COVID-19

• POLONIA: ‘Inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción’

  CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del recienteanuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.

  

  ¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?

  Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.

  La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.

  En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.

  ¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?

  Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.

  Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.

  Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.

  Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.

  Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

  Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.

   

  Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?

  Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.

  Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.

  Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.

  Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.

  ¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?

  Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.

  Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.

  ¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?

  Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.

  Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.

  El espacio cívico en Polonia es calificado de “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
  Contáctese con el Paro de Mujeres de Polonia a través de su página deFacebook y siga a@strajkkobiet y a@KSuchanow en Twitter.
  

• POLONIA: “La crisis de la democracia y los derechos humanos se agravará”

  CIVICUS conversa con Małgorzata Szuleka sobre las recientes elecciones presidenciales de Polonia, celebradas durante la pandemia de COVID-19, y sobre el uso que hizo el partido gobernante de la retórica anti-LGBTQI+ para movilizar a su electorado. Małgorzata es abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia, una de las organizaciones de derechos humanos más grandes y antiguas tanto de Polonia como de la región. HFHR Polonia representa a víctimas de abusos de derechos humanos en procesos judiciales, realiza investigaciones y monitorea las violaciones de los derechos humanos. Desde 2015 ha hecho un activo seguimiento de las crecientes violaciones del estado de derecho en Polonia. Trabaja con organizaciones aliadas en Europa del Este, Asia Central, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

  

  Tras su reprogramación, las elecciones polacas se realizaron en junio y julio de 2020. ¿Cuál fue la posición de la sociedad civil respecto de la celebración de elecciones durante la pandemia de COVID-19?

  Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo de 2020 y organizarlas planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado de emergencia, según lo dispone la Constitución. No se pueden organizar elecciones durante un estado de emergencia o dentro de los 90 días siguientes a su finalización. Desde una perspectiva constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado de emergencia. Esto hubiera extendido automáticamente el mandato del presidente hasta que se pudieran programar elecciones regulares, una vez superada la epidemia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales candidatos se reailzó el 12 de julio de 2020 sobre la base de argumentos legales muy dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental ni por la oposición.

  Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia. Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda, el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia, muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.

  También se presentó el problema de que la Corte Suprema confirmó la validez de las elecciones. El 12 de julio, el presidente Duda fue reelegido para un segundo mandato por un margen estrecho. Recibió el 51% de los votos, mientras que su contendiente de la opositora Coalición Cívica recibió el 49%. El presentismo apenas superó 68% y se presentaron más de 5.800 denuncias de irregularidades en el proceso. La Corte Suprema dictaminó que 92 de esas denuncias estaban justificadas pero no habían influido en el resultado final, por lo que declaró válidos los resultados. Lamentablemente, esta decisión pasó completamente por alto el problema de los fundamentos constitucionales y legales sobre la base de los cuales se habían convocado estas elecciones.

  ¿Se adoptaron medidas para proteger a la gente durante la campaña y el proceso de votación? ¿Tuvo la pandemia algún impacto sobre la participación?

  La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña, el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental, responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones. Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a favor del partido PiS.

  ¿Fue equitativa la cobertura de los medios durante las elecciones?

  La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena; definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.

  Uno de los reclamos electorales presentados ante la Corte Suprema se refería específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival, y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura) recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil crear un argumento legal sólido.

  ¿Qué implicancias tiene la reelección del presidente Duda para la democracia y los derechos humanos en Polonia?

  Representa la continuidad de una tendencia muy preocupante. De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva, indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.

  Y esto no se terminó con la campaña. El presidente Duda es apenas un representante del partido PiS, por lo que dirá lo que sea necesario para mantenerlo alineado. No es más que una cuestión de cálculo y lucha interna de poder. En junio, el partido PiS apuntó contra la población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto, propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del exterior. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.

  Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos tres años. Lo único que podría detenerlos es la evaluación pragmática de si se trata de algo que responde a la necesidad del momento o si acaso podría haber alguna otra cosa más importante. Pero creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia se profundizará.

  El espacio cívico en Polonia es clasificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese con la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos-Polonia a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@hfhrpl y a@m_szuleka en Twitter.

• Progress and shortcomings from 44th Session of the Human Rights Council

  Joint Statement for the end of the 44th Session of the UN Human Rights Council

  The 44th session of the UN Human Rights Council began with China's imposition of legislation severely undermining rights and freedoms in Hong Kong. Within days, there were reports of hundreds of arrests, some for crimes that didn’t even exist previously. We welcome efforts this session by a growing number of States to collectively address China’s sweeping rights abuses, but more is needed. An unprecedented 50 Special Procedures recently expressed concerns at China’s mass violations in Xinjiang, Hong Kong and Tibet, suppression of information in the context of Covid-19, and targeting of human rights defenders across the country. The Council should heed the call of these UN experts to hold a Special Session and create a mechanism to monitor and document rights violations in the country. No state is beyond international scrutiny. China’s turn has come.

  The 44th session also marked an important opportunity to enable those affected directly by human rights violations to speak to the Council through NGO video statements.

  Amnesty's Laith Abu Zeyad addressed the Council remotely from the occupied West Bank where he has been trapped by a punitive travel ban imposed by Israel since October 2019. We call on the Israeli authorities to end all punitive or arbitrary travel bans.

  During the interactive dialogue with the Commission of Inquiry on Syria, victims’ associations and families of victims highlighted the human rights violations occurring in detention centers in Syria. We welcome the efforts by some States to underline their demands and welcome the adoption of the Syria resolution on detainees and urge the Syrian government to take all feasible measures to release detainees and provide truth to the families, noting the important pressure needed by Member States to further call for accountability measures for crimes committed in Syria.

  Collette Flanagan, Founder of Mothers against Police Brutality, also delivered a powerful video statement at the Council explaining the reality of racist policing in the United States of America. We fully support victims’ families’ appeals to the Council for accountability.

  We hope that the High Commissioner's reporton systemic racism, police violence and government responses to antiracism peaceful protests will be the first step in a series of meaningful international accountability measures to fully and independently investigate police killings, to protect and facilitate Black Lives Matter and other protests, and to provide effective remedy and compensation to victims and their families in the United States of America and around the world.

  We appreciate the efforts made by the Council Presidency and OHCHR to overcome the challenges of resuming the Council’s work while taking seriously health risks associated with COVID-19, including by increasing remote and online participation. We recommend that remote civil society participation continue and be strengthened for all future sessions of the Council.

  Despite these efforts, delays in finalising the session dates and modalities, and subsequent changes in the programme of work, reduced the time CSOs had to prepare and engage meaningfully. This has a disproportionate impact on CSOs not based in Geneva, those based in different time zones and those with less capacity to monitor the live proceedings. Other barriers to civil society participation this session included difficulties to meet the strict technical requirements for uploading video statements, to access resolution drafts and follow informal negotiations remotely, especially from other time zones, as well as a decrease in the overall number of speaking slots available for NGO statements due to the cancellation of general debates this session as an ‘efficiency measure.’

  We welcome the joint statement led by the core group on civil society space and endorsed by cross regional States and civil society, which calls on the High Commissioner to ensure that the essential role of civil society, and States’ efforts to protect and promote civil society space, are reflected in the report on impact of the COVID-19 pandemic presented to the 46th Session of the HRC. We urge all States at this Council to recognise and protect the key role that those who defend human rights play.

  These last two years have seen unlawful use of force perpetrated by law enforcement against peaceful protesters, protest monitors, journalists worldwide, from the United States of America to Hong Kong, to Chile to France, Kenya to Iraq to Algeria, to India to Lebanon with impunity.

  We therefore welcome that the resolution “the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests” was adopted by consensus, and that the Council stood strongly against some proposed amendments which would have weakened it. We also welcome the inclusion in the resolution of a panel during the 48th session to discuss such events and how States can strengthen protections. We urge States to ensure full accountability for such human rights violations as an essential element of the protection of human rights in the context of protests. The current context has accelerated the urgency of protecting online assembly, and we welcome that the resolution reaffirms that peaceful assembly rights guaranteed offline are also guaranteed online. In particular, we also commend the resolution for calling on States to refrain from internet shutdowns and website blocking during protests, while incorporating language on the effects of new and emerging technologies, particularly tools such as facial recognition, international mobile subscriber identity-catchers (“stingrays”) and closed-circuit television.

