele ha sido autoritario a lo largo de todos estos años y en muchos sentidos, no solamente en lo que se refiere a la política de seguridad. Durante la pandemia encerró a miles de personas que no acataban el aislamiento. Cuando acabó la cuarentena instauró el régimen de excepción que le permite espiarnos, perseguirnos y capturarnos. Ha militarizado las calles, y esto se ha intensificado en enero de 2024, y particularmente en vísperas de las elecciones presidenciales. Los militares están patrullando cada barrio de San Salvador, la ciudad capital, para demostrar su presencia y su poder.
La población en general agradece el que las pandillas perdieran gran parte del control del territorio. Ese es el principal logro de la gestión Bukele. El problema es que la mayoría desconoce la realidad de las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que piensa que logró limpiar las calles de pandilleros solo con someterlos al régimen de excepción.
El manejo mediático de las imágenes de los pandilleros en las cárceles ha sido muy efectivo, al punto que ha tenido repercusiones internacionales. En varios países de Latinoamérica que experimentan el flagelo del crimen organizado la gente reclama por una figura autoritaria como Bukele para ponerle fin. Hasta la presidenta de Honduras, ideológicamente muy lejana a Bukele, ha optado por la militarización y el uso de la represión para lidiar con las pandillas.
¿Cómo se ha restringido el espacio cívico durante la presidencia de Bukele?
Desde mi rol de periodista puedo atestiguar que muchas personas les escapan a las cámaras porque no se atreven a hacer declaraciones públicas. Fuentes de años dejaron de atenderme a partir de 2019, cuando llegó Bukele al poder. En los cinco años de esta gestión esta situación se ha profundizado. La libertad de expresión es cada vez más limitada, al igual que la libertad de reunión. Por ejemplo, cuando se convocan marchas en la capital se activan dispositivos policiales para retener los buses que vienen desde el interior.
El acoso a voces disidentes se ve también en redes sociales. Día tras día, periodistas y personas defensoras de derechos humanos son denigradas por ejércitos de trolls. Yo misma he sido sido una de las 10 periodistas más atacadas en Twitter. Los ataques contra nosotras suelen tener contenidos misóginos.
Algunas organizaciones, como Acción Ciudadana, la Asociación de Periodistas de El Salvador y Cristosal, denuncian la falta de un ambiente libre para opinar, pues estas denuncias no han surtido mayor efecto. La libertad de expresión ha continuado degradándose. Un país sin libertad de expresión, donde se violan derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos son perseguidas, no es otra cosa que una dictadura.
El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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ESLOVENIA: “El gobierno ha aprovechado la pandemia para restringir la protesta”
CIVICUS conversa acerca del reciente giro a la derecha producido en Eslovenia con Brankica Petković, investigadora y directora de proyectos del Instituto para la Paz de Liubliana. Fundado en 1991, el Instituto para la Paz -Instituto de Estudios Sociales y Políticos Contemporáneos- es una institución de investigación independiente y sin ánimo de lucro que utiliza la investigación y la incidencia para promover los principios y las prácticas de una sociedad abierta, el pensamiento crítico, la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Trabaja en colaboración con otras organizaciones y con la ciudadanía nivel local, regional e internacional.
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ESPAÑA: ‘Exigimos vías legales y seguras para la migración; los intentos de detenerla sólo causarán más sufrimiento’
CIVICUS habla con Solidary Wheels sobre las consecuencias letales de las políticas antimigrantes de los gobiernos europeos, a la luz de las muertes de personas migrantes en un intento de cruce de la frontera entre España y Marruecos el 24 de junio.
Solidary Wheels es una organización de la sociedad civil (OSC) española que tiene como objetivo desafiar las políticas fronterizas europeas y la constante violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas. Promueve una vida digna para las personas que emigran a Europa denunciando las violaciones de derechos humanos en las fronteras y proporcionando a migrantes y solicitantes de asilo asistencia legal y médica, entre otros servicios.
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ESPAÑA: ‘Las reglas de juego de la democracia son usadas para promover una ideología anti-derechos’
CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones españolas con Núria Valls, presidenta de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una plataforma que integra a 29 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de Iberoamérica, especializadas en desarrollo humano, social y comunitario. Legalmente constituida en España, la Liga Iberoamericana lleva 20 años trabajando en temas de niñez, juventud, educación y trabajo con una perspectiva de derechos humanos, a través del asesoramiento a gobiernos, el monitoreo y la evaluación de programas y la integración de redes y la incidencia en política pública a nivel local, nacional e internacional.
¿A qué se debe la inestabilidad política que llevó a España a celebrar dos elecciones en 2019?
La desafección generalizada respeto del sistema político que se constituyó después de la transición de la dictadura a la democracia en los años ‘70 conllevó un deterioro importante de los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Estos partidos políticos estaban muy acostumbrados al bipartidismo y a gobernar con amplias mayorías. Cuando aparecieron otros partidos en el escenario se volvieron necesarios los pactos y coaliciones, que hasta entonces solo se habían dado en el ámbito local. Se hizo necesario incluir a partidos más minoritarios y a los partidos nacionalistas de las periferias del país, lo cual no siempre comporta buenos réditos electorales.
Además, el conflicto político en Cataluña había radicalizado las posiciones de los partidos de alcance estatal, que entraron en una especie de “carrera” para demostrar quién es más español. Incluso los partidos de izquierdas no se atreven a tener un discurso de reconocimiento de las pluralidades nacionales en España porque los medios de comunicación, especialmente los de la capital, Madrid, los critican de forma agresiva.
En las primeras elecciones de 2019, celebradas en mayo, el PSOE se sintió incómodo pactando con los partidos de izquierdas e independistas, que habían apoyado la moción de censura para cambiar el gobierno conservador del PP. A esto se sumaron los egos personales de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, la coalición de izquierda conformada en 2016 por el movimiento político Podemos y varias fuerzas políticas más, que hicieron imposible un pacto en ese momento.
El PSOE hizo una mala lectura de las encuestas y creyó que unas segundas elecciones le darían la mayoría, y por lo tanto la posibilidad de gobernar en solitario. Ante las elecciones de noviembre la gente se enfadó porque interpretó que a causa de los egos personales de sus líderes los partidos no habían hecho su trabajo, y en cambio nos habían hecho perder tiempo y dinero. Todo ello profundizó aún más el desprestigio de la política.
¿Piensas que el partido de extrema derecha Vox se benefició de esta situación?
Vox es uno de los partidos que más se ha beneficiado de estas segundas elecciones. Dobló su cantidad de votos y pasó a ser el tercer partido más representado, con 52 escaños, detrás de los dos partidos mayoritarios.
Tradicionalmente en España se consideraba que no había extrema derecha porque el PP aglutinaba a toda la derecha. Pero Vox emergió con mucha fuerza, con un discurso franquista, agresivo, anti-derechos humanos y, por supuesto, presentándose como garante de la unidad de España frente a los separatismos. De hecho, la gestión de la situación de Cataluña ha sido un caldo de cultivo para la aceptación de discursos cada vez más de derechas, justificados en la necesidad de preservar la unidad de España.
Otro resultado electoral para analizar es que el partido “liberal” Ciudadanos, que no hace mucho pensaba que tenía opción a gobernar, prácticamente desapareció dado lo magro de sus resultados. Ciudadanos había centrado su discurso en el conflicto territorial y en la unidad de España. Los votantes que priorizaban este tema prefirieron a Vox, que tiene una postura más radical.
A pesar de los buenos resultados obtenidos por Vox, las izquierdas ganaron las elecciones y esta vez sí rápidamente, en apenas 24 horas, se forjó el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que anteriormente había sido imposible. La ciudadanía no entendió por qué lo que hacía unos meses había sido imposible ahora era posible. Pero lo importante es que se priorizó formación de un gobierno frente a la sensación de inestabilidad y parálisis de los últimos años. Ante este pacto amplio de los partidos de izquierdas, la derecha reaccionó con discursos muy agresivos, fuertemente enraizados en el franquismo.
Finalmente se logró, gracias a la abstención de los independentistas catalanes, formar un gobierno. No le va a ser fácil gobernar, pero promete ser una experiencia muy interesante y con posibilidades de generar cambios. Será un gobierno muy amplio, con 22 carteras ministeriales, en el que resalta la paridad de género.
¿Cómo caracterizarías a Vox como fuerza política y como tendencia ideológica?
Vox es un partido de extrema derecha que no esconde su discurso xenófobo, anti-derechos humanos y con dos objetivos fundamentales: la unidad y centralización de España y la eliminación de las políticas de género.
Es un fenómeno preocupante que no solamente se está dando en España. Los partidos de ultraderecha surgen en momentos de frustración de la población ante las desigualdades económicas y sociales en un mundo globalizado. Hay un movimiento internacional – que se extiende por Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y muchos otros países - que pone el foco en estigmatizar y criminalizar la migración y la llamada “ideología de género”. Y habría que analizar el apoyo a estos discursos por parte de algunas congregaciones religiosas.
Estos partidos utilizan las reglas de juego de la democracia para promover una ideología anti-derechos humanos. Es paradójico que la democracia, que nace bajo los valores de la participación y del respeto de los derechos, sirva en estos momentos para fortalecer y fomentar una ideología totalmente opuesta a esos valores.
¿Cómo ocurrió este giro a la derecha tan solo unos años después de que tanta gente se movilizara con reclamos de justicia económica y social?
Un elemento de este giro tiene que ver con el enfado de una parte de la población con la política. La corrupción de los partidos ha tenido un gran impacto en la sociedad, que piensa que los políticos solo están en política para enriquecerse. No hay una concepción de la política en sentido amplio bajo el concepto del bien común.
En particular, hay un sector de jóvenes que ven su futuro muy difícil, con muy pocas expectativas y que piensan que votar a Vox es una opción antisistema. Es el voto de los que piensan que la migración les va a quitar el trabajo y los recursos del estado y que las políticas de género son exageradas. Vox utiliza muy bien las redes sociales con mensajes directos y muchas veces basados en falsedades, pero que van calando en la población.
