COVID-19

 

  • ESTADOS UNIDOS: “La elección de 2020 es un mandato político y moral contra el fascismo”

    CIVICUS conversa sobre la supresión de votantes y sus implicancias para la democracia en Estados Unidos con Yael Bromberg, asesora principal en el área de derechos electorales en la Fundación Andrew Goodman, una organización que trabaja para convertir a las voces de los jóvenes -uno de los grupos de votantes más subrepresentados de los Estados Unidos- en una poderosa fuerza para la democracia. La Fundación fue establecida en 1966 para perpetuar el espíritu y la misión de Andy Goodman, quien en 1964 se unió a Freedom Summer, un proyecto para registrar a los afroamericanos para votar y así desmantelar la segregación y la opresión, y fue asesinado por el Ku Klux Klan en su primer día en Mississippi. La Fundación apoya iniciativas de desarrollo del liderazgo juvenil, accesibilidad del voto y justicia social en casi un centenar de instituciones de educación superior en todo el país.

    Yael Bromberg

    Para un observador externo es confuso que un país que se promueve a sí mismo como el paradigma de la democracia ponga barreras que limitan el derecho al voto de millones de sus ciudadanos. ¿Podría contarnos un poco más acerca del fenómeno de la supresión de votantes en Estados Unidos?

    Es cierto que Estados Unidos se ha promocionado a sí mismo como un modelo de democracia. Como ciudadana inmigrante y naturalizada cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto y a los gulags soviéticos, aprecio el carácter único de algunas de las libertades que se disfrutan en este país. Por ejemplo, si bien nuestro sistema judicial se encuentra actualmente bajo seria amenaza debido a la politización y la polarización de la magistratura, generalmente ha resistido el tipo de corrupción que está enraizado en otros países. Aunque nuestro sistema legal está en tensión y hay ciertas prácticas arraigadas, como la extrema impunidad policial, que deben ser abordadas, nuestro sistema legislativo puede, si lo desea, colmar las brechas que ha dejado el poder judicial. Pese a que la inyección de grandes cantidades de dinero, incluido dinero de oscura procedencia, ha ahogado a nuestra política, los más serios defensores de la democracia, que han resistido a cosas mucho peores, nos enseñan que la democracia es un viaje largo y persistente más que un destino. Sí, en este país tenemos problemas sistémicos que requieren una reforma profunda, y las vidas de personas de carne y hueso se resienten a causa de las disfuncionalidades de la tiranía de una minoría. Pero también contamos con los principios fundacionales de los Estados Unidos – la libertad y la igualdad - y la posibilidad de realizar nuestro ideal.

    En la época fundacional de esta nación, solo los hombres blancos que eran propietarios tenían derecho al voto. Mediante el proceso de ratificación constitucional se abolió la esclavitud y se concedió el derecho de voto a los hombres liberados. Persistieron leyes injustas, tales como las pruebas de alfabetismo y los impuestos electorales, utilizados para evitar que las minorías raciales votaran. Esto se combinó con otras leyes de la era de Jim Crow que ofrecían razones arbitrarias para encarcelar a esclavos liberados y obligarlos a regresar a los campos de trabajo, privándolos del derecho al voto cuando eran liberados. La resistencia popular aumentó en la medida en que la violencia física y política del sistema de segregación se fue poniendo en evidencia en la década de 1960, y resultó en leyes más fuertes y nuevas enmiendas constitucionales.

    Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del estado donde reside la población negra. Los políticos trazan los límites de sus distritos para asegurar el futuro de su propio partido y sus futuras oportunidades personales de ocupación de cargos. No hay lugares de votación en los campus universitarios, donde se concentran los jóvenes. Incluso durante una pandemia global, el voto por correo sigue sin ser un derecho universal. Mientras que un estado, Nueva Jersey, establece por lo menos diez urnas por ciudad para recolectar las boletas enviadas por correo, otro, el de Texas, recurrió exitosamente a los tribunales para limitar las urnas a una por condado. Para empeorar las cosas, cuando estas leyes son llevadas a los tribunales, éstos no siempre fallan a favor de los votantes.

    La temporada electoral de 2020 ha sido particularmente sorprendente. El poder judicial federal parece obsesionado con la idea de que los cambios de última hora en las reglas electorales conducen a la supresión de votantes, incluso cuando se trata de leyes que amplían el acceso al voto. Esto desafía la lógica. Si una ley limita el acceso, se entiende. Pero si una ley simplemente amplía el acceso, no está claro dónde está el perjuicio para los votantes.

    La pregunta que surge naturalmente de nuestro paradigma es: si Estados Unidos realmente es un ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo de abrazar las primeras tres palabras de nuestra Constitución: “Nosotros el pueblo”?

    ¿Considera que la supresión de votantes ha sido un tema crucial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020?

    Absolutamente. Las elecciones presidenciales de 2020 arrojan por lo menos cinco conclusiones importantes: 1) Nuestros gobiernos estaduales pueden ampliar fácilmente el acceso a las urnas de manera segura, entre otras cosas extendiendo los períodos de votación anticipada y las oportunidades para votar por correo; 2) Los votantes de todos los partidos aprovechan estos mecanismos y se benefician de ellos, como lo demuestra el récord de participación electoral de este año; 3) La expansión y la modernización electorales no conducen al fraude electoral; 4) Este año los votantes se sintieron motivados a votar a pesar de los obstáculos discriminatorios y arbitrarios que se interpusieron en su camino; 5) El mito del fraude electoral, más que la evidencia real y sistémica de fraude, ha surgido como una amenaza significativa tanto para proteger el acceso a las urnas como para mantener la confianza pública en nuestro sistema electoral.

    En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación, 1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes, que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.

    La cantinela mentirosa del fraude electoral ha provocado una regresión de los derechos en todos los ámbitos. No hay razón alguna para que, especialmente en medio de una pandemia, el acceso al voto por correo no sea universal. Sin embargo, ocho estados solo permitieron votar por correo a los votantes que superaban cierta edad, pero no a los votantes más jóvenes. La pandemia no discrimina y nuestro sistema electoral tampoco debería hacerlo. De manera similar, el Servicio Postal de los Estados Unidos repentinamente se politizó cuando se fue haciendo cada vez más evidente que la gente votaría por correo en cantidades sin precedentes. Se reanudaron las discusiones sobre su privatización y se ordenó desmantelar costosas máquinas clasificadoras de correo sin otro motivo que el de suprimir el voto. A continuación de la elección, la campaña de Trump causó mucho daño en su intento de deslegitimar los resultados, a pesar de que no se encontró evidencia alguna de fraude electoral en las más de 50 demandas judiciales que impugnaron el resultado de las elecciones. Le hizo al país un flaco favor, ya que convenció a una proporción sustancial de las bases de uno de los grandes partidos políticos de cuestionar el resultado de una elección que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había declarado como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

    Mientras ocurría todo esto, la pandemia también impulsó una expansión del acceso en aspectos clave. Incluso algunos estados gobernados por republicanos lideraron la expansión del período de votación anticipada y el acceso a sistemas de votación por correo. Debemos tomar esto como una oportunidad de aprendizaje para impulsar una modernización electoral con sentido común, de modo que no se trate de una ocurrencia única asociada a la pandemia. El COVID-19 ha normalizado la modernización electoral, que pasó de ser un tema marginal propio del progresismo a convertirse en un tema de la agenda compartida, que empodera a los votantes de todo el espectro político. Además, si bien las interminables demandas sin fundamento interpuestas por la campaña de Trump pueden calar en cierto segmento de votantes, cabe preguntarnos si harán que el poder judicial finalmente se convenza de que no hay fraude electoral generalizado. Esto es importante porque invariablemente veremos que a raíz de estas elecciones se introducirán nuevas leyes estaduales de supresión de votantes, como ocurrió tras la elección de Obama en 2008, las cuales ciertamente serán desafiadas en los tribunales. Quizás esta vez el poder judicial responda a tales desafíos de manera diferente, a la luz de la revisión del proceso electoral de 2020.

    Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse, la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que hemos tenido en el pasado. En 2016 se produjeron victorias por márgenes muy estrechos en tres estados clave: Michigan, por 0,2%, Pensilvania, por 0,7% y Wisconsin, por 0,8%. La supresión de votantes ciertamente puede hacer la diferencia en competencias con márgenes tan estrechos. Sin embargo, no debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020. ¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?

    ¿Podría contarnos acerca del trabajo de la Fundación Andrew Goodman en la intersección entre los dos grandes temas del derecho al voto y el racismo sistémico?

    La misión de la Fundación Andrew Goodman es convertir las voces y los votos de los jóvenes en una fuerza poderosa de la democracia. Nuestro programa Vote Everywhere (Vota en Todas Partes) es un movimiento nacional no partidista de participación cívica y justicia social liderado por jóvenes, con presencia en campus de todo el país. El programa proporciona capacitación, recursos y acceso a una red de pares, en tanto que nuestros Embajadores Andrew Goodman registran a votantes jóvenes, derriban barreras para el voto y abordan importantes problemas de justicia social. Estamos en casi 100 campus de todo el país y tenemos presencia en un amplio abanico de campus, incluidas instituciones que sirven a personas de color, tales como colegios y universidades históricamente afroamericanos.

    Lo poderoso de la organización y el voto de los jóvenes es que atraviesa todos los clivajes: sexo, raza, origen nacional e incluso pertenencia partidaria. Esta situación se originó en la historia de la expansión del voto juvenil en 1971, cuando se ratificó la 26ª Enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años y prohibió la discriminación por edad en el acceso al derecho al voto. Fue la enmienda que se ratificó más rápidamente en toda la historia de Estados Unidos, en gran medida debido a que recibió un apoyo casi unánime más allá de las divisiones partidarias. Hubo un reconocimiento de que los votantes jóvenes ayudan a mantener la brújula moral del país, como lo manifestó el entonces presidente Richard Nixon durante la ceremonia de firma de la enmienda.

    El legado de Andrew Goodman está directamente relacionado con las luchas de solidaridad entre comunidades para el mejoramiento del conjunto. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes universitarios negros del sur se sentaron valientemente ante los mostradores de locales propiedad de blancos en un acto político de protesta por la integración y la igualdad. En mayo de 1964, jóvenes estadounidenses de todo el país se desplazaron hacia el sur en ocasión del Freedom Summer (Verano de la Libertad), para registrar votantes negros y abolir el sistema segregacionista de Jim Crow. Tres jóvenes activistas de derechos civiles fueron asesinados por el Ku Klux Klan con el apoyo de la oficina del alguacil del condado: Andy Goodman y Mickey Schwerner, dos hombres judíos procedentes de Nueva York, de apenas 20 y 24 años, y James Chaney, un hombre negro de Mississippi, de tan solo 21 años. Sus historias tocaron una fibra sensible que ayudó a galvanizar el apoyo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Se trata de una historia acerca del poder de unos jóvenes visionarios que luchan por su futuro, la solidaridad y el poder que es posible construir a partir de la confluencia y el trabajo conjunto de estadounidenses de diferentes orígenes.

    Los activistas jóvenes lideraron varios movimientos de justicia social de la década de 1960, tal como lo hacen hoy. Cuando este país respondió y promulgó reformas críticas, los jóvenes finalmente utilizaron su propio derecho al voto cuando fueron enviados a la muerte al comienzo de la interminable guerra de Vietnam. Hoy en día, los jóvenes lideran el llamado a la justicia climática, el control de armas, la dignidad humana para nuestras comunidades negras e inmigrantes y el acceso a la educación superior. Son quienes más tienen para ganar o perder en las elecciones, porque son quienes heredarán el futuro. Reconocen, particularmente a la luz de los cambios demográficos que ha experimentado el país, que el tema del derecho al voto de la juventud es un tema de justicia racial. En la medida en que podamos ver al voto de los jóvenes como un factor unificador, ya que todos los votantes hemos sido jóvenes alguna vez, tendremos la esperanza de inyectar algo de sentido común en un sistema controvertido y polarizado.

    El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con la Fundación Andrew Goodman a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@AndrewGoodmanF y a@YaelBromberg en Twitter.

     

  • ÉTATS-UNIS : « L'élection de 2020 est un mandat politique et moral contre le fascisme »

    CIVICUS discute de la suppression d’électeurs et de ses implications pour la démocratie aux États-Unis avec Yael Bromberg, conseillère principale dans le domaine du droit de vote à la Fondation Andrew Goodman, une organisation qui travaille pour rendre la voix des jeunes - l'un des groupes d'électeurs les plus sous-représentés aux États-Unis – une force puissante pour la démocratie. La Fondation a été créée en 1966 pour perpétuer l'esprit et la mission d'Andy Goodman, qui en 1964 a rejoint Freedom Summer, un projet pour inscrire au vote les Afro-américains afin de démanteler la ségrégation et l'oppression, et a été assassiné par le Ku Klux Klan lors de son premier jour au Mississippi. La Fondation soutient le développement du leadership des jeunes, l'accessibilité au vote et des initiatives de justice sociale dans près d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur à travers le pays.

    Yael Bromberg

    Pour un observateur extérieur, il est déroutant qu'un pays qui se présente comme le paradigme de la démocratie érige des barrières qui limitent le droit de vote de millions de ses citoyens. Pouvez-vous nous parler un peu plus sur le phénomène de suppression des électeurs aux États-Unis ?

    Il est vrai que les États-Unis se sont présentés comme un modèle de démocratie. En tant que citoyenne immigrée naturalisée dont les grands-parents ont survécu à l'Holocauste et aux goulags soviétiques, j'apprécie le caractère unique de certaines des libertés dont bénéficie ce pays. Par exemple, alors même que notre système judiciaire est actuellement gravement menacé par la politisation et la polarisation des juges, il a généralement résisté au type de corruption enraciné dans d'autres pays. Bien que notre système juridique soit sous tension et qu'il existe certaines pratiques bien ancrées, telles que l'impunité policière extrême, qui doivent être corrigées, notre système législatif peut, s'il le souhaite, combler les lacunes du système judiciaire. Même si l'injection de grosses sommes d'argent, y compris de l'argent provenant de sources obscures, a étouffé notre politique, les plus sérieux défenseurs de la démocratie, qui ont résisté à bien pire, nous apprennent que la démocratie est un chemin long et persistant plus qu'une destination. Certes, dans ce pays, nous avons des problèmes systémiques qui nécessitent une réforme profonde, et les vies de personnes en chair et en os sont sous péril à cause des dysfonctionnements de la tyrannie d'une minorité. Mais nous avons aussi les principes fondateurs des Etats-Unis - la liberté et l'égalité - et la capacité d’atteindre notre idéal.

    A l’époque fondatrice de cette nation, seuls les hommes blancs qui possédaient des biens avaient le droit de vote. Grâce au processus de ratification constitutionnelle, l'esclavage a été aboli et le droit de vote a été accordé aux hommes libres. Des lois injustes ont persisté, tels que les tests d'alphabétisation et les taxes électorales, utilisés pour empêcher les minorités raciales de voter. Cela a été combiné avec d'autres lois de l'ère Jim Crow qui offraient des raisons arbitraires pour emprisonner les esclaves libérés et les forcer à retourner dans les camps de travail, les privant du droit de vote une fois libres. La résistance populaire s'est accrue au fur et à mesure que la violence physique et politique du système de ségrégation devenait apparente dans les années 1960, entraînant des lois plus fortes et de nouveaux amendements constitutionnels.

    Aujourd'hui, la suppression d’électeurs équivaut à la situation du renard gardant le poulailler. Ceux qui ont le privilège de définir les lois déterminent l’inclusion des uns et l’exclusion des autres. Par exemple, des lois strictes d'identification des électeurs qui vont au-delà de l'exigence d'une preuve d'identité standard se sont répandues partout dans le pays après l'élection d'Obama à la présidence. L'Alabama a établi des règles strictes d'identification des électeurs et a par la suite fermé les bureaux de délivrance des permis de conduire, où de telles identifications pouvaient être obtenues, dans les grandes zones rurales de l'état où réside la population noire. Les politiciens dessinent les limites de leurs districts pour assurer l'avenir de leur propre parti et leurs opportunités personnelles futures d’accès au poste. Il n'y a pas de bureaux de vote sur les campus universitaires, où les jeunes sont concentrés. Même pendant une pandémie mondiale, voter par correspondance n'est toujours pas un droit universel. Alors qu'un état, le New Jersey, établit au moins dix bureaux de vote par ville pour recueillir les bulletins de vote envoyés par la poste, un autre, le Texas, a fait recours aux tribunaux afin d’en limiter la quantité à un par comté, et a obtenu gain de cause. Ainsi, lorsque ces lois sont portées devant les tribunaux, ceux-ci ne se prononcent pas toujours en faveur des électeurs, ce qui est d’autant plus grave.

    La saison électorale de 2020 a été particulièrement surprenante. La magistrature fédérale semble obsédée par l'idée que les modifications de dernière minute des règles électorales conduisent à la suppression des électeurs, et ce même lorsqu'il s'agit de lois qui élargissent l'accès au vote. Cela défie la logique. Si une loi y limite l'accès, c'est compréhensible. Mais si une loi élargit simplement l'accès, le préjudice porté aux électeurs est difficilement identifiable.

    La question qui découle naturellement de notre paradigme est la suivante : si l'Amérique est vraiment un exemple de démocratie, alors pourquoi avons-nous peur d'embrasser les trois premiers mots de notre Constitution : « Nous, le peuple » ?

    Considérez-vous que la suppression des électeurs constitue une problématique cruciale dans le contexte des élections présidentielles de 2020 ?

    Absolument. L'élection présidentielle de 2020 engendre au moins cinq conclusions importantes : 1) Les gouvernements étatiques peuvent facilement élargir l'accès aux urnes en toute sécurité, notamment en prolongeant les périodes de vote anticipé et les possibilités de voter par correspondance; 2) Les électeurs de tous les partis profitent de ces mécanismes et en bénéficient, comme en témoigne le taux de participation électorale de cette année; 3) L'expansion et la modernisation électorales ne conduisent pas à la fraude électorale; 4) Cette année, les électeurs ont été motivés à voter malgré les obstacles discriminatoires et arbitraires qui se dressaient sur leur chemin; 5) Le mythe de la fraude électorale, plus que la preuve réelle et systémique de fraude, est apparu comme une menace importante à la fois pour protéger l'accès aux urnes et pour maintenir la confiance du public dans notre système électoral.

    En 2013, la Cour Suprême a supprimé une disposition clé de la loi de 1965 sur les droits de vote. Ce garde-fou exigeait que les états présentant une trajectoire historique de suppression des électeurs obtiennent une approbation avant de modifier leurs lois électorales. Une fois la sauvegarde supprimée, les portes vers la suppression d’électeurs se sont ouvertes. Le nombre de bureaux de vote a été réduit : 1 700 bureaux de vote ont été fermés entre 2012 et 2018, dont 1 100 entre les élections de mi-mandat de 2014 et 2018. Des lois strictes d'identification des électeurs ont été adoptées, ce qui rend difficile l'accès au vote pour les pauvres, les personnes de couleur et les jeunes. D'autres mesures, telles que la purge des listes électorales des états et la re-délimitation des circonscriptions électorales, ont encore dilué le pouvoir du vote. Il est important de garder à l'esprit que tout cela se fait au détriment des contribuables, qui paient la facture d'un système judiciaire engorgé par des dossiers accumulés et des frais de justice du parti au pouvoir ; et aux dépens des électeurs, qui sont contraints d'accepter les résultats d'un système électoral truqué, bien que dans le futur une législation qui supprime les électeurs puisse être abrogée.

    Le chant mensonger de la fraude électorale a provoqué une régression des droits dans tous les domaines. Il n'y a aucune raison pour que, en particulier en pleine pandémie, l'accès au vote par correspondance ne soit pas universel. Cependant, huit états n'autorisaient que les électeurs de plus d'un certain âge à voter par correspondance, mais pas les plus jeunes. La pandémie ne discrimine pas et notre système électoral ne devrait pas le faire non plus. De même, le service postal des États-Unis s'est soudainement politisé car il devenait de plus en plus évident que les gens voteraient par la poste en nombre sans précédent. Les discussions sur sa privatisation ont repris et des ordres de démantèlement de machines coûteuses de tri du courrier ont été donnés ayant pour seul objectif de supprimer des votes. Après l'élection, la campagne électorale de Trump a beaucoup nuit dans sa tentative de délégitimer les résultats, malgré le fait qu'aucune preuve de fraude électorale n'ait été trouvée dans les plus de 50 poursuites qui ont contesté le résultat des élections. Or il a rendu un mauvais service au pays, car il a convaincu une proportion substantielle de la base de l'un des grands partis politiques de remettre en question le résultat d'une élection que l'Agence pour les Infrastructures et la Cybersécurité avait déclarée « la plus sûre dans l’histoire des États-Unis ».