  We welcome that the resolution on “freedom of opinion and expression” contains positive language including on obligations surrounding the right to information, emphasising the importance of measures for encryption and anonymity, and strongly condemning the use of internet shutdowns. Following the High Commissioner’s statement raising alarm at the abuse of ‘false news’ laws to crackdown on free expression during the COVID-19 pandemic, we also welcome that the resolution stresses that responses to the spread of disinformation and misinformation must be grounded in international human rights law, including the principles of lawfulness, legitimacy, necessity and proportionality. At the same time, we are concerned by the last minute addition of language which focuses on restrictions to freedom of expression, detracting from the purpose of the resolution to promote and protect the right. As we look to the future, it is important that the core group builds on commitments contained in the resolution and elaborate on pressing freedom of expression concerns of the day, particularly for the digital age, such as the issue of surveillance or internet intermediary liability, while refocusing elements of the text.

  The current context has not only accelerated the urgency of protecting assembly and access to information, but also the global recognition of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment. We welcome the timely discussions on ”realizing children’s right to a healthy environment” and the concrete suggestions for action from panelists, States, and civil society. The COVID-19 crisis, brought about by animal-to-human viral transmission, has clarified the interlinkages between the health of the planet and the health of all people. We therefore support the UN Secretary General’s call to action on human rights, as well as the High Commissioner’s statement advocating for the global recognition of the human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment – already widely reflected at national and regional levels - and ask that the Council adopts a resolution in that sense. We also support the calls made by the Marshall Islands, Climate Vulnerable Forum, and other States of the Pacific particularly affected and threatened by climate change. We now urge the Council to strengthen its role in tackling the climate crisis and its adverse impacts on the realization of human rights by establishing a Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change, which will help address the urgency of the situation and amplify the voices of affected communities.

  The COVID crisis has also exacerbated discrimination against women and girls. We welcome the adoption by the Council of a strong resolution on multiple and intersecting forms of discrimination against women and girls, which are exacerbated in times of a global pandemic. The text, inter alia, reaffirms the rights to sexual and reproductive health and to bodily autonomy, and emphasizes legal obligations of States to review their legislative frameworks through an intersectional approach. We regret that such a timely topic has been questioned by certain States and that several amendments were put forward on previously agreed language.

  The Council discussed several country-specific situations, and renewed the mandates in some situations.

  We welcome the renewal of the Special Rapporteur’s mandate and ongoing scrutiny on Belarus. The unprecedented crackdown on human rights defenders, journalists, bloggers and members of the political opposition in recent weeks ahead of the Presidential election in August provide a clear justification for the continued focus, and the need to ensure accountability for Belarus’ actions. With concerns that the violations may increase further over the next few weeks, it is essential that the Council members and observers maintain scrutiny and pressure even after the session has finished.

  We welcome the extension of the mandate of the Special Rapporteur on Eritrea. We urge the government to engage, in line with its Council membership obligations, as the Special Rapporteur’s ‘benchmarks for progress’ form a road map for human rights reform in the country. We welcome the High Commissioner report on the human rights situation in the Philippines which concluded, among other things, that the ongoing killings appear to be widespread and systematic and that “the practical obstacles to accessing justice in the country are almost insurmountable.” We regret that even during this Council session, President Duterte signed an Anti Terrorism Law with broad and vague definition of terrorism and terrorists and other problematic provisions for human rights and rule of law, which we fear will be used to stifle and curtail the rights to freedom of opinion and expression, to freedom of peaceful assembly and of association. Also during this session, in a further attack on press freedom, Philippine Congress rejected the franchise renewal of independent media network ABS-CBN, while prominent journalist Maria Ressa and her news website Rappler continue to face court proceedings and attacks from President Duterte after Ressa’s cyber libel conviction in mid-June. We support the call from a group of Special Procedures to the Council to establish an independent, impartial investigation into human rights violations in the Philippines and urge the Council to establish it at the next session.

  The two reports presented to the Council on Venezuela this session further document how lack of judicial independence and other factors perpetuate impunity and prevent access to justice for a wide range of violations of civil, cultural, economic, political, and social rights in the country. We also urge the Council to stand ready to extend, enhance and expand the mandate of the Independent International Fact-Finding Mission when it reports in September. We also welcome the report of the Special rapporteur on the human rights situation in the Palestinian Territory occupied since 1967 and reiterate his call for States to ensure Israel puts an end to all forms of collective punishment. We also reiterate his call to ensure that the UN database of businesses involved with Israeli settlements becomes a living tool, through sufficient resourcing and annual updating.

  We regret, however, that several States have escaped collective scrutiny this session.

  We reiterate the UN Special Rapporteur Agnes Callamard’s call to pressure Saudi Arabia to release prisoners of conscience and women human rights defenders and call on all States to sustain the Council’s scrutiny over the situation at the September session.

  Despite calls by the High Commissioner for prisoners’ release, Egypt has arrested defenders, journalists, doctors and medical workers for criticizing the government’s COVID-19 response. We recall that all of the defenders that the Special Procedures and the High Commissioner called for their release since September 2019 are still in pre-trial detention. The Supreme State Security Prosecution and 'Terrorism Circuit courts' in Egypt, are enabling pre-trial detention as a form of punishment including against human rights defenders and journalists and political opponents, such as Ibrahim Metwally, Mohamed El-Baqer and Esraa Abdel Fattah, Ramy Kamel, Alaa Abdel-Fattah, Patrick Zaky, Ramy Shaat, Eman Al-Helw, Solafa Magdy and Hossam El-Sayed. Once the terrorism circuit courts resumed after they were suspended due to COVID-19, they renewed their detention retroactively without their presence in court. It’s high time the Council holds Egypt accountable.

  As highlighted in a joint statement of Special Procedures, we call on the Indian authorities to immediately release HRDs, who include students, activists and protest leaders, arrested for protesting against changes to India’s citizenship laws. Also eleven prominent HRDs continue to be imprisoned under false charges in the Bhima Koregaon case. These activists face unfounded terror charges under draconian laws such as sedition and under the Unlawful Activities (Prevention) Act. While we welcome that Safoora Zargar was granted bail on humanitarian grounds, the others remain at high risk during a COVID-19 pandemic in prisons with not only inadequate sanitary conditions but also limited to no access to legal counsel and family members. A number of activists have tested positive in prison, including Akhil Gogoi and 80-year-old activist Varavara Rao amid a larger wave of infections that have affected many more prisoners across the country. Such charges against protestors, who were exercising their rights to freedom of peaceful assembly must be dropped. We call on this Council to strengthen their demands to the government of India for accountability over the excessive use of force by the police and other State authorities against the demonstrators.

  In Algeria, between 30 March and 16 April 2020, the Special rapporteur on freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and of association, human rights defenders, issued three urgent appeals in relation to cases involving arbitrary and violent arrests, unfair trials and reprisals against human rights defenders and peaceful activists Olaya Saadi, Karim Tabbou and Slimane Hamitouche. Yet, the Council has been silent with no mention of the crackdown on Algerian civil society, including journalists.

  To conclude on a positive note, we welcome the progress in the establishment of the OHCHR country office in Sudan, and call on the international community to continue to provide support where needed to the transitional authorities. While also welcoming their latest reform announcements, we urge the transitional authorities to speed up the transitional process, including reforms within the judiciary and security sectors, in order to answer the renewed calls from protesters for the enjoyment of "freedom, peace and justice" of all in Sudan. We call on the Council to ensure continued monitoring and reporting on Sudan.