El conflicto territorial de España con Cataluña también ha sido un catalizador de este enfado. El mensaje de “A por ellos” con los que se despedía a los policías del resto de España que iban a Cataluña para evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que después fue reforzado por el mensaje del Rey, despertó un sentimiento anti-catalán. El bloque de derechas, y especialmente Vox, se ha apropiado la defensa de la monarquía frente a los partidos de izquierdas republicanos.
Desde la sociedad civil, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Piensas que el espacio para la sociedad civil se está degradando en España?
A la sociedad civil organizada nos ha cogido un poco desprevenidos. Por una parte, no creíamos que el apoyo electoral a Vox fuera tan fuerte, y por otra parte hemos tenido un debate sobre si debíamos responderles, y por tanto darles más repercusión mediática, o si lo mejor era ignorarlos. Predominó la segunda opción, también entre los partidos políticos. Y la estrategia de ignorarlos contribuyó al aumento de los votos de Vox. No hubo nadie que respondiera a sus expresiones de forma contundente y con argumentos claros.
Ahora el debate de la sociedad civil gira en torno de la necesidad de defender de forma clara y contundente los derechos humanos y contestar cualquier expresión que vulnere o estigmatice a cualquier colectivo.
En los territorios donde está gobernando junto con el PP y Ciudadanos, tales como Andalucía, Madrid y Murcia, una de las primeras acciones de Vox ha sido presionar para que se acaben las ayudas a las organizaciones que trabajan con mujeres o con colectivos vulnerables.
Estamos en un momento de riesgo de retroceso en las libertades y por tanto es necesario trabajar más unidos que nunca como sociedad civil. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación clara para llegar a toda la ciudadanía. Muchas veces desde la sociedad civil estamos muy encerrados en nosotros mismos y nos cuesta llevar nuestro mensaje más allá de nuestro círculo.
Otra estrategia de la derecha, especialmente de Vox y el PP, es utilizar la justicia para dirimir desacuerdos políticos. Gran parte de la justicia en España todavía está muy ideologizada, ya que sigue habiendo muchos jueces conservadores, herederos del régimen franquista. Como consecuencia ha habido muchas sentencias en contra de la libertad de expresión en las redes, incluida la censura de temas musicales. Y también ha habido muchas personas condenadas por manifestarse públicamente, especialmente en Cataluña.
¿Cómo ha evolucionado la situación de Cataluña desde el referéndum de 2017?
El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un acto de empoderamiento de una parte de la población catalana que participó de forma muy activa, con un importante sentimiento colectivo de desobediencia civil, para conseguir un futuro mejor frente un estado que hizo todo lo posible para que no se celebrara. La violenta represión estatal durante el referéndum y las fechas posteriores incrementaron el sentimiento colectivo de una parte importante de la población a favor de la independencia, y especialmente a favor del derecho a decidir mediante elecciones.
A partir del referéndum, la represión contra los independentistas catalanes se incrementó, y el estado hizo uso de toda su maquinaria policial y judicial. Además, puso en marcha el artículo 155 de la Constitución, que dota al estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan obligaciones constitucionales o legales o atenten gravemente contra el “interés general” de España. Mediante el artículo 155 se suspendió la autonomía de Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, cuando se celebraron nuevas elecciones regionales. Esto supuso prácticamente un año de paralización política, financiera y administrativa en Cataluña.
Anteriormente, el 16 de octubre del 2017, los líderes de las dos entidades civiles independentistas catalanas más representativas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, habían sido encarcelados por mediar en una manifestación espontánea y pacifica delante de un edificio de la Generalitat, el gobierno catalán, donde la policía estaba haciendo un registro. Se les encarceló preventivamente, sin posibilidad de salir en libertad antes del juicio.
A partir de estas detenciones aumentó la represión judicial hacia el gobierno de Cataluña, que culminó con la detención del vicepresidente y cinco ministros del gobierno más la presidenta del Parlamento de Cataluña, todos los cuales fueron puestos en prisión preventiva antes del juicio. Por su parte, el presidente de la Generalitat se exilió en Bélgica junto con cuatro ministros más, y dos políticas se exiliaron en Suiza. El gobierno de España hizo declaraciones afirmando que había descabezado al movimiento independentista.
Todo este proceso judicial y represivo complicó aún más la situación política en Cataluña. La sentencia del 14 de octubre del 2019, que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por un total de 100 años, hizo estallar nuevas protestas callejeras.
A diferencia de todas las manifestaciones independentistas desde 2012, estas últimas protestas provocaron muchos disturbios y fueron enfrentadas con represión policial. Además, los jóvenes fueron protagonistas y adoptaron una actitud más radical frente a la represión. En ese contexto surgió el movimiento anónimo Tsunami Democrático. Inspirado en las protestas de Hong Kong, este movimiento convoca a través de las redes sociales a grandes movilizaciones pacíficas en diversos sitios, como la frontera o el aeropuerto. La policía ha intentado descubrir quien está detrás, pero es un momento de empoderamiento colectivo de la sociedad civil independentista.
En la actualidad, tras las últimas elecciones en España donde el PSOE y Unidas Podemos necesitaron la abstención del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña para poder hacer gobierno, el panorama es otro. El gobierno se ha comprometido a hacer una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña y a llevar los acuerdos de esta mesa a la votación de la ciudadanía. No va a ser fácil porque los partidos de derecha, utilizando los recursos judiciales a su alcance, están intentando boicotear este proceso. Hay que hacer un esfuerzo para buscar una solución para los presos independentistas que facilite una solución política y pacífica y permita iniciar un proceso de diálogo real.
El espacio cívico en España es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.
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ETHIOPIA: ‘Civil society can play a key role in overcoming divisions’
CIVICUS speaks to Yared Hailemariam, Executive Director of theAssociation for Human Rights in Ethiopia, about recent political reforms in Ethiopia, the opening opportunities for civil society and the prospects for further change.
Can you tell us about your background and how the political reforms introduced in Ethiopia since 2018 by Prime Minister Abiy Ahmed have impacted on you?
I used to work for the Ethiopian Human Rights Council (EHRCO), a civil society organisation (CSO) established in 1991 by people concerned about the human rights situation in Ethiopia at that time. This was just after the removal of the military junta and its replacement by the current ruling coalition, the Ethiopian People’s Revolutionary Front (EPRDF). I joined EHRCO as an investigator in 1998, and then came the notorious 2005 elections, which the government rigged and which were followed by violence. There were mass killings in the capital, Addis Ababa, in June 2005, and then my colleagues and I were targeted by security forces and detained several times. One time we were detained for a couple of weeks. After we were released there were more clashes between government security forces and opposition members and supporters. Just before the second round of massacres in November 2005 I left the country to attend a conference in Uganda, and while I was there I found myself in the wanted list, so after that I was in exile.
I returned home in January 2018 for the first time after 13 years in exile. Currently I’m leading the Europe-based Association for Human Rights in Ethiopia, which is an organisation that was working to fill the gap, because Ethiopian civil society was under threat and not able to do any advocacy activities outside the country. They were not able to conduct any research or reach the international community. So some of my colleagues who left the country and I established this association in 2013. We conducted undercover research in Ethiopia, but mostly we have focused on advocacy. I was working mostly at the United Nations (UN) Human Rights Council, the African Commission on Human and Peoples’ Rights and with European institutions. We were doing advocacy together with CIVICUS, the Committee to Protect Journalists, DefendDefenders, Front Line Defenders, Human Rights Watch and other partner organisations. But now we are allowed to go back home.
What are the main differences the political reforms have made for Ethiopian civil society?
In the last 10 years, civic space in Ethiopia was in a very horrible condition but now, following these reforms, it’s seen a really huge change. Civic space has opened widely.
The previous law was very restrictive. It targeted civil society working on rights-based issues, but now CSOs are encouraged. The Civil Society Proclamation, a very draconian piece of legislation, has been reformed, and the process was very open and civil society was respected in it. The new draft accommodated all our concerns. The previous law established an agency that monitored the activities of civil society that was very authoritarian and limited the work of civil society, but that institution has also been reformed. In the new agency there’s a presence of civil society and independent representatives, as well as people from the government. I visited the agency. They are very friendly, very open and work really closely with civil society.
Just a year and a half ago, international human rights organisations were not able to organise any meeting or training activity, or even visit Ethiopia. I’ve now been able to conduct capacity development workshops in Addis Ababa. So, the impression I have is one of huge progress that is very satisfactory for local civil society.
The opening of civic space in Ethiopia can be also a good example for other countries that had followed the bad practices of Ethiopia.
How has civil society responded to the changes?
There is now a lot of activity, including training and workshops, and it’s open to international human rights organisations. They are providing capacity development training and financial and technical support to local civil society, which is also receiving support from donors, embassies and the international community. These opportunities are new. Local civil society can now recover and rehabilitate from its past limitations, and reach the international community, because people can also now travel.
What are the major challenges that remain for civil society?
Because of the impact of the previous laws and because CSOs were labelled as enemies of the state they were restricted in their development, and now they have challenge of getting back to attracting skilled professionals. CSOs have opportunities but they don’t have the capacity to explore and exploit all the opportunities that come to their door. That’s the big challenge. I interviewed some CSOs that don’t know how to prepare a proposal to attract donors and don’t know how to do advocacy. I met some donors who told me that they want to provide support to local civil society but there is shortage of skilled people who can prepare proposals and report back to them at the level they require. Now an election is coming in 2020 and many CSOs want to engage with this process, but even prominent CSOs have told me that they don’t know how to approach donors and how to submit good proposals to get grants.
So there is a huge gap now, and that’s the area where we are trying to support local CSOs to develop skills. There is a need for people from outside. What I’m saying to the international community is that it’s not enough to go there and do training; if they send one or two experts for some months these experts could help strengthen and offer support for some prominent CSOs.