    Pendant que tout cela se déroulait, la pandémie a également entraîné une extension de l'accès dans des domaines essentiels. Même certains états dirigés par les républicains ont mené l'élargissement de la période de vote anticipé et l'accès aux systèmes de vote par correspondance. Nous devons saisir cela comme une opportunité d'apprentissage pour conduire une modernisation électorale sensée, de sorte qu'il ne s'agisse pas d'un événement ponctuel associé à la pandémie. Le COVID-19 a normalisé la modernisation électorale, qui est passée d'une question marginale du progressisme à une question inscrite à l'ordre du jour partagé, accroissant le domaine d’action et le pouvoir des électeurs de tous les horizons politiques. De plus, si les poursuites sans fin et sans fondement intentées par la campagne de Trump peuvent imprégner un certain segment des électeurs, on se demande si elles finiront par convaincre le pouvoir judiciaire qu'il n'y a pas de fraude électorale généralisée. Ceci est important car de nouvelles lois étatiques de suppression des électeurs seront sans doute introduites à la suite de ces élections, comme après l'élection d'Obama en 2008, et celles-ci seront certainement contestées devant les tribunaux. Peut-être que cette fois-ci le pouvoir judiciaire répondra différemment à ces défis, à la lumière de l'examen du processus électoral de 2020.

    Aussi persistants que soient les efforts de suppression des électeurs, la réponse lors de ce cycle a été de submerger le système dans l’accroissement de participation électorale. Comme prévu, la participation électorale a atteint des niveaux sans précédent. Les premières estimations indiquent que la participation des jeunes à ce cycle était encore plus élevée qu'en 1971, quand l'âge de voter a été abaissée à 18 ans et que l'inscription des électeurs potentiels a été soudainement élargie. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre le niveau d’apathie électorale que nous avons connu dans le passé. En 2016, il y a eu des victoires de marge très faibles dans trois états clés : le Michigan, de 0,2%, la Pennsylvanie, de 0,7% et le Wisconsin, de 0,8%. La suppression d’électeurs peut très certainement faire la différence dans les affrontements avec des marges aussi étroites. Cependant, il ne faut pas oublier le pouvoir de vote : environ 43% des personnes habiles à voter n'ont pas voté en 2016. Les estimations les plus récentes indiquent qu'environ 34% des personnes qui peuvent voter, soit environ un sur trois, n'ont pas voté en 2020. Comment maintenir ce nouveau taux de participation record, voire l'améliorer, alors que l'option du fascisme n'est plus en jeu dans les urnes ?

    Pouvez-vous nous parler du travail de la Fondation Andrew Goodman dans l'intersection entre deux grands enjeux : le droit de vote et le racisme systémique ?

    La mission de la Fondation Andrew Goodman est de transformer les voix et les votes des jeunes en une force puissante pour la démocratie. Notre programme Vote Everywhere est un mouvement national non partisan dirigé par des jeunes pour l'engagement civique et la justice sociale, présent sur des campus partout dans le pays. Le programme offre une formation, des ressources et un accès à un réseau de pairs. Nos ambassadeurs Andrew Goodman enregistrent les jeunes électeurs, éliminent les obstacles au vote et abordent d'importantes questions de justice sociale. Nous sommes présents dans près de 100 campus à travers le pays et avons une présence sur un large éventail de campus, y compris des institutions visant principalement des personnes noires, comme les collèges et universités historiquement afro-américains.

    Ce qui est puissant dans l'organisation et le vote des jeunes, c'est que cela transcende tous les clivages : sexe, race, origine nationale et même appartenance à un parti. Cette situation est née dans l'histoire de l'expansion du vote des jeunes en 1971, lorsque le 26e amendement à la Constitution a été ratifié, abaissant l'âge de vote à 18 ans et interdisant la discrimination fondée sur l'âge dans l'accès au droit de vote. Il s'agit de l'amendement le plus rapidement ratifié de l'histoire américaine, en grande partie parce qu'il a reçu un soutien quasi unanime à travers les divisions partisanes. Il a été reconnu que les jeunes électeurs aident à maintenir la boussole morale du pays, comme l'a déclaré le président de l'époque, Richard Nixon, lors de la cérémonie de signature de l'amendement.

    L'héritage d'Andrew Goodman est directement lié aux luttes de solidarité entre les communautés pour le bien de l'ensemble. Tout au long des années 1960, des étudiants noirs du sud se sont courageusement assis face aux comptoirs de salles appartenant aux Blancs lors d'un acte politique de désobéissance dans le but de protester pour atteindre l'intégration et l'égalité. En mai 1964, de jeunes Américains de tout le pays se sont rendus dans le sud à l’occasion du Freedom Summer pour inscrire des électeurs noirs et abolir le système de ségrégation de Jim Crow. Trois jeunes activistes des droits civiques ont été tués par le Ku Klux Klan avec le soutien du bureau du shérif du comté : Andy Goodman et Mickey Schwerner, deux hommes juifs de New York, ayant tout juste 20 et 24 ans, et James Chaney, un homme noir du Mississippi, de seulement 21 ans. Leurs histoires ont touché une corde sensible qui a contribué à galvaniser le soutien à l'adoption de la loi sur les droits civils de 1964 et de la loi sur les droits de vote de 1965. C'est une histoire sur le pouvoir de jeunes visionnaires qui luttent pour leur avenir, sur la solidarité et le pouvoir qui peuvent être construits à partir de la confluence et du travail conjoint d'Américains d'origines différentes.

    Les jeunes activistes ont dirigé divers mouvements de justice sociale des années 60, tout comme ils le font encore aujourd'hui. Lorsque ce pays a répondu en adoptant des réformes critiques, les jeunes ont utilisé leur propre droit de vote lorsqu'ils ont été envoyés à la mort au début de la guerre interminable du Vietnam. Aujourd'hui, les jeunes mènent l'appel pour la justice climatique, le contrôle des armes à feu, la dignité humaine pour nos communautés noires et immigrées et l'accès à l'enseignement supérieur. Ce sont eux qui ont le plus à gagner ou à perdre aux élections, car ce sont eux qui hériteront l’avenir. Ils reconnaissent, en particulier à la lumière des changements démographiques que le pays a connus, que la question du droit de vote des jeunes est une question de justice raciale. Dans la mesure où nous pouvons voir le vote des jeunes comme un facteur unificateur, puisque tous les électeurs ont autrefois été jeunes, nous espérons insuffler un peu de bon sens dans un système controversé et polarisé.

    L'espace civique aux États-Unis est classé « obstrué » par leCIVICUS Monitor.
    Entrez en contact avec la Fondation Andrew Goodman via sonsite Web ou sa pageFacebook, et suivez@AndrewGoodmanF et@YaelBromberg sur Twitter.

     

  • Free Saudi Activists commemorate 2-Year anniversary of the Saudi government's arrest of women's rights defenders

    COALITION TO HOST A WEBINAR ON MAY 15 PROVIDING UPDATES ON PRISONERS, STATE OF WOMEN’S HUMAN RIGHTS IN SAUDI ARABIA AND CAMPAIGN PROGRESS

     

  • Freedom of association for migrants --- joint statement at Human Rights Council

    Joint tatement at the 44th Session of the UN Human Rights Council

    Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants


    Madame President; Special Rapporteur,

    This is a statement on behalf of CIVICUS, Solidarity Center, and the International Service for Human Rights.

    We welcome the Special Rapporteur’s report. For the marginalised in society, including migrant workers, the freedom to act collectively offers protection against discrimination, exploitation and poverty. When the right to association is open to migrant workers and refugees, they can organize to uphold their interests in their workplaces and communities, influence public opinion and hold public officials accountable.

    We share your concern that hostility towards migrants and those who defend their rights has given rise to restrictive laws and practices that undermine the human rights, safety and dignity of migrants.

    A report released by CIVICUS and Solidarity Centre last October revealed serious challenges for migrant workers in exercising their freedom of association, including the threat of deportation for speaking out.

    Migrant workers in Malaysia reported that intimidation and pressure from their employers often prevents them from organizing, and that they can be coerced by agents or their employers not to join unions. In some cases, their working contracts deny their participation. Two-thirds of migrant workers surveyed in Kenya say harassment or pressure from employers is a major barrier to exercising freedom of association.

    COVID-19 has dramatically exposed the importance of freedom of association rights for migrant workers and refugees. They must have the right to speak out and organize collectively to ensure health and safety at work, especially as they are disproportionately represented in “essential sectors” such food processing, agriculture and health services in many countries.

    Defenders of migrants’ and refugee rights play a crucial role in supporting migrants, elevating their voices and providing humanitarian assistance. We are seriously alarmed at the harassment of individuals and civil society organizations supporting migrants, including migrant workers, in the EU and the US; including criminalization of their activities; and barriers to registration and funding. Such attacks can be a matter of life or death for those whose rights and freedoms they defend. 

    We call on all States to heed the recommendations of the report to recognize and protect migrants’ right to freedom of association, to stop the misuse of smuggling and trafficking laws to target migrant rights defenders and to create an enabling environment for civil society organizations, including those working on migration and migrants’ rights issues.

     

  • G20 : des centaines d'organisations de la société civile s'engagent à rejeter le processus mené par l'Arabie saoudite

    بالعربية

    Plus de 220 organisations de la société civile du monde entier ont fait part de leurs préoccupations concernant le processus d'engagement de la société civile du G20 organisé par et en Arabie saoudite en 2020. Les organisations se sont engagées à ne pas participer au processus de cette année, connu sous le nom de Civil 20 ou "C20", le flux de réunions dédié à la société civile au sein du G20.

    Les organisations ont approuvé une déclaration, initialement publiée en janvier 2020, qui se lit en partie comme suit:

    "Au lieu d’engager une véritable réforme, le gouvernement saoudien cherche à camoufler son bilan désastreux en termes de droits humains en organisant de grands événements internationaux dans le pays. Cela inclut le G20 et, par l’intermédiaire d’une ONG avalisée par le gouvernement, le C20. En tant qu’organisations majeures de la société civile présentes dans la plupart des pays du globe – mais, fait notable, pas en Arabie saoudite – nous ne pouvons participer à un processus qui cherche à conférer une légitimité internationale à un État n’offrant quasiment aucune place à la société civile et ne tolérant pas les voix indépendantes."

    Delia Ferreira Rubio, présidente de Transparency International, a déclaré "La société civile offre au G20 des recommandations politiques d'experts indépendants pour promouvoir le développement durable et améliorer la vie de milliards de personnes. Le G20 doit s'engager sérieusement à garantir un engagement efficace de la société civile, où toutes les voix indépendantes ont la même valeur. Nous continuons à travailler avec nos partenaires pour trouver des moyens d'apporter cette expertise au G20, mais nous ne participerons pas à un processus qui vise à blanchir le bilan épouvantable de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme et de société civile indépendante".

    Netsanet Belay, directrice de la recherche et du plaidoyer d'Amnesty International, a déclaré : " Il est grand temps que les autorités saoudiennes prennent des mesures significatives pour mettre fin aux arrestations arbitraires, à la torture et aux procès inéquitables, et pour mettre fin au recours généralisé à la peine de mort. Nous espérons que les dizaines de défenseurs des droits de l'homme et des droits des femmes derrière les barreaux - tels que Waleed Abu al-Khair, Loujain al-Hathloul, Raif Badawi, Samar Badawi et Naseema al-Sada - tireront profit de cet acte de solidarité de la part de tant d'organisations du monde entier qui ne sont pas prêtes à permettre que le bilan effroyable de l'Arabie saoudite en matière de droits de l'homme soit blanchi. Il serait encore mieux qu'elles soient libérées immédiatement et sans condition afin qu'elles puissent s'engager de manière significative avec leur gouvernement dans l'élaboration de lois et de politiques conformes aux droits de l'homme dans leur pays et à l'étranger - y compris en relation avec le G20".

    Lysa John, secrétaire générale de CIVICUS, a déclaré : "Les autorités saoudiennes ont rendu pratiquement impossible le fonctionnement des défenseurs des droits de l'homme et des organisations de la société civile. L'Arabie Saoudite ne tolère pas la liberté d'expression et des dizaines de défenseurs et d'activistes des droits de l'homme sont en prison ou en exil. Nous refusons de nous engager dans le C20 dirigé par l'Arabie Saoudite car nous pensons que les militants et les organisations indépendantes de la société civile ne pourront pas participer librement à ce processus".

     

    Liste des organisations soutenant la déclaration à la date du 20 mars 2020 :

    A Common Future

    Cameroun

    Association Catholique pour la Protection de l'Environnement au Burundi (ACAPE BURUNDI)

    Burundi

    Access Center for Human Rights (ACHR)

    Liban

    Action for Pastoralists Integrated Resilience

    Kenya

    Adilisha Child, Youth Development and Family Preservation

    Tanzanie

    Advance Center for Peace and Credibility International

    Nigeria

    Association for Farmers Rights Defense (AFRD)

    Géorgie

    Africa Rise Foundation

    Zimbabwe

    African Youth Peer Review Committee (AYPRC)

    Liberia

    African Youth Union Commission

    Nigeria

    Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines (AFVMC)

    Cameroun

    Association pour l'Integration et le Developpement Durable au Burundi (AIDB Burundi)

    Burundi

    Alcondoms Cameroun

    Cameroun

    Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad

    Tchad

    ALQST

    Royaume-Uni

    AL-Shafaa Organisation

    Irak

    Amagugu International Heritage Center

    Zimbabwe

    Angels in the Field

    Inde

    Anqad Association for Development and Social Welfare

    Maroc

    Ark Wellness Hub Uganda

    Ouganda

    Action pour le Respect et la Protection de l'Environnement (ARPE)

    Cameroun

    Asociacion Alfalit Guatemala

    Guatemala

    Aspafrique-Jics

    Suisse

    Association Sauvons la vie, de l'eau potable pour tous (ASSAUVET)

    Cameroun

    Association de Lutte contre le Chomage et la Torture (ALUCHOTO)

    Burundi

    Association des Amis de la Nature

    Burundi

    Association For Promotion Sustainable Development

    Inde

    Association les Amis du Verbe

    Maroc

    Association of the Prodigy Youth for the Sustainable Development

    République Centrafricaine

    Association of Working Children and Youths

    Bénin

    Aware Girls

    Pakistan

    Bina Foundation

    Nigeria

    Bonabo United

    Cameroun

    BRIDGE Foundation

    Bangladesh

    Brother's Keeper

    Nigeria

    Bunjakko Modern Farm Limited

    Ouganda

    Bureau d'Informations, Formations, Échanges et Recherches pour le Développement (BIFERD)

    République démocratique du Congo

    Cairo Institute for Human Rights Studies

    Egypte

    Calvin Ong'era

    Kenya

    Canadian Centre for Victims of Torture

    Canada

    Canadian Council for International Co-operation 

    Canada

    Canadian HIV/AIDS Legal Network

    Canada

    Center for Constitutional Governance

    Etats-Unis

    Center for Development of Civil Society

    Arménie

    Centre for Law and Democracy

    Canada

    Centre de Recherche sur l'Anticorruption

    République démocratique du Congo

    Centre for Legal Support

    Gambie

    Centre for Media and Development Communication (CEMEDEC)

    Nigeria

    Centre for Social Policy Develoment

    Pakistan

    Community Initiative for Social Empowerment (CISE)

    Malawi

    Children on the Edge 

    Royaume-Uni

    Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 

    Canada

    Civil Society in Development (CISU)

    Danemark

    Civil Society Reference Group (CSRG)

    Kenya

    Coalition in Defence of Nigerian Democracy and Constitution

    Nigeria

    Coalition of Youth Organizations (SEGA)

    Macédoine

    Collectif de Développement et Respect de la Dignité Humaine (CODDHU)

    République démocratique du Congo

    CODENET

    Cameroun

    Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

    Cambodge

    Commonwealth Society of Nigeria

    Nigeria

    Community Health Education Sports Initiative Zambia

    Zambie

    Community Youth Initiatives Liberia Inc

    Liberia

    Consultando Soluciones REcosrec

    Venezuela

    Coalition d'organisations volontaires et solidaires pour des actions de développement communautaire (COSAD)

    Bénin

    Corruption Watch 

    Afrique du Sud

    Curtis Business

    République démocratique du Congo

    Democracy Without Borders

    Allemagne

    Denis Miki Foundation

    Cameroun

    Dhankuta Municipality

    Népal

    Diálogo de Mujeres por la Democracia

    Nicaragua

    Dominion Empowerment Solutions

    Kenya

    Dytech - OutGrow It

    Zambie

    Edutech for Africa

    Nigeria

    EnlacesXSustentabilidad

    El Salvador

    Enoch Adeyemi Foundation

    Nigeria

    Equality Now

    Etats-Unis

    Fédération Internationale des Entrepreneurs et ou Etudiants Africains d'Affaires (FIEAA)

    Guinée

    Front Commun pour la Protection de l'Environnement et des Espaces Protégés (FCPEEP)

    République démocratique du Congo

    Fellowship for Community Enlightenment (FCE)

    Ouganda

    Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER)

    Colombie

    FINESTE

    Haïti

    Focus Youth Forum (FYF)

    Ouganda

    Freedom Now

    Etats-Unis

    Fund Our Future

    Afrique du Sud

    Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER)

    El Salvador

    Fundación Selva Sagrada

    Equateur

    Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

    Argentine

    Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

    Panama 

    Futur Radieux

    Togo

    Gatef Organization

    Egypte

    Geospatial Organization

    Tanzanie

    Germany Zimbabwe Forum

    Allemagne

    Ghana Association of Private Voluntary Organisations in Development

    Ghana

    Give Hope Uganda

    Ouganda

    Global Network for Sustainable Development

    Nigeria

    Global Witness

    Royaume-Uno

    Global Shapers Castries Hub

    Saine-Lucie

    Globalpeace Chain

    Kenya

    Gram Bharati Samiti

    Inde

    Gulf Centre for Human Rights

    Moyen-Orient

    Gutu United Residents and Ratepayers Association (GURRA)

    Zimbabwe

    HAKI Africa

    Kenya

    Hands of External Love Program

    Liberia

    Hannibal Entertainment Visual Studio Production

    Nigeria

    Hitesh BHATT

    Inde

    HOPE Worldwide-Pakistan

    Nouvelle-Zélande

    Human Rights First 

    International

    Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa

    Canada

    Human Rights Watch

    Etats-Unis

    Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)

    Uruguay

    India Media Centre

    Inde

    Individual

    Pakistan

    Initiative de Gestion Civile des Crises (IGC)

    Burundi

    Institute of Peace and Conflict Resolution

    Nigeria

    Instituto para el Futuro Común Amerindio (IFCA)

    Honduras

    International Center for Accelerated Development

    Nigeria

    International Development Opportunity Initiative

    Ghana

    International Federation of Women Lawyers, FIDA Nigeria

    Nigeria

    International Service for Human Rights (ISHR)

    Suisse

    International Student Environmental Coalition

    Cameroun

    Interregional Public Charitable Organization of Assistance to Persons with Disabilities Sail of Hope

    Russie

    Jeunesse Assistance

    Niger

    Justice  Access Point

    Ouganda

    Justice Initiative for the Disadvantaged and Oppressed Persons (JIDOP)

    Nigeria

    JVBC

    Etats-Unis

    Key populations Uganda

    Ouganda

    Konstitusiya Arasdırmalar Fondu

    Azerbaïdjan

    Vulnerable People's Development Organization (KOTHOWAIN)

    Bangladesh

    Kurdistan Without Genocide

    Irak

    Kuza Livelihood Improovement Projects

    Kenya

    Laxman Belbase - Individual

    Népal

    The Lesbians, Gays & Bisexuals of Botswana (LEGABIBO)

    Botswana

    Leila Oguntayo

    Tunisie

    Liberia Media Center

    Liberia

    Local Communities Development Initiative

    Nigeria

    Makerere University Uganda

    Ouganda

    Malawi Human Rights Defenders Coalition

    Malawi

    Mama leah Fondation

    Kenya

    Moabite Indigenous Nation Trust

    Etats-Unis

    Morya Samajik Pratishthan

    Inde

    Mother of Hope Cameroon (MOHCAM)

    Cameroun

    Mzimba Youth Organization

    Malawi

    Narayana

    Inde

    National Sudanese Women Association

    Soudan

    Network of Estonian Non-profit Organizations

    Estonie

    New Owerri Youth Organisation

    Nigeria

    Nobel Women's Initiative

    Canada

    One More Salary

    Tanzanie

    ONG Les Batisseurs

    Etats-Unis

    Organization of the Justice Campaign

    Irak

    ORUD

    République démocratique du Congo

    Pacific Sexual and Gender Diversity Network

    Fidji

    Pakistan NGOs Forum

    Pakistan

    Palestinian Center for Communication and Development Strategies

    Palestine

    Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)

    Palestine

    Parent-Child Intervention Centre

    Nigeria

    Participatory Research Action Network (PRAN)

    Bangladesh

    Peaceful and Active Centre for Humanity (PEACH)