  ENDORSEMENTS

  International Service for Human Rights
  DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
  Center for Reproductive Rights
  Franciscans International
  The Syrian Legal Development Programme
  Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)
  International Lesbian and Gay Association (ILGA World)
  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
  Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
  Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
  ARTICLE 19
  International Federation for Human Rights (FIDH)
  Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  IFEX
  Association for Progressive Communications
  International Commission of Jurists (ICJ)
  Amnesty International

   

  ---

  Current council members:

  Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Brazil, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, Somalia, Sudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

  Civic space ratings from the CIVICUS Monitor

  OPEN	NARROWED	OBSTRUCTED	REPRESSED	CLOSED

   

• Protecting our co-workers during COVID-19: A Social Security Protocol for Civil Society

  Arabic

  We have a responsibility to act decisively to protect our co-workers from adverse health, social and economic impacts of the COVID-19 pandemic. This six-point protocol, based on theILO’s policy framework to fight COVID-19, provides a shared template for civil society groups to deliberate context-specific measures and adopt feasible actions in a time-bound and transparent manner.

• Proteger a nuestras/os co-workers durante la COVID-19: Un protocolo de seguridad social para la sociedad civil

  Debemos actuar de manera decidida para proteger a nuestras compañeras y compañeros de trabajo de los efectos adversos de la pandemia de la COVID-19, tanto a nivel sanitario como económico y social. Este protocolo de seis puntos se basa en el marco de la OIT para la lucha contra la COVID-19 y proporciona un esquema compartido para que los grupos de la sociedad civil reflexionen sobre medidas específicas en este contexto y para que apliquen acciones viables de manera transparente y dentro de un plazo determinado.

• Proteger las libertades cívicas de las mujeres para mejorar su papel en la vida pública

  Veinticinco años después de la ratificación de la Plataforma de Acción de Beijing, y un año después de que mujeres de todo el mundo participaran en la Huelga Mundial de Mujeres, la justicia de género sigue sin ser una realidad para la mayoría de las mujeres.Type a message. A pesar de que numerosas movilizaciones masivas han sido lideradas por mujeres en todo el mundo y de que hemos presenciado múltiples campañas e intervenciones políticas lideradas por mujeres de la sociedad civil, activistas y abogadas, la lucha de las mujeres por conseguir la plena igualdad continúa.

• Protéger les libertés civiques des femmes pour renforcer leur rôle dans la vie publique

  Vingt cinq ans après la ratification du programme d'action de Beijing et un an après la grève mondiale des femmes organisée dans le monde entier, la justice pour les femmes n'est toujours pas une réalité pour la plupart d’entre elles. Malgré les mobilisations de masse à l'échelle mondiale, dont les femmes sont le fer de lance, et malgré les nombreuses campagnes et interventions politiques orchestrées par des femmes leaders de la société civile, des activistes et des spécialistes du droit, les femmes du monde entier continuent de lutter pour obtenir une pleine égalité.

• Protéger nos collaborateurs durant le COVID-19 : Un protocole de sécurité sociale pour la société civile

  Nous avons la responsabilité d'agir de manière décisive pour protéger nos collègues des effets néfastes de la pandémie COVID-19 sur la santé, la société et l'économie. Ce protocole en six points, basé sur lela politique de l'OIT pour la lutte contre le COVID-19, fournit un modèle commun aux groupes de la société civile pour qu'ils délibèrent de mesures spécifiques au contexte et adoptent des actions réalisables dans un délai déterminé et de manière transparente.

• Protests prove the power of collective action as states fail pandemic test, says new report

  OUT NOW! New State of Civil Society Report looks at where people have mobilised to demand more just, equal & sustainable societies during the pandemic.
  
  Learn more about the key movements & breakthroughs:https://t.co/0VZcq5TQQo | #CivilSocietyInAction pic.twitter.com/rPJBP08JVo

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) May 26, 2021

  As COVID-19 swept the globe, deepening existing fault-lines in societies and generating fear and uncertainty, many governments used the pandemic as a pretext to clamp down on civic freedoms, sparking protests in many countries. The annual State of Civil Society Report 2021, by global civil society alliance CIVICUS, shows that despite the odds, millions of people around the world mobilised to demand more just, equal and sustainable societies during the pandemic.

• Reconstruire pour de Bon

  Article complet

  

  La pandémie du COVID-19 a eu des impacts économiques, sociaux et politiques extraordinaires. Il nous faut ainsi de plans de relance pour accorder plus de droits, rendre les économies plus équitables, niveler les inégalités, inverser la crise climatique et mettre en place des institutions internationales pratiques. La société civile - qui comprend la gamme complète d'organismes civiques, y compris les ONG, les organisations caritatives, les groupes bénévoles, les trusts, les fondations et les associations, les syndicats, les entreprises sociales, les prestataires de soins et les services de protection sociale - doit être considérée comme une force vitale pour sortir le monde de la crise et ce d'une manière qui marque une rupture avec les politiques économiques, politiques et sociales qui déçoivent déjà tant de personnes. C'est le moment où les gouvernements doivent respecter leurs obligations internationales (anglais) et investir dans un effort civique constant pour la reconstruction.

  Ce document sert de guide pratique pour les actions que les gouvernements peuvent et devraient entreprendre pour soutenir et renforcer la société civile dans le cadre des efforts de relance et de reconstruction après le COVID-19. Il se base sur des données provenant d'initiatives qui ont été prises à travers le monde et il présente d'autres propositions pour soutenir ces efforts sur la base des informations fournies par les réseaux de la société civile dans plus de 80 pays, y compris les évaluations entreprises par le Groupe d'Affinité des Associations Nationales (AGNA), la Charities Aid Foundation (CAF) et CIVICUS. Pour les décideurs politiques et les agences gouvernementales, nous espérons que cette ressource servira d'invitation à revoir et à améliorer les mesures prises à l’égard de la société civile. Pour les groupes de la société civile, nous prévoyons que cela encouragera les initiatives visant à obtenir les mesures de soutien dont nous avons besoin dans différents pays.

  Nous recommandons les mesures suivantes pour soutenir et renforcer la société civile dans le cadre des plans de réponse et de relance au COVID-19:

  1. Supprimer les restrictions; valoriser davantage la société civile ainsi que les contributions de celle-ci.
  2. Aider la société civile à couvrir et à réduire les coûts de fonctionnement
  3. Faire preuve de flexibilité dans les exigences réglementaires
  4. Inclure la société civile dans les fonds de relance ainsi que dans les subventions au COVID-19
  5. Mettre en place l’infrastructure nécessaire pour renforcer les actions de la société civile
  6. Donner à la société civile les moyens de développer des alternatives durables

   

  1. Supprimer les restrictions; valoriser davantage la société civile ainsi que les contributions de celle-ci

  La société civile a été en première ligne de la réponse mondiale à la pandémie. Elles (OSC) ont fourni des services vitaux, échangé des informations et coordonné les actions nécessaires au renforcement de la redevabilité et à la recherche de résultats mieux adaptés des politiques. Et pourtant, dans plusieurs pays, la pandémie a été utilisée pour légitimer un large éventail de restrictions injustifiées aux libertés civiques et/ou pour empêcher délibérément la société civile de planifier et de mettre en œuvre leurs activités. Il s'agit notamment des niveaux de censure sans précédent, des attaques contre des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, le recours à une violence d'État pour limiter les critiques ainsi qu’à des violations généralisées du droit à la vie privée.

  Il est important que les gouvernements reconnaissent qu'une société civile diversifiée, dynamique et résiliente est plus que jamais nécessaire pour garantir que les mesures d'urgence passent le test de la proportionnalité et de la nécessité. Même en cas de proclamation officielle de l'état d'urgence, les droits fondamentaux tels que le droit à la vie et à la protection contre la torture et les traitements dégradants doivent être respectés, tout comme le droit d'exprimer démocratiquement son désaccord. Dans ce contexte, les gouvernements peuvent et doivent faire davantage pour souligner le rôle de la société civile dans les efforts en matière de riposte et de relance. Travailler avec la société civile permet aux gouvernements et aux entreprises de mieux comprendre les réalités du terrain et de planifier des interventions qui répondent de manière significative aux facteurs à l’origine des inégalités et des troubles sociaux. En Équateur, par exemple, un site internet officiel fournit des informations sur les initiatives prises par la société civile à travers le pays, et des plateformes similaires ont également été mises en place en Italie, en France et en Ukraine. On a également mentionné en Éthiopie des initiatives visant à montrer les efforts de la société civile par le biais de la télévision.