Given that the reforms are emanating from the prime minister, what are the risks that could hinder further reforms?
There are potential dangers. Reform is still at the top level. The prime minister promised to reform the country through a democratic transition and to open up the political space. You can feel that there is a change in the country and there is some political willingness at the top level, but at the same time the regime has huge and very complex bureaucratic structures.
Most government structures, offices and institutions are full of political appointees from parties in the ruling coalition. That makes it really difficult to reform organisations. Even when the central government in Addis Ababa says something or a new law or regulation is adopted, it may not go very deep. Reforms may not go deep through to the bottom of bureaucracy, to the structures. People are starting to complain in public media that the government is saying the right things, reforming the law, appointing new faces to high-ranking positions, but the suffering still continues at the lower level. So, that’s one challenge, and there is still no clear roadmap that shows how the central administration can improve this mess
People who were appointed because of their political affiliation rather than their talents now feel under threat. They fear they may be moved or replaced. So in some regions we have seen that some movements are trying to shift the direction of reform. Some people linked to the old regime are still in control of their regions and are trying to instigate conflicts. They have money and weapons, so they can manipulate regions to instigate ethnic conflicts.
The EPRDF is a coalition of four major parties that are now not united like they were before and are publicly disagreeing. There are tensions between the Amhara and Tigray regional governments, and recently a conflict erupted in the border area between the Amhara and Oromia regions. In the past, these groups acted together because they were fully dominated by the Tigray People’s Liberation Front and the other parties were used as a tool. But now, each of the regional governments considers themselves as effectively a sovereign state so there is competition. Each regional state is recruiting and training militias, such that each region has thousands of fully armed forces.
There is a fear that the administration in Addis Ababa has failed to control these dynamics of conflicts and tension within the ruling coalition that might affect the unity of the country. We don’t know in which direction it will lead us, but there are clear tensions. There is tension between the ruling party members and the different coalition parties, there is ethnic tension, and in each region there are extremist elements, groups that spread hate speech and advocate the removal of other targeted ethnic groups from their region. Ruling parties are also competing and fighting with the extremist groups in their regions. Because of this, the Addis Ababa administration is failing to reinforce the rule of law.
In some regions, the instability is such that there are huge and serious debates about the dangers of holding the election. Some parties are requesting that the election be postponed for at least six months because of extreme elements, and the fear that people will be targeted and attacked and wouldn’t be moved from region to region to mobilise their supporters or open offices. Some parties are restricted from moving and are now only able to work in Addis Ababa, and maybe a few more cities where they are given full security. So, many parties have requested a delay. But on the other side, extreme and ethnic-based parties are requesting that the government conducts the election on its planned dates. They have already declared that if the election day changes, even by one day, they will call for a protest, and that might create more problems. So now the Addis Ababa administration faces a dilemma. If the election is conducted on its time, I’m sure that ethnic nationalist extremist parties that are instigating violence will win seats in parliament. These upcoming days, weeks and months will be a very difficult time for Ethiopia.
What role is hate speech playing in stoking ethnic conflict?
People are living together and still sharing values. In Addis Ababa you didn’t feel it. People are living their normal lives and going about business as usual. It is the elites and their activists who are using social media to spread hate speech instigating ethnic tension, violence and targeting of certain groups of people. They have followers, and when they call some kind of violent action you immediately see that there is a group on the ground that’s ready to act and attack people.
In the last year and a half almost three million people were forced into internal displacement. Ethiopia is now in the 10 highest countries in the world for internal displacement. This has happened in the last year and a half because of ethnic conflicts. Hate speech is spreading easily and very quickly through phones and social media, especially Facebook. Some of the calls for ethnic conflicts are coming from outside Ethiopia, including Europe and the USA.
Now the government is drafting a new law to regulate hate speech, but it’s really hard to tackle.
How can further political reform be encouraged?
We all, especially human rights activists and researchers, including from the international community, need to encourage this reform in many ways. We need to support the strengthening of national human rights institutions, including the Ethiopian Human Rights Commission, and strengthen the capacity of local civil society.
Civil society could play a key role in overcoming divisions, given that political parties and some media are ethnically based. Because civil society is neutral, the international community should focus on strengthening its capacity to play a key role in shaping the behaviour of new generations, who are vulnerable to being used by political elites. Civil society could give broad-based civic education to nurture good citizens who understand their responsibilities.
In short, we need to focus on how to strengthen the capacity of civil society to support the positive achievements and political reforms going on in Ethiopia.
What are the most urgent support needs of civil society?
There are many ways to support local civil society, and not only by providing money. As I said earlier, there is now the possibility to receive funding, but people still need skills to apply for and use these grants. So, in addition to financial support, local civil society needs skill training in various aspects, including in advocacy, research methodologies, monitoring and documenting human rights, and they also need to network, and not only at the national level. They need support to connect themselves to the outside world, to the UN Human Rights Council and other international and regional mechanisms. Local civil society is not able to use these processes well, and some don’t know how to engage with these international mechanisms at all. So, they need the guidance and support of the international community.
Civic space in Ethiopia is rated as ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
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ETIOPÍA: “Las elecciones de junio de 2021 son una cuestión de vida o muerte para la democracia”
CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.
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FILIPINAS: “Los cargos en mi contra son parte de la tentativa del gobierno de silenciar a quienes lo critican”
CIVICUS conversa con la presidenta del grupo de derechos humanos Karapatan, Elisa “Tita” Lubi, que actualmente enfrentacargos falsos de intento de asesinato. Fue acusada, junto con el secretario general de Karapatan para la región de Mindanao Sur, Jayvee Apia, por la presunta comisión de estos delitos durante un enfrentamiento armado entre militares y miembros del grupo opositor armado Nuevo Ejército del Pueblo en mayo de 2018. La causa recién se abrió en junio de 2020, dos años después del supuesto enfrentamiento.
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G20: “La sociedad civil es tratada como un socio de segunda clase y a menudo no es escuchada”
CIVICUS conversa con María Emilia Berazategui, Coordinadora Global de Incidencia Política de Transparencia International, acerca del rol de la sociedad civil en los foros internacionales e intergubernamentales y el grado en que puede influir en los procesos de toma de decisiones, así como sobre los éxitos conseguidos y los desafíos encontrados en 2019 por el C20, el foro de sociedad civil dentro del G20. Antes de incorporarse a Transparencia Internacional, María Emilia lideró el área de Instituciones Políticas y Gobierno en la organización de la sociedad civil (OSC) argentina Poder Ciudadano. En 2018 fue nombrada Sherpa del C20 bajo la presidencia de Argentina. En 2017 y 2019 fue miembro del Comité Directivo del C20, y en 2018 y 2019 fue copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción del C20.
¿Qué es el C20, y por qué es importante?
El C20 (Civil-20) es uno de los grupos de afinidad oficiales del G20, y es el espacio natural para que las OSC hagan incidencia a nivel del G20.
Hay otras dos formas en que las OSC pueden participar en los procesos del G20: asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo del G20, como invitadas, para presentar recomendaciones temáticas, y a través de su presencia en el Centro Internacional de Medios de Comunicación del G20 durante las cumbres, lo que les permite relacionarse directamente con los medios de comunicación que cubren la cumbre del G20 y difundir sus mensajes en torno a temas clave.
El C20 es un espacio global de la sociedad civil, sin estructura permanente y con una presidencia que rota anualmente, en consonancia con la del G20, para que las OSC de todo el mundo -desde grupos locales y de base hasta grandes OSC internacionales- influyan colectivamente en el G20. Según los recientemente adoptados Principios del C20, su objetivo es garantizar que los líderes mundiales escuchen no solo las voces que representan a los sectores gubernamental y empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil, y que se guíen por los valores fundamentales de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.
El trabajo de la sociedad civil en el G20 es importante porque estamos a apenas 10 años de la fecha límite de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la brecha entre las acciones emprendidas por los gobiernos y las medidas que deben tomarse para alcanzarlos es inmensa. La mayoría de los desafíos que enfrentamos -la polarización política y el extremismo, los abusos de derechos humanos y las restricciones del espacio cívico, la desigualdad extrema, la corrupción sistémica, las disparidades de género y la violencia de género, la discriminación interseccional, la falta de empleo digno, la crisis sanitaria y el impacto negativo de la digitalización y la tecnología sobre nuestras vidas- no solamente siguen sin respuesta, sino que continúan profundizándose.
Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen un rol fundamental que desempeñar en la búsqueda de soluciones compartidas para los desafíos comunes. Los líderes mundiales deben reunirse urgentemente para encontrar esas soluciones y, a pesar de todos sus déficits, el G20 es uno de los pocos espacios que les brinda la oportunidad de hacerlo.
Lamentablemente, en los últimos años hemos visto pocas pruebas de un progreso real por parte de los líderes del G20. Los compromisos se hacen frente a los medios de comunicación del mundo, pero se olvidan rápidamente y rara vez se ponen en práctica una vez que cada uno regresa a su casa. Un reciente informe de Transparencia Internacional que expone los problemas del lavado de dinero y la propiedad anónima de las empresas encontró debilidades profundamente preocupantes en casi todos los países del G20.
¿Qué puede aportar la sociedad civil?
El trabajo de la sociedad civil en el G20 puede ayudar porque la sociedad civil aporta un conjunto de capacidades únicas.
En primer lugar, al buscar que los resultados de las políticas sirvan al bien común, hacemos que los gobiernos rindan cuentas. Así que cuando los gobiernos se comprometen a algo, les hacemos cumplir sus promesas. A veces se resisten, pero otras veces conseguimos fortalecer a actores dentro de los gobiernos que realmente quieren hacer cosas.
En segundo lugar, aportamos nuestra experiencia. Los grupos de sociedad civil no son solamente perros guardianes. Somos innovadores, tecnólogos, investigadores y expertos en políticas públicas y podemos contribuir a la implementación de las políticas para conseguir los mejores resultados posibles. La sociedad civil también puede contribuir a una mayor transparencia y a una evaluación creíble de sus resultados.