    Pakistan

    PEN International

    Royaume-Uni

    Primadent Initiative for Oral Health

    Nigeria

    Public Organization Youth House

    Tadjikistan

    Rainbow Pride Foundation

    Fidji

    Rainbow Sunrise Mapambazuko

    République démocratique du Congo

    Real Agenda For Youth Transformation

    Zimbabwe

    Red Global de Acción Juvenil (GYAN)

    Mexique

    Richard Bennett

    Royaume-Uni

    Rural Initiatives in Sustainability & Empowerment (RISE)

    Pakistan

    Rideau Institute

    Canada

    Rising Generation for Youth Organization

    Nigeria

    Réseau Nigérien des Défenseurs des Droits Humains (RNDDH)

    Niger

    Role Model Zambia

    Zambie

    Sauti ya Haki Tanzania

    Tanzanie

    Self

    Norvège

    Shanduko Yeupenyu Child Care

    Zimbabwe

    Sierra Leone School Green Clubs

    Sierra Leone

    Social Watch Benin

    Bénin

    Society for Development and Research

    Pakistan

    Society for Rural Women and Youth Development

    Nigeria

    South Sudan Community Change Agency

    Sud Soudan

    Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)

    Sierra Leone

    Success Capital Organisation

    Botswana

    Sudda Changing Lives Foundation

    Ghana

    Synergy of experts on environment and sustainable development

    Burkina Faso

    TATU Project

    Tanzanie

    Human Rights Defenders Network (ACPDH)

    Burundi

    The Rock Shalom

    Kenya

    The Social Science Centre for African Development (KUTAFITI)

    République démocratique du Congo

    The Young Republic

    Suède

    The Tax Justice Network 

    Royaume-Uni

    The Youth Voice of SA

    Afrique du Sud

    Tochukwu Anyadike

    Nigeria

    Transparency International Australia

    Australie

    Transparency International Bangladesh

    Bangladesh

    Transparencia por Colombia

    Colombie

    Transparency International EU

    Belgique

    Transparency International Kazakhstan

    Kazakhstan

    Transparency International Uganda 

    Ouganda

    Transparency International Ukraine

    Ukraine

    Transparency International Pakistan

    Pakistan

    Union des Frères pour Alternatif du Developpement Intégré (UFADI)

    Haïti

    Uganda Youth Guidance and Development Association

    Ouganda

    Ugonma Foundation

    Nigeria

    Ukana West 2 Community Based Health Initiative

    Nigeria

    Union for the Promotion, Defense of Human Rights and the Environment-UPDDHE.GL

    République démocratique du Congo

    Vanuatu Association of Non-Government Organisation

    Vanuatu

    VASUDHAIVA KUTUMBAKAM - The World is One Family

    Inde

    Veille Citoyenne

    Togo

    Vijana Hope

    République démocratique du Congo

    Volunteers Hub Liberia

    Liberia

    Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia (VOWAZA)

    Zambie

    WDC Somalia

    Somalie

    We Lead Intergrated Foundation

    Cameroun

    Women Empowerment Group (WEG)

    Kenya

    Women United to Fight Sexual Violence in Liberia (WOUFSVIL)

    Liberia

    Women's March Global

    Etats-Unis

    World Youth Union SL

    Sierra Leone

    WorldEat

    Ghana

    WORLDLITE

    Cote D'Ivoire

    Yole Africa

    République démocratique du Congo

    Young League Pakistan

    Pakistan

    Youth Advocates for Change

    Zambie

    Youth For Change

    Nigeria

    Youth for Development Network

    Liberia

    Youth For Environment Education And Development Foundation (YFEED Foundation)

    Népal

    Youth for Future 2006

    Roumanie

    Youth Harvest Foundation Ghana

    Ghana

    Youth Leadership Initiative for Social Justice

    Nigeria

    YOUTHAID

    Liberia

    Zambian Governance Foundation for Civil Society

    Zambie

    Zimbabwe Climate Change Coalition

    Zimbabwe

     

  • G20: Cientos de organizaciones de la sociedad civil se comprometen a evitar el proceso liderado por Arabia Saudita

    Más de 220 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han expresado su preocupación por el proceso de participación de la sociedad civil en el G20 2020, que estará auspiciado por Arabia Saudí y tendrá lugar allí. Las organizaciones se han comprometido a no participar en el proceso de este año, conocido como "Civil 20" o "C20", el canal de reuniones dedicadas a la sociedad civil dentro del G20. 

    Las organizaciones adhirieron a un comunicado, originalmente publicado en Enero de 2020, que dice en una  parte:

    “ En vez de una reforma real, lo que intenta hacer el gobierno saudí es blanquear su terrible historial en materia de derechos humanos con la celebración de grandes eventos internacionales en el país. Entre ellos figuran el G-20 y, por medio de una ONG autorizada por el gobierno, el C-20. Como organizaciones de la sociedad civil presentes en la mayoría de los países del mundo (pero en absoluto en Arabia Saudí), no podemos participar en un proceso con el que se intenta dar legitimidad internacional a un Estado donde la sociedad civil no tiene prácticamente cabida ni se toleran sus voces independientes. “

    Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional afirmó: “La sociedad civil ofrece al G20 recomendaciones  independientes y específicas para promover el desarrollo sostenible y mejorar la vida de miles de millones de personas. El G20 debe ser serio en cuanto a la participación de sociedad civil en el proceso y asegurar que todas las voces independientes tengan la misma importancia. Seguimos trabajando con nuestros colegas para encontrar formas de aportar esta experiencia al G20, pero no participaremos en un proceso que pretende lavar el espantoso historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos y de sociedad civil independiente.”

    Netsanet Belay, Director de Investigación e Incidencia en Amnistía Internacional sostuvo: “Ya es hora de que las autoridades de Arabia Saudita tomen medidas significativas para poner fin a las detenciones arbitrarias, la tortura y los juicios injustos, y para poner fin a su extendida aplicación de la pena de muerte. Esperamos que las docenas de defensores y defensoras de los derechos humanos y  activistas por los derechos de la mujer que se encuentran entre rejas, tales como Waleed Abu al-Khair, Loujain al-Hathloul, Raif Badawi, Samar Badawi and Naseema al-Sada, ganen fuerza con este acto de solidaridad de tantas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que no están dispuestas a permitir que se encubra el espantoso historial de derechos humanos del país. Incluso mejor sería su liberación inmediata e incondicional para que puedan colaborar de manera significativa con su gobierno en la elaboración de leyes y políticas que respeten los derechos humanos en el país y en el extranjero, incluso en relación con el G20".

    Lysa John, Secretaria General de CIVICUS, declaró: “Las autoridades de Arabia Saudita han hecho prácticamente imposible que los defensores y las defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan operar. Arabia Saudita no tolera la libertad de expresión y decenas de defensores y defensoras  de los derechos humanos y activistas están en la cárcel o en el exilio. Nos negamos a participar en el C20 dirigido por Arabia Saudita porque creemos que los activistas y las organizaciones independientes de la sociedad civil no podrán participar libremente en este proceso.”  

    Listado de organizaciones que adhirieron al comunicado al 20 de Marzo de 2020:

     

    A Common Future

    Cameroon

    Association Catholique pour la Protection de l'Environnement au Burundi (ACAPE BURUNDI)

    Burundi

    Access Center for Human Rights (ACHR)

    Lebanon

    Action for Pastoralists Integrated Resilience

    Kenya

    Adilisha Child, Youth Development and Family Preservation

    Tanzania

    Advance Center for Peace and Credibility International

    Nigeria

    Association for Farmers Rights Defense (AFRD)

    Georgia

    Africa Rise Foundation

    Zimbabwe

    African Youth Peer Review Committee (AYPRC)

    Liberia

    African Youth Union Commission

    Nigeria

    Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines (AFVMC)

    Cameroon

    Association pour l'Integration et le Developpement Durable au Burundi (AIDB Burundi)

    Burundi

    Alcondoms Cameroun

    Cameroon

    Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad

    Chad

    ALQST

    UK

    AL-Shafaa Organisation

    Iraq

    Amagugu International Heritage Center

    Zimbabwe

    Angels in the Field

    India

    Anqad Association for Development and Social Welfare

    Morocco

    Ark Wellness Hub Uganda

    Uganda

    Action pour le Respect et la Protection de l'Environnement (ARPE)

    Cameroon

    Asociacion Alfalit Guatemala

    Guatemala

    Aspafrique-Jics

    Switzerland

    Association Sauvons la vie, de l'eau potable pour tous (ASSAUVET)

    Cameroon

    Association de Lutte contre le Chomage et la Torture (ALUCHOTO)

    Burundi

    Association des Amis de la Nature

    Burundi

    Association For Promotion Sustainable Development

    India

    Association les Amis du Verbe

    Morocco

    Association of the Prodigy Youth for the Sustainable Development

    Central African Republic

    Association of Working Children and Youths

    Benin

    Aware Girls

    Pakistan

    Bina Foundation

    Nigeria

    Bonabo United

    Cameroon

    BRIDGE Foundation

    Bangladesh

    Brother's Keeper

    Nigeria

    Bunjakko Modern Farm Limited

    Uganda

    Bureau d'Informations, Formations, Échanges et Recherches pour le Développement (BIFERD)

    Democratic Republic of the Congo

    Cairo Institute for Human Rights Studies

    Egypt

    Calvin Ong'era

    Kenya

    Canadian Centre for Victims of Torture

    Canada

    Canadian Council for International Co-operation 

    Canada

    Canadian HIV/AIDS Legal Network

    Canada

    Center for Constitutional Governance

    USA

    Center for Development of Civil Society

    Armenia

    Centre for Law and Democracy

    Canada

    Centre de Recherche sur l'Anticorruption

    Democratic Republic of the Congo

    Centre for Legal Support

    Gambia

    Centre for Media and Development Communication (CEMEDEC)

    Nigeria

    Centre for Social Policy Develoment

    Pakistan

    Community Initiative for Social Empowerment (CISE)

    Malawi

    Children on the Edge 

    UK

    Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 

    Canada

    Civil Society in Development (CISU)

    Denmark

    Civil Society Reference Group (CSRG)

    Kenya

    Coalition in Defence of Nigerian Democracy and Constitution

    Nigeria

    Coalition of Youth Organizations (SEGA)

    Macedonia

    Collectif de Développement et Respect de la Dignité Humaine (CODDHU)

    Democratic Republic of the Congo

    CODENET

    Cameroon

    Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

    Cambodia

    Commonwealth Society of Nigeria

    Nigeria

    Community Health Education Sports Initiative Zambia

    Zambia

    Community Youth Initiatives Liberia Inc

    Liberia

    Consultando Soluciones REcosrec

    Venezuela

    Coalition d'organisations volontaires et solidaires pour des actions de développement communautaire (COSAD)

    Benin

    Corruption Watch 

    South Africa 

    Curtis Business

    Democratic Republic of the Congo

    Democracy Without Borders

    Germany

    Denis Miki Foundation

    Cameroon

    Dhankuta Municipality

    Nepal

    Diálogo de Mujeres por la Democracia

    Nicaragua

    Dominion Empowerment Solutions

    Kenya

    Dytech - OutGrow It

    Zambia

    Edutech for Africa

    Nigeria

    EnlacesXSustentabilidad

    El Salvador

    Enoch Adeyemi Foundation

    Nigeria

    Equality Now

    USA

    Fédération Internationale des Entrepreneurs et ou Etudiants Africains d'Affaires (FIEAA)

    Guinea

    Front Commun pour la Protection de l'Environnement et des Espaces Protégés (FCPEEP)

    Democratic Republic of the Congo

    Fellowship for Community Enlightenment (FCE)

    Uganda

    Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER)

    Colombia

    FINESTE

    Haiti

    Focus Youth Forum (FYF)

    Uganda

    Freedom Now

    USA

    Fund Our Future

    South Africa

    Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER)

    El Salvador

    Fundación Selva Sagrada

    Ecuador

    Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

    Argentina

    Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

    Panama 

    Futur Radieux

    Togo

    Gatef Organization

    Egypt

    Geospatial Organization

    Tanzania

    Germany Zimbabwe Forum

    Germany

    Ghana Association of Private Voluntary Organisations in Development

    Ghana

    Give Hope Uganda

    Uganda

    Global Network for Sustainable Development

    Nigeria

    Global Witness

    UK

    Global Shapers Castries Hub

    Saint Lucia

    Globalpeace Chain

    Kenya

    Gram Bharati Samiti

    India

    Gulf Centre for Human Rights

    Middle East

    Gutu United Residents and Ratepayers Association (GURRA)

    Zimbabwe

    HAKI Africa

    Kenya

    Hands of External Love Program

    Liberia

    Hannibal Entertainment Visual Studio Production

    Nigeria

    Hitesh BHATT

    India

    HOPE Worldwide-Pakistan

    New Zealand

    Human Rights First 

    International

    Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa

    Canada

    Human Rights Watch

    USA

    Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)

    Uruguay

    India Media Centre

    India

    Individual

    Pakistan

    Initiative de Gestion Civile des Crises (IGC)

    Burundi

    Institute of Peace and Conflict Resolution

    Nigeria

    Instituto para el Futuro Común Amerindio (IFCA)

    Honduras

    International Center for Accelerated Development

    Nigeria

    International Development Opportunity Initiative

    Ghana

    International Federation of Women Lawyers, FIDA Nigeria

    Nigeria

    International Service for Human Rights (ISHR)

    Switzerland

    International Student Environmental Coalition

    Cameroon

    Interregional Public Charitable Organization of Assistance to Persons with Disabilities Sail of Hope

    Russia

    Jeunesse Assistance

    Niger

    Justice  Access Point

    Uganda

    Justice Initiative for the Disadvantaged and Oppressed Persons (JIDOP)

    Nigeria

    JVBC

    United States of America

    Key populations Uganda

    Uganda

    Konstitusiya Arasdırmalar Fondu

    Azerbaijan

    Vulnerable People's Development Organization (KOTHOWAIN)

    Bangladesh

    Kurdistan Without Genocide

    Iraq

    Kuza Livelihood Improovement Projects

    Kenya

    Laxman Belbase - Individual

    Nepal

    The Lesbians, Gays & Bisexuals of Botswana (LEGABIBO)

    Botswana

    Leila Oguntayo

    Tunisia

    Liberia Media Center

    Liberia

    Local Communities Development Initiative

    Nigeria

    Makerere University Uganda

    Uganda

    Malawi Human Rights Defenders Coalition

    Malawi

    Mama leah Fondation

    Kenya

    Moabite Indigenous Nation Trust

    United States of America

    Morya Samajik Pratishthan

    India

    Mother of Hope Cameroon (MOHCAM)

    Cameroon

    Mzimba Youth Organization

    Malawi

    Narayana

    India

    National Sudanese Women Association

    Sudan

    Network of Estonian Non-profit Organizations

    Estonia

    New Owerri Youth Organisation

    Nigeria

    Nobel Women's Initiative

    Canada

    One More Salary

    Tanzania

    ONG Les Batisseurs

    United States of America

    Organization of the Justice Campaign

    Iraq

    ORUD

    Democratic Republic of the Congo

    Pacific Sexual and Gender Diversity Network

    Fiji

    Pakistan NGOs Forum

    Pakistan

    Palestinian Center for Communication and Development Strategies

    Palestine

    Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)

    Palestine

    Parent-Child Intervention Centre

    Nigeria

    Participatory Research Action Network (PRAN)

    Bangladesh

    Peaceful and Active Centre for Humanity (PEACH)

    Pakistan

    PEN International

    UK

    Primadent Initiative for Oral Health

    Nigeria

    Public Organization Youth House

    Tajikistan

    Rainbow Pride Foundation

    Fiji

    Rainbow Sunrise Mapambazuko

    Democratic Republic of the Congo

    Real Agenda For Youth Transformation

    Zimbabwe

    Red Global de Acción Juvenil (GYAN)

    Mexico

    Richard Bennett

    United Kingdom

    Rural Initiatives in Sustainability & Empowerment (RISE)

    Pakistan

    Rideau Institute

    Canada

    Rising Generation for Youth Organization

    Nigeria

    Réseau Nigérien des Défenseurs des Droits Humains (RNDDH)

    Niger

    Role Model Zambia

    Zambia

    Sauti ya Haki Tanzania

    Tanzania

    Self

    Norway

    Shanduko Yeupenyu Child Care

    Zimbabwe

    Sierra Leone School Green Clubs

    Sierra Leone

    Social Watch Benin

    Benin

    Society for Development and Research

    Pakistan

    Society for Rural Women and Youth Development

    Nigeria

    South Sudan Community Change Agency

    South Sudan

    Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)

    Sierra Leone

    Success Capital Organisation

    Botswana

    Sudda Changing Lives Foundation

    Ghana

    Synergy of experts on environment and sustainable development

    Burkina Faso

    TATU Project

    Tanzania

    Human Rights Defenders Network (ACPDH)

    Burundi

    The Rock Shalom

    Kenya

    The Social Science Centre for African Development (KUTAFITI)

    Democratic Republic of the Congo

    The Young Republic

    Sweden

    The Tax Justice Network 

    UK

    The Youth Voice of SA

    South Africa

    Tochukwu Anyadike

    Nigeria

    Transparency International Australia

    Australia

    Transparency International Bangladesh

    Bangladesh

    Transparencia por Colombia

    Colombia

    Transparency International EU

    Belgium

    Transparency International Kazakhstan

    Kazakhstan

    Transparency International Uganda 

    Uganda

    Transparency International Ukraine

    Ukraine

    Transparency International Pakistan

    Pakistan

    Union des Frères pour Alternatif du Developpement Intégré (UFADI)

    Haiti

    Uganda Youth Guidance and Development Association

    Uganda

    Ugonma Foundation

    Nigeria

    Ukana West 2 Community Based Health Initiative

    Nigeria

    Union for the Promotion, Defense of Human Rights and the Environment-UPDDHE.GL

    Democratic Republic of the Congo

    Vanuatu Association of Non-Government Organisation

    Vanuatu

    VASUDHAIVA KUTUMBAKAM - The World is One Family

    India

    Veille Citoyenne

    Togo

    Vijana Hope

    Democratic Republic of the Congo

    Volunteers Hub Liberia

    Liberia

    Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia (VOWAZA)

    Zambia

    WDC Somalia

    Somalia

    We Lead Intergrated Foundation

    Cameroon

    Women Empowerment Group (WEG)

    Kenya

    Women United to Fight Sexual Violence in Liberia (WOUFSVIL)

    Liberia

    Women's March Global

    United States of America

    World Youth Union SL

    Sierra Leone

    WorldEat

    Ghana

    WORLDLITE

    Cote D'Ivoire

    Yole Africa

    Democratic Republic of the Congo

    Young League Pakistan

    Pakistan

    Youth Advocates for Change

    Zambia

    Youth For Change

    Nigeria

    Youth for Development Network

    Liberia

    Youth For Environment Education And Development Foundation (YFEED Foundation)

    Nepal

    Youth for Future 2006

    Romania

    Youth Harvest Foundation Ghana

    Ghana

    Youth Leadership Initiative for Social Justice

    Nigeria

    YOUTHAID

    Liberia

    Zambian Governance Foundation for Civil Society

    Zambia

    Zimbabwe Climate Change Coalition

    Zimbabwe

     

  • G20: Hundreds of civil society organisations pledge to avoid Saudi Arabia-led process

    بالعربية

    More than 220 civil society organizations from around the world have  voiced their concerns over the G20 civil society engagement process hosted by and in Saudi Arabia in 2020. The organizations have pledged not to participate in this year’s process, known as the Civil 20 or ‘C20’, the dedicated stream of meetings for civil society within the G20.

    The organisations endorsed a statement, originally published in January 2020, that reads in part:

    “Instead of real reform, the Saudi government has been trying to whitewash its dire human rights record by holding major international events in the country. This includes the G20 and – through a government-authorized NGO – the C20. As leading civil society organisations present in most countries around the world (but notably not Saudi Arabia), we cannot participate in a process that seeks to give international legitimacy to a state that provides virtually no space for civil society, and where independent civil society voices are not tolerated.”

    Delia Ferreira Rubio, Chair of Transparency International, said: “Civil society offers the G20 independent, expert policy recommendations to promote sustainable development and improve the lives of billions of people. The G20 must be serious about ensuring an effective civil society engagement where all independent voices have equal standing. We continue to work with our partners to find ways of bringing this expertise to the G20, but will not participate in a process that seeks to launder Saudi Arabia’s appalling record on human rights and independent civil society.”

    Netsanet Belay, Amnesty International’s Director of Research and Advocacy, said: “It’s high time for the Saudi Arabian authorities to take meaningful steps to end arbitrary arrests, torture, and unfair trials, and to end its widespread resort to the death penalty. We hope that the dozens of human rights defenders and women’s rights activists behind bars - such as Waleed Abu al-Khair, Loujain al-Hathloul, Raif Badawi, Samar Badawi and Naseema al-Sada - gain strength from this act of solidarity by so many organizations worldwide who are not prepared to allow Saudi Arabia’s appalling human rights record to be whitewashed. Even better would be their immediate and unconditional release so that they can engage meaningfully with their government on developing human rights compliant laws and policies at home and abroad – including in relation to the G20”.