  Les gouvernements locaux peuvent se montrer particulièrement efficaces en invitant la société civile à partager son travail à travers les plateformes disponibles et en fournissant des moyens à d'autres segments de la société pour soutenir et intensifier ces efforts. Cela comprend la suppression des restrictions imposées aux médias locaux ainsi que de leur permettre de travailler avec d'autres groupes de la société civile pour renforcer la confiance et l'engagement du public. Une compréhension incomplète des organisations de la société civile affecte directement l'appropriation par les acteurs locaux(en anglais) des causes et limite le secteur en ce qu’il a de stratégique et de durable.

  2. Aider la société civile à couvrir et à réduire les coûts de fonctionnement

  Le soutien aux dépenses de fonctionnement est un moyen direct de renforcer la société civile, en particulier les groupes travaillant en première ligne. Une prise en charge flexible et sans restriction des coûts d'exploitation permet aux organisations d'investir dans l'infrastructure et les fonctions qui aideront à faire évoluer l'impact et la durabilité. L'existence d'un soutien opérationnel leur permet également de s'adapter et de réagir rapidement en situation de crise.

  En Lituanie, par exemple, les associations et fondations qui louent leur propriété à la municipalité ou à des entités contrôlées par la municipalité ont eu droit à une dispense ou à une réduction des loyers et des pénalités imposées en cas de retard de paiement. Des mesures similaires ont été signalées en Lettonie et au Liban. Au Zimbabwe, une réglementation gouvernementale a demandé aux propriétaires et aux banques d'accorder un délai de grâce adapté au confinement étalonné sur le paiement des loyers et des hypothèques ainsi qu’une dérogation sur les importations liées au COVID-19 telles que les EPI, les kits de test. On a également signalé l'approvisionnement en fournitures essentielles et en biens matériels au Malawi et en Namibie. L'existence de telles mesures doit cependant s'accompagner d'informations appropriées et transparentes sur des telles initiatives. Mettre en place des mesures d’assistance mais ne pas les communiquer correctement empêche les groupes qui en ont le plus besoin d'apprendre en quoi elles consistent et d'accéder à ces avantages.

  C'est également un moment important pour les gouvernements d'aller plus loin et d’élaborer de nouveaux mécanismes financiers innovants pour soutenir la société civile. La révision des régimes de TVA, l'octroi d'exonérations fiscales et l'amélioration des incitations fiscales en faveur des dons - non seulement spécifiques aux interventions liées à la crise, mais à toutes les causes - sont des initiatives qui doivent être mieux encouragées à l'heure actuelle. La réaffectation des différents prélèvements, fonds et outils d'investissement pour soutenir les interventions de la société civile est une autre option. L'affectation d'impôts indirects tel que l'utilisation de l'argent de la TVA pour l’achat d'équipements de protection individuelle dans le cadre des efforts visant à soutenir les personnels de santé de première ligne au Royaume- Uni en est un exemple. Au Moyen-Orient, certains gouvernements auraient proposé des prêts plutôt qu'une assistance directe à la société civile. Dans plusieurs endroits, la présence d’une boîte à outils de financement, à caractère à la fois financier et non financier, inspirée par la demande et qui aide la société civile à accroître sa résilience financière est essentielle.

  3.  Faire preuve de flexibilité dans les exigences réglementaires

  Dans un certain nombre de pays, on a signalé des mesures visant à offrir aux associations et fondations enregistrées une plus grande souplesse dans les procédures administratives, y compris des changements concernant les achats, les dépenses, l’établissement des rapports, l'octroi de subventions et l’élaboration des contrats. L'ajustement des exigences en matière de rapports administratifs et de projets, par exemple, peut être un moyen rapide mais efficace de fournir un répit aux groupes de la société civile. En exemple, nous avons notamment les mesures au Malawi et au Mexique pour mettre à jour le financement des projets, la coopération ainsi que les arrangements en matière de délégation.
  Des dispositions permettant une flexibilité dans les exigences comptables et fiscales ont également été prises dans certains pays. L'Allemagne, par exemple, a accordé une certaine souplesse dans la gestion des dons ainsi que dans la comptabilisation des pertes et des diminutions de capital. Ailleurs, on a mis en place des exonérations partielles sur les taxes à payer par les ONG.

  4. Inclure la société civile dans les fonds de relance et les subventions au COVID-19

  La société civile est cruellement absente des mesures conçues pour soutenir de façon systématique la reprise sociale et économique face à la pandémie. Dans la plupart des cas, ces mesures semblent avoir été élaborées uniquement pour les entreprises, bien que la société civile de tous les pays ait un besoin urgent d'un soutien fiscal adapté, y compris des mesures d'aide au revenu ainsi que des subventions. Les mesures existantes visant à la relance des entreprises doivent être étendues pour inclure la société civile, et accompagnées d'interventions qui répondent aux besoins particuliers des petits et grands groupes, formels et informels, qui existent dans l'ensemble de la société civile.
  Les exemples de mesures de relance pour la société civile se limitent au plan de relance (en anglais) de 750 millions de livres sterling du gouvernement britannique et au plan de soutien(en allemand) de 700 millions d’euros à la société civile, aux arts et au secteur culturel en Autriche. À plus petite échelle, un fonds de stabilité(en anglais) de 35 millions d'euros pour répondre aux besoins de financement urgents a été instauré en Irlande et, en Russie, un fonds présidentiel de subventions de 3 milliards de roubles (environ 39 millions d'euros) pour les ONG. En outre, des programmes de subventions salariales et d'accès au crédit ont été introduits en Argentine, en Australie, en France et aux Pays-Bas. Des allocations spéciales pour les services aux groupes vulnérables tels que les femmes et les personnes âgées ont été accordées au Canada, tandis que l'Irlande a lancé un fonds pour l'innovation sociale dans les projets de relance.

  Les rapports de l'Afrique du Sud indiquent une série de mesures initiées par le gouvernement, les fondations privées et les entreprises pour soutenir la société civile. Des organisations telles que la CAF Afrique australe (en anglais), le Groupe Mergon (en anglais) et la province du Cap Occidental (Département du Développement Social) ont lancé un fonds en faveur des ONG qui inclue des opportunités pour le public d'appuyer des objectifs de financement. La Commission Nationale des Loteries (NLC) (pdf en anglais) a débloqué 150 millions de rands comme mesure d’assistance pour les ONG, tandis que le Fonds de solidarité du président devrait aider les ONG qui mettent en œuvre des services conformes aux objectifs du fonds à savoir prévenir, détecter, soigner et soutenir. Dans l'ensemble, un éventail plus large d'actions visant à encourager les entreprises, les institutions philanthropiques et le grand public à soutenir les efforts de la société civile est à la fois possible et nécessaire.

  5. Mettre en place l’infrastructure nécessaire pour renforcer les actions de la société civileociedad civil

  C'est précisément le moment où les gouvernements doivent créer des mécanismes plus larges pour soutenir et renforcer la société civile, y compris le financement à moyen et long terme de réseaux ou d'organisations faîtières et le développement de plateformes pour partager les connaissances, les stratégies et les ressources de manière à promouvoir la cohésion et la collaboration, plutôt que la concurrence. Les entreprises transnationales peuvent soutenir les activités de la société civile en offrant des plateformes et des contributions salariales, tout comme les institutions philanthropiques peuvent (et sont en train) de mobiliser des actifs et des dotations (en anglais) pour créer de nouveaux flux de ressources à la fois de base et flexibles en faveur de la société civile.

  À cet effet, au Portugal et en Italie, des services nationaux de volontariat et de jeunesse ont été mis à profit pour mobiliser du soutien en faveur des activités de la société civile. En Belgique, un Fonds de Solidarité COVID-19 permet aux employés de l'UE de contribuer en faveur des organisations de la société civile. Dans plusieurs pays, dont la Lettonie et les Pays- Bas, des exonérations fiscales sur les dons faits à la société civile ont été introduites. En Sierra Leone, une plate-forme dirigée par le gouvernement a permis à la société civile d'interagir avec le président et les ministres responsables en matière d'efforts face au COVID-19, permettant aux représentants de la société civile d'accéder directement et de coordonner avec les ministères de la Santé, des Finances et de l'Equipe d'Intervention d'Urgence du COVID-19. Au Malawi, l'équipe spéciale de travail sur le COVID-19 a inclus des représentants d'ONG, du monde universitaire, du gouvernement et des organismes religieux, entre autres, profitant ainsi de l'expertise et des réseaux que différentes parties de la société civile peuvent apporter aux différentes actions entreprises.