En tercer lugar, la sociedad civil funciona como un puente, ayudando a traducir la jerga técnica en el lenguaje que habla la gente común, explicando en qué consiste el cambio deseado y acercando las perspectivas de la ciudadanía a los responsables de la toma de decisiones. Los gobiernos deben compartir sus planes con la sociedad civil, para que podamos dar nuestra opinión sobre el impacto que esos planes tendrán sobre la gente.
Por último, pero no por ello menos importante, la sociedad civil aporta un equilibrio muy necesario. Una de las mayores debilidades del G20 es la falta de apertura a la representación de la sociedad civil en la misma mesa donde se sientan los intereses empresariales. Esto plantea la cuestión de si el G20 valora más los intereses de las empresas que los de los y las ciudadanas. Sin duda, esto no favorece la confianza, y explica por qué en todo el mundo la gente cree que los gobiernos están demasiado cerca de las empresas o que solamente actúan en beneficio de unos pocos intereses privados.
¿Qué espacio ofrecen foros internacionales como el G20 para que la sociedad civil ejerza influencia real sobre la elaboración de las políticas?
El G20 es a menudo descripto como elitista, como un grupo de potencias económicas -aunque no todas las mayores economías participan en él- que intenta reescribir las reglas de la gobernanza económica mundial, operando en gran medida a puertas cerradas y de forma opaca. No es de extrañar que muchos miembros de la sociedad civil sientan instintivamente que debemos oponernos al G20 en lugar de involucrarnos en él.
El G20 invita a participar en sus reuniones a una gran variedad de invitados, entre los que se cuentan representantes de diferentes grupos regionales, Estados invitados y organizaciones internacionales. Sin embargo, su historial de conversaciones con grupos de ciudadanos y con la sociedad civil es, en el mejor de los casos, desparejo. A pesar de todo lo que podemos ofrecer, no nos sentamos a la misma mesa; se nos trata como socios de segunda clase y nuestras recomendaciones e ideas sobre cuestiones importantes a menudo no son escuchadas.
Las experiencias varían mucho entre los distintos grupos de trabajo que componen el G20. Por ejemplo, a pesar de todos los conocimientos que tiene la sociedad civil sobre cuestiones financieras, el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 ha cerrado sistemáticamente sus puertas a la participación de la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con un ítem permanente en el orden del día del Grupo de Trabajo Anticorrupción, donde los gobiernos hablan con las empresas y la sociedad civil en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque apreciamos esto, creemos que tanto este grupo de trabajo como el G20 en general necesitan mejorar significativamente su relación con la sociedad civil.
A pesar de todas estas limitaciones y desafíos, durante 2019, cuando la presidencia del G20 estuvo en manos de Japón, la sociedad civil consiguió influir en el G20 en algunas áreas, tales como la protección de denunciantes, la transparencia del gasto en infraestructura y la relación entre género y corrupción.
En 2019, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 adoptó dos documentos importantes: los Principios de Alto Nivel para la Protección Eficaz de Denunciantes, que estuvieron muy en línea con las recomendaciones de la sociedad civil e incluyeron un reconocimiento sin precedentes por parte del G20 de los aspectos específicos de género de la denuncia de irregularidades, y un Compendio de Buenas Prácticas para Promover la Integridad y la Transparencia en el Desarrollo de Infraestructura, también alineado con las recomendaciones de la sociedad civil.
A través del Compendio, el G20 también reconoció que la transparencia respecto de quiénes son los propietarios últimos de las empresas es fundamental para la lucha contra la corrupción. En consonancia con las sugerencias de la sociedad civil, recomendaron la creación de registros de propiedad efectiva de las empresas para reducir la posibilidad de que los fondos públicos sean utilizados para favorecer a determinadas personas o empresas, y para identificar los conflictos de intereses.
En general, ¿cuáles diría que fueron los principales éxitos obtenidos por la sociedad civil en el G20 durante 2019?
En una palabra, el principal éxito del trabajo de la sociedad civil durante 2019 fue garantizar su continuidad. La sociedad civil pudo mantener un grado de involucramiento con el G20 similar al que tuvo en 2018, cuando el G20 fue presidido por Argentina. En 2018, y por un corto período de tiempo, la sociedad civil ganó acceso a algunas reuniones del Grupo de Trabajo del G20, aunque lamentablemente no a los grupos de trabajo que forman parte del llamado G20 Finance Track, así como al Centro de Comunicaciones del G20. Esto permitió a la sociedad civil acceder, por primera vez, a algunas sesiones que solían celebrarse a puertas cerradas. Además, conseguimos que los representantes locales del G20, incluido el sherpa, asistieran a las reuniones presenciales del C20.
El llamamiento que en 2018 la sociedad civil hizo a los delegados del G20 para que pasen de las palabras a la acción se desplazó de Argentina a Japón. Tuvo eco en las redes sociales, a través del hashtag #G20takeaction. Para seguir fortaleciendo la participación de la sociedad civil y garantizar un impacto cada vez mayor dentro del G20, en 2019 el C20 acordó un conjunto de principios que consagran la transparencia, la colaboración, la independencia, el internacionalismo, la inclusión y el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género como pilares centrales de la práctica del grupo de afinidad. Este fue un hito muy importante en la historia del C20.
¿Cuáles han sido los desafíos, y qué es lo que hay que mejorar?
A pesar de estos éxitos, es urgente que el G20 cambie su forma de relacionarse con la sociedad civil. En el G20, los gobiernos discuten políticas que tienen un gran impacto sobre nuestras vidas. En tanto que sociedad civil, se nos debe permitir poner sobre la mesa las voces reales y diversas de los y las ciudadanas. Ellas son las personas que se verán afectadas por las políticas públicas promovidas en este foro.
Las pocas veces que hemos conseguido acceder a las reuniones del G20, la experiencia no ha sido positiva. Hacemos grandes esfuerzos para estar allí. Tras buscar los recursos y viajar muchas horas, esperamos -a veces durante mucho tiempo- fuera de la sala de reuniones hasta que finalmente nos dejan entrar. Una vez dentro, compartimos nuestras ideas y recomendaciones lo más rápidamente posible para que haya tiempo para el diálogo con las delegaciones, aunque en realidad no suele tratarse de una conversación abierta y honesta. Al cabo de un rato, nos sacan diplomáticamente de la sala para que, ya marcada la casilla de participación de la sociedad civil, las negociaciones puedan continuar.
El G20 todavía tiene un largo camino que recorrer para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil. Los líderes del G20 deben dejar de pensar que invitar a representantes de la sociedad civil a un par de reuniones equivale a cumplir con su obligación de consultar ampliamente y abrirse al escrutinio. Deben reconocer las capacidades únicas que aporta la sociedad civil y avanzar hacia una vinculación más significativa y sostenida con la sociedad civil.
Pueden hacerlo de muchas maneras. En primer lugar, pueden, y deben, invitar a la sociedad civil y a los representantes de las empresas a secciones adicionales de las distintas reuniones del Grupo de Trabajo, para que aporten sus puntos de vista y perspectivas en relación con cada tema, y no solamente durante una única y breve sesión dedicada a escuchar todas nuestras preocupaciones. Además, deberían compartir con nosotros el orden del día de esas reuniones. Puede parecer una locura, pero la mayoría de las veces nos invitan y acudimos a las reuniones sin saber lo que se va a debatir, por lo que no necesariamente estamos enviando a la persona más adecuada o preparando la contribución más relevante o detallada.
En segundo lugar, los delegados del G20 deberían reunirse sistemáticamente con la sociedad civil nacional a lo largo del año, tanto antes como después de las reuniones del Grupo de Trabajo del G20. Esto ya está ocurriendo en algunos países del G20, pero no en todos.
En tercer lugar, los representantes del G20 deben ser más abiertos y honestos en sus intercambios con la sociedad civil. Cuando los delegados del G20 hablan con la sociedad civil, la mayoría de las veces solamente comparten información limitada sobre lo que están haciendo para abordar los principales desafíos globales, lo cual a veces no es más que propaganda. ¿Qué tal si nos preguntan de qué queremos hablar y qué información nos gustaría recibir? ¿Y qué tal si nos dan una respuesta honesta y directa en relación con las propuestas y recomendaciones que compartimos con ellos?
Los líderes del G20 parecen no ser conscientes de que una buena comunicación y el acceso a la información son fundamentales. No existe un sitio web permanente del G20. En su lugar, cada presidencia establece un sitio nuevo, que después queda desactualizado. El espacio virtual está plagado de sitios web obsoletos del G20. Esto hace que a la sociedad civil, a los medios de comunicación ya los investigadores que buscan informarse sobre las actividades del G20 les resulte difícil encontrar lo que buscan. En 2017, cuando Alemania presidió el G20, el gobierno alemán tomó una excelente iniciativa: recopiló en un solo lugar todos los compromisos anticorrupción existentes. Esto debería ser una práctica habitual. En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, todos los grupos de trabajo del G20 deberían publicar las actas y agendas de sus reuniones. Y deberían consultar sistemáticamente a la sociedad civil para que podamos hacer aportes a los borradores de los documentos que planean adoptar y sugerir temas clave en los que debería centrarse el G20.
¿Qué cambió en cuanto a la participación de la sociedad civil cuando la presidencia del G20 pasó a Arabia Saudita?
A pesar de sus limitaciones y de su escasa vinculación con la sociedad civil, el G20 ha sido un espacio relevante para hacer llegar nuestras preocupaciones directamente a los gobiernos y abogar ante ellos para que aborden los problemas más críticos que enfrentamos. Lamentablemente, en 2020 el espacio para la participación de la sociedad civil se redujo significativamente cuando la presidencia del G20 y de todos sus grupos de afinidad, incluido el C20, pasó a Arabia Saudita, por efecto de una decisión tomada por los gobiernos del G20 en 2017 en Hamburgo, Alemania.
