derechos laborales
-
COVID-19: ‘Necesitamos un nuevo contrato social basado en los derechos y en la prosperidad compartida’
CIVICUS conversa sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia sobre los derechos laborales, y sobre la respuesta brindada por la sociedad civil, con Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Reconocida como la voz global de los y las trabajadoras de todo el mundo, la CSI trabaja para promover y defender los derechos e intereses de las personas trabajadoras a través de la cooperación internacional entre sindicatos, la realización de campañas globales y la incidencia en las principales instituciones mundiales. La CSI adhiere a los principios de democracia e independencia sindical y agrupa a tres organizaciones regionales de África, las Américas y Asia y el Pacífico, al tiempo que coopera con la Confederación Europea de Sindicatos.¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos laborales?
La CSI recogió información de sus centrales sindicales nacionales afiliadas en forma regular durante los primeros meses de la pandemia y rápidamente entendió que, si bien en muchos países se observaban relaciones constructivas entre el gobierno y los sindicatos, en otros ello no ocurría. En muchos países como los de Escandinavia y el resto de Europa, y a menudo sobre la base de formas ya existentes de diálogo social, gobiernos, empleadores y sindicatos trabajaron juntos para desarrollar medidas para hacer frente a la pandemia y a sus efectos en los lugares de trabajo. Eso también sucedió en algunos países donde dicha cooperación ha sido más infrecuente, como Argentina, Georgia, Nigeria y el Reino Unido. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó la importancia del diálogo social como uno de los cuatro pilares de la acción contra la pandemia, junto con el estímulo de la economía y el empleo, el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Pero en algunos países, empleadores deshonestos y gobiernos neoliberales pensaron que podrían usar la pandemia para restringir los derechos de trabajadores y sindicatos, pasando por alto los límites al tiempo de trabajo o la seguridad del empleo. En países como Croacia y Lituania, hicimos campaña en apoyo de nuestras organizaciones afiliadas para evitar esos cambios, pero no en todas partes tuvimos éxito. En India, por ejemplo, los gobiernos estaduales implementaron una desregulación generalizada de las protecciones laborales.
¿Se han producido cambios en la forma de trabajo de los sindicatos?
En demasiados países se perdieron puestos de trabajo y se disparó el desempleo. Esto inevitablemente ha tenido un impacto sobre la organización sindical. Pero en varios países, incluidos algunos que habían experimentado reducciones en la tasa de afiliación sindical en el pasado reciente y otros donde la membresía sindical seguía siendo fuerte, el papel clave desempeñado por los sindicatos en defensa del empleo y el salario y su campaña por una cobertura de salud decente y seguridad en el trabajo resultaron en un aumento de la afiliación. En pocas palabras, los trabajadores vieron con mayor claridad la importancia de afiliarse a un sindicato para recibir protección frente a los malos manejos empresariales y las violaciones de sus derechos más fundamentales.
En algunos casos, la pandemia ha acelerado la experiencia de la organización virtual, a través de Zoom u otras plataformas de internet. Y en algunos casos estas tecnologías han llevado a los militantes sindicales a cambiar su punto de vista, pasando de concentrarse en explicar los beneficios de la afiliación a escuchar lo que quieren los potenciales afiliados. Esto no hizo más que acelerar una tendencia preexistente al desplazamiento de la idea de ofrecer a la gente un modelo que resuelva sus problemas hacia la idea de permitir que los y las trabajadoras definan qué es lo que mejor funciona para ellos. Como lo expresó un líder sindical australiano, “finalmente comenzamos a contactar a nuestros miembros en la forma en que ellos querían ser contactados”.
¿Cómo han trabajado los sindicatos para defender derechos y apoyar a sus afiliados y a sus comunidades durante la pandemia?
El trabajo cotidiano de los sindicatos se intensificó con la pandemia. Los sindicatos representaron a trabajadores bajo amenaza de despido, presionaron para obtener indemnizaciones adecuadas, buscaron un mayor acceso a la seguridad social, y plantearon las preocupaciones de las mujeres trabajadoras, que enfrentaron una discriminación aún mayor, y las de los y las trabajadores migrantes, a quienes les era negada la igualdad de acceso y de trato. En muchos casos, los sindicatos obtuvieron avances que antes no eran considerados posibles; ahora debemos defender esos logros para el largo plazo.
Los sindicatos han trabajado activamente con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con gobiernos nacionales de todos los continentes y con empleadores desde el piso de fábrica hasta la sala de directorio de las multinacionales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y sus empleos. Desde la negociación de planes nacionales de trabajo a corto plazo en Alemania, hasta la búsqueda de garantías para asegurar el respeto de los contratos en la industria global de la confección y la organización de políticas sectoriales para el regreso seguro al lugar de trabajo en Bélgica, los sindicatos se han estado rompiendo la espalda para garantizar que se reconozcan los intereses de los y las trabajadoras. Lamentablemente, cada vez que nos llega información acerca de la transmisión comunitaria del COVID-19, ésta suele referirse a casos ocurridos en el lugar de trabajo, por ejemplo en la industria hotelera y gastronómica, en la atención de la salud o en plantas de procesamiento de carne. Los sindicatos han subrayado la necesidad de que la salud ocupacional sea considerada tan importante como la salud pública y de que incluya la provisión de equipos de protección personal y el acceso a licencia paga por enfermedad.
Los sindicatos también han estado negociando ferozmente con los empleadores para detener los despidos, los cuales se han producido, vergonzosamente, incluso en empresas que fueron rescatadas con dinero de los contribuyentes. En algunos países, la ley ha impedido a los empleadores despedir trabajadores. Hemos negociado acuerdos para el trabajo domiciliario, que se está volviendo cada vez más común aún tras el retroceso de la pandemia. En Argentina los sindicatos negociaron una nueva ley de teletrabajo que aportó innovaciones tales como la de dar a los y las trabajadoras la oportunidad de decidir si quieren volver a sus lugares de trabajo.