    Lysa John, Secretary-General, CIVICUS, stated “The Saudi authorities have made it virtually impossible for human rights defenders and civil society organisations to operate. Saudi Arabia does not tolerate freedom of speech and scores of human rights defenders and activists are in jail or exile. We refuse to engage in the Saudi-led C20 because we believe that activists and independent civil society organisations will not be able to freely participate in this process.”  

     

    List of organizations endorsing the statement as of 20th March 2020:

    A Common Future

    Cameroon

    Association Catholique pour la Protection de l'Environnement au Burundi (ACAPE BURUNDI)

    Burundi

    Access Center for Human Rights (ACHR)

    Lebanon

    Action for Pastoralists Integrated Resilience

    Kenya

    Adilisha Child, Youth Development and Family Preservation

    Tanzania

    Advance Center for Peace and Credibility International

    Nigeria

    Association for Farmers Rights Defense (AFRD)

    Georgia

    Africa Rise Foundation

    Zimbabwe

    African Youth Peer Review Committee (AYPRC)

    Liberia

    African Youth Union Commission

    Nigeria

    Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines (AFVMC)

    Cameroon

    Association pour l'Integration et le Developpement Durable au Burundi (AIDB Burundi)

    Burundi

    Alcondoms Cameroun

    Cameroon

    Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad

    Chad

    ALQST

    UK

    AL-Shafaa Organisation

    Iraq

    Amagugu International Heritage Center

    Zimbabwe

    Angels in the Field

    India

    Anqad Association for Development and Social Welfare

    Morocco

    Ark Wellness Hub Uganda

    Uganda

    Action pour le Respect et la Protection de l'Environnement (ARPE)

    Cameroon

    Asociacion Alfalit Guatemala

    Guatemala

    Aspafrique-Jics

    Switzerland

    Association Sauvons la vie, de l'eau potable pour tous (ASSAUVET)

    Cameroon

    Association de Lutte contre le Chomage et la Torture (ALUCHOTO)

    Burundi

    Association des Amis de la Nature

    Burundi

    Association For Promotion Sustainable Development

    India

    Association les Amis du Verbe

    Morocco

    Association of the Prodigy Youth for the Sustainable Development

    Central African Republic

    Association of Working Children and Youths

    Benin

    Aware Girls

    Pakistan

    Bina Foundation

    Nigeria

    Bonabo United

    Cameroon

    BRIDGE Foundation

    Bangladesh

    Brother's Keeper

    Nigeria

    Bunjakko Modern Farm Limited

    Uganda

    Bureau d'Informations, Formations, Échanges et Recherches pour le Développement (BIFERD)

    Democratic Republic of the Congo

    Cairo Institute for Human Rights Studies

    Egypt

    Calvin Ong'era

    Kenya

    Canadian Centre for Victims of Torture

    Canada

    Canadian Council for International Co-operation 

    Canada

    Canadian HIV/AIDS Legal Network

    Canada

    Center for Constitutional Governance

    USA

    Center for Development of Civil Society

    Armenia

    Centre for Law and Democracy

    Canada

    Centre de Recherche sur l'Anticorruption

    Democratic Republic of the Congo

    Centre for Legal Support

    Gambia

    Centre for Media and Development Communication (CEMEDEC)

    Nigeria

    Centre for Social Policy Develoment

    Pakistan

    Community Initiative for Social Empowerment (CISE)

    Malawi

    Children on the Edge 

    UK

    Chinese and Southeast Asian Legal Clinic 

    Canada

    Civil Society in Development (CISU)

    Denmark

    Civil Society Reference Group (CSRG)

    Kenya

    Coalition in Defence of Nigerian Democracy and Constitution

    Nigeria

    Coalition of Youth Organizations (SEGA)

    Macedonia

    Collectif de Développement et Respect de la Dignité Humaine (CODDHU)

    Democratic Republic of the Congo

    CODENET

    Cameroon

    Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL)

    Cambodia

    Commonwealth Society of Nigeria

    Nigeria

    Community Health Education Sports Initiative Zambia

    Zambia

    Community Youth Initiatives Liberia Inc

    Liberia

    Consultando Soluciones REcosrec

    Venezuela

    Coalition d'organisations volontaires et solidaires pour des actions de développement communautaire (COSAD)

    Benin

    Corruption Watch 

    South Africa 

    Curtis Business

    Democratic Republic of the Congo

    Democracy Without Borders

    Germany

    Denis Miki Foundation

    Cameroon

    Dhankuta Municipality

    Nepal

    Diálogo de Mujeres por la Democracia

    Nicaragua

    Dominion Empowerment Solutions

    Kenya

    Dytech - OutGrow It

    Zambia

    Edutech for Africa

    Nigeria

    EnlacesXSustentabilidad

    El Salvador

    Enoch Adeyemi Foundation

    Nigeria

    Equality Now

    USA

    Fédération Internationale des Entrepreneurs et ou Etudiants Africains d'Affaires (FIEAA)

    Guinea

    Front Commun pour la Protection de l'Environnement et des Espaces Protégés (FCPEEP)

    Democratic Republic of the Congo

    Fellowship for Community Enlightenment (FCE)

    Uganda

    Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER)

    Colombia

    FINESTE

    Haiti

    Focus Youth Forum (FYF)

    Uganda

    Freedom Now

    USA

    Fund Our Future

    South Africa

    Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER)

    El Salvador

    Fundación Selva Sagrada

    Ecuador

    Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS)

    Argentina

    Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana

    Panama 

    Futur Radieux

    Togo

    Gatef Organization

    Egypt

    Geospatial Organization

    Tanzania

    Germany Zimbabwe Forum

    Germany

    Ghana Association of Private Voluntary Organisations in Development

    Ghana

    Give Hope Uganda

    Uganda

    Global Network for Sustainable Development

    Nigeria

    Global Witness

    UK

    Global Shapers Castries Hub

    Saint Lucia

    Globalpeace Chain

    Kenya

    Gram Bharati Samiti

    India

    Gulf Centre for Human Rights

    Middle East

    Gutu United Residents and Ratepayers Association (GURRA)

    Zimbabwe

    HAKI Africa

    Kenya

    Hands of External Love Program

    Liberia

    Hannibal Entertainment Visual Studio Production

    Nigeria

    Hitesh BHATT

    India

    HOPE Worldwide-Pakistan

    New Zealand

    Human Rights First 

    International

    Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa

    Canada

    Human Rights Watch

    USA

    Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD)

    Uruguay

    India Media Centre

    India

    Individual

    Pakistan

    Initiative de Gestion Civile des Crises (IGC)

    Burundi

    Institute of Peace and Conflict Resolution

    Nigeria

    Instituto para el Futuro Común Amerindio (IFCA)

    Honduras

    International Center for Accelerated Development

    Nigeria

    International Development Opportunity Initiative

    Ghana

    International Federation of Women Lawyers, FIDA Nigeria

    Nigeria

    International Service for Human Rights (ISHR)

    Switzerland

    International Student Environmental Coalition

    Cameroon

    Interregional Public Charitable Organization of Assistance to Persons with Disabilities Sail of Hope

    Russia

    Jeunesse Assistance

    Niger

    Justice  Access Point

    Uganda

    Justice Initiative for the Disadvantaged and Oppressed Persons (JIDOP)

    Nigeria

    JVBC

    United States of America

    Key populations Uganda

    Uganda

    Konstitusiya Arasdırmalar Fondu

    Azerbaijan

    Vulnerable People's Development Organization (KOTHOWAIN)

    Bangladesh

    Kurdistan Without Genocide

    Iraq

    Kuza Livelihood Improovement Projects

    Kenya

    Laxman Belbase - Individual

    Nepal

    The Lesbians, Gays & Bisexuals of Botswana (LEGABIBO)

    Botswana

    Leila Oguntayo

    Tunisia

    Liberia Media Center

    Liberia

    Local Communities Development Initiative

    Nigeria

    Makerere University Uganda

    Uganda

    Malawi Human Rights Defenders Coalition

    Malawi

    Mama leah Fondation

    Kenya

    Moabite Indigenous Nation Trust

    United States of America

    Morya Samajik Pratishthan

    India

    Mother of Hope Cameroon (MOHCAM)

    Cameroon

    Mzimba Youth Organization

    Malawi

    Narayana

    India

    National Sudanese Women Association

    Sudan

    Network of Estonian Non-profit Organizations

    Estonia

    New Owerri Youth Organisation

    Nigeria

    Nobel Women's Initiative

    Canada

    One More Salary

    Tanzania

    ONG Les Batisseurs

    United States of America

    Organization of the Justice Campaign

    Iraq

    ORUD

    Democratic Republic of the Congo

    Pacific Sexual and Gender Diversity Network

    Fiji

    Pakistan NGOs Forum

    Pakistan

    Palestinian Center for Communication and Development Strategies

    Palestine

    Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)

    Palestine

    Parent-Child Intervention Centre

    Nigeria

    Participatory Research Action Network (PRAN)

    Bangladesh

    Peaceful and Active Centre for Humanity (PEACH)

    Pakistan

    PEN International

    UK

    Primadent Initiative for Oral Health

    Nigeria

    Public Organization Youth House

    Tajikistan

    Rainbow Pride Foundation

    Fiji

    Rainbow Sunrise Mapambazuko

    Democratic Republic of the Congo

    Real Agenda For Youth Transformation

    Zimbabwe

    Red Global de Acción Juvenil (GYAN)

    Mexico

    Richard Bennett

    United Kingdom

    Rural Initiatives in Sustainability & Empowerment (RISE)

    Pakistan

    Rideau Institute

    Canada

    Rising Generation for Youth Organization

    Nigeria

    Réseau Nigérien des Défenseurs des Droits Humains (RNDDH)

    Niger

    Role Model Zambia

    Zambia

    Sauti ya Haki Tanzania

    Tanzania

    Self

    Norway

    Shanduko Yeupenyu Child Care

    Zimbabwe

    Sierra Leone School Green Clubs

    Sierra Leone

    Social Watch Benin

    Benin

    Society for Development and Research

    Pakistan

    Society for Rural Women and Youth Development

    Nigeria

    South Sudan Community Change Agency

    South Sudan

    Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)

    Sierra Leone

    Success Capital Organisation

    Botswana

    Sudda Changing Lives Foundation

    Ghana

    Synergy of experts on environment and sustainable development

    Burkina Faso

    TATU Project

    Tanzania

    Human Rights Defenders Network (ACPDH)

    Burundi

    The Rock Shalom

    Kenya

    The Social Science Centre for African Development (KUTAFITI)

    Democratic Republic of the Congo

    The Young Republic

    Sweden

    The Tax Justice Network 

    UK

    The Youth Voice of SA

    South Africa

    Tochukwu Anyadike

    Nigeria

    Transparency International Australia

    Australia

    Transparency International Bangladesh

    Bangladesh

    Transparencia por Colombia

    Colombia

    Transparency International EU

    Belgium

    Transparency International Kazakhstan

    Kazakhstan

    Transparency International Uganda 

    Uganda

    Transparency International Ukraine

    Ukraine

    Transparency International Pakistan

    Pakistan

    Union des Frères pour Alternatif du Developpement Intégré (UFADI)

    Haiti

    Uganda Youth Guidance and Development Association

    Uganda

    Ugonma Foundation

    Nigeria

    Ukana West 2 Community Based Health Initiative

    Nigeria

    Union for the Promotion, Defense of Human Rights and the Environment-UPDDHE.GL

    Democratic Republic of the Congo

    Vanuatu Association of Non-Government Organisation

    Vanuatu

    VASUDHAIVA KUTUMBAKAM - The World is One Family

    India

    Veille Citoyenne

    Togo

    Vijana Hope

    Democratic Republic of the Congo

    Volunteers Hub Liberia

    Liberia

    Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia (VOWAZA)

    Zambia

    WDC Somalia

    Somalia

    We Lead Intergrated Foundation

    Cameroon

    Women Empowerment Group (WEG)

    Kenya

    Women United to Fight Sexual Violence in Liberia (WOUFSVIL)

    Liberia

    Women's March Global

    United States of America

    World Youth Union SL

    Sierra Leone

    WorldEat

    Ghana

    WORLDLITE

    Cote D'Ivoire

    Yole Africa

    Democratic Republic of the Congo

    Young League Pakistan

    Pakistan

    Youth Advocates for Change

    Zambia

    Youth For Change

    Nigeria

    Youth for Development Network

    Liberia

    Youth For Environment Education And Development Foundation (YFEED Foundation)

    Nepal

    Youth for Future 2006

    Romania

    Youth Harvest Foundation Ghana

    Ghana

    Youth Leadership Initiative for Social Justice

    Nigeria

    YOUTHAID

    Liberia

    Zambian Governance Foundation for Civil Society

    Zambia

    Zimbabwe Climate Change Coalition

    Zimbabwe

     

  • Here’s what we are achieving through our COVID-19 efforts

    Secretary General's Update

    lysajohn

    Dear CIVICUS members and allies,

    This has been a particularly tumultuous period for both civil society and the wider world. While the global emergency unleashed by the pandemic makes it difficult to think back to calmer times, this update includes some wider processes relevant to our strategy that have moved forward in the past few months, and a summary of some immediate outcomes that we are achieving through our responses to the COVID-19 pandemic.

    What are our COVID-19 efforts achieving?

    As with most As with most other agencies across the world, the focus of our efforts has been to ensure a meaningful response to the COVID-19 pandemic. Our initiatives have accordingly been organised around: (i) Staff safety and support (ii) Coordination with members, partners and donors (iii) Advocacy on civic space and human rights priorities (iv) Acting with others to address wider systemic issues.

    Key developments in this regard include:

    • An internal ‘COVID-19 Response Team’ has worked together from the early days of March to ensure continuity of work and context-relevant support systems for staff of CIVICUS. Outcomes of this effort include equipping colleagues to work remotely, moving planned engagements to virtual spaces, negotiating grant deliverables and timelines with key donors and drawing on intelligence from members and peers on responses to a rapidly changing situation. In line with the continued health and economic implications of the pandemic, we have taken steps towards the implementation of the ‘COVID-19 Social Security Protocol’ and have extended our moratorium on travel and in-person events for staff and partners to September 2020.
    • Our first external intervention was to reinforce the need for donor flexibility and responsiveness in line with our focus on civil society resourcing and sustainability. Our Open Letter to Donors was published on 19 March, and followed up with targeted outreach meetings with a range of donor and development networks. In line with this effort, we extended the CIVICUS Solidarity Fund to cover COVID-19 related applications and are continuing to work with our allies in the #ShiftThePower movement to ensure international donors are providing much-needed support to local organisations in the global south in this period.
    • In keeping with our emphasis on the protection of civic space and human rights, we issued a statement urging states to put human rights at the heart of their response on 24 March. This has been followed by a CIVICUS Monitor briefing on restrictions and attacks on civil society that have been recorded since the pandemic was declared. On 16 April, we also launched an open letter to world leaders outlining 12 key actions required to protect civic space and human rights. The letter has received over 600 endorsements in less than a week since its launch, and will inform our advocacy efforts with governments.
    • In accordance with our focus on acting with others on structural challenges, we issued a call for a ‘Social Security Protocol for Civil Society’ on 07 April, in line with the ILO’s COVID-19 policy framework. The Protocol has now been adopted by close to 200 agencies, most of whom are local organisations in the global south with limited resources. This efforts reinforces our broader narrative on the systemic changes that civil society and wider society to act on as part of the effort that is needed to rebuild societies and economies in the aftermath of COVID-19. Our engagement with shaping and supporting international responses to the pandemic through close coordination with UN mechanisms in Geneva and New York as well as the emerging regional platform for COVID-19 policy priorities in Africa.

    Acting on our Mid-term Strategy Review

    We spent a significant amount of energy last year reviewing progress made against our strategy. The Mid-term Strategy Review resulted in 18 key recommendations which were taken forward by a process of deliberation and planning across the Secretariat, Board and membership. Our consolidated management response to the strategy review was published on 17 March 2020, and will inform our annual plans for the second half of the strategy period, as well as the planning process for the next strategy which will be initiated in 2021.

    While recognising that a significant amount of our efforts this year will need to be redirected to respond to the challenges that the pandemic is posing for civic space and civil society, we expect to continue investing energies in areas of work related to the mid-term review that speak to our ability to strengthen the ability of the CIVICUS alliance to organise forces and influence change in newer, more innovative ways.

    CIVICUS Midterm Strategy Review

    Improving our Accountability

    Our 11th Annual Accountability Report (for 2018/19) is now online. The feedback received from the Independent Review Panel includes recognition for efforts taken to ensure dynamic accountability, particularly around stakeholder engagement, partnerships, and learning. Recommendations for improvement include strengthening systems to track expenditure towards strategic objectives, as well as the management of our feedback systems. Both of these are areas that we will be paying attention this year.

    We look forward to your continued engagement and insights in the coming months.

    In solidarity,

    Lysa John

    Secretary-General, CIVICUS

    (Johannesburg, South Africa)

     

  • HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

    CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

    El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

    Patrick Poon

    ¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

    La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

    La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

    La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

    La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

    Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

    ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

    La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

    ¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

    Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

    En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

    El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

    ¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

    La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

    La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

    El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

     

  • HONG KONG: ‘The National Security Law infringes on freedom of expression and is intensifying self-censorship’

    CIVICUS speaks with Patrick Poon, an independent human rights researcher, on the human rights situation in Hong Kong after a new National Security Law (NSL) was passed in June 2020. Patrick is a PhD researcher at the University of Lyon, France, and has previously worked as a China Researcher at Amnesty International and in various positions at China Human Rights Lawyers Concern Group, Independent Chinese PEN Center and China Labour Bulletin. 

    Civic space in Hong Kong is under renewed attack sincemass protests for democratic freedoms, sparked by a proposed Extradition Bill, began in June 2019. TheCIVICUS Monitor has documented excessive and lethal force by the security forces against protesters, arrests and the prosecution of pro-democracy activists as well as a crackdown on independent media.

       Patrick Poon

    Why has the NSL been imposed in Hong Kong and what have its impacts been so far?

    The NSL, imposed by the Chinese government on 20 June 2020, without any consultation or legislative oversight, empowers China to extend some of its most potent tools of social control from the mainland to Hong Kong. The law includes the creation of specialised secret security agencies, allows for the denial of the right to a fair trial, provides sweeping new powers to the police, increases restraints on civil society and the media and weakens judicial oversight.

    The new law undermines Hong Kong’s rule of law and the human rights guarantees enshrined in Hong Kong’s de facto constitution, the Basic Law. It contravenes the International Covenant on Civil and Political Rights, which is incorporated into Hong Kong’s legal framework via the Basic Law and expressed in its Bill of Rights Ordinance.

    The Chinese government’s intention is to use the NSL to curb advocacy and support for independence as more people, especially young people, have increasingly embraced Hong Kong’s autonomy and their identity as Hongkongers. Although Hong Kong’s Basic Law enshrines a high degree of autonomy, the Chinese government apparently regards calls for autonomy and self-governance as a ‘danger to national security’.

    The NSL has seriously infringed Hong Kong people’s freedom of expression and is intensifying self-censorship in the city. Under the NSL, people who advocate for independence, as well as politicians and prominent figures who support foreign governments’ sanctions on Hong Kong and Chinese officials who are responsible for enacting the NSL, have been the target of the arbitrary arrests. The government is obviously attempting to scare off others not to follow these people’s calls. 

    Independent media have also been affected by the crackdown. The arrests of Jimmy Lai, media mogul and founder of popular local paper Apple Daily, and senior executives in his company, signify the government’s attempt to punish news media that are critical of it. Reports about criticism against the NSL and calls for sanctions by foreign government officials become the excuse for the crackdown on independent media. This will have long-term impact on Hong Kong media, even further intensifying self-censorship for some media outlets.

    How have civil society and the pro-democracy movement responded?

    Civil society has reacted strongly against the law because the process to enact it violated the principle of the rule of law and procedural justice in Hong Kong, and the vague and broad definitions of various provisions of the law exceed the normal understanding of law in the city. Pro-China politicians and government officials have been trying hard to justify the law, but their arguments are preposterous. 

    How have the opposition and civil society reacted to the government’s decision to postpone the legislative election due to the COVID-19 pandemic?

    The 2020 Hong Kong Legislative Council election was originally scheduled for 6 September 2020, but in July the Hong Kong Chief Executive, Carrie Lam, cited an upsurge in COVID-19 infections and used her emergency powers to postpone it for a whole year, so now it’s expected to take place on 5 September 2021. She denied that the change was due to any political speculation, but it was in fact a blow for pro-democracy activists, who were seeking a majority on the Legislative Council. 