Arabia Saudita es un Estado que no ofrece prácticamente ningún espacio a la sociedad civil y donde no se toleran las voces de la sociedad civil independiente. Las críticas de los medios de comunicación son sistemáticamente reprimidas, las personas defensoras de derechos humanos son regularmente detenidas y perseguidas, la libertad de expresión es censurada, la libertad de movimiento limitada, y los periodistas y activistas detenidos son torturados y maltratados. Esto vuelve a la participación de la sociedad civil éticamente cuestionable.
Además, los principios del C20 hacen hincapié en una serie de elementos que la presidencia saudita es incapaz de proporcionar, como la inclusión de una variedad de actores de la sociedad civil verdaderamente independientes, desde el nivel local hasta el global, la transparencia de los procedimientos de toma de decisiones y los valores rectores de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Al participar en el limitadísimo espacio que el gobierno saudita podría ofrecer, solo contribuiríamos a lavar la reputación internacional de Arabia Saudita. El gobierno saudita ya ha contratado a costosos asesores de relaciones públicas occidentales y ha gastado millones de dólares para pulir su empañada imagen.
En respuesta a ello, numerosas OSC de todo el mundo han unido sus voces y han decidido boicotear el C20 organizado por Arabia Saudita este año. En Transparencia Internacional estamos deseando volver a participar plenamente en el proceso del C20 el año que viene, cuando la presidencia haya pasado a manos de Italia.
El espacio cívico de Arabia Saudita es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Transparencia Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@anticorruption y a@meberazategui en Twitter. -
GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’
CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.
Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.
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GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”
CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.
Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?
En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.
En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.
¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?
En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.
Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.
No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.
La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.
Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.
Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.
¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?
Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.
Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.
¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.
Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.
El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.
Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.
¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?
La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.
En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.
La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.
¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?
Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.
El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.
El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”
CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.
¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?
El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.
El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.
Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.
Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.
El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.
Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.
En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.
En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.
La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.
En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural.
De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.
¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?
Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.
Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.
En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.
El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.
Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.
Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.
¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?
Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.
Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes.
¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?
A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.
En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.
La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.
Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.
¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?
El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.
Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.
En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.
¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?
El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.
Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.
El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. -
HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’
CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.
El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.
¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?
La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.
La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.
La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.
La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.
Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.
¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?
La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.
¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?
Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.
En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.
El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.
¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?
La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.
La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.
El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
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INDIA: “Las organizaciones de la sociedad civil que se atreven a decirle la verdad al poder son atacadas”
CIVICUS habla con la abogada e investigadora de derechos humanos Mrinal Sharma acerca del estado de las libertades cívicas en India. Mrinal trabaja ayudando a personas defensoras de derechos humanos ilegalmente detenidas y a solicitantes de asilo, refugiados y apátridas en India. Trabajó como Asesora de Políticsa en Amnistía Internacional India hasta que el gobierno de este país obligó a la organización a cerrar en octubre de 2020. Su trabajo con Amnistía se enfocó en las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en Assam, en las barreras para el acceso a la justicia en Cachemira y en la demonización de las minorías en toda India. Mrinal había trabajado anteriormente en la Commonwealth Human Rights Initiative y en la Refugee Solidarity Network.
¿Se están volviendo más restrictivas las condiciones para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi?
Ciertamente, el espacio cívico en la India ha experimentado un deterioro gradual bajo el gobierno de Modi. El 90% de los delitos de odio perpetrados en la última década se produjeron después de 2014, es decir, durante el gobierno de Modi. Según la base de datos sobre sedición de Artículo 14, desde 2010 11.000 personas han sido acusadas de sedición en la India. El 96% de los casos de sedición iniciados desde 2010 por criticar al gobierno nacional y a sus líderes fueron iniciados durante el gobierno de Modi. La India no es ajena a la tendencia al bloqueo deliberado del acceso a internet y ostenta el récord de haber impuesto el mayor número de bloqueos de internet en todo el mundo. Según el Internet Shutdown Tracker del Software Freedom Legal Centre, la cantidad de bloqueos de internet ha aumentado constantemente desde 2014. Estos alcanzaron su punto máximo en 2019, lo cual dio cuenta del prolongado apagón de las comunicaciones impuesto por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Además, entre 2012 y 2020, 148 de los 385 bloqueos de internet fueron impuestos para contener “situaciones de orden público” en curso, un eufemismo que suele utilizarse en referencia a las protestas pacíficas. Estos datos indican la magnitud de las restricciones impuestas sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en la India.
Además, el uso de leyes restrictivas tales como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Pública y otras leyes de detención preventiva para frenar las protestas contra las políticas discriminatorias del gobierno también se ha convertido en algo habitual. Ni siquiera esta virulenta pandemia ha disuadido al gobierno indio de detener o mantener detenidas a personas defensoras de derechos humanos de avanzada edad o en mal estado de salud, a pesar de la situación de hacinamiento en las cárceles. En julio de 2020, Varavara Rao, un poeta y activista de 81 años que fue acusado en virtud de la UAPA por su presunta participación en actos de violencia ocurridos durante las celebraciones de Bhima Koregaon en 2018, dio positivo para el COVID-19 mientras estaba detenido en una prisión superpoblada de Maharashtra. Tras pasar más de dos años y medio detenido a la espera de juicio y de realizar múltiples intentos fallidos para obtener la libertad bajo fianza, recientemente fue puesto en libertad por seis meses en consideración de su precario estado de salud. Del mismo modo, Safoora Zargar, una investigadora académica que estaba embarazada de tres meses fue acusada bajo la UAPA y detenida en otra prisión superpoblada de Delhi por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA). Fue necesario llevar a cabo una intensa campaña pública internacional, nacional y local para que fuera puesta en libertad bajo fianza. Muchos estudiantes siguen detenidos.
La pandemia ha sido utilizada para activar leyes draconianas de “emergencia”. Estas leyes otorgan amplios poderes al gobierno para detener y encarcelar a cualquiera que infrinja el confinamiento punitivo impuesto para frenar la propagación del virus. Estas leyes fueron aplicadas en forma arbitraria contra periodistas, trabajadores esenciales y personas pertenecientes a grupos excluidos. Algunos fueron incluso torturados y asesinados mientras estaban bajo custodia policial. Según un informe reciente del Proyecto de Justicia Penal y Responsabilidad Policial, la mayoría de los informes contravencionales elevados durante el confinamiento en el estado de Madhya Pradesh fueron contra peatones, y en particular contra vendedores ambulantes y personas en vehículos de dos ruedas, lo cual dejó en evidencia la aplicación discriminatoria de las leyes de emergencia.
Cabe señalar que la aplicación de estas leyes es un hilo conductor que une a sucesivos gobiernos. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas por el gobierno anterior; el gobierno actual simplemente las ha utilizado para atacar a grupos sociales específicos.
¿Cuáles son los principales motivos que dan cuenta de los ataques contra activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC)?
La sociedad civil desempeña un rol muy importante a la hora de acortar distancias entre derechos y derechohabientes. Al hacer ese trabajo, también comprende los defectos de los sistemas sociales y económicos y tiene poder para cambiar el statu quo exigiendo el fin de las desigualdades y desmantelando las estructuras de poder existentes, cosa que ha hecho con éxito en el pasado. Los líderes políticos demonizan a las OSC, desacreditan su trabajo y experiencia y las convierten en chivos expiatorios en función de sus creencias políticas para adquirir poder y beneficiarse políticamente.
Estos constantes ataques adoptan la forma de restricciones ilegales y uso de términos vagos e imprecisos para describir a las personas defensoras de derechos humanos, a los manifestantes pacíficos y a sus motivaciones, y así moldear a la opinión pública. Entre esos términos se cuentan los de “antinacional”, “naxal urbano” y el más reciente “aandolanjivis” (manifestantes profesionales). Las OSC también son descritas como portadoras de una “ideología extranjera destructiva”, como una elite corrupta y como ese “otro” que trabaja contra el pueblo, mientras que quienes lideran esta demonización son presentados como representantes de ese “pueblo”. Esto aviva aún más las hostilidades entre grupos sociales, distrae al público de las verdaderas taras de la sociedad y habilita la adopción de políticas discriminatorias. Además, la restricción selectiva del derecho de las personas a las libertades de expresión y asociación con el objeto de silenciar las críticas y perpetuar la narrativa del gobierno también conduce efectivamente a la polarización, que es un terreno fértil para promover agendas políticas estrechas.
¿Qué cuestiones de derechos humanos son las que más preocupan a Amnistía Internacional en la India?
La flagrante criminalización del disenso en la India sigue siendo muy preocupante. Las interrupciones masivas de Internet, el uso excesivo, innecesario y a menudo ilegal de la fuerza por parte de la policía y las detenciones ilegales en virtud de las leyes antiterroristas se han convertido en algo demasiado habitual. Dan prueba de ello la respuesta de mano dura del gobierno frente a las protestas pacíficas contra la decisión unilateral de despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía constitucionalmente garantizada, en medio de un apagón total de las comunicaciones, la promulgación de la discriminatoria CAA y, más recientemente, la aprobación de tres leyes agrícolas que pretenden desregular la agricultura en la India.
Desde septiembre de 2020, más de 160 agricultores han muerto mientras protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Muchos jóvenes activistas que apoyan a los agricultores están detenidos bajo cargos de sedición. Al menos 50 personas murieron en los disturbios que estallaron en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Además, la burbuja de noticias falsas y desinformación facilitada por los modelos de negocios de las grandes empresas tecnológicas, que están basados en la vigilancia, combinada con marcos débiles para la protección de los datos, alimenta constantemente la política de demonización en la India.