  Dans plus de pays, il est nécessaire que les gouvernements mettent en place de mesures qui encouragent davantage les sociétés à investir dans la société civile. Les gouvernements doivent être des partenaires actifs dans le renforcement de l'engagement du public avec la société civile en se faisant le champion de son impact et en partageant des informations sur la façon dont les fonds publics sont alloués et utilisés. Plus généralement, nous avons besoin que cela soit un moment catalyseur pour des partenariats et des campagnes intersectoriels visant à favoriser des mouvements de générosité locaux(en anglais) à l'intérieur et entre les pays.

  6.  Donner à la société civile les moyens de développer des alternatives durables

  La société civile est essentielle aux approches de reconstruction centrées sur l’être humain qui satisfont la demande de changement positif. De véritables partenariats entre le gouvernement et la société civile permettent des réponses mieux coordonnées dans les moments critiques, permettant aux deux acteurs de travailler ensemble pour évaluer et atténuer les risques de crise au sein de différentes populations. Pour cela, nous avons besoin que la société civile fasse partie intégrante des consultations multipartites et des espaces de prise de décision qui conçoivent des alternatives sociales et économiques pour un monde post-COVID. Une société civile habilitée, en réseau et dotée de ressources suffisantes doit être reconnue comme une force oeuvrant pour le progrès.

  Le rééquilibrage du pouvoir et l'instauration de la solidarité seront les clés des réformes structurelles que nous devons réaliser dans l'économie mondiale. Cela comprend un effort systématique pour réduire l'importance accordée à la croissance du PIB en tant qu'indicateur clé de performance et privilégier le bien-être comme paramètre essentiel. Les changements en profondeur tant attendus, tels que l'arrêt des sorties nettes de capitaux et d'autres ressources des pays du Sud vers les pays du Nord afin que les premiers puissent disposer de plus de ressources disponibles pour assurer l’exercice du droit au développement durable de leurs populations, nécessitent un large soutien du monde politique et du public. Le renforcement de la société civile et l'expansion des libertés civiques doivent faire partie de la relance à la fois mondiale et intégrale dont nous avons besoin pour sortir de la pandémie.

  

  ---

  Pour plus d'informations:

  AGNA: https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
  Charities Aid Foundation: https://www.cafonline.org
  CIVICUS: https://www.civicus.org

• Réimaginer le pouvoir de la jeunesse post COVID-19 : Les leçons du Goalkeepers Youth Action Accelerator

  L'expérience récemment menée par CIVICUS avec un groupe de jeunes militants offre des perspectives intéressantes pour le pouvoir de la jeunesse dans un monde post-Covid-19. De nombreuses organisations dirigées par des jeunes affirment que les subventions traditionnelles mises à disposition par les donateurs du Nord ne leur conviennent pas tout à fait en raison, entre autres, de leurs attentes en matière d'impact et de leurs exigences en matière de rapports. Existe-t-il de meilleures façons de fournir des ressources aux jeunes afin qu'ils puissent créer un changement efficace vers le développement durable dans leurs communautés ? Voici ce que nous avons appris par le biais du Goalkeepers Youth Action Accelerator.

  La pandémie mondiale du COVID-19 est en train de changer le monde tel que nous le connaissons. De nombreuses organisations se sont adaptées en adoptant de nouvelles et meilleures méthodes de travail, de coexistence et de financement pour défendre les démocraties, tenir les dirigeants responsables et protéger les droits civiques.

  Les OSC dirigent laréponse au COVID-19, y compris les groupes de jeunes, qui réimaginent et ajustent les moyens de garantir que davantage de ressources sont canalisées vers les plus vulnérables et les personnes dans le besoin dans le monde entier.

  L'histoire d'un projet pilote de financement des jeunes au XXIème siècle

  Dans l'esprit de l'innovation sociale, de l'apprentissage et de l'expérimentation, le travail de CIVICUS et de ses partenaires a permis de tester différents modèles de ressources poursoutenir les individus, les organisations et les mouvements de base qui sont moins susceptibles de travailler avec lesdonateurs traditionnels. De nombreuses organisations dirigées par des jeunes, tout en s'attaquant à certains des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, ont des possibilités limitées d'accéder à des financements et lorsqu'elles reçoivent des ressources, elles sont souvent assorties d'exigences et de conditions rigides, ou de relations avec les donateurs qui sont difficiles à gérer. L'un des modèles alternatifs que nous avons testés est leGoalkeepers Youth Action Accelerator, qui a été lancé en 2018 avec six partenaires pour montrer ce que les jeunes activistes peuvent réaliser grâce à un soutien holistique qui va au-delà du financement. Le lancement de l'Accélérateur a été une réponse directe aux défis auxquels les jeunes sont confrontés pour accéder à des ressources flexibles suffisantes et appropriées pour s'engager de manière significative dans les décisions et les activités de développement qui affectent leurs communautés. Les résultats ont été une riche source d'apprentissage pour nous, à CIVICUS, et pour tous les partenaires du programme, et nous espérons que pour vous aussi.

  Fournir des ressources qui soutiennent la société civile de différentes manières

  Ce projet de 20 mois a soutenu 26 jeunes défenseurs prometteurs (âgés de 18 à 35 ans) d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine qui utilisent les données et les récits de manière innovante pour atteindre les objectifs 1 à 6 du développement durable (pauvreté, faim, santé, éducation, égalité des sexes, eau et assainissement). En plus d'un financement flexible, les défenseurs ont bénéficié d'un soutien technique, d'un mentorat, de voyages, de possibilités d'engagement ainsi que d'un espace pour donner leur avis sur les ajustements à apporter aux programmes afin de mieux répondre à leurs besoins et d'amplifier l'impact de leur travail. Cela a permis d'assurer une véritable "approche participative" où leurs voix ont été entendues et impliquées de manière significative et ont fait partie du processus.

  En conséquence, tous les participants déclarent avoir amélioré leurs compétences, 80% disent avoir forgé de nouveaux partenariats et plus de la moitié d'entre eux ont réussi à obtenir un financement supplémentaire pour soutenir leurs projets.

  Donner de l'espace aux défenseurs dans les médias et les espaces numériques

  Après plus d'un an de travail avec les défenseurs de Goalkeeper, nous avons remarqué une croissance et une importance significatives du rôle qu'ils jouent dans leurs pays d'intervention. Leurs projets et leurs profils ont été rendus publics et ils ont permis d'améliorer les services, l'échelle, la reconnaissance et la responsabilité des principaux décideurs dans les domaines thématiques qu'ils défendent.

  Faire preuve d'ouverture et de souplesse tout au long du processus

  Le fait d'être ouvert et réactif aux commentaires, au contexte et aux besoins des défenseurs a permis au programme d'expérimenter de nouvelles façons de faire. Tous les trois mois, les 26 défenseurs se sont réunis en petits groupes, en ligne, pour partager les exemples de réussite, les défis, les besoins, les questions et les suggestions afin de progresser. L'espace de réflexion entre pairs a également stimulé la créativité et les idées de collaboration.

  Tout en expérimentant la flexibilité et la confiance, nous avons appris à donner la priorité aux principes de «ne pas nuire» (surtout dans les contextes potentiellement dangereux). L'octroi traditionnel de subventions n'a pas toujours facilité un soutien holistique qui assure la sécurité physique, mentale et financière des jeunes.

  Il était également très important de documenter et de prouver les résultats de cette approche afin que les bailleurs de fonds et les organisations comme CIVICUS aient la certitude que la flexibilité, la confiance et des relations d'égalité réelles avec les bénéficiaires de subventions peuvent conduire à des apprentissages précieux, à des partenariats solides et à un impact sur la communauté.