    In the midst of massive protests, pro-democracy candidates had already won by a landslide in the 2019 District Council election. Along with the new NSL, the postponement of the election was viewed as part of the government’s strategy to neutralise the pro-democracy movement. Just prior to the announcement that the election was being postponed, 12 opposition candidates were disqualified from running, and four young former members of a pro-independence student group were arrested under the NSL for their pro-independence posts on social media.

    The postponement of the election created some conflict among the pro-democracy camp, with some calling for keeping up the fight in the Legislative Council and others urging a boycott over the government’s decision to postpone the elections. From the government’s decision to disqualify some pro-democracy candidates for their political views, it is clear that the government doesn’t want to hear any opposition voices in the legislature.

    What can the international community and international civil society organisations do to support civil society in Hong Kong?

    Civil society in Hong Kong needs to work together to ensure that the Chinese government and the Hong Kong government will not abuse the NSL to curb all dissenting views and closely monitor if the government abides by the principle of the rule of law and international human rights standards.

    The international community should continue speaking up against the Chinese and Hong Kong government’s crackdown on  civil society and keep raising concerns about the NSL, which is being forcibly imposed on Hong Kong by the Chinese government in the name of national security, but in fact is no more than an attempt to silence dissenting views in the city. The international community should send a clear message that national security should not be used as an excuse to crack down on the freedom of expression.

    Civic space in China is rated as ‘closed’ by theCIVICUS Monitor. 

     

  • Human Rights Council adopts resolution on peaceful protests

    Reaction to resolution on peaceful protests at the 44th Session of the UN Human Rights Council

    With the adoption of a new resolution on peaceful protests, the Human Rights Council has sent a strong message that it stands by peaceful protesters who mobilise for change, and that law enforcement officials who perpetrate violence against protesters must be held to account.

    All over the world, protesters have been mobilizing and standing up to win better working conditions, further equality, and end forms of oppression. But in too many cases, from Chile to Hong Kong to the US, protesters, protest monitors and journalists have been met with repression and police brutality, often with complete impunity. We urge states to ensure full accountability for human rights violations perpetrated by law enforcement in the context of peaceful protests. 

    The COVID-19 pandemic has accelerated the urgency of the protection of online assembly. Given this context, CIVICUS welcomes that the resolution strongly reaffirms that the rights of peaceful assembl guaranteed offline are also guaranteed online. We thank Switzerland and Costa Rica in bringing forward this resolution, which could not come at a more critical time for the protection of peaceful protests worldwide.

    The resolution mandates the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association to prepare over the next two years a dedicated report on the protection of human rights in the context of peaceful protests during crisis situations. It also provides for a panel discussion on the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests, looking at achievements and contemporary challenges, at the Council Session next June.


    Current council members:

    Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, SomaliaSudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

    Civic space ratings from the CIVICUS Monitor

    OPEN NARROWED OBSTRUCTED  REPRESSED CLOSED

     

  • HUNGARY: ‘Trans people are having our rights being taken away’

     

    A new law in Hungary, passed at the height of the COVID-19 pandemic, prevents trans people from legally changing their gender. CIVICUS speaks to Krisztina Kolos Orbán, Vice-President of the Transvanilla Transgender Association, a Hungarian organisation that advocates for trans people’s rights. Founded as a grassroots initiative in 2011, Transvanilla is the only organisation registered in Hungary with an exclusive focus on transgender rights and gender non-conforming issues. It drives advocacy on gender recognition and trans-specific healthcare at the national level. It also monitors discrimination and violence based on gender expression and gender identity and facilitates community gatherings and other events to raise the visibility of transgender issues and transgender people in Hungary.

    Krisztina Kolos Orban

    What has been the situation of LGBTQI+ rights in Hungary over the past few years?

    In 2012, ILGA Europe ranked Hungary ninth among 49 European countries regarding the rights of LGBTQI+ people, but in 2019 we had regressed to 19th and in 2020 we have further dropped down to 27th. This past year Hungary’s rating has declined the most, and there are various reasons. In 2012 things looked pretty good on paper, but since then new measures were introduced as the human rights landscape has changed. Hungary has not moved forward or followed international recommendations. The other factor has been the huge backlash that we have experienced over the past couple of years. Previously this government had not taken rights away from people, although it had certainly tried, and we knew that it was not LGBTQI+-friendly. But now we are having our rights being taken away. 

    If we focus on transgender rights, gender identity is a specific ground mentioned in our legislation on both anti-discrimination and hate crimes, which appears to be rather good. But this only exists on paper, as no hate crimes based on gender identity have been taken to court thus far. Similarly, there have been very few cases focused on anti-discrimination because the law is not being implemented. There is no national action plan to combat discrimination based on gender identity.

    Therefore, transgender rights were never guaranteed by law. When it comes to legal gender recognition and trans-specific healthcare there were no laws or national guidelines. However, practices had improved. Since 2003, transgender people have been able to change their birth certificates, gender markers and first names based on a mental health diagnosis; no other medical intervention was required. Back then this was amazing. The government promised to create legislation but failed to do so. Until now, no government even addressed the issue. As a result, no legislation backed these administrative procedures, which were not even published on the government's website. But for the time being things were okay because the practice was reliable and procedures were rather trans-friendly. Those who provided the required documentation were able to change their birth certificates and it was relatively easy and fast. But the fact that the practice was not protected by legislation was not a minor detail. We see it now that the practice has become illegal. It has been a huge step backwards. 

    In 2020, new regulations that only recognise the sex assigned at birth and prevent transgender people from legally changing their gender and obtaining new documentation were passed by parliament by a 133 to 57 vote margin. They are contained in article 33 of an omnibus bill that was introduced on 31 March and approved on 19 May. Article 33 contradicts not just international and European human rights standards but also previous rulings by the Hungarian Constitutional Court, which has previously made it clear that changing your name and gender marker is a fundamental right for trans people. The Commissioner for Fundamental Rights issued a report in 2016 and another in 2018 that stated that the authorities need to enact proper legislation because this is a fundamental right.

    This law change fits into the fight against gender led by the Christian Democratic party, which is part of the governing coalition. This party has already banned gender studies and has argued that there is no such thing as gender, as in the Hungarian language there are not even separate words for ‘sex’ and ‘gender’. But in the past year, it has resorted to using the word ‘gender’ in English so as to be able to attack gender as a concept. So this is part of a larger attack against so-called ‘gender ideology’. The protection of what the new law calls ‘sex at birth’ is a part of this. For the past six years we have worked to come up with legislation on these issues, and initially we thought the authorities wanted to tackle it as well, but after a while it became obvious to us that our initiatives were being blocked along the way. 

    It is difficult to engage with the authorities. We don’t get much information from them. We cannot get to those with decision-making authority; we can only talk to low-ranking officials, who are obviously afraid to give us information. There is no public discussion and civil society is not involved. We were not consulted regarding these specific changes to the Registry Act. The proposal came from the government, and specifically from the Christian members of the government coalition, and was supported by civil society organisations (CSOs) that promote so-called ‘family values’. Timing also raised a lot of questions. Why was it so important to address this issue in the middle of a pandemic? Why now, and why in this way?

    What are the main restrictions that the Hungarian LGBTQI+ community experiences on their freedoms to organise, speak up and protest?

    In Hungary there is an NGO law that requires CSOs to register if they receive foreign funding, if their income is above a certain amount. The threshold is relatively low, so many CSOs, including us, must register. There is a list of foreign-funded CSOs that is published and publicly available. It is no secret that we seek foreign funding because we cannot access funds in Hungary. The government refers to CSOs, and particularly to those that criticise the government, as ‘enemies’ of the Hungarian people. This has obviously affected LGBTQI+ organisations too. 

    This is not just rhetoric. In practice, the government does not consult with CSOs that are independent or that they don’t like, including us. Instructions to marginalise these organisations come from the top levels of government, and while some lower-level officials might want to try to engage with us, they are not allowed to do so. How can CSOs conduct advocacy or engage with the authorities if public officials are banned from any contact with us?

    Additionally, most media are controlled by the government, and the rest tend to have a neoliberal perspective, which usually makes them difficult to access for organisations that do not follow their agenda, like Transvanilla.

    Our freedom to conduct our legitimate activities is also being challenged. Last year, for instance, there were several attacks against events organised around Pride month. A speed-dating event for pansexual people that had been organised by Transvanilla was interrupted by far-right activists. We couldn’t continue the event and the police didn't protect us. Far-right activists video-recorded participants for over an hour and we were not allowed to close the door. They were obviously acting illegally but the police took no action against them. In other instances, venues were ruined or damaged by far-rights activists. This was a new development – in the past, our events had received police protection when such things happened. 

    Year after year there have also been attempts to ban Pride events, but the courts have declared that these events cannot be banned. It’s a constant fight. The authorities have fenced off Pride routes on the pretence of protecting marchers, but this was obviously an attempt to restrict their movement.

    How did the LGBTQI+ community react when the new law was passed?

    It was a traumatic event because it was a clear attack against us. This amendment only affected trans and intersex people who would like to change their gender markers and trans people who don’t want to change their gender markers but would still like to change their name, which is no longer possible in Hungary. But the whole community now feels like second-class citizens, like outcasts who the government does not respect. 

    Personally, as a non-binary person, it had a huge effect on me, because I was already far from being recognised in my documents and now I am a lot further away from that. Many of my friends who were in the process of changing their legal gender recognition are in a limbo.  At least a hundred applicants’ cases had already been suspended in the past two and a half years, as requests were not being evaluated. Those people have now lost all hopes. They are frustrated and devastated. 

    There is also fear because we don’t know what is next, what else is coming to us. Even though the law can be challenged, it might require many years. And even if we get rid of this law, the situation may not improve. Some people are suicidal, and many people want to leave the country. A big part of the community is just suffering silently and has no voice. While some activists have emerged from this situation and these activists are gaining visibility, the vast majority are suffering at home, alone. People were already isolated before, and it will not get any better. From now on, more people will hide their identity.

    Since 2016 there have been problems with administrative procedures, so increasing numbers of people who began to transition may look different from the sex registered in their documents. And if someone is openly and visibly transgender it becomes difficult to find a job; discrimination is part of everyday life. And now it is becoming more serious. We have seen a rise in discrimination, not just in employment but in everyday life. In Hungary you often must present your ID papers, so you have to out yourself all the time. People don’t believe you and you are questioned. For example, recently a trans person was trying to buy a house and the lawyer who was drawing up the paperwork raised questions about their ID document because it didn’t match their gender description.

    Given the restrictions on peaceful assembly imposed under the COVID-19 pandemic, what sort of lobbying and campaigning have you been able to do to stop Article 33?

    Transvanilla is very strategic: we only engage in activities that might have an impact. Therefore, we did not focus on the Hungarian context. In parliament the opposition is powerless because Fidesz, Prime Minister Viktor Orbán’s party, has two thirds of the seats and can thus win any vote. We also knew that we could not mobilise enough people – the masses would not be out on the streets because of the pandemic, so this wasn’t even an option. If this had not happened during the pandemic, other organisations might have tried to organise protests. Until the amendment was introduced, Transvanilla was not publicly highlighting the issue of legal gender recognition because we were doing silent advocacy. On 1 April, when we found out about the initiative, we called on international actors to raise their voices publicly and to engage in multilateral dialogue with our government on this issue.

    We grabbed international attention and many international voices were vocal against the proposal. In April 2020 we also turned to Hungary’s Commissioner on Fundamental Rights and we asked him to do whatever he could to stop the amendment. We of course engaged with international and national media. We launched a petition and managed to get more than 30,000 signatures. We now have another petition that is addressed to the European Union (EU) and we hope it will have an effect.

    So, we resorted to the ombudsperson, who could have intervened but didn’t, and we put international pressure on the government, which sometimes works but this time did not. The law was passed, and the day it came into effect we launched two cases at the Constitutional Court. The court could turn them down for whatever reason, but we hope that it will not. At the same time, we are putting pressure on the Commissioner for Fundamental Rights because he has the power to request the Constitutional Court to look into the law, and if he does, then the court must do so. Pressure is very important, and many international actors are helping, including Amnesty International Hungary, which has launched a campaign. We have 23 cases before the European Court of Human Rights (ECHR), all of which deal with gender recognition, and the applicants are represented by our lawyer. The government and the other parties involved were given time until June 2020 to settle these cases, and if they didn’t, the Court would move forward for a decision. Due to the COVID-19 pandemic, the deadline for the government was pushed to September 2020, which is not good news for us. But based on ECHR practice, we are confident that it will respect transgender rights. We will also take more cases to this court and represent people who are specifically affected by this law. We want to put pressure on the Court to make a decision as soon as possible.

    We also continue to engage with EU human rights mechanisms, the Council of Europe and the United Nations. We got CSOs to sign a statement to put pressure on the European Commission (EC), which so far has been silent on this. We want to make sure that what happened in Hungary doesn’t happen in other countries, so we have created a civil society alliance to convey the message that if other governments try to do the same, they will face huge resistance. And of course, we keep trying to engage with the ministries, although we have sent them letters and have received no response. 

    How can an increasingly authoritarian government like Hungary’s be held accountable for its actions? 

    We have tried to engage directly with the government to hold it accountable, but it has not worked so far. We represent a minority group and cannot fight this government alone. But international institutions do sometimes influence the government's actions. We hope that a court decision from the ECHR or the Constitutional Court would have an effect. 

    Unfortunately, what we have seen since 2010 is that the way it is designed, the EU cannot take definitive action against a country, especially if it is not alone. And this is the case here, as Poland and Hungary always back each other. People believe that the EU lacks political will to take action. We cannot repeat often enough that the EU should cut off funding, because Hungary is living on EU money and if it cuts off funding the government would start to behave differently. But the EU refuses to do it. 

    The EU should act not only on this specific legislation but also on other, bigger issues related to the rule of law and fundamental rights in Hungary. It should do something about its own member states, or else it should not pass comment on any non-EU country. The fact that the EC fails to mention Hungary explicitly is outrageous. When the Authorisation Act was passed in late March, giving Prime Minister Orbán extra powers to fight the pandemic, EC President Ursula von der Leyen made a statement that was clearly about Hungary, but did not mention it by name, and then Hungary was a signatory to the statement. The EC’s Commissioner for Equality was recently asked to condemn Hungary for the anti-transgender amendment and she refused to do so; instead, she decided to speak about trans rights in general. This is something that we cannot accept.

    The EU should not just speak up, but also act on Hungary and Poland. If the EC keeps refusing to address the situation on the ground, then we really don’t know where else to go. Thus far, the government has followed ECHR decisions, but it has stopped following Hungarian court decisions just this year, which is very worrying. In 2018 there was a Constitutional Court decision in the case of a transgender refugee that required parliament to enact legislation on legal gender recognition for non-Hungarian citizens, which it has not yet done.

    What support do Hungarian CSOs need from international civil society?

    It is important to attempt to unify the different movements and to act as bridge between them and I think international CSOs can play a role in this. As a trans organisation we are responsible for trans people, but trans people come in all sizes and shapes – there are migrant trans people, Roma trans people, disabled trans people – and we all have to come together. Also, while trans people are currently under attack in Hungary, we don't know which vulnerable group is next on the list, and I think international CSOs should focus on everyone. They also need to assist in raising awareness in international institutions – in Hungary, for example, international pressure is important because Orbán still sometimes cares about how Hungary is perceived. So the engagement that comes from the international community is helpful. International civil society can also assist in presenting good examples, because the better the situation is in other countries for trans people, the more shame it can bring to the Hungarian government. But if other EU countries start to follow Hungary, then the government will get away with this. Organisations like CIVICUS can bring CSOs together.

    Civic space in Hungary is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor. Hungary also currently features on our Civic Space Watchlist.
    Get in touch with theTransvanilla Transgender Association through itswebsite andFacebook page, or follow@Transvanilla on Twitter and@transvanilla.official on Instagram.

     

     

  • Hungary: CIVICUS calls on the Orbán government to stop interference within independent media

    CIVICUS calls on Hungary to respect media freedom and to stop interfering in independent news site, Index.hu.

     

  • HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’

    Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.

    Krisztina Kolos Orban

    ¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?

    En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.

    Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.

    Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.

    En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.

    El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.

    Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?

    ¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?

    En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.

    Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?

    Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.

    Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.

    Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

    ¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?

    Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.

    Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.

    También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

    Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.

    Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?

    En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.

    Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.

    En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.

    También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.

    ¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?

    Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.

    Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.

    La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.

    La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.

    ¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?

    Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.

    El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
    Contáctese con la Asociación TransgéneroTransvanilla a través de su sitio web o su perfil deFacebook, y siga a@Transvanilla en Twitter y a@transvanilla.official en Instagram.

     

  • India: Report highlights ongoing misuse of restrictive laws during pandemic to keep activists behind bars

    • Report highlights judicial harassment of activists, targeting of journalists and crackdown on protesters 
    • Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of activists and critics during COVID-19 pandemic 
    • CIVICUS calls for the immediate release of arbitrarily detained human rights defenders

    The Indian government is using a variety of restrictive laws - including national security and counter-terrorism legislation - to arrest and imprison human rights defenders, peaceful protesters and critics.

    More than a year into  Prime Minister Narendra Modi’s second term in office, the CIVICUS report, Punished for speaking up: The ongoing use of restrictive laws to silence dissent in India,” shows an increasingly repressive environment for civic freedoms, such as the freedoms of expression, association and assembly.  The report highlights the arrest, detention and prosecution of activists, the targeting of journalists, and the unprecedented and brutal crackdown on protests against the discriminatory Citizenship (Amendment) Act. CIVICUS is also concerned about increasing violations in Indian-administered Jammu Kashmir.

    Further, India’s slide towards authoritarianism has led to the conflation of dissent with anti-nationalism, often with disastrous results for human rights defenders and activists who have been subjected to damaging smear campaigns.

    The activists profiled in the report represent a small fraction of the arbitrary arrests, prosecutions and imprisonments taking place across India, providing a snapshot of the challenges facing the country’s human rights defenders.

    The report also highlights a series of vaguely worded and overly broad laws being used by the Indian authorities to deprive activists of bail and keep them in ongoing detention. These include the Unlawful Activities (Prevention) Act, (UAPA), which is India’s primary counter-terrorism law; section 124A on ‘sedition’ of the Indian Penal Code, a colonial-era relic; and administrative detention laws such as the National Security Act (NSA) and the Public Safety Act (PSA), which applies only in Indian-administered Jammu and Kashmir

    “The Indian government must stop using restrictive national security and counter-terrorism laws against human rights defenders and critics. The authorities must also drop the baseless and politically-motivated criminal charges against activists and release them immediately and unconditionally,” said Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher.

    “The laws are incompatible with India’s international human rights obligations as well as India’s Constitution. Not only are the laws themselves inherently flawed, but their implementation makes it clear that they have become tools for judicial harassment, rather than for preventing or addressing criminality.”

    During the COVID-19 pandemic, the Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of human rights defenders and critics, many of whom have underlying medical conditions or are at risk of contracting COVID-19 in overcrowded and unsanitary prisons. CIVICUS is also concerned about the judicial harassment of individuals and journalists who criticise the authorities’ handling of the pandemic. 

    “It is appalling that human rights defenders are locked up in overcrowded prisons and continuously denied bail despite calls by the UN to decongest prisons and release political prisoners during the pandemic. Holding them at this time puts them at serious risk of contracting COVID-19 and adds another layer of punishment for these activists, who have been detained just for speaking up for human rights,” said Benedict.

    Despite the hostile environment, human rights defenders and civil society organisations in  India are pushing back against oppression. The benefits of a vibrant civil society, and of human rights defenders who are free to do their work, are tangible. This has been evident in civil society’s crucial response to the COVID-19 pandemic in 2020, in providing vital help to communities in need, defending rights, and holding governments accountable.

    “As India’s political and economic influence increases, developments in the country are being closely followed by the global community. India’s quest to play a critical role on the international stage would be better served by committing to upholding democratic values and recognising the validity of people’s struggles,” said Benedict.

    In the report, CIVICUS makes a number of recommendations to the Indian authorities, including:

    • Drop all charges against human rights defenders, activists and protesters, and immediately and unconditionally release all those detained;
    • Review and amend India’s criminal laws to conform to international standards for the protection of fundamental freedoms;
    • Take steps to ensure that all human rights defenders in India are able to carry out their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisals.

    More information

    The space for civil society in India was downgraded in December 2019 from ‘obstructed’ to ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks civic space in every country. A repressed rating for civic space means that democratic freedoms – such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association – are significantly constrained in India.


    Interviews

    To arrange interviews, please contact Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher  and 

     

  • India: Report highlights ongoing misuse of restrictive laws during pandemic to keep activists behind bars

    • Report highlights judicial harassment of activists, targeting of journalists and crackdown on protesters 
    • Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of activists and critics during COVID-19 pandemic 
    • CIVICUS calls for the immediate release of arbitrarily detained human rights defenders

    The Indian government is using a variety of restrictive laws - including national security and counter-terrorism legislation - to arrest and imprison human rights defenders, peaceful protesters and critics, the global civil society alliance CIVICUS said today in a new report.