También son preocupantes las represalias del Estado contra quienes denuncian violaciones y delitos de casta, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y ataques contra minorías religiosas perpetrados por turbas de civiles armados y policías. A modo de ejemplo, a pesar de las pruebas irrefutables, grabadas en video, que muestran la complicidad de agentes de policía en los disturbios producidos en el noreste de Delhi en febrero de 2020, hasta ahora no hay ningún policía procesado. Al mismo tiempo que se ignoran sistemáticamente la violencia y el discurso de odio de los partidarios de la CAA, los manifestantes contrarios a la CAA siguen siendo acosados e intimidados por el gobierno.
¿Podría contarnos acerca de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA) y su impacto sobre la sociedad civil?
La FCRA regula las donaciones extranjeras en la India. Ostensiblemente, fue promulgada para regular las donaciones extranjeras a los partidos políticos y controlar la influencia extranjera en las elecciones indias. Enmendada en múltiples ocasiones desde su aprobación en 2010, se ha convertido en un arma eficaz en manos del gobierno para sofocar a la sociedad civil india. Su versión más reciente impone restricciones discriminatorias al acceso de las OSC a financiamiento, imponiendo procedimientos de autorización onerosos, altamente burocráticos y difíciles de realizar. Desde 2011, según lo admite el propio gobierno, se han cancelado las licencias de más de 20.000 OSC. Las organizaciones que se atreven a decirle la verdad al poder o a cuestionar las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional India, son atacadas con la FCRA mediante acusaciones motivadas políticamente.
La última modificación de la FCRA, aprobada en plena pandemia, ha ahogado aún más a la sociedad civil. Prohíbe que los funcionarios públicos reciban fondos extranjeros; prohíbe la transferencia de fondos extranjeros de una organización o individuo a otro, más allá de que cuenten con licencia bajo la FCRA; reduce el límite de utilización del rubro de “gastos administrativos” del 50% al 20%; amplía el periodo de suspensión de la licencia para OSC otorgada por la FCRA de 180 días a un año; y establece que las contribuciones extranjeras solo pueden ser recibidas mediante una cuenta bancaria de la OSC marcada por la FCRA en una sucursal designada del banco estatal situada en Delhi.
Estas enmiendas estigmatizarán efectivamente la asociación de funcionarios públicos con organizaciones sin fines de lucro, ahogarán las colaboraciones entre OSC y, en particular, aquellas que involucren a OSC más pequeñas y de base, reducirán los fondos asignados para pagar sueldos del personal y realizar proyectos en el terreno que conlleven gastos de viaje, y privarán a las OSC de fondos hasta que el gobierno complete su investigación por presuntas violaciones a la FCRA. También obstaculizarán el trabajo de las OSC que tienen su sede fuera de Nueva Delhi, que constituyen aproximadamente el 93% de s las OSC registradas en la India, ya que imponen innecesarios gastos de viaje, los cuales además se contarían dentro del límite de 20% para gastos administrativos.
El gobierno tiene la obligación de justificar la imposición de estas estrictas restricciones y la vulneración de los derechos humanos de las personas y organizaciones a asociarse y expresarse libremente. Tiene que demostrar que estas restricciones son realmente legítimas, razonables y proporcionales al daño que buscan evitar, pero no lo ha hecho. De hecho, hizo caso omiso de los reclamos de la sociedad civil para que el proyecto de ley fuera sometido a un comité de personas expertas para generar mayor debate antes de su aprobación. El debate en el Parlamento también fue mínimo.
La FCRA y sus enmiendas más recientes han sido muy criticadas por la comunidad internacional, y por personalidades como Maina Kiai, ex Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, por ser demasiado amplias y vagas. Pero el gobierno no ha hecho caso. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha pedido explicaciones por la cancelación masiva de licencias de la FCRA para las OSC.
Paradójicamente, los partidos políticos siguen recibiendo fondos extranjeros, lo cual antes estaba prohibido, y lo hacen con mínimas restricciones. De hecho, a pesar de que los partidos políticos violan recurrentemente la FCRA, ahora no solamente les resulta más fácil recibir fondos, sino que además el proceso se ha vuelto mucho más opaco. A modo de ejemplo, en 2014 el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el partido gobernante, Bharatiya Janata, y el Congreso Nacional Indio habían violado la FCRA al aceptar fondos extranjeros. En 2016 y luego en 2018, el gobierno indio modificó la FCRA para legalizar el financiamiento extranjero para los partidos políticos y eximir a éstos del escrutinio no solo de los fondos que les llegaran en el futuro, sino también de los que ya les habían sido donados en el pasado. En diciembre de 2020, la Comisión Central de Información, a cargo de la implementación de la Ley de Derecho a la Información de 2005, dictaminó que la revelación pública de la identidad de los donantes de los partidos políticos no sirve a ningún interés público, y por lo tanto no es necesaria.
Esta clara diferencia entre el trato que reciben los partidos políticos y las OSC debería bastar para entender las turbias motivaciones subyacentes a la FCRA.
¿Por qué Amnistía India fue obligada a cerrar, y cuáles han sido las consecuencias?
Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india, Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a despedir a todo su personal.
Para Amnistía Internacional India el acoso y la intimidación a causa de su trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades. Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo, la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus empleados.
Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores, responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda cuentas de sus excesos y su inacción.
¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que estén enfrentando desafíos similares?
Varias OSC que han cuestionado o criticado las políticas del gobierno han enfrentado desafíos similares en relación con la FCRA. People’s Watch, Indian Social Action Forum, Hazards Centre, Greenpeace India, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Act Now for Harmony and Democracy, Indian Social Action Forum y Lawyers Collective son algunos de los grupos que han recibido acusaciones motivadas políticamente en virtud de la FCRA. Esto no es un accidente. Existe un patrón deliberado de silenciamiento de los grupos de derechos humanos mediante su trato como empresas criminales y la presentación de los disidentes como delincuentes. Lawyers Collective, por ejemplo, ha trabajado ampliamente con las víctimas de los ataques contra musulmanes de 2002 en Gujarat. People’s Watch ha hecho activamente campaña contra los abusos contra personas detenidas. Greenpeace India ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho a la tierra y contra el cambio climático y el impacto medioambiental de la minería del carbón.
Además de la FCRA, otras leyes draconianas contribuyen a crear un entorno incapacitante para la labor de derechos humanos en India. Entre ellas están la UAPA, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. Anunciadas como leyes antiterroristas o leyes que castigan “delitos contra el Estado”, han creado un sistema de impunidad y constituyen herramientas eficaces para mantener a la gente en la cárcel durante períodos prolongados. El índice de condenas en virtud de estas leyes es realmente bajo. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2018 más del 93% de los casos iniciados bajo la UAPA seguían pendientes de tratamiento en los tribunales, mientras que la tasa de condenas en virtud de la UAPA era de apenas 27%. Desde 2016, solo siete casos de sedición han terminado en condena. Según una investigación anterior de Amnistía Internacional India, alrededor del 58% de las órdenes de detención dictadas entre 2007 y 2016 en virtud de la Ley de Seguridad Pública, que se aplica en Jammu y Cachemira y permite la detención administrativa sin acusaciones ni juicio, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. Entre marzo de 2016 y julio de 2017, el 81% de las órdenes de detención fueron anuladas. Esto demuestra que estas leyes son utilizadas para privar a las personas de su libertad de movimiento y de expresión durante el tiempo en que sus casos avanzan en los tribunales.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos de derechos humanos y ampliar el espacio cívico en la India?
En términos generales, la comunidad internacional debe amplificar las voces de quienes están al frente de la lucha contra las violaciones de derechos humanos en la India. Al mismo tiempo, debe dejar de asumir una posición moral elevada y desestimar las preocupaciones de la gente, reales o proyectadas, sobre la seguridad, el bienestar y el desarrollo. En cambio, debe centrarse en combatir el discurso que transforma a la sociedad civil en un “otro” rechazado y proyectar una visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo – un mundo no puede lograrse en ausencia de una sociedad civil robusta que trabaje sin descanso para la gente a lo largo y a lo ancho del país. También debe mantenerse más cerca de las comunidades locales.
En concreto, debe lograr que el Estado indio se responsabilice por todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha respaldado y aprobado y en las que se basa, mientras pelea por tener un lugar más importante en la mesa. Han pasado 24 años desde que India presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Estado parte. La CNDH, el principal órgano de vigilancia de los derechos humanos de la India, no alcanza los niveles mínimos establecidos por los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos, pero sigue manteniendo una acreditación de categoría A y, por lo tanto, puede participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional debe exigir sistemáticamente la reforma de la CNDH y exigirle que rinda cuentas de la disminución de la protección de que gozan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Los grupos de derechos humanos deberían poder confiar plenamente en las instituciones de derechos humanos de su país.
El espacio cívico en India es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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INDONESIA: “Los activistas independentistas pacíficos corren el riesgo de ser considerados terroristas”
CIVICUS conversa con Samuel Awom, coordinador del grupo de derechos humanos KontraS Papúa, que monitorea violaciones de derechos humanos, realiza trabajo de incidencia en favor de las víctimas y trabaja por la paz en Papúa. KontraS Papúa tiene su sede en Jayapura, la capital de Papúa, y monitorea la situación de derechos humanos en toda la región de Papúa.
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KIRGUISTÁN: “La decisión de la ciudadanía en el referéndum será clave para nuestro futuro”
CIVICUS y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (International Partnership for Human Rights) conversan con Ulugbek Azimov, experto legal de la Fundación para la Prosperidad Jurídica (Legal Prosperity Foundation), acerca de las protestas que tuvieron lugar en Kirguistán en octubre de 2020 y los acontecimientos políticos que se produjeron a continuación. La Fundación para la Prosperidad Jurídica (ex Grupo Juvenil de Derechos Humanos) es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente que desde 1995 promueve los derechos humanos y los principios democráticos en Kirguistán. La organización lleva a cabo programas educativos, realiza un monitoreo de derechos humanos, interactúa con los mecanismos internacionales de derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos en el contexto de las reformas legales.