  Éviter les exigences élevées en matière de rapports

  Nous avons essayé d'éviter de surcharger les participants en concevant un cadre de suivi et d'évaluation très simple qui permettait une compréhension rapide et une utilisation facile lors de la rédaction des rapports. Nos précédentes recherches sur les ressources de la société civile ont révélé que les exigences des donateurs en matière de rapports sont souvent rigides, lourdes et supposent un obstacle pour les militants qui travaillent pour répondre aux besoins réels de la communauté. Le cadre que nous avons utilisé a permis aux militants et à nous-même d'analyser réellement les progrès réalisés et il était adaptable à chacun de leurs programmes en fonction de leurs mises à jour trimestrielles et des changements de leur contexte. En conséquence, de nombreux participants ont commencé à utiliser ces outils au-delà de ce programme particulier et ont adopté des méthodologies similaires pour d'autres travaux au sein de leurs organisations.

  Le Goalkeepers Youth Action Accelerator a été l'occasion de prendre part à un travail innovant. Les jeunes sont la clé du développement durable et leur créativité et leur innovation pourraient être le chaînon manquant pour résoudre certains des défis insolubles du monde d'aujourd'hui. L'Accélérateur a été un processus constant d'apprentissage de la manière de soutenir un changement systémique au sein de la société civile afin de remédier aux injustices de longue date subies par les jeunes marginalisés, notamment en termes de ressources. Et l'apprentissage ne se fait pas dans les moments où nous pensons bien faire, mais le plus souvent dans les moments difficiles et éprouvants - nous devons donc les accepter.

   

• REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

  CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, conHamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

  Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

  En los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

  Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

  Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

  ¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

  El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

  Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

  En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

  ¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

  El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

  Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

  Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

  Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

  En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

  Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

  Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

  La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

  ¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

  Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

  La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

  Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

  Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

  Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

  Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

  El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

  El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

  Contáctese con Manifiesto Ciudadano a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@ManifiestoCiuRD en Twitter.

  Contáctese con Alianza ONG a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@AlianzaONG y a@AddysThen en Twitter.

• REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Somos parte de un movimiento antirracista global’

  CIVICUS conversa con Elena Lorac, coordinadora de Reconoci.do, una red cívica independiente y pluralista conformada principalmente por personas dominicanas jóvenes de ascendencia haitiana. Reconoci.do defiende los derechos humanos y promueve la integración real, plena y efectiva en la sociedad dominicana de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Con presencia a lo largo de la República Dominicana, Reconoci.do sostiene la visión un país multicultural donde personas diversas conviven dignamente, sin estigma ni discriminación, y sus derechos fundamentales son respetados por la sociedad y protegidos por el Estado.

  

  ¿Cuándo y por qué surgió Reconoci.do, y cuáles son los objetivos de la organización?

  Reconoci.do es un movimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana, mayormente jóvenes, que luchamos por nuestro derecho a la nacionalidad y por el acceso a todos los derechos que se derivan de esta pertenencia: derechos civiles, políticos y sociales; derechos tan básicos como el derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación y a la salud, que nos son sistemáticamente negados.

  El movimiento se formó a fines de noviembre de 2011, en reacción a una resolución de la Junta Central Electoral que suspendió “temporalmente” la validez de nuestras actas de nacimiento y documentos de identidad, es decir, en un contexto en que, en vez de avanzarse en el reconocimiento de derechos, se estaban produciendo retrocesos que institucionalizaban una exclusión histórica.

  Hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana reconocía como nacionales a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la excepción de los miembros del personal diplomático y las personas consideradas “en tránsito”, expresión que en principio se refería solamente a quienes llevaban unos pocos días en el país. Durante ocho décadas, bajo estas definiciones el Estado entregó certificado de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte dominicanos a los hijos e hijas de padres haitianos nacidos en el país. Sin embargo, en los años ’90 grupos nacionalistas empezaron a impulsar una interpretación restrictiva que, en 2004, se tradujo en una nueva Ley de Migración según la cual los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores migrantes indocumentados eran considerados extranjeros “en tránsito”, con lo cual sus hijos ya no tendrían acceso a la nacionalidad dominicana por el solo hecho de haber nacido en el país. La Junta Central Electoral, el organismo que coordina el registro civil, empezó a aplicar esta ley en forma retroactiva, y en 2007 institucionalizó esta práctica mediante una circular y una resolución que impidieron la expedición o renovación de documentos de identidad a los hijos nacidos en la República Dominicana de inmigrantes haitianos que estaban en situación migratoria irregular. En 2010, la nueva Constitución denegó el derecho automático a la nacionalidad a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular. Por último, en septiembre de 2013 la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció que las personas nacidas en el país cuyos padres hubiera estado en situación de indocumentación nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia se aplicó con carácter retroactivo a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007, es decir, despojó de la nacionalidad dominicana a cuatro generaciones de personas, mayormente de ascendencia haitiana, que durante ocho décadas habían sido registradas como dominicanas.

  Estos cambios legales institucionalizaron una exclusión histórica que ha sido perpetuada por una política de odio, racismo y xenofobia impulsada por grupos nacionalistas. Desde la visión dominante, todo lo que viene de Haití es extraño, ajeno e imposible de asimilar. Así, personas como yo, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, somos tratadas como extranjeras. Por haber nacido en República Dominicana, tampoco el Estado haitiano nos considera haitianos. Y en todo caso, estamos hablando de personas que en muchos casos nunca hemos ido a Haití, que nos hemos criado aquí y hablamos español; muchos jóvenes de hecho no hablan nada de creole. La falta de reconocimiento es terriblemente dolorosa.

  Para resolver la situación creada por el Tribunal Constitucional, y en respuesta a una fuerte labor de incidencia tanto nacional como internacional, en 2014 se aprobó la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial. Esta ley estableció un régimen especial para las personas consideradas “descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular”, sobre la base de la distinción entre dos grupos. A los integrantes del “Grupo A”, que incluyó a quienes en el pasado habían estado inscriptos en el registro civil dominicano, la ley les reconoció la nacionalidad dominicana y ordenó a la Junta Central Electoral entregarles o devolverles sus documentos de identidad. En cambio, a los del “Grupo B”, que aunque habían nacido y vivido siempre en el país y no mantenían vínculo alguno con el país de origen de sus padres, nunca habían estado inscriptos, la ley les dio un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros, con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en un plazo de dos años. Esta distinción es completamente arbitraria, y es común encontrar familias con hermanos que pertenecen a uno y otro grupo, así como familias que, aunque habían inscripto a sus hijos, se quedaron sin papeles como consecuencia de algún desastre natural y no pudieron iniciar el proceso de naturalización debido a su situación económica, a la lejanía de las oficinas administrativas y las tarifas involucradas. Apenas unos pocos miles de personas del Grupo B han logrado conseguir la nacionalidad por esta vía. Actualmente hay unas 133 mil personas jóvenes en situación de apatridia.

  Actualmente yo tengo mi cédula como resultado de la Ley 169-14; me la dieron cuando tenía 27 años. Mis años de desarrollo personal y formación y los inicios de mi vida productiva quedaron truncos porque no tenía cédula y no pude ir a la universidad. Muchos de mis compañeros y compañeras activistas están en la misma situación. Algunos han podido avanzar en la universidad y hasta llegaron a graduarse, mientras que otros no tuvieron la misma suerte.

  ¿Han llevado la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana a los foros regionales o internacionales de derechos humanos?

  Durante décadas, la comunidad internacional y la sociedad civil dominicana han hecho incidencia tanto a nivel nacional como internacional para denunciar el atropello, la discriminación y el racismo estructural en la República Dominicana.

  Conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), nosotros trabajamos asiduamente en el sistema interamericano, por ejemplo participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares a miembros del movimiento que habían sido amenazados o atacados. También en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que obligaba al Estado a devolvernos la nacionalidad. Pero el Tribunal Constitucional no reconoció la sentencia. El Estado dominicano no acata las decisiones de la Corte.