    More than a year into  Prime Minister Narendra Modi’s second term in office, the CIVICUS report, Punished for speaking up: The ongoing use of restrictive laws to silence dissent in India,” shows an increasingly repressive environment for civic freedoms, such as the freedoms of expression, association and assembly.  The report highlights the arrest, detention and prosecution of activists, the targeting of journalists, and the unprecedented and brutal crackdown on protests against the discriminatory Citizenship (Amendment) Act. CIVICUS is also concerned about increasing violations in Indian-administered Jammu Kashmir.

    Further, India’s slide towards authoritarianism has led to the conflation of dissent with anti-nationalism, often with disastrous results for human rights defenders and activists who have been subjected to damaging smear campaigns.

    The activists profiled in the report represent a small fraction of the arbitrary arrests, prosecutions and imprisonments taking place across India, providing a snapshot of the challenges facing the country’s human rights defenders.

    The report also highlights a series of vaguely worded and overly broad laws being used by the Indian authorities to deprive activists of bail and keep them in ongoing detention. These include the Unlawful Activities (Prevention) Act, (UAPA), which is India’s primary counter-terrorism law; section 124A on ‘sedition’ of the Indian Penal Code, a colonial-era relic; and administrative detention laws such as the National Security Act (NSA) and the Public Safety Act (PSA), which applies only in Indian-administered Jammu and Kashmir

    “The Indian government must stop using restrictive national security and counter-terrorism laws against human rights defenders and critics. The authorities must also drop the baseless and politically-motivated criminal charges against activists and release them immediately and unconditionally,” said Josef Benedict, CIVICUS Asia-Pacific Civic Space Researcher.

    “The laws are incompatible with India’s international human rights obligations as well as India’s Constitution. Not only are the laws themselves inherently flawed, but their implementation makes it clear that they have become tools for judicial harassment, rather than for preventing or addressing criminality.”

    During the COVID-19 pandemic, the Modi government has continued to use state resources to sustain its persecution of human rights defenders and critics, many of whom have underlying medical conditions or are at risk of contracting COVID-19 in overcrowded and unsanitary prisons. CIVICUS is also concerned about the judicial harassment of individuals and journalists who criticise the authorities’ handling of the pandemic. 

    “It is appalling that human rights defenders are locked up in overcrowded prisons and continuously denied bail despite calls by the UN to decongest prisons and release political prisoners during the pandemic. Holding them at this time puts them at serious risk of contracting COVID-19 and adds another layer of punishment for these activists, who have been detained just for speaking up for human rights,” said Benedict.

    Despite the hostile environment, human rights defenders and civil society organisations in  India are pushing back against oppression. The benefits of a vibrant civil society, and of human rights defenders who are free to do their work, are tangible. This has been evident in civil society’s crucial response to the COVID-19 pandemic in 2020, in providing vital help to communities in need, defending rights, and holding governments accountable.

    “As India’s political and economic influence increases, developments in the country are being closely followed by the global community. India’s quest to play a critical role on the international stage would be better served by committing to upholding democratic values and recognising the validity of people’s struggles,” said Benedict.

    In the report, CIVICUS makes a number of recommendations to the Indian authorities, including:

    • Drop all charges against human rights defenders, activists and protesters, and immediately and unconditionally release all those detained;
    • Review and amend India’s criminal laws to conform to international standards for the protection of fundamental freedoms;
    • Take steps to ensure that all human rights defenders in India are able to carry out their legitimate activities without any hindrance or fear of reprisals.

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    The space for civil society in India was downgraded in December 2019 from ‘obstructed’ to ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks civic space in every country. A repressed rating for civic space means that democratic freedoms – such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association – are significantly constrained in India.


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  • ITALIA: “Lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista”

    CIVICUS conversa con Andrea Garreffa, uno de los fundadores del movimiento de las Sardinas (Movimento delle Sardine), un movimiento político de base que comenzó en noviembre de 2019 en Bolonia, Italia, para protestar contra la retórica de odio del líder populista de derechas Matteo Salvini.

    Andrea Garreffa

    ¿Qué les inspiró a iniciar este movimiento?

    El 26 de enero de 2020 había elecciones regionales en Emilia-Romagna, nuestra región de origen, y cuando digo nuestra, me refiero a mí y a los otros cofundadores del movimiento, Mattia Santori, Roberto Morotti y Giulia Trappoloni. En ese momento había una gran ola de extrema derecha, representada por la Liga y su líder, Matteo Salvini. Hubo señales muy atemorizantes en relación con la situación política general en Italia, una de las cuales fueron las faltas de respeto hacia la sobreviviente del Holocausto Liliana Segre, deportada a Auschwitz y única sobreviviente de toda su familia. A partir de la década de 1990 Segre comenzó a hablar en público acerca de su experiencia y en 2018 fue nombrada senadora vitalicia. Recibió tantos insultos y amenazas en las redes sociales que en noviembre de 2019 se le asignó protección policial. La situación era aterradora; no me avergüenza admitir que solía llorar cuando leía en el periódico noticias de esos episodios.

    ¿Cómo se organizó la primera manifestación de las Sardinas?

    A medida que se acercaban las elecciones, mis amigos y yo comenzamos a pensar en una manera de expresarnos y advertir a la Liga que el juego aún no había terminado. Queríamos dejar esto muy claro, tanto para los partidos de extrema derecha como para todos los ciudadanos que buscaban un estímulo para empoderarse. El partido de la Liga acababa de ganar en Umbría y se estaba anunciando como ganador también en Emilia-Romagna; contaba con esta victoria para desestabilizar al gobierno de coalición y volver al poder. Queríamos hacer algo para poner un freno a este proceso. Empezamos a pensar en esto el 6 o 7 de noviembre de 2019, justo una semana antes de que Matteo Salvini, junto con Lucia Borgonzoni, la candidata de la Liga a dirigir el gobierno regional, iniciaran su campaña con un acto en el estadio de Bolonia. Teníamos muy presente que la última vez que Salvini había venido a Bolonia había dicho que la Piazza Maggiore, la plaza principal de la ciudad, podía albergar hasta 100.000 personas, dando a entender que esa era la cantidad de personas que habían asistido a su evento, algo que era físicamente imposible, ya que la capacidad máxima de la plaza es de unas 30.000 personas muy apretadas. En cierto modo, también queríamos llamar la atención sobre la información que difunden los medios y asegurarnos de que no pudiera hacer trampa.

    En resumen, nuestra idea era organizar una manifestación tipo flashmob en la Piazza Maggiore de Bolonia, el mismo día que Salvini hacía su acto. La llamamos “6.000 sardinas contra Salvini” porque nuestro objetivo era reunir alrededor de 6.000 personas y nuestra táctica era mostrar que éramos muchos, así que usamos la imagen de multitudes apretujadas como sardinas en un banco de arena. En los pocos días que tuvimos para organizarla, establecimos la narrativa principal y preparamos unas plantillas personalizables para que cada persona tuviera libertad para expresarse y usara su imaginación. El nuestro era un mensaje que cualquiera podía entender, y las acciones requeridas eran cosas que cualquiera podía hacer. Queríamos deshacernos de todos los sentimientos negativos vinculados a los partidos políticos existentes, por lo que la iniciativa fue inclusiva desde el principio. No estaba vinculada a ningún partido, sino abierta a cualquiera que compartiera los valores fundamentales del antifascismo y el antirracismo.

    Enviamos una invitación, no solo a través de Facebook, cosa que por supuesto hicimos, sino también, y sobre todo, saliendo a las calles para distribuir volantes y hablar con la gente, para que la gente pudiera entender que el evento era real y que verdaderamente iba a ser ocurrir. Nos sorprendió que apenas dos días después de lanzar la campaña en Facebook, estábamos repartiendo volantes y la gente nos decía que ya sabía del evento. El boca a boca funcionó increíblemente bien; en mi opinión, esto reflejó una necesidad muy fuerte de la gente de hacer algo para asegurar que Matteo Salvini no ganara en Bolonia y en Emilia-Romagna. La gente entendió lo importante que era esta elección. Durante el verano, Salvini había desestabilizado al gobierno nacional “luciéndose” en Milano Marittima y exigiendo pieni poteri - plenos poderes, una expresión que solía utilizar Mussolini. La ciudadanía no podía correr el riesgo de que volviera a ocurrir semejante espectáculo y realmente sintió el llamado a la acción cuando la propaganda de extrema derecha comenzó a difundir mensajes tales como “Liberiamo l'Emilia-Romagna” (Liberemos Emilia-Romagna), como si la gente hubiera olvidado sus clases de historia: la región no necesitaba ser liberada porque eso ya había sucedido al final de la Segunda Guerra Mundial. La gente sintió que no respetaban su inteligencia, y nos levantamos para hacerlo visible y tangible. La gente es menos estúpida de lo que suelen pensar los que están en el poder.

    ¿Cómo sabían que la gente iría?

    No teníamos idea. La noche del 14 de noviembre nos encontramos rodeados de una multitud increíble - los medios informaron que había 15.000 personas - y no podíamos creerlo.

    Esperábamos que asistieran unas cuantas personas; empezamos a creer en el éxito de la iniciativa cuando vimos que desde el primer día estábamos logrando cada objetivo que nos proponíamos. Por ejemplo, armamos la página de Facebook con el objetivo inicial de llegar a mil personas, y al día siguiente ya éramos más de tres o cuatro mil. Eso fue principalmente por dos razones: en primer lugar, porque era el momento oportuno, ya que evidentemente la gente estaba lista para una iniciativa como esta; y, en segundo lugar, por el hecho de que nosotros mismos vivimos en Bolonia, por lo que conocemos a mucha gente y podíamos difundir el mensaje fácilmente.

    Pero el 14 de noviembre nadie sabía lo que iba a pasar. Le habíamos dicho a la gente que habría una sorpresa y la mantuvimos en secreto hasta que todos se hubieron reunido, y a las 8:30 pm tocamos una canción de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, que se traduce como “qué tan profundo es el mar”. En una parte de la canción, la letra dice que somos muchos, que todos descendemos de los peces, y que no puedes detener a los peces porque no puedes bloquear el océano, no puedes cercarlo. Esto generó mucha emoción y la gente incluso lloraba porque era una sensación muy poderosa; muchos no podían creer que estuviera sucediendo de verdad. Las personas mayores volvieron a sentirse jóvenes, viviendo emociones que creían perdidas para siempre en la década del ‘70. Los niños pequeños tuvieron la oportunidad de participar en una fiesta masiva y alegre, lo cual les hizo cuestionar la idea de que la política es aburrida y sin emoción. Creo que toda la ola que vino después se generó esa primera noche; creció a partir de esa emoción inicial. No éramos 6.000 sino muchos más, y enviamos el mensaje de que el partido estaba lejos de terminar y que por lo tanto Salvini aún no podía considerarse ganador. Esta es la clave: cualquiera sea el deporte que practiques, si entras a la cancha pensando que vas a perder, perderás. Este era el estado de ánimo que predominaba entre los partidos de izquierda y la ciudadanía progresista. Hicimos lo que pudimos para que “nuestro equipo” creyera en sí mismo y en sus posibilidades de victoria. Podría decirse que lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista.

    ¿Quién organizó todas las manifestaciones subsiguientes?

    La emoción de la primera manifestación se extendió gracias a una impresionante fotografía tomada desde arriba del edificio municipal, que muestra una minivan roja rodeada de miles de personas. La imagen se extendió en internet y en las redes sociales. Ayudó a enfocar la atención en las elecciones regionales. Todos los medios internacionales estaban ahí, así que les ofrecimos la imagen y así comenzó todo. La imagen reflejaba el hecho de que estaba sucediendo algo importante, así que cuando en otras ciudades e incluso en otros países la gente empezó a ponerse en contacto con nosotros, configuramos una dirección de correo electrónico para que cualquiera pudiera comunicarse con nosotros.

    Compartimos nuestra experiencia y explicamos a quienes se contactaron con nosotros cómo habíamos armado todo en solamente seis días: cómo solicitamos los permisos para la manifestación y para tocar la música, cómo cuidamos a la gente, esas cosas. Luego organizamos toda la información para que pudiera ser compartida con cualquiera que quisiera hacer algo similar en otro lugar. También registramos el nombre de la iniciativa, no porque quisiéramos tener propiedad sobre ella, sino para evitar su uso indebido y proteger sus valores subyacentes. Pasamos horas y días hablando por teléfono con gente de toda Emilia-Romagna, y luego de otras regiones, hasta que el movimiento se hizo tan grande que estuvimos en condiciones de anunciar una manifestación masiva que se celebraría en Roma en diciembre.

    Para el evento de Roma ni siquiera tuvimos que hacer gran cosa, porque ya había gente en Roma que estaba organizando la manifestación por su cuenta, y a nosotros nos invitaron como oradores. Eso fue de hecho una fortaleza, porque ya no se trataba de gente de Bolonia organizando un evento para Roma, sino de gente de Roma autoorganizándose, movilizando a sus amigos y vecinos e invitando a la gente a unirse a ellos.

    Justo antes de las elecciones, el 19 de enero, organizamos un gran concierto en Bolonia, con el objetivo de fomentar la participación electoral. No queríamos presionar a la gente para que votara por tal o cual partido, sino alentar su participación. En las elecciones regionales anteriores había prevalecido la indiferencia: solo el 37% de los votantes habilitados hicieron uso de su derecho. La mayor participación que logramos en esta ocasión, cuando votó el 69%, fue en sí misma una victoria de la democracia.

    Has mencionado que el movimiento se extendió a nivel tanto nacional como internacional. ¿Estableció también conexiones con otros movimientos por la justicia en otros países?

    El movimiento se elevó a escala internacional desde el comienzo, gracias a los italianos que viven en el extranjero y que leían las noticias, entendían lo que estaba pasando y se pusieron en contacto con nosotros. Nos comunicamos con gente en docenas de ciudades importantes de países de todo el mundo, incluidos Australia, Estados Unidos y los Países Bajos.

    Ese fue el primer paso para llegar al nivel internacional, y también la razón por la cual luego nos invitaron a los cuatro a participar en el Foro de Cultura Europea, que tuvo lugar en Ámsterdam en septiembre de 2020. Asistimos al festival y allí tuvimos la oportunidad de conocer a representantes de Extinction Rebellion del Reino Unido, de los chalecos amarillos franceses, de Un Millón de Momentos por la Democracia, una organización de protesta de la República Checa, de Demosisto de Hong Kong y de Resistencia Negra Queer & Trans, una organización LGBTQI+ de los Países Bajos. Conectamos con otras realidades y conocimos otros movimientos. Comenzamos a hablar y a soñar con un evento que reúna a una amplia variedad de movimientos de protesta en los próximos meses o años, luego del fin de la pandemia de COVID-19. Ahora estamos abiertos y tenemos curiosidad por saber qué están haciendo los demás, aunque seguimos siendo independientes. Hacemos lo nuestro, ellos hacen lo suyo y colaboramos cuando tenemos la oportunidad.

    La página de Facebook 6000 Sardine contiene numerosas expresiones de solidaridad con el movimiento prodemocracia de Bielorrusia, #EndSARS en Nigeria y Black Lives Matter en los Estados Unidos. ¿Trabajan en solidaridad con ellos?

    Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con esos movimientos, de ser posible, y hacerles saber que vamos a enviar una comunicación en solidaridad, pero eso es todo. Estamos demasiado ocupados tratando de establecer una organización propia como para invertir energía en tratar de seguir y comprender todo lo que otros están haciendo para construir sus propios movimientos.

    También compartimos el entendimiento de que el movimiento es mucho más que la página de Facebook. Para nosotros, Facebook es un canal de comunicación y una forma útil de difundir mensajes, pero no es el núcleo del movimiento. A veces funciona más bien como una cartelera donde la gente comparte informaciones e intercambia mensajes, y no todo lo que aparece allí es el resultado de una decisión conjunta a nivel de la organización. Para ser honesto, a veces abro nuestra página de Facebook y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que encuentro en ella. Esto ocurre a causa de la delegación de tareas y la apertura a la participación.

    ¿Cuáles son los actuales objetivos del movimiento y cómo han evolucionado?

    Hemos pensado mucho en esto porque todo comenzó en forma muy espontánea y con un evento fuertemente relacionado con las elecciones, pero luego siguió creciendo. De ahí que nos sintamos responsables de manejar toda esta energía que hemos generado. Hicimos todo lo posible por difundir los mensajes correctos sin alimentar la ilusión. Seguimos siendo las mismas personas que éramos el año pasado, más allá de las experiencias que hemos vivido; sin embargo, no estábamos preparados para todo esto. Día tras día aprendemos a lidiar con la atención, los medios y todo lo que traen consigo. Nos enfocamos en la necesidad de establecer metas y una visión.

    Estábamos en eso cuando nos golpeó la pandemia de COVID-19. Por un lado, esto nos afectó negativamente porque no podíamos seguir movilizándonos; por otro lado, sin embargo, resultó tener un efecto extrañamente positivo, porque nos obligó a aminorar la velocidad. Aprovechamos el encierro para hacer lo único que podíamos hacer: sentarnos a pensar. Así logramos armar nuestro manifiesto, que fue el resultado de múltiples debates dentro de nuestro círculo interno.

    El manifiesto marcó un hito, y nuestros siguientes pasos consistieron en trabajar que cada uno de sus artículos se tornara visible y tangible en la vida real. Es en eso que nos estamos enfocando ahora. Siguiendo la metáfora del mar, después de la marea alta vino la marea baja, que es más manejable, y estamos tratando de nutrir el movimiento para que crezca desde la raíz, más lento pero menos caótico e inestable. Intentamos ser un punto de referencia para todo aquel que busque ideas progresistas, sin ser un partido pero señalando el rumbo.

    Me gustaría enfatizar el hecho de que comenzamos este movimiento con la idea de que no debemos simplemente acusar a los políticos o a los partidos, sino en cambio preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para traer al mundo el cambio que deseamos. Esto significa que no excluimos los enfoques que se centran en cosas pequeñas, tales como cuidar el propio vecindario. Incluimos este tipo de enfoque, así como otros más ambiciosos, tales como el de marcar el rumbo a los partidos progresistas de izquierda. Consideramos que ambos enfoques son válidos.

    Tampoco excluimos ningún discurso que converja con el nuestro y defienda nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de lo progresista que es el Papa, así que estamos invitando a alguna gente a hablar de eso, no porque seamos un movimiento religioso, sino para difundir el tipo de mensaje positivo que actualmente es bastante difícil de encontrar en la arena política.

    Hace unos meses organizamos nuestra primera Escuela de Política, Justicia y Paz. Lo hicimos en un pueblo pequeño, Supino, porque encajaba mejor con el modelo de autoorganización local que queremos promover. Invitamos a actores políticos a interactuar con activistas de veintipico de años. La idea era fusionar esos mundos para crear ese tipo de comunicación que tanto escasea en las plataformas de redes sociales. Queremos crear oportunidades para que personas de ideas progresistas se reúnan con otras y conversen, no necesariamente para encontrar la solución a un problema específico sino para que haya una conexión entre las personas con poder de decisión y personas que están interesadas en participar y cambiar las cosas, pero realmente no saben cómo hacerlo.

    ¿Cómo se mantuvo vivo el movimiento durante el encierro por la pandemia de COVID-19?

    Invitamos a gente de toda Italia a enfocarse en el nivel local, ya que de todos modos era lo único que podían hacer. Y para ser creíbles dimos el ejemplo. En Bolonia mucha gente puso su energía al servicio de los demás, por ejemplo haciéndoles las compras a quienes no podían salir de sus hogares e involucrándose en innumerables iniciativas, movimientos y asociaciones locales. Alentamos este involucramiento porque nunca fue nuestra intención reemplazar las organizaciones existentes, sino más bien revitalizar el activismo y la participación en los asuntos públicos.

    Pero sí le pedimos a la gente que se mantuviera en contacto, y regularmente organizamos llamadas y armamos eventos específicos. Por ejemplo, para el 25 de abril, Día de la Liberación, lanzamos una iniciativa a través de la cual compartimos clips de películas que retrataban la resistencia frente al fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial e invitamos a la gente a proyectarlos a través de sus ventanas sobre las paredes de los edificios vecinos, y a filmar el evento. Recopilamos las grabaciones y las reunimos en un video que difundimos en las redes sociales. Nuestro mensaje central fue que todos podíamos estar presentes aun cuando no pudiéramos salir físicamente.