A menudo se habla de Kirguistán como la única democracia de Asia Central. ¿Qué tan cerca de la verdad está esta caracterización?
Es cierto que a principios de la década de 1990, es decir, en los primeros años de independencia, la democracia brotó y comenzó a desarrollarse en Kirguistán. En comparación con otros países de la región, Kirguistán se caracterizó por tener un mayor nivel de participación ciudadana, una sociedad civil más desarrollada y condiciones más favorables para el funcionamiento y la participación de los partidos políticos en el proceso político. Por este motivo, Kirguistán fue calificado como una “isla de democracia” en Asia Central.
Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde la independencia, Kirguistán ha enfrentado graves problemas. Los intentos de los expresidentes de preservar y reforzar su poder presionando a la oposición, persiguiendo a los medios de comunicación y al periodismo independiente, restringiendo la libertad de expresión, utilizando los recursos públicos en su beneficio, sobornando a los votantes y falsificando los resultados de las elecciones, han provocado grandes convulsiones políticas en varias oportunidades. En los últimos 15 años, el gobierno ha sido derrocado tres veces, en las llamadas revoluciones de los Tulipanes, de abril y de octubre, producidas en 2005, 2010 y 2020, respectivamente. Dos expresidentes se vieron obligados a huir del país, y el tercero debió dimitir antes de tiempo.
Desgraciadamente, a cada revuelta le siguió un proceso que socavó los logros democráticos anteriores. Por lo tanto, no es de extrañar que Freedom House haya calificado sistemáticamente a Kirguistán como “parcialmente libre” en su índice anual de Libertad en el Mundo. Además, en la última medición publicada este año, Kirguistán fue degradado a la categoría de “no libre” debido a las consecuencias de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020, que se vieron empañadas por graves violaciones. Así, Kirguistán se encuentra ahora en la misma categoría en la que se hallaban otros países de Asia Central desde hacía muchos años.
¿Se impusieron restricciones relacionadas con la pandemia en el período que precedió a las elecciones de 2020?
En respuesta al rápido aumento de los casos de COVID-19 en la primavera de 2020, las autoridades kirguisas adoptaron medidas de emergencia e impusieron el confinamiento en la capital, Bishkek, y en varias otras regiones del país, lo cual redundó en restricciones del derecho a la libertad de circulación y otros derechos relacionados. Se prohibieron todos los actos públicos, incluidos los de naturaleza política.
Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia también suscitaron preocupación porque impusieron restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las autoridades apretaron fuertemente las tuercas a las voces críticas en respuesta a las críticas generalizadas a los gobernantes, incluido el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov, por su incapacidad para luchar eficazmente contra la pandemia. Las autoridades policiales persiguieron a blogueros y comentaristas de las redes sociales con posiciones críticas, los visitaron en sus domicilios y mantuvieron con ellos conversaciones “profilácticas”. En algunos casos, se detuvo a usuarios de redes sociales por publicar información supuestamente falsa sobre la pandemia y se les obligó a disculparse públicamente bajo la amenaza de ser procesados.
La ley sobre “manipulación de la información”, que el Parlamento aprobó en junio de 2020, es especialmente preocupante. Aunque los promotores de la ley afirmaron que su único objetivo era abordar el problema de las cuentas falsas en redes sociales, desde el principio quedó claro que se trataba de un intento de las autoridades de introducir la censura en internet y clausurar sitios molestos en vísperas de las elecciones. Tras una avalancha de críticas por parte de la comunidad de medios de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos, el entonces presidente Jeenbekov se negó a firmar la ley y en agosto de 2020 la devolvió al parlamento para que la revisara. Desde entonces, la ley ha permanecido en el parlamento.
¿Qué fue lo que desencadenó las manifestaciones postelectorales de octubre de 2020? ¿Quiénes protestaron y por qué?
El principal motivo de las protestas de octubre de 2020, que volvieron a provocar un cambio en el poder, fue el descontento de la población con los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre.
De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento. Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.
Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin identidad partidaria.
Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.
Las elecciones “sucias”, caracterizadas por un nivel de violaciones sin precedentes, se convirtieron en un catalizador de los acontecimientos posteriores. Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio de los resultados provisorios al final de la jornada electoral, el 4 de octubre, y continuaron durante todo el día siguiente. La juventud desempeñó en ellas un rol decisivo: la mayoría de quienes salieron a la calle a protestar y se reunieron en la plaza central de la capital eran jóvenes. Por desgracia, la mayoría de las personas heridas, así como el manifestante que murió durante las manifestaciones de octubre, también eran jóvenes.
¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a las protestas?
Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5 de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones. Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos. Durante los disturbios también sufrieron daños coches de policía, ambulancias, cámaras de vigilancia y otros bienes materiales, por un valor estimado de más de 17 millones de soms (unos 200.000 dólares estadounidenses).
¿Lograron las elecciones presidenciales anticipadas celebradas en enero de 2021 resolver los problemas planteados por las protestas?
La principal demanda de las protestas era la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020 y la celebración de nuevas elecciones justas. Esta demanda se satisfizo en parte el 6 de octubre de 2020, cuando la Comisión Electoral Central (CEC) declaró inválidos los resultados de las elecciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado nueva fecha para las elecciones parlamentarias. La CEC las programó inicialmente para el 20 de diciembre de 2020, pero el parlamento respondió adoptando rápidamente una ley que suspendía las elecciones a la espera de una revisión de la Constitución y ampliaba el mandato de los miembros del parlamento saliente hasta el 1º de junio de 2021.
En su evaluación de esta ley, la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por personas independientes expertas en derecho constitucional- concluyó que durante el actual periodo de transición el parlamento debería ejercer funciones limitadas y abstenerse de aprobar medidas extraordinarias, tales como reformas constitucionales. Sin embargo, el parlamento saliente ha continuado su labor con normalidad y ha convocado a un referéndum constitucional a celebrarse en abril de 2021. El presidente recientemente electo, Sadyr Japarov, ha sugerido la celebración de nuevas elecciones parlamentarias en otoño de 2021, lo cual significaría que los integrantes del parlamento saliente continuarían en sus puestos incluso después del 1º de junio de 2021.
En respuesta a otras demandas de los manifestantes, en octubre de 2020 se modificó la legislación electoral del país para reducir el umbral electoral para obtener representación parlamentaria de siete a tres puntos porcentuales y se redujo la tarifa de inscripción de candidatura de cinco millones a un millón de soms (unos 12.000 dólares). Estas modificaciones apuntaron a facilitar la participación de un mayor número de partidos, incluidos los más nuevos, y para promover el pluralismo y la competencia.
Los manifestantes también expresaron resentimiento por las inadecuadas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción. Reclamaron que las autoridades llevaran ante la justicia a los funcionarios corruptos, y en particular a Matraimov, y exigieran la devolución al Estado de los bienes robados. En su discurso para los manifestantes antes de ser presidente, Japarov prometió que Matraimov sería detenido y castigado.
A decir verdad, Japarov cumplió su palabra. Después de que Japarov llegara al poder, en octubre de 2020, Matraimov fue detenido en relación con una investigación sobre tramas de corrupción en el servicio de aduanas, se declaró culpable y aceptó compensar el daño devolviendo más de 2.000 millones de soms (unos 24 millones de dólares). Posteriormente, un tribunal local lo condenó, pero le impuso una pena atenuada bajo la forma de una multa de 260.000 soms (unos 3.000 dólares) y levantó las órdenes de congelamiento de sus bienes, por haber cooperado con la investigación. Esta sentencia extremadamente indulgente provocó la indignación de la opinión pública. El 18 de febrero de 2021, Matraimov fue otra vez detenido bajo nuevas acusaciones de lavado de dinero, pero al cabo de unos días fue trasladado desde el centro de detención preventiva donde se encontraba a una clínica privada para recibir tratamiento por problemas de salud. Tras ello, muchos calificaron a las medidas anticorrupción del actual gobierno como “populistas”.
En enero de 2021 la ciudadanía kirguisa también votó en un referéndum constitucional. ¿Cuáles fueron sus resultados y qué consecuencias tendrán para la calidad de la democracia?
Según los resultados del referéndum, que tuvo lugar el mismo día que las elecciones presidenciales de enero de 2021, el 84% de los votantes apoyó la transición de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.
Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien. Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.
El primer proyecto de constitución que preveía un sistema de gobierno presidencial, presentado en noviembre de 2020, fue apodado “khanstitución”, en referencia a los históricos gobernantes autocráticos de Asia Central. Sus críticos acusaron a Japarov, que ha defendido este cambio desde que asumió el cargo en octubre de 2020, de intentar usurpar el poder.
El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.
Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas. A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus recomendaciones al parlamento.
Hay que reconocer que, como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al presidente.
En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el 11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos, abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría dar lugar a un gobierno autoritario. Estas preocupaciones también fueron expresadas en un dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitido en marzo de 2021 a petición de la Defensoría del Pueblo de Kirguistán.
El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas. Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados, por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión.
La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas. El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza para el Estado.
Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los tribunales con una demanda por usurpación de poderes.
El presidente, sin embargo, ha desestimado todas las preocupaciones expresadas sobre la reforma constitucional. Ha asegurado que Kirguistán seguirá siendo un país democrático, que se respetará la libertad de expresión y la seguridad personal de los periodistas, y que no habrá más persecuciones políticas.
La ciudadanía de Kirguistán debe tomar una decisión. El próximo referéndum sobre el actual proyecto de constitución puede convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia de Kirguistán, y la decisión que tome la ciudadanía será clave para las perspectivas futuras de estabilidad y prosperidad.
El espacio cívico en Kirguistán es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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Libertad de expresión y pandemia de COVID-19: panorama de restricciones y ataques
Nuevo reporte del Monitor de CIVICUS señala:
- Nuevos controles de censura han sido implementados durante la pandemia.
- La pandemia ha expandido el uso de leyes que criminalizan la desinformación – más de 35 países han adoptado o modificado medidas.