¿Qué ha revelado la pandemia en relación con los problemas económicos y laborales subyacentes y los cambios que deberían producirse?
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la desigualdad masiva, incluidas las disparidades de ingresos, la injusticia racial y la discriminación de género, ya estaba motorizando una indignación que se traducía en disturbios civiles y desconfianza hacia la democracia. Si a ello se le suma la destrucción resultante de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los riesgos para las economías y las sociedades ya eran evidentes. Adicionalmente, enfrentamos disyuntivas asociadas a los impactos positivos y negativos de la tecnología en ausencia de una perspectiva de derechos.
La pandemia ha puesto de relieve las fisuras que ya estaban presentes en el contrato social. La inadecuada provisión de atención médica hizo que las primeras semanas de la pandemia fueran particularmente preocupantes, ya que se temía que los hospitales no dieran abasto. Similares brechas de financiamiento en materia de cuidado de las personas mayores y disposiciones laborales abusivas requerían que los y las trabajadoras se trasladaran entre instalaciones residenciales y no pudieran tomar licencia por enfermedad cuando mostraban síntomas. La inseguridad del empleo y la insuficiente protección social obligaron a muchas personas a seguir trabajando estando infectadas para poder poner comida en la mesa familiar. El hecho de que no se les proporcionara el equipo de protección personal adecuado fue apenas el signo más visible de los déficits en materia de salud y seguridad ocupacional.
Para la economía en su conjunto, las nefastas predicciones de la OIT respecto de la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en la fuerza laboral formal se vieron eclipsadas por el número de trabajadores y trabajadoras del sector informal que perdieron sus medios de vida. En cada una de estas áreas de falla sistémica, fueron las mujeres las que más padecieron la precariedad del empleo y gozaron de menores protecciones para su salud, y las que más se vieron afectadas por situaciones de confinamiento que obligaron a muchas a asumir la carga adicional del cuidado infantil no remunerado y arrojaron a algunas a la trampa de la violencia y el abuso.
Necesitamos reconstruir una realidad mejor, que incluya un nuevo contrato social que impulse la recuperación y la resiliencia brindando protección y garantías laborales universales, tanto para el empleado de tiempo completo de Amazon como para el precarizado conductor de Uber. La salud y la seguridad en el trabajo deben convertirse en derechos laborales tan fundamentales como el derecho a no ser esclavizado y el derecho de huelga. Necesitamos servicios públicos de salud, educación y agua de calidad y con financiación adecuada, como parte de un mecanismo de protección social universal. Y necesitamos regular el poder económico, imponiendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, salarios mínimos dignos y obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y normas ambientales en las cadenas de suministro.
Los sindicatos y los millones de afiliados que representamos pueden ayudar a lograr todo esto a través de la negociación colectiva con sus empleadores, el diálogo social con sus gobiernos y la participación en instituciones internacionales y multilaterales.
¿Qué deberían hacer los gobiernos y las empresas para trabajar mejor con los sindicatos, y qué rol podría desempeñar la comunidad internacional?
Los gobiernos y las empresas deben reconocer el rol fundamental de representación de los trabajadores que desempeñan los sindicatos, no solamente en las elecciones o cuando se negocian acuerdos salariales, sino durante todo el año y en todos los recovecos de la economía. Deben respetar los derechos y libertades fundamentales que los sindicatos necesitan para funcionar, incluidos la libertad de asociación, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga. Cuando toman decisiones que afectan a millones, si es que no a cientos de millones de personas, deben respetar el principio que reza “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo cual significa que deben trabajar mano a mano con los sindicatos.
Al mismo tiempo, estamos frente a una crisis del multilateralismo, a menudo impulsada por políticos nacionalistas y populistas, pero también resultante del colapso de la confianza pública en la globalización impulsada por el comportamiento rapaz y motivado por el lucro de las corporaciones multinacionales globales y las poderosas empresas de tecnología.
El mundo enfrenta una convergencia de varias crisis; sin embargo, las instituciones globales establecidas para apuntalar y reforzar los derechos, la igualdad, el crecimiento inclusivo y la estabilidad global están en su punto de mayor fractura. Es necesario reforzarlas y reenfocarlas para que respondan a las necesidades de los seres humanos y del planeta.
La OMS ha demostrado ser necesaria a la hora de dar una respuesta global al COVID-19, pero aun así, es necesario asegurar que los riesgos para la salud se gestionen sobre la base de la ciencia y se provea acceso universal al tratamiento, sin compromisos políticos.
La Organización Mundial del Comercio preside un modelo comercial global que nos ha fallado tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Y las instituciones de Bretton Woods se han desviado de sus mandatos al promover la reforma estructural neoliberal y las políticas de austeridad, los intereses de los países dominantes y la codicia empresarial. Esto debe cambiar.
La OIT, con su sistema tripartito único, es tan necesaria hoy como lo era cuando dio origen a un contrato social basado en un mandato de justicia social. Las partes involucradas deben estar hoy tan comprometidas con la garantía de un piso global de derechos y prosperidad compartida como lo estuvieron sus fundadores 100 años atrás, en 1919, y como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia en 1944.
Trabajando con nuestros aliados en la sociedad civil, los sindicatos queremos construir un nuevo contrato social basado en esos principios. De lograrlo, podremos crear una mejor economía, una mejor sociedad y un mundo mejor.
Contáctese con la Confederación Sindical Internacional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@ituc y a@Owen4ituc en Twitter.