    A principios de mayo también organizamos un flashmob simbólico en la Piazza Maggiore de Bolonia: en lugar de personas, colocamos alrededor de 6.000 plantas, que luego vendimos por internet. Nuestros voluntarios las repartieron en bicicleta, y todos los fondos que recolectamos fueron para el municipio local, que se había comprometido a duplicarlos con un aporte de sus propios fondos y a invertir el monto total para apoyar eventos culturales durante el verano. Antes de entregar las plantas, realizamos una performance artística en la plaza; luego movimos las plantas para trazar con ellas la silueta de una bicicleta sobre el piso. Como resultado de esta iniciativa, no solo marcamos nuestra presencia en el espacio público, sino que también canalizamos alrededor de 60.000 euros (unos 69.800 dólares) hacia eventos culturales. Luego mucha gente en otras partes de Italia replicó la iniciativa o nos comunicó su interés en hacerlo; sin embargo, algunos no pudieron concretarla porque tenía algunas complejidades logísticas.

    Y luego un día el municipio nos dijo que tenía algunas parcelas de tierra sin usar que podrían convertirse en huertos urbanos y nos las ofrecieron a nosotros. Organizamos a voluntarios que querían trabajar en ellos, de modo que ahora se han convertido en espacios con huertas donde se cultivan vegetales. Quienes deciden invertir su tiempo y esfuerzo en trabajar en estas huertas se quedan con la mitad de los productos que cultiven y entregan la otra mitad a comedores comunitarios que ayudan a quienes no tienen suficientes recursos para comprar alimentos.

    Incluso durante el confinamiento, pensamos a Bolonia como un laboratorio donde podríamos implementar y poner a prueba nuestras ideas y alentar a otras personas a hacer lo mismo, ya sea replicando nuestras iniciativas o probando algo diferente para ver qué ocurre. Si pones a prueba iniciativas potencialmente replicables y fáciles de implementar, y muchas personas siguen el ejemplo, entonces puedes lograr cambios a una escala considerable.

    El espacio cívico en Italia es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con el movimiento de las Sardinas a través de susitio web o su página deFacebook.

     

  • ITALIE : « Le mouvement des Sardines cherche à susciter la confiance en soi dans le camp progressiste »

    CIVICUS s'entretient avec Andrea Garreffa, l'un des fondateurs du mouvement des Sardines (Movimento delle Sardine), un mouvement politique populaire qui a débuté en novembre 2019 à Bologne, en Italie, pour protester contre la rhétorique haineuse du leader populiste de droite Matteo Salvini.

    Andrea Garreffa

    Qu'est-ce qui vous a inspiré pour démarrer ce mouvement ?

    Le 26 janvier 2020, il y avait des élections régionales en Émilie-Romagne, notre région d'origine - et quand je dis la nôtre, je veux dire la mienne et celle des autres co-fondateurs du mouvement, Mattia Santori, Roberto Morotti et Giulia Trappoloni. À cette époque, il y avait une grande vague d’extrême droite, représentée par la Ligue et son leader, Matteo Salvini. Il y avait des signes très effrayants en rapport avec la situation politique générale en Italie, dont le manque de respect envers la survivante de l’Holocauste Liliana Segre, déportée à Auschwitz et seule survivante de toute sa famille. À partir des années 1990, Segre a commencé à parler publiquement de son expérience et en 2018, elle a été nommée sénatrice à vie. Elle a reçu tellement d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux qu’en novembre 2019, elle a été placée sous protection policière. La situation était terrifiante ; je n’ai pas honte d’admettre que je pleurais en lisant les nouvelles de ces épisodes dans le journal.

    Comment s'est organisée la première manifestation des Sardines ?

    À l’approche des élections, mes amis et moi avons commencé à réfléchir à un moyen de nous exprimer et d’avertir la Ligue que le match n’était pas encore terminé. Nous voulions que cela soit très clair, tant pour les partis d’extrême droite que pour tous les citoyens qui recherchaient un stimulant pour se responsabiliser. La Ligue venait de gagner en Ombrie et s’était également annoncée comme vainqueur en Émilie-Romagne ; elle comptait sur cette victoire pour déstabiliser le gouvernement de coalition et revenir au pouvoir. Nous voulions faire quelque chose pour freiner ce processus. Nous avons commencé à y réfléchir le 6 ou 7 novembre 2019, juste une semaine avant que Matteo Salvini, avec Lucia Borgonzoni, la candidate de la Ligue à la présidence du gouvernement régional, commencent leur campagne avec un événement au stade de Bologne. Nous étions très conscients que la dernière fois que Salvini était venu à Bologne, il avait dit que la Piazza Maggiore, la place principale de la ville, pouvait accueillir jusqu'à 100 000 personnes, en indiquant implicitement que c’était le nombre de personnes qui avaient assisté à son événement, ce qui est physiquement impossible, puisque la capacité maximale de la place est d’environ 30 000 personnes entassées. D’une certaine manière, nous voulions également attirer l’attention sur les informations diffusées par les médias et nous assurer qu’ils ne pouvaient pas tricher.

    Bref, notre idée était d’organiser une démonstration de type flashmob sur la Piazza Maggiore de Bologne, le jour même où Salvini faisait son acte. Nous l’avons appelé « 6 000 sardines contre Salvini » car notre objectif était de rassembler environ 6 000 personnes et notre tactique était de montrer que nous étions nombreux ; nous avons donc utilisé l’image de foules entassées comme des sardines sur un banc de sable. Dans les quelques jours que nous avons eus pour nous organiser, nous avons établi le récit principal et préparé des modèles personnalisables afin que chaque participant ait la liberté de s’exprimer et d’utiliser sa créativité. Le nôtre était un message que tout le monde pouvait comprendre, et les actions requises étaient des choses que n’importe qui pouvait faire. Nous voulions nous débarrasser de tous les sentiments négatifs liés aux partis politiques existants, donc l’initiative était inclusive dès le départ. Elle n’était liée à aucun parti, mais ouverte à quiconque partageait les valeurs fondamentales de l’antifascisme et de l’antiracisme.

    Nous avons envoyé une invitation, non seulement via Facebook, mais aussi, et surtout, en descendant dans la rue pour distribuer des dépliants et parler aux gens, afin que les gens puissent comprendre que l’événement était réel et que cela allait vraiment arriver. Nous avons été surpris de voir que deux jours seulement après le lancement de la campagne sur Facebook, nous distribuions des dépliants et les gens nous disaient qu’ils étaient déjà au courant de l’événement. Le bouche à oreille fonctionnait incroyablement bien ; à mon avis, cela reflétait un besoin très fort pour les gens de faire quelque chose pour que Matteo Salvini ne gagne pas à Bologne et en Émilie-Romagne. Les gens ont compris à quel point ce choix était important. Au cours de l'été, Salvini avait déstabilisé le gouvernement national en se « montrant » à Milano Marittima et en exigeant des pieni poteri - pleins pouvoirs, une expression que Mussolini utilisait d’habitude. Les citoyens ne pouvaient pas risquer qu’un tel spectacle se reproduise et ont vraiment ressenti l’appel à l’action lorsque la propagande d'extrême droite a commencé à diffuser des messages tels que « Liberiamo l’Emilia-Romagna » (Libérons l’Émilie-Romagne), comme si les gens avaient oublié leurs cours d’histoire : la région n’avait pas besoin d’être libérée car cela s’était déjà produit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les gens ont estimé que leur intelligence n’était pas respectée et nous nous sommes levés pour la rendre visible et tangible. Les gens sont moins stupides que ce que les personnes au pouvoir ont tendance à penser.

    Comment saviez-vous que les gens y assisteraient ?

    Nous n’avions aucune idée. Dans la nuit du 14 novembre, nous nous sommes retrouvés entourés d’une foule incroyable - les médias ont rapporté qu’il y avait 15 000 personnes - et nous ne pouvions pas le croire.

    Nous nous attendions à ce que quelques personnes soient présentes ; nous avons commencé à croire au succès de l’initiative lorsque nous avons vu que dès le premier jour, nous atteignions chacun des objectifs que nous nous étions fixés. Par exemple, nous avons mis en place la page Facebook avec l’objectif initial d’atteindre un millier de personnes, et le lendemain il y en avait déjà plus de trois ou quatre mille. C’était principalement pour deux raisons : premièrement, parce que c'était le bon moment, car évidemment les gens étaient prêts pour une initiative comme celle-ci ; et deuxièmement, par le fait que nous vivons nous-mêmes à Bologne, nous connaissons beaucoup de monde et pouvions donc facilement diffuser le message.

    Mais le 14 novembre, personne ne savait ce qui allait se passer. Nous avions dit aux gens qu’il y aurait une surprise et nous l’avons gardée secrète jusqu'à ce que tout le monde se soit réuni, et à 20h30 nous avons joué une chanson de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, qui se traduit par « combien la mer est profonde ». Dans une partie de la chanson, les paroles disent que nous sommes nombreux, que nous descendons tous du poisson et que vous ne pouvez pas arrêter le poisson parce que vous ne pouvez pas bloquer l’océan, vous ne pouvez pas l’encercler. Cela a généré beaucoup d’émotion et les gens ont même pleuré parce que c’était un sentiment très puissant ; beaucoup de gens ne pouvaient pas croire que cela se produisait vraiment. Les personnes âgées se sentaient à nouveau jeunes, éprouvant des émotions qu’elles croyaient perdues à jamais dans les années 70. Les jeunes enfants ont eu l’occasion de participer à une fête massive et joyeuse, ce qui les a amenés à remettre en question l’idée que la politique est ennuyeuse et sans émotion. Je pense que toute la vague qui a suivi a été générée cette première nuit ; elle est née de cette émotion initiale. Nous n’étions pas 6 000 mais bien plus, et nous avons envoyé le message que le match était loin d'être terminé et que, par conséquent, Salvini ne pouvait pas encore être considéré comme le vainqueur. C’est la clé : quel que soit le sport que vous pratiquez, si vous entrez sur le court en pensant que vous allez perdre, vous perdrez. C’était l’ambiance qui prévalait parmi les partis de gauche et les citoyens progressistes. Nous avons fait ce que nous avons pu pour faire croire à « notre équipe » en elle-même et en ses chances de victoire. On pourrait dire que ce que cherche le mouvement des Sardines, c’est de susciter la confiance en soi dans le camp progressiste.

    Qui a organisé toutes les manifestations suivantes ?

    L’excitation de la première manifestation s’est propagée grâce à une impressionnante photographie prise du toit du bâtiment municipal, montrant une fourgonnette rouge entourée de milliers de personnes. L’image s’est répandue sur internet et les réseaux sociaux. Elle a aidé à concentrer l’attention sur les élections régionales. Tous les médias internationaux étaient là, alors on leur a offert l’image et ainsi tout a commencé. L’image reflétait le fait que quelque chose d’important se passait, alors quand des gens dans d’autres villes et même d’autres pays ont commencé à nous contacter, nous avons créé une adresse e-mail pour que n’importe qui puisse nous contacter.

    Nous avons partagé notre expérience et expliqué à ceux qui nous ont contactés comment nous avions tout mis en place en seulement six jours : comment nous avions demandé des permis pour la manifestation et pour jouer de la musique, comment nous prenions soin des gens, ce genre de choses. Nous avons ensuite organisé toutes les informations afin qu’elles puissent être partagées avec toute personne souhaitant faire quelque chose de similaire ailleurs. Nous avons également enregistré le nom de l’initiative, non pas parce que nous voulions la posséder, mais pour empêcher son utilisation abusive et protéger ses valeurs sous-jacentes. Nous avons passé des heures et des jours à parler au téléphone avec des gens de toute l’Émilie-Romagne, puis d’autres régions, jusqu’à ce que le mouvement soit devenu si grand que nous avons été en mesure d’annoncer une manifestation massive qui se tiendrait à Rome en décembre.

    Pour l’événement de Rome, nous n’avons même pas eu grand-chose à faire, car il y avait déjà des gens à Rome qui organisaient eux-mêmes la manifestation et ils nous ont invités comme orateurs. C’était en effet un aspect positif, car il ne s’agissait plus de gens de Bologne qui organisaient un événement pour Rome, mais de gens de Rome s’organisant, mobilisant leurs amis et voisins et invitant les gens à se joindre à eux.

    Juste avant les élections, le 19 janvier, nous avons organisé un grand concert à Bologne, dans le but d’encourager la participation électorale. Nous ne voulions pas faire pression sur les gens pour qu’ils votent pour tel ou tel parti, mais pour encourager leur participation. Lors des précédentes élections régionales, l’indifférence avait prévalu : seuls 37 % des électeurs ont exercé leur droit. Le taux de participation le plus élevé que nous avons atteint cette fois, lorsque 69 % ont voté, était en soi une victoire pour la démocratie.

    Vous avez mentionné que le mouvement s’est répandu à l’échelle nationale et internationale. Avez-vous également établi des liens avec d’autres mouvements pour la justice dans d’autres pays ?

    Le mouvement s’est développé à l’échelle internationale depuis le début, grâce aux Italiens vivant à l’étranger qui ont lu l’actualité, compris ce qui se passait et nous ont contactés. Nous communiquons avec des personnes dans des dizaines de grandes villes de nombreux pays du monde entier, notamment en Australie, aux États-Unis et aux Pays-Bas.

    Ce fut le premier pas vers le niveau international, et aussi la raison pour laquelle nous avons ensuite été invités à participer au Forum Culturel Européen, qui a eu lieu à Amsterdam en septembre 2020. Nous avons assisté au festival et là nous avons eu l’occasion de rencontrer des représentants d’Extinction Rebellion du Royaume-Uni, des gilets jaunes français, d’Un Million de Moments pour la Démocratie, une organisation de protestation de la République tchèque, Demosisto de Hong Kong et Queer & Trans Black Resistance, une organisation LGBTQI+ des Pays-Bas. Nous nous sommes connectés à d’autres réalités et avons rencontré d’autres mouvements. Nous avons commencé à parler et à rêver d’un événement qui rassemblerait une grande variété de mouvements de protestation dans les mois ou années à venir, suite à la fin de la pandémie du COVID-19. Maintenant, nous sommes ouverts et curieux de savoir ce que font les autres, tout en restant indépendants. Nous avons notre projet, ils ont le leur et nous collaborons lorsque nous en avons l’occasion.

    La page Facebook « 6 000 Sardines » contient de nombreuses expressions de solidarité avec le mouvement pro-démocratie au Bélarus, #EndSARS au Nigéria et Black Lives Matter aux États-Unis. Travaillez-vous en solidarité avec eux ?

    Ce que nous avons fait, c’est entrer en contact avec ces mouvements, si possible, et leur faire savoir que nous allons envoyer une communication de solidarité, mais c’est tout. Nous sommes trop occupés à essayer de créer notre propre organisation pour investir de l’énergie en essayant de suivre et de comprendre tout ce que les autres font pour construire leurs propres mouvements.

    Nous partageons également l’idée que le mouvement est bien plus que la page Facebook. Pour nous, Facebook est un canal de communication et un moyen utile de diffuser des messages, mais ce n’est pas le cœur du mouvement. Parfois, cela fonctionne plus comme un panneau d'affichage où les gens partagent des informations et échangent des messages, et tout ce qui y apparaît n’est pas le résultat d’une décision commune au niveau de l’organisation. Pour être honnête, parfois j’ouvre notre page Facebook et je ne suis pas forcément d’accord avec tout ce que j’y trouve. Cela se produit en raison de la délégation des tâches et de l’ouverture à la participation.

    Quels sont les objectifs actuels du mouvement et comment ont-ils évolué ?

    Nous y avons beaucoup réfléchi car tout a commencé très spontanément et avec un événement fortement lié aux élections, mais ensuite il a continué à se développer. Par conséquent, nous nous sentons responsables de gérer toute cette énergie que nous avons générée. Nous avons fait de notre mieux pour diffuser les bons messages sans alimenter l’illusion. Nous sommes toujours les mêmes que nous étions l’année dernière, quelles que soient les expériences que nous avons vécues ; cependant, nous n’étions pas préparés à tout cela. Jour après jour, nous apprenons à gérer l’attention, les médias et tout ce qui va avec. Nous nous concentrons sur la nécessité de fixer des objectifs et une vision.

    Nous y étions lorsque la pandémie de COVID-19 nous a frappés. D'une part, cela nous a affectés négativement parce que nous n’avons pas pu continuer à nous mobiliser ; d’un autre côté, cependant, il s’est avéré avoir un effet étrangement positif, car il nous a obligés à ralentir. Nous avons profité du confinement pour faire la seule chose que nous pouvions faire : s’asseoir et réfléchir. Nous avons ainsi réussi à construire notre manifeste, qui a été le résultat de multiples débats au sein de notre cercle intime.

    Le manifeste a marqué un jalon, et nos prochaines étapes ont consisté à travailler pour rendre chacun de ses composants visible et tangible dans la vie réelle. C’est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement. Suivant la métaphore de la mer, après la marée haute est venue la marée basse, qui est plus gérable, et nous essayons de nourrir le mouvement pour qu’il pousse à partir des racines, plus lent mais moins chaotique et instable. Nous essayons d’être un point de référence pour quiconque recherche des idées progressistes, sans être un parti mais en montrant le chemin.

    Je voudrais souligner le fait que nous avons lancé ce mouvement avec l’idée que nous ne devrions pas simplement blâmer les politiciens ou les partis, mais plutôt nous demander ce que nous faisons nous-mêmes pour apporter au monde le changement que nous voulons voir. Cela signifie que nous n’excluons pas les approches centrées sur de petites choses, comme prendre soin de son quartier. Nous incluons ce type d’approche, ainsi que d’autres plus ambitieuses, telles que la mise en place d’un cap pour les partis progressistes de gauche. Nous considérons que les deux approches sont également valides.

    Nous n’excluons pas non plus un discours qui converge avec le nôtre et défend nos valeurs fondamentales. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la progressivité du pape ; nous avons donc invité certaines personnes à en parler, non pas parce que nous sommes un mouvement religieux, mais pour diffuser le genre de message positif qui est actuellement assez difficile à trouver dans l’arène politique.

    Il y a quelques mois, nous avons organisé notre première École de Politique, Justice et Paix. Nous l’avons fait dans une petite ville, Supino, parce que cela correspond mieux au modèle d’auto-organisation locale que nous voulons promouvoir. Nous avons invité des acteurs politiques à interagir avec des militants d’une vingtaine d’années. L’idée était de fusionner ces mondes pour créer ce type de communication qui est si rare sur les plateformes de réseaux sociaux. Nous voulons créer des opportunités pour que les personnes d’idées progressistes puissent se rencontrer et discuter, pas nécessairement pour trouver la solution à un problème spécifique, mais pour établir un lien entre des personnes ayant un pouvoir de décision et des personnes intéressées à participer et à changer les choses mais qui ne savent pas vraiment comment le faire.

    Comment le mouvement est-il resté en vie pendant le confinement lié à la pandémie du COVID-19 ?

    Nous avons invité des gens de toute l’Italie à se concentrer sur le niveau local, car c’était la seule chose qu’ils pouvaient faire de toute façon. Et pour être crédibles, nous avons donné l’exemple. À Bologne, de nombreuses personnes ont mis leur énergie au service des autres, par exemple en faisant les courses pour ceux qui ne pouvaient pas quitter leur maison et en s’impliquant dans d’innombrables initiatives, mouvements et associations locaux. Nous avons encouragé cette implication car nous n’avons jamais eu l’intention de remplacer les organisations existantes, mais plutôt de revitaliser l’activisme et la participation aux affaires publiques.

    Mais nous avons demandé aux gens de rester en contact, et nous organisions régulièrement des conversations et des événements spécifiques. Par exemple, pour le 25 avril, Jour de la Libération, nous avons lancé une initiative à travers laquelle nous avons partagé des clips vidéo illustrant la résistance au fascisme et au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale et nous avons invité les gens à les projeter de ses fenêtres sur les murs des bâtiments voisins, et à filmer l’événement. Nous avons récolté les enregistrements et les avons rassemblés dans une vidéo que nous avons diffusée sur les réseaux sociaux. Notre message central était que nous pouvions tous être présents même lorsque nous ne pouvions pas sortir physiquement.

    Début mai, nous avons également organisé un flashmob symbolique sur la Piazza Maggiore à Bologne : au lieu de personnes, nous avons mis en place environ 6 000 plantes, que nous avons ensuite vendues en ligne. Nos bénévoles les ont livrés à vélo, et tous les fonds que nous avons collectés sont allés à la municipalité locale, qui s’était engagée à les doubler avec une contribution de ses propres fonds et à investir le montant total pour soutenir des événements culturels pendant l’été. Avant de remettre les plantes, nous avons réalisé une performance artistique sur la place ; puis nous avons déplacé les plantes pour tracer avec elles la silhouette d’un vélo au sol. À la suite de cette initiative, nous avons non seulement marqué notre présence dans l’espace public, mais nous avons également canalisé environ 60 000 euros (environ 69 800 dollars) vers des événements culturels. Plus tard, de nombreuses personnes dans d’autres régions d’Italie ont reproduit l’initiative ou nous ont fait part de leur intérêt à le faire ; cependant, certains n’ont pas pu le faire car elle présentait des complexités logistiques.