  El Estado no asume que hay un problema por resolver. Hoy nuestra lucha es mucho más compleja que cuando comenzamos porque ahora existe la sensación de que la situación está resuelta, y no es así. La gran mayoría de los jóvenes en esta situación provenimos de los bateyes, guetos o comunidades que se establecieron en la era de producción de caña de azúcar a finales del siglo XIX, cuando República Dominicana y Haití acordaron traer braceros haitianos a trabajar en el país. Estas personas, a veces por el engaño e incluso por la fuerza, eran llevadas directamente a los bateyes, unas pequeñas aldeas ubicadas en los alrededores de las explotaciones de caña. Los jóvenes que vienen de estos sitios alejados de las ciudades están en una situación muy vulnerable. La gran mayoría no tiene nada; son varias generaciones de familias que no tienen documentos, y sin ellos no pueden conseguir trabajo ni estudios. A los que logramos terminar el bachillerato y pretendemos ir a la universidad, nos sucede lo que me ocurrió a mí, que cuando quise comenzar la universidad me enteré de que, aunque tenía mi acta de nacimiento, no estaba habilitada por ser hija de padres haitianos. Para mí fue un golpe enorme, y es así para decenas de miles de jóvenes. De repente te dicen que no existes, y esto conlleva enormes traumas psicológicos. El Estado culpa a nuestros padres o abuelos, cuando en verdad fue el mismo Estado que los trajo para trabajar en la producción de azúcar, pero como ahora esa industria ya no existe, también quieren acabar con nosotros.

  Estas injusticias nos cierran caminos. Nos dejan sin perspectivas de futuro. Es por eso que de sitios como este surgió nuestro movimiento.

  ¿Cuáles fueron las implicancias de esta situación en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

  La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales, empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los registros gubernamentales.

  ¿En qué medida la situación que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana es resultado del racismo?

  Esta situación es del principio al fin un problema de racismo estructural. El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al país, confirmó que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos de identidad.

  En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo el cabello crespo, constantemente me cuestionan aunque tenga papeles, y en caso de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras, generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas negras de ascendencia haitiana.

  La población dominicana es una población negra que no se reconoce a sí misma como tal. Evidentemente hay un problema de racismo sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.

  Así, con el correr del tiempo, como movimiento nos dimos cuenta de que el problema de la nacionalidad que nos movilizó en primer lugar no era solamente un problema de papeles, identificaciones y registros, sino también y más profundamente un problema de identidad y discriminación racial que se remonta al contexto histórico de nuestros ancestros.

  En consecuencia, somos un movimiento que no solamente lucha por la nacionalidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también comparte las luchas de todos los movimientos antirracistas y se moviliza contra todas las discriminaciones. Por eso nos solidarizamos y apoyamos todo tipo de manifestaciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de todas las minorías estigmatizadas y discriminadas.

  ¿Cómo repercutieron en la República Dominicana las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos?

  En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación, ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.

  Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve la situación que experimentamos nosotros.

  ¿Han recibido amenazas o ataques de movimientos anti-derechos?

  Hay varios grupos ultranacionalistas que se movilizan en reacción contra nuestras movilizaciones y eventos, básicamente para amedrentarnos y boicotear nuestras actividades. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional el clima se ha vuelto más favorable para los discursos de odio y ha habido numerosos actos de hostilidad. Muchos integrantes de nuestro movimiento y de otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana son objeto de agresiones, tanto verbales como físicas, como se ha reflejado en numerosos informes de derechos humanos. De ahí que en algunos casos hubiera que solicitar a la CIDH medidas de protección para compañeros y compañeras. Incluso las personas dominicanas que no son de ascendencia haitiana y se solidarizan con nosotros son catalogadas como traidoras la patria. Estas expresiones se han vuelto más comunes porque no han sido repudiadas con firmeza por las autoridades.

  Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de las actividades que planificamos en conmemoración de George Floyd.

  Desde que se anunció la actividad Una Flor para Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo un boicot contra el país trayendo temas que no son del país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas personas pensaron que no íbamos a poder hacer la actividad. Días antes del evento, el líder de uno de esos grupos anti-derechos, Antigua Orden Dominicana, nos amenazó a través de un video donde decía que si lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos no lo permitirían.

  El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos se hicieron presentes. No era la primera vez que lo hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se presentaron y se generó una situación similar.

  El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las compañeras que estaban manifestándose en ese momento, y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez junto con otra persona que participaba de la actividad. Cada vez que se hace una protesta relacionada con el tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene para reprimir.

  ¿Qué clase de apoyo necesitarían de la sociedad civil internacional y del movimiento antirracista global?

  Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que debemos hacerle frente.

  Lo que necesitamos es más apoyo para difundir la situación actual que se vive en nuestro país. El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia. Que todo lo que decimos es mentira y que estamos pagados por ONG internacionales para hacerle daño al país. Lo que nosotros buscamos es visibilidad y ayuda para denunciar las realidades terribles que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Nosotros no contamos con suficientes recursos para dar publicidad a nuestra causa, y la solidaridad internacional es lo que nos permite llevar adelante nuestras luchas y darlas a conocer a nivel mundial.

  El apoyo internacional es una de las cosas que nos han ayudado a salir adelante. Hemos tenido apoyo de grupos de la diáspora dominicana en Nueva York. Uno de ellos, We Are All Dominican, nos ha venido apoyando desde 2013. En el contexto de la pandemia nos ha ayudado a asegurar la alimentación y otras necesidades básicas de más de 250 familias durante tres meses. Todos los apoyos son bienvenidos, ya sean expresiones de solidaridad, contribuciones a la difusión o acciones de protección para personas defensoras de derechos humanos.

  El espacio cívico en República Dominicana es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
  Contáctese con Reconoci.do a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@reconoci_do y a@juagemis en Twitter.

• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : « Nous avons peut-être une période de changement positif devant nous »

  CIVICUS discute des élections qui ont eu lieu récemment en République dominicaine, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, avec Hamilk Chahin, coordinateur du Manifeste citoyen pour la transparence électorale, et Addys Then Marte, directrice exécutive d’Alianza ONG. Le Manifeste citoyen, une initiative multipartite menée par la société civile, a été lancé en décembre 2019 pour suivre les élections municipales, législatives et présidentielles de 2020 et pousser à la consolidation des institutions démocratiques. Alianza ONG est un réseau comprenant 40 organisations de la société civile (OSC) de la République dominicaine. Fondé en 1995, il se consacre à la promotion du développement durable par des initiatives visant à renforcer la société civile, le dialogue intersectoriel, la formation et le partage d’informations, le plaidoyer politique et la promotion de la solidarité et du volontariat.

  Avant même l’apparition de la pandémie de COVID-19, le paysage électoral était déjà compliqué. Quelle était la situation vers mars 2020 ?

  Ces dernières années, le parti au pouvoir, le Parti de la libération dominicaine (PLD), a accumulé beaucoup de pouvoir dans toutes les institutions de l’État, affectant la qualité de la démocratie. Le même parti a été réélu pour plusieurs mandats et les élites politiques se sont bien établies dans leurs positions et ont pris l’habitude d’exercer le pouvoir pour leur propre bénéfice et au détriment des intérêts de la collectivité. Petit à petit et sans s’en rendre compte, la société a également commencé à accepter cette situation. La gestion exceptionnellement efficace des mécanismes de communication par les gouvernements successifs y a beaucoup contribué. Avec les bonnes alliances internationales et la bonne fortune dans la gestion économique, les structures de publicité et de propagande ont facilité la perpétuation du gouvernement.

  Heureusement, il existe dans chaque société une graine pratiquement impossible à déraciner : la société civile. Elle peut parfois être en état de sommeil ou en hibernation, mais à un moment donné, quelque chose se produit qui la met en mouvement. Dans notre cas, c’est l’extrême confiance de nos gouvernants dans l’assurance de leur pouvoir qui les a conduits à des pratiques de plus en plus effrontées, au point que les citoyens, qui pour la plupart les avaient longtemps tolérés, ont un jour dit que ça suffisait et sont entrés en effervescence. La première grande manifestation de cette lassitude a été le mouvement de la Marche verte, lancé en janvier 2017.