- Periodistas detenidos en más de 30 países por su cobertura de la pandemia.
Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia global por COVID-19. Durante este período, CIVICUS ha documentado restricciones a las libertades cívicas persistentes e injustificadas. La más reciente investigación se enfoca en el estado de la libertad de expresión y las violaciones cometidas como respuesta directa a la pandemia.
La investigación abarca el período entre enero de 2020 y febrero de 2021 y señala dónde los gobiernos están usando al COVID-19 como un pretexto para censurar a los medios de comunicación y silenciar el disenso. En algunos países, los gobiernos han aprobado leyes y regulaciones que imponen restricciones indebidas a la libertad de prensa y acceso a la información.
La censura y la detención de periodistas son algunas de las violaciones cubiertas en este reporte. Desde Tanzania hasta Turkmenistán, los gobiernos han prohibido y bloqueado la cobertura de los medios sobre la COVID-19. Mientras que en Chile y China, los gobiernos han llevado a la cárcel a los periodistas por su cobertura de la pandemia.
La investigación demuestra como los periodistas, trabajadores de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de los excesos de los gobiernos y brinda más de 60 casos de estudio que ilustran tres tendencias:
- El uso de legislación restrictiva para silenciar las voces críticas, incluso mediante legislación sobre la desinformación.
- Censura y restricciones al acceso a la información, incluyendo la suspensión de medios de comunicación por su cobertura de COVID-19.
- Ataques a periodistas debido a su cobertura de la pandemia, a través de ataques físicos y arrestos.
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MALASIA: “El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”
CIVICUS conversa con Htoon Htoon Oo, refugiado y activista de Myanmar, actualmente residente en Malasia. En 2007 era estudiante de Química en la Universidad de Yangon Oriental y, en calidad de activista, participó en la llamada Revolución Azafrán, una serie de protestas desencadenadas por un aumento de los precios del combustible en 2007, las cuales fueron duramente reprimidas. También estuvo activo durante la transición de Myanmar de la dictadura militar a un gobierno cuasi civil en 2010.
Consciente de estar bajo la vigilancia del Estado y temiendo que sus familiares y seres queridos sufrieran represalias y acoso a causa de su activismo, huyó de Myanmar en 2011 y desde entonces vive como refugiado en Malasia.
¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Malasia?
La vida de las personas refugiadas de Myanmar en Malasia sigue siendo difícil, ya que supone diversas luchas y sufrimientos. A menudo nos sentimos indefensos, desesperados y desprotegidos. En mayo de 2021, había unas 179.570 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malasia. La mayoría -un total de 154.840- procedían de Myanmar, incluidas unas 102.950 de etnia rohingya, 22.490 de etnia china y 29.400 de otros grupos étnicos que huían de la persecución o de zonas afectadas por el conflicto.
Malasia aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La ausencia de un marco legal para reconocer a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ha creado condiciones problemáticas y de explotación porque las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecemos de derechos formales para trabajar, no tenemos estatus legal y seguimos corriendo el riesgo de ser arrestadas, detenidas y devueltas, y no nos beneficiamos de ninguna protección legal.
También tenemos libertades cívicas limitadas. Aunque hay muchas organizaciones de personas refugiadas de diversos orígenes, a la hora de expresar nuestras preocupaciones y organizar nuestras luchas, la realidad es que no podemos hacerlo libremente. Existe un temor común entre las personas refugiadas respecto de las consecuencias de hablar sobre nuestras luchas, expresar nuestras preocupaciones y reclamar por nuestros derechos.
Por ejemplo, según el artículo 4(a) de la Ley de Reuniones Pacíficas, el derecho a manifestarse pacíficamente está reservado exclusivamente a quienes tienen ciudadanía malaya. Además, en Malasia hay muchas leyes que tienen un efecto amedrentador que evita que las personas refugiadas se manifiesten, tales como la Ley de Inmigración, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así como a los refugiados, dado que no estamos reconocidos por la ley. La Ley de Inmigración también expone a las personas refugiadas a severas formas de castigo, como la flagelación. La falta de reconocimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Malasia nos expone a la detención, a la cárcel y a diversos abusos.
¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas refugiadas en el marco de la pandemia?
Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en Malasia, en marzo de 2020, las personas refugiadas han enfrentado numerosas dificultades. El confinamiento, conocido como Orden de Control de Movimientos (OCM), que se implementó en todo el país, ha tenido un gran impacto sobre los refugiados.
Aunque según la legislación malaya no pueden trabajar, algunas personas refugiadas buscan trabajos informales para sobrevivir. Durante la pandemia, hemos visto casos de empleadores que obligan a personas refugiadas a trabajar por salarios inferiores a los normales o a tomar licencias no remuneradas o a renunciar solamente por su condición de refugiados. Muchas personas refugiadas han perdido sus empleos debido a la pandemia. Nada nos protege de estos abusos.
Durante la pandemia también hemos temido por nuestra seguridad porque ha habido varios casos de personas refugiadas que han sido blanco de la policía y de los funcionarios de inmigración debido a la falta de políticas claras y de conciencia de lo que es un refugiado entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunas personas refugiadas fueron multadas por la policía, y algunas incluso permanecieron detenidas en comisarías durante varios días.
También hay quienes nos tachan de inmigrantes ilegales aunque tengamos tarjetas o documentos completos y auténticos del ACNUR que nos acreditan como refugiados.
La mayoría de las personas refugiadas que enfrentan estas dificultades también hacen frente a la depresión y están mentalmente agotadas de tanto pensar en cómo sobrevivir y mantenerse a salvo.
¿Han recibido las personas refugiadas algún tipo de apoyo del gobierno malayo o del ACNUR durante la pandemia?
No hemos recibido ningún apoyo del gobierno de Malasia; más bien hemos experimentado más redadas y mayores restricciones. Esto es lo contrario de lo que debería haber ocurrido: deberían habernos facilitado el acceso a información sobre tratamientos y pruebas de diagnóstico del COVID-19 y debería haber habido otros programas de apoyo para refugiados durante la pandemia.
En cambio, en mayo de 2020 el departamento de inmigración y la policía de Malasia llevaron a cabo redadas de inmigración en Kuala Lumpur. Mientras que las personas inscritas en el ACNUR se libraron en gran medida de ser detenidas, las personas solicitantes de asilo no inscriptas fueron detenidas junto con los trabajadores migrantes indocumentados. Además, algunas quedaron atrapadas en zonas bajo confinamiento estricto, rodeadas de alambre de púa, donde se prohibía a los residentes salir de sus casas, lo que hizo que la situación fuera muy difícil. Muchos de nosotros no nos hemos recuperado de esto.
Durante la pandemia también ha habido en internet una oleada de discurso de odio hacia las personas refugiadas, y en particular hacia las rohingya, acompañada de anuncios y políticas gubernamentales hostiles hacia las personas migrantes y refugiadas.
El ACNUR envió mensajes directos a aquellas personas refugiadas cuyos documentos habían caducado, informándoles que seguirían siendo válidos hasta que el ACNUR pudiera reanudar sus operaciones normales, interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, esto no supuso ninguna diferencia para la autoridad de aplicación de la ley, y muchas personas han sido multadas e incluso detenidas.
¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en materia de acceso a la vacuna contra la COVID-19?
El gobierno de Malasia ha alentado a las personas refugiadas a inscribirse para la vacunación, pero no ha proporcionado información clara, y los sistemas existentes no son accesibles para las personas refugiadas.
Por ejemplo, la inscripción para la vacunación exige documentos específicos. El sistema exige a refugiados y solicitantes de asilo que introduzcan un documento de identidad o número de pasaporte, dos documentos a los que no tenemos acceso. El sistema debería ser más inclusivo para todas las personas que viven en Malasia, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentadas, porque las vacunas deberían ser la primera barrera contra el contagio de la COVID-19. Si nos detienen las cosas solo empeorarán, porque es sabido que en los centros de detención se producen cadenas letales de contagio. En la raíz de este problema está la criminalización de la inmigración.
¿Cuáles son las demandas de las comunidades de refugiados hacia el gobierno malayo y la comunidad internacional?
Nos gustaría que el gobierno malayo concientizara a la opinión pública sobre la condición de las personas refugiadas como tales, no como inmigrantes ilegales, grupos de riesgo o incluso delincuentes. Se ha impuesto una percepción negativa de las personas refugiadas, como si sólo se beneficiaran de la sociedad y no contribuyeran nada a ella, lo cual es falso.
La verdad es que queremos contribuir a Malasia en todo lo que podamos. Instamos al gobierno de Malasia a que dé a las personas refugiadas acceso legal al trabajo y a que reconozca el estatus legal de las personas refugiadas. Actualmente no podemos encontrar empleo formal, y la ausencia de reconocimiento nos expone a la explotación. Esperamos que el gobierno genere conciencia sobre las verdaderas razones por las que las personas refugiadas están aquí.
Espero que el gobierno pueda trabajar mano a mano con el ACNUR y la sociedad civil para resolver los problemas de las personas refugiadas de forma más adecuada y eficaz y no deporte a ninguna persona detenida de regreso a Myanmar, actualmente bajo un régimen militar. En cambio, deberíamos encontrar soluciones, tales como un programa de reasentamiento. También debería haber políticas e información claras sobre la vacunación que sean accesibles para todas las personas refugiadas.
El espacio cívico en Malasia es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”
CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.
María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
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MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”
CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.
DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.
¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?
Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.
El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.
En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.
DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.
Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.
En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.
La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.
DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?
Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.
La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.
Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.
Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.
La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.
¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?
Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.
La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.
La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.
Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.
Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con DLM México a través de susitio web y siga a@DLM_Mx en Twitter y a@dlmx en LinkedIn.
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MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”
CIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.
El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.
¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?
Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.
Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.
El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.
¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?
Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.
Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.
Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.
Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.
¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?
El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.
Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.
Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.
A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.
¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?
Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.
El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).
¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?
Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.
Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos.
La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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