    Et puis un jour, la municipalité nous a dit qu’elle avait des parcelles de terrain inutilisées qui pourraient être transformées en jardins urbains et elle nous les a offertes. Nous avons organisé des volontaires qui voulaient y travailler, de sorte qu’ils sont maintenant devenus des espaces avec des jardins où l’on cultive des légumes. Ceux qui décident d’investir leur temps et leurs efforts dans ces jardins conservent la moitié des produits qu’ils cultivent et livrent l’autre moitié aux cuisines communautaires qui aident ceux qui n’ont pas assez de ressources pour acheter de la nourriture.

    Même pendant le confinement nous avons pensé à Bologne comme un laboratoire où nous pourrions mettre en œuvre et tester nos idées et encourager d’autres personnes à faire de même, soit en reproduisant nos initiatives, soit en essayant quelque chose de différent pour voir ce qui se passe. Si vous testez des initiatives potentiellement reproductibles et faciles à mettre en œuvre, et que de nombreuses personnes emboîtent le pas, vous pouvez réaliser des changements à une échelle considérable.

    L’espace civique en Italie est classé comme « limité » par leCIVICUS Monitor.
    Entrez en contact avec le mouvement des Sardines via leursite internet ou leur pageFacebook.

     

  • ITALY: ‘The Sardines movement is all about building self-confidence in the progressive side of politics’

    CIVICUS speaks to Andrea Garreffa, one of the founders of the Sardines movement (Movimento delle Sardine), a grassroots political movement that began in November 2019 in Bologna, Italy, in protest against the hateful rhetoric of right-wing populist leader Matteo Salvini.

    Andrea Garreffa

    What inspired you to begin this movement?

    Regional elections were scheduled for 26 January 2020 in Emilia-Romagna, our home region – and when I say our, I refer to me and the other co-founders of the movement, Mattia Santori, Roberto Morotti and Giulia Trappoloni. On that moment there was a big wave towards the far right, represented by the League party and its leader, Matteo Salvini. There were very scary signs about the general political situation in Italy, one of which was the lack of respect shown to Holocaust survivor Liliana Segre, who was deported to Auschwitz and was the only survivor in her family. From the 1990s she started to speak to the public about her experience and in 2018 she was named senator for life. Segre received so many insults and threats on social media that in November 2019 she was assigned police protection. The situation was very scary; I am not ashamed to admit that I would often cry when I read the newspaper reporting such episodes.

    How was the first Sardines demonstration organised?

    As the election approached, my friends and I started thinking of a way to speak up and warn the League that the game was not over yet. We wanted to make this extremely clear, both to the far-right parties and to all citizens looking for a stimulus to empowerment. The League party had just won in Umbria and was announcing itself as the winner in Emilia-Romagna as well; they counted on this victory to destabilise the coalition government and return to power. We wanted to do something to stop that narrative. We started to think about this on 6 or 7 November 2019, just a week before Matteo Salvini, along with Lucia Borgonzoni, the League’s candidate to lead the regional government, kicked off their campaign with a rally at Bologna’s sports arena. We had in mind that the last time Salvini had come to Bologna he said that Piazza Maggiore, the main town square, could host up to 100,000 people, in an attempt to claim that was the number of people who attended his rally – something that is physically impossible, as only up to 30,000 very tightly packed people could actually fit into the square. In a way, we also wanted to draw attention to the information on the news and make sure he wouldn’t be able to cheat.

    In short, our idea was to organise a flash mob-style demonstration on Bologna’s Piazza Maggiore, on the same day as Salvini’s rally, and we named it ‘6,000 sardines against Salvini’ because our aim was to gather around 6,000 people and our tactic was to show we were many – so we used the image of crowds of people squeezed together like sardines in a shoal. In the few days we had to organise it, we set the main narrative and prepared some templates that could be customised so each person was free to express themselves and be creative. Ours was a message that anybody could understand, and the actions required were something that anybody could do. We wanted to get rid of all the negative feelings linked to existing political parties, so the initiative was inclusive from the very beginning. It wasn’t linked to any party but rather open to anybody who shared its core values of anti-fascism and anti-racism.

    We sent out an invitation, not just through Facebook, which of course we did, but more importantly, we went out to the streets to distribute flyers and talk to people, so people could understand that the event was real and it was actually going to happen. It was surprising that just two days after we had launched the Facebook campaign, we were handing out flyers and people would say that they already knew about the event. Word of mouth worked incredibly well; in my opinion, this reflected a very strong need among people to do something to ensure Matteo Salvini did not win in Bologna and in Emilia-Romagna. People understood and felt the importance of this election. During the summer Salvini had destabilised the national government by ‘showing off’ in Milano Marittima, claiming pieni poteri – ‘full powers’, an expression used by Mussolini back in the day. Citizens could not stand the risk of such a poor show taking place again and really felt the call to action when the far-right propaganda started spreading messages such as ‘Liberiamo l’Emilia-Romagna’ (Let’s free Emilia-Romagna), as if people had forgotten their history lessons: the region had no need to be freed because that had already happened, at the end of the Second World War. People felt disrespected in their intelligence, and we stood up to make that visible and tangible. People are less stupid than what people in power tend to think.

    How did you know people would come?

    We had no clue. On the night of 14 November we found ourselves surrounded by this incredible crowd – the media reported there were 15,000 people – and we couldn’t quite believe it.

    We had expected a number of people to attend; we started to believe in the success of the initiative when we saw that from day one we were achieving every goal we set for ourselves. For example, we set up the Facebook page with the initial goal of reaching a thousand people, and the next day we were already more than three or four thousand. That was mostly for two reasons: firstly timing, as people were ready for an initiative like this, and secondly, the fact that we live in Bologna, so we know a lot of people and could easily spread the message.

    But on 14 November nobody knew what was going to happen. We told people there would be a surprise and managed to keep it secret until everybody had gathered, and at 8:30 pm we played a song by Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, which translates as ‘how deep is the sea’. In one part of the song, the lyrics say that we are many, and we all descend from fish, and you cannot stop fish because you cannot block the ocean, you cannot fence it. This built up a lot of emotion, and people even cried because it was very powerful and could not believe it was happening for real. Older people felt young again, living emotions they thought lost forever in the 1970s. Young kids had the opportunity to participate in a massive and joyful party, which made them question the fact that politics is all boring and unemotional. I think the whole wave that came afterwards was born that first night. It built up from that initial emotion. We were not 6,000 but many more, and we sent out the message that the game was far from over and Salvini could not yet claim victory. This was key: whatever sport you play, if you enter the field thinking you are going to lose, you’ll lose. This was the general mood among left-wing parties and progressive citizens. We did what we could to make ‘our team’ believe in itself and its chances of victory. We may say that the Sardines movement is all about building self-confidence in the progressive side of politics.

    Who organised all the demonstrations that followed?

    The emotion of the first demonstration spread thanks to an impressive picture taken from the municipality building, which shows a red minivan surrounded by thousands of people. The picture spread all over the internet and social media. It helped focus a lot of attention on the regional election. All the international media was there so we offered them the image and that was the start of everything. The picture reflected the fact that something big was going on, so when people from other cities and even from other countries started trying to contact us, we set up an email address so anybody could reach out to us.

    We shared our experience and explained to anyone who contacted us how we set everything up in just six days: how we requested the permits for the gathering and for playing the music, how we took care of people, those things. We then organised all the information to share with whoever wanted to do something similar somewhere else. We also registered the name of the initiative, not because we wanted to own it, but to prevent its misuse and protect its underlying values. We spent hours and days on the phone with people from all around Emilia-Romagna, and then from other regions, until the movement was so big that we were able to announce a massive demonstration to be held in Rome in December.

    For the Rome event we didn’t even have to do much, because there were people in Rome organising the demonstration by themselves, and we were invited to attend as guest speakers. That was actually a strength, because this wasn’t people from Bologna organising an event for Rome, but people from Rome organising themselves, mobilising their friends and neighbours and inviting people to join.

    Right before the elections, on 19 January, we organised a big concert in Bologna, aimed at encouraging electoral participation. We didn’t want to pressure people to vote for this or that party, but rather encourage participation. Indifference had prevailed in the previous regional elections, and only 37 per cent of potential voters made use of their right. The higher turnout we achieved this time around, when 69 per cent of people voted, was by itself a victory of democracy.

    You mentioned that the movement spread both nationally and internationally. Did it also establish connections with other justice movements around the world?

    The movement reached an international scale in the very beginning, thanks to Italians living abroad who were reading the news, understood what was going on and got in touch with us. We reached out to people in dozens of major cities in countries around the world, including Australia, The Netherlands and the USA.

    That was the first step towards reaching international scale, and also the reason why the four of us were then invited to participate in the Forum on European Culture, held in Amsterdam in September 2020. We attended the festival and had the opportunity to meet representatives from Extinction Rebellion in the UK, the French Yellow Vests, Million Moments for Democracy, a protest organisation in the Czech Republic, Hong Kong’s Demosisto and Black Queer & Trans Resistance, an LGBTQI+ organisation in The Netherlands. We connected with other realities and learned about other movements. We started talking and dreaming about an event to bring together a wide variety of protest movements in the coming months or years, after the COVID-19 pandemic is over. We are now open and curious to find out what others are doing, but we remain independent. We do our thing, they do their own, and we collaborate when we get the chance.

    The 6000 Sardine Facebook page displays various expressions of solidarity with movements such as the pro-democracy movement in Belarus, #EndSARS in Nigeria and Black Lives Matter in the USA. Do you organise in solidarity with them?

    What we have done is get in touch with those movements, if possible, and let them know that we are going to send out a communication of solidarity, but that’s about it. We are busy enough trying to set up an organisation of our own to invest energy in trying to follow and understand what others are doing to build their own.

    We also have a common agreement that the movement is not the Facebook page, but a lot more. To us, Facebook is a communication channel and a useful way to spread messages, but it’s not the core of the movement. Sometimes it functions rather as a billboard where people share and exchange things, and not everything there is the result of a joint, organisation-level decision. To be honest, sometimes I open our Facebook page and I do not necessarily agree with everything that I see there. And this happens because of delegation of tasks and openness to participation.

    What are the goals of the movement now, and how have they evolved?

    We have given this a lot of thought because it all started as a spontaneous thing that was specifically related to the elections but then continued to grow. So we felt responsible for handling all this energy. We did our best to spread the right messages while not feeding illusion. We are still the same people we were last year, regardless of the experiences we went through, but we were not prepared for all of this. Day after day we learned how to deal with the attention, the media and everything that came with it. We focused on the need to set goals and a vision.

    We were at it when then the COVID-19 pandemic struck. On one hand it was very negative for us, as we couldn’t keep mobilising, but on the other hand it turned out to be a strange kind of positive, because it forced us to slow down. We took advantage of the lockdown to do the only thing that we could do: sit down and think. We managed to put together our manifesto, which was the result of multiple debates within our inner circle.

    The manifesto was a milestone, and our next steps were to try and make each of its articles visible and tangible in real life, which is what we are focusing on now. Following the metaphor of the sea, after the high tide came the low tide, which is more manageable, and we are trying to nurture the movement so it grows from the roots, more slowly but less chaotic and unstable. We try to be a point of reference to anyone who is looking for progressive ideas, without being a party but pointing out the direction.

    I would like to stress the fact that we started this movement with the idea that we should not point fingers at politicians or parties but ask ourselves what we are doing to bring into the world the change that we want. This means we don’t exclude approaches focused on little things such as taking care of your own neighbourhood. We include this kind of approach as well as more ambitious ones such us setting up the direction for progressive left-wing parties. We consider both approaches to be valid.

    We don’t exclude any discourse that converges with ours and upholds our core values. For instance, right now there is a lot of talk about how progressive the Pope is, so we are inviting people to talk about that, not because we are a religious movement but to spread the kind of positive messaging that is currently quite difficult to find in the political arena.

    A few months ago, we organised our first School of Politics, Justice and Peace. We held it in a small town, Supino, because it better fitted the model of local self-organisation that we want to promote. We invited people who are involved in the political arena to interact with activists in their 20s. The idea was to merge those worlds to create the kind of communication that social media platforms lack. We want to create opportunities for progressive people to meet with others and talk, not necessarily to find the solution to a specific problem but to make sure that there is a connection between people with decision-making power and people who are interested in participating and changing things, but don’t really know how.

    How did you keep the movement alive while in COVID-19 lockdown?

    We invited people all over Italy to focus on the local level because it was the only thing they could do. And we set the example to be credible to others. Many people in Bologna put their energy at the service of others, for instance by going grocery shopping for those who couldn’t leave their homes and getting involved in countless local initiatives, movements and associations. We encouraged this, because it was never our goal to replace existing organisations, but rather to revitalise activism and involvement in public affairs.

    But we did ask people to stay in touch, so we would have calls and organise specific events. For example, for 25 April, Liberation Day, we launched an initiative in which we shared clips from movies showing resistance to fascism and Nazism during the Second World War and invited people to project them out of their windows and onto neighbouring buildings, and film the event. We collected the recordings and put them together into a video that we disseminated on social media. Our core message was that we could all be present even if we could not physically get out. 

    In early May we also organised a symbolic flash mob in Bologna’s Piazza Maggiore: instead of people we lined up around 6,000 plants, which we went on to sell online. Our volunteers delivered them by bike, and all the funds we collected went to the local municipality, which had committed to invest the full amount, matched one to one with their own funds, to support cultural events over the summer. Before delivering the plants, we staged an artistic performance on the square; then we moved the plants around to draw the shape of a bicycle on the floor. As a result of this initiative, we not only marked our presence in a public space but also channelled about €60,000 (approx. US$69,800) towards cultural events. Later on, people from all over Italy either replicated the initiative or told us they were interested in doing so; however, some couldn’t because it involved some complex logistics.

    And then one day the municipality told us that they had some unused plots of land that could potentially be turned into garden blocks and offered them to us. We organised volunteers who wanted to work on them so now these have become garden blocks in which vegetables are grown. People who invest their time and effort to work in these gardens keep half the produce for themselves and give the other half to communal kitchens that help people who cannot afford to buy food.

    Even under lockdown, we thought of Bologna as a lab where we could implement and test our ideas and encourage other people to do the same, by either replicating our initiatives or trying something different to see what happens. If you try things that are potentially replicable and easy for others to implement, and many people follow through, then you can achieve change on a considerable scale.

    Civic space in Italy is rated as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the Sardines movement through itswebsite orFacebook page.

     

     

  • JAPAN: ‘The vulnerability of the homeless is the result of contemporary society’s built-in social exclusion’

    CIVICUS speaks to Tsubasa Yuki ofMoyai Support Centre for Independent Living about the situation of homeless people amid the COVID-19 pandemic in Japan. Founded in 2001, the Moyai Support Centre supports homeless people by creating a community space and providing advice and rent guarantees for those seeking housing.

    In Japan it is illegal to beg on the streets and there is little sympathy for homeless people, who are commonly stereotyped as running away from gambling debts. Tokyo’s preparations for the Olympic Games, originally planned for 2020 and now postponed to 2021, prompted the removal of homeless tents around railway stations and parks. In the context of the COVID-19 pandemic, the Moyai Support Centre started an online petition to request permission from the Tokyo Olympic organisers and the city government to use the Olympic Village as a homeless shelter. 

    Tsubasa Yuki

    Can you tell us about the work of the Moyai Support Centre for Independent Living?

    Our programmes for supporting homeless people are threefold, and most of them are not exclusive for people in homelessness. Firstly, we have a consultation service, Seikatsu-Soudan. Every Tuesday, around 20 people visit our office asking for immediate help. In most cases, they are seriously impoverished and need public assistance. In those cases, we provide them with accurate information about social welfare services and support their application processes.

    Secondly, we provide rent guarantees for homeless people seeking secure housing. After applying for public assistance, people are usually allocated to shelters and then start searching for apartments, and this is where we come in. We have provided rent guarantees for more than 2,000 people in total. However, insurance issued by private companies has recently become more common. So we advise our visitors to use those private companies if they can, and often our representative provides his phone number as an emergency contact when they apply for private insurance.

    Thirdly, we have a community space. It is often the case that even after getting secure housing, formerly homeless people do not have any place to be when they go out. So we have a café, Salon de Café Komorebi, which opens every Saturday. This café is managed by our staff alongside many volunteers, including formerly homeless people. Unfortunately, the café is currently closed due to the COVID-19 pandemic.

    What was the situation of homeless people in Japan before the pandemic?

    Some general trends can be identified. In Tokyo, and probably in other Japanese cities, there are at least 1,000 rough sleepers, most of whom are male and relatively old, with an average age around the mid-50s. They usually combine multiple strategies for survival: they are day labourers, seek other informal jobs, scavenge and eat at soup kitchens. In the case of Tokyo, the Tokyo Metropolitan Government (TMG) has a public employment programme through which rough sleepers can gain a monthly cash income of around 20,000 yen (approx. US$190). Rough sleepers are mostly single males, but many of them form some kind of community in which they share useful information and, less frequently, jobs.

    In addition to rough sleepers, at least 4,000 people use cyber cafés and other facilities to spend the night in. Most of them are employed in the most insecure part of the labour market – they are cleaning staff, security officers, construction workers, or have transportation jobs. While they may seem to have relatively more secure housing than rough sleepers, the truth is that cyber cafés are segregated into compartments and as a result, these people usually don’t have any communities they belong to.

    What specific challenges have homeless people faced during the pandemic?

    The most striking point is that many community-based and faith-based organisations and other groups suspended soup kitchens due to fear of spreading the virus. This has made it really hard for rough sleepers to get enough food and vital information about the virus and the public services available to them.

    In addition, public employment services stopped in April 2020 and as a result, rough sleepers have lost their major source of cash income. Cash incomes from the informal economy, including scavenging, also declined because of the lockdown and stay-at-home policies.

    In April, the TMG requested that many enterprises in the service economy suspend their business. Cyber cafés and similar facilities were also requested to stop operating. Although this was not mandated by law, many enterprises followed the policy. As a result, people living in cyber cafés lost their places to sleep. Many of them also lost their jobs and incomes due to economic decline prompted by the lockdown policy.

    How have the Moyai Support Centre and other civil society organisations (CSOs) responded to the situation? 

    Many CSOs have had to stop their activities as well. We closed our café in April 2020. But at the same time, we extended our consultation services. Currently, in addition to the Tuesday consultation service, we have set up a soup kitchen and provide consultation services in front of the TMG office, together with another civil society group, Shinjuku Gohan Plus. In April alone, we distributed more than 600 packages of food and provided consultation services to more than 150 people.

    As well as providing direct services to people in need, we have started a petition so we can use the Olympic Village set up for the 2021 Tokyo Olympics as a shelter during the COVID-19 pandemic. So far, the petition has collected more than 50,000 signatures.

    Under the pandemic, the TMG made 2,000 hotel rooms available as shelter for those expelled from cyber cafés, and more than 800 people have been using them. But it is not clear whether this policy will be extended after the state of emergency ends. The Olympic Village can be the next place to accommodate them.

    In July and August 2020, we will have elections for the TMG. We are trying to tackle the shortage of decent shelters for people facing homelessness by making the issue one of the major topics in the coming election for Tokyo’s governor. As it is connected both to issues of the Olympics and COVID-19, it is now attracting a great deal of attention from people inside and outside Tokyo. So we are now planning to submit a petition and deliver an open questionnaire letter to candidates in the election. They will be obliged to express their stance and opinions on the issue of homelessness in Tokyo. 

    But we understand these are only temporary solutions. Be it at hotels or the Olympic Village, these are only temporary shelters at best. The next step for us is to support homeless people to find secure housing, that is, get their own apartment. This is challenging even for people who have successfully applied for and received public assistance. We are trying to reach them in shelters and support them in finding apartments.

    But this cannot be done solely by CSOs like us. This mass transition from shelters to apartments can only be successfully accomplished with the help of willing and conscientious owners and landlords. The next goal for both CSOs and public entities should be to gain their support.

    What lessons have you learned so far around the COVID-19 pandemic and its impacts on homeless people?

    The current situation reveals that soup kitchens and other voluntary activities played a vital role as an information centre for homeless people, and especially for rough sleepers. People in that situation have scarce access to important information about COVID-19 and related policies and services. Some of them gain information from radio and newspapers but these media are not available to all rough sleepers. Thus, for many of them, voluntary activities are almost the only source of accurate information.

    Further, while it might be common knowledge that homeless people are particularly vulnerable to disasters, it is worth noting that homeless people and those working in insecure jobs have been the first to be affected by the pandemic, and the hardest hit. Stay-at-home policies might be one of the most effective strategies against the pandemic, but they presuppose that people have secure housing and a certain amount of savings. For those people with no secure housing, employment status and savings, it is almost impossible to follow the policy. In addition, homeless people are not eligible for any of the compensation or temporary income support that is available to other people. The vulnerability of the homeless is the result of contemporary Japanese society’s built-in social exclusion.

    Civic space inJapan is rated as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the Moyai Support Centre for Independent Living through itswebsite.