  Née de l’indignation populaire suscitée par le scandale Odebrecht, qui impliquait des hauts fonctionnaires de trois gouvernements dominicains successifs, la Marche Verte a rassemblé un large éventail d’OSC et s’est concentrée sur la mobilisation de rue. Tout a commencé par une modeste marche de protestation que nous avons organisée par l’intermédiaire d’une OSC appelée Foro Ciudadano, qui a déclenché un grand phénomène de mobilisation dont la principale réussite a été de briser l’indifférence des citoyens, de faire sortir la classe moyenne de cette zone de confort où elle critiquait sans agir. Les partis d’opposition ont commencé à profiter de cette dynamique, mais le gouvernement, certain de disposer de tous les leviers du pouvoir, lui a d’abord accordé peu d’importance. Cependant, le phénomène est allé bien au-delà des marches : des signatures ont été recueillies, des réunions communautaires ont été organisées et de nombreuses formes de mobilisation ont été encouragées. C’était un état d’éveil motivé par la dignité. Les citoyens ont perdu leur peur de s’exprimer et cela a déconcerté le gouvernement.

  Comment le processus électoral 2020 a-t-il commencé, et comment le Manifeste citoyen a-t-il été formé ?

  Le début du processus électoral a également marqué le début de la fin du gouvernement actuel. En octobre 2019, les primaires des partis politiques ont eu lieu ; il s’agissait des premières primaires à être organisées dans le cadre de la nouvelle législation sur les élections et les partis politiques, et elles ont été gérées par le Conseil électoral central (JCE). Alors que le PLD a opté pour des primaires ouvertes, permettant la participation de tous les électeurs éligibles, le principal parti d’opposition, le Partido Revolucionario Moderno (PRM), a organisé des primaires fermées, permettant la participation de ses seuls affiliés. Les primaires du PRM ont clairement fait ressortir la candidature de Luis Abinader, qui sera finalement élu président. En revanche, à l’issu des primaires du PLD, Gonzalo Castillo n'est devenu le candidat officiel que de justesse par rapport au président triomphant à trois reprises Leonel Fernández.

  Les élections primaires du parti au pouvoir étaient bien plus qu’un processus de sélection de candidats : ce qui était réellement en jeu dans ces élections était le pouvoir du président, Danilo Medina. Au pouvoir depuis 2012, Medina avait été réélu en 2016, et avait tenté en vain de réformer la Constitution pour se faire réélire. En tant que président du parti, Leonel Fernandez s’était opposé à ces manœuvres, si bien que Medina ne l'a pas soutenu lorsqu'il a décidé de se présenter aux primaires. Il est devenu évident que le gouvernement recourait aux ressources de l'État pour soutenir l'héritier désigné de Medina ; en conséquence, le PLD s’est divisé et Fernandez a rejoint le bloc d’opposition. Ces élections ont été très contestées, et ont donné lieu à de nombreuses manipulations. Elles ont laissé un goût amer parmi les citoyens : étant donné la possibilité que la fraude ait été utilisée dans une élection primaire, beaucoup se sont demandés ce qu’il adviendrait de l’élection nationale.

  À ce moment-là, de nombreuses OSC ont commencé à réfléchir à ce qu’il fallait faire : nous avons établi des liens entre nous et avec les acteurs politiques, nous avons partagé des informations et nos évaluations de la situation. Nous avons décidé d’exprimer notre préoccupation et d’exiger des mesures correctives de la part des institutions et entités responsables de l’organisation des élections, à commencer par la JCE et en nous tournant vers le Tribunal Supérieur Electoral et le Bureau du Procureur Général de la République, qui sont chargés de poursuivre les crimes et les irrégularités. C’est ainsi qu’est née l’initiative du Manifeste Citoyen (Manifiesto Ciudadano), qui regroupe des acteurs du monde de l’entreprise, de la religion, du travail, des syndicats et du monde paysan. Nous avons fait campagne pour attirer l’attention de la société sur la nécessité de défendre et de surveiller le processus d’institutionnalisation démocratique à l’approche des élections. Et surtout, nous avons fait du plaidoyer auprès des acteurs politiques. Nous avons organisé des réunions avec les représentants des partis, afin que le manifeste bénéficie du soutien de tous les secteurs. Cela a également fait de nous un interlocuteur direct de la JCE.

  Quand les élections étaient-elles prévues ?

  Le cycle électoral comprenait une série d’élections : les élections municipales, prévues en février, et les élections nationales, tant présidentielles que législatives, initialement prévues en mai. Les élections municipales ont inauguré un nouveau système de vote double, entièrement électronique pour les zones urbaines à forte densité de population et manuel pour les zones rurales. Suite aux demandes du Manifiesto Ciudadano d’apporter certaines garanties et certitudes au processus, le système de vote électronique comportait également une composante manuelle dans la phase de dépouillement des bulletins déposés ; nous avons également réussi à faire enregistrer les décomptes et avons ajouté un système de capture des empreintes digitales et des codes QR.

  Bien que les mesures de sécurité aient été renforcées, la mise en œuvre du nouveau logiciel a posé de sérieux problèmes. Le 16 février, plusieurs heures après le début du vote, la JCE a découvert qu’il y avait un problème avec environ 60% des machines à voter électroniques, et a décidé de suspendre les élections municipales dans tout le pays.

  Cela a provoqué une crise de confiance et des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester presque quotidiennement. Le 17 février, une manifestation devant le siège de la JCE a exigé la démission de tous ses membres. Le mécontentement a également touché le gouvernement, car de nombreux manifestants ont estimé qu’il avait tenté de tirer profit du mauvais fonctionnement des machines. Le 27 février, jour de l’indépendance, une manifestation massive a eu lieu pour demander une enquête sur ce qui s’était passé et une plus grande transparence dans le processus électoral. La diaspora dominicaine dans différents pays du monde a organisé des manifestations de solidarité pour soutenir la démocratie dans leur pays. 

  Les élections municipales ont été reprogrammées pour le 16 mars et se sont déroulées sans vote électronique. A cette époque, la pandémie de COVID-19 avait déjà commencé, mais suspendre les élections une seconde fois aurait été un coup dur. C’est pourquoi la République dominicaine a déclaré tardivement l’état d’urgence : le gouvernement a attendu que les élections aient lieu pour décréter trois jours plus tard l’état d’urgence et le couvre-feu.

  En avril, face à cette situation prolongée, le corps électoral a décidé de reporter les élections nationales au 5 juillet, après consultation des partis et de la société civile. Il n’y avait pas beaucoup de marge car il fallait prévoir l’éventualité d’un second tour des élections qui devrait avoir lieu avant le 16 août, date à laquelle le changement de gouvernement devait avoir lieu. Bien sûr, il a même été question de la possibilité d’un amendement constitutionnel pour reporter le jour de l’investiture ; la société civile a dû jouer un rôle important pour désamorcer ces alternatives et organiser un calendrier électoral comprenant toutes les mesures sanitaires nécessaires. Heureusement, les médias ont fourni les espaces nécessaires aux OSC ; nous disposions d’une bonne tribune de communication.

  Étant donné que les élections ont eu lieu pendant la pandémie, des mesures ont-elles été prises pour limiter le risque de contagion ?

  Du côté de la société civile, nous avons essayé de faire en sorte que des mesures sanitaires adéquates soient imposées. Nous avons exhorté la JCE à suivre les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation des États américains afin d’avoir la certitude que les mesures nécessaires seraient prises pour que les élections puissent avoir lieu. Ce fut un effort titanesque, car en République dominicaine, nous n’avions pas encore de politique efficace de prévention et de dépistage rapide, mais nous avons pu imposer des protocoles sanitaires comprenant la désinfection et l’assainissement, la distribution de matériel de protection et des mesures de distanciation physique.

  La vérité est que l’importante épidémie de COVID-19 que nous connaissons aujourd’hui n’est pas exclusivement due au jour des élections, mais surtout aux deux mois et demi de campagne désorganisée et irresponsable menée principalement par le parti au pouvoir. Le gouvernement a tenté de tirer profit de la pandémie et des limites imposées par l’état d’urgence. Cependant, cela a pu jouer en sa défaveur. Il y a eu un tel gaspillage de ressources en faveur de la candidature du parti au pouvoir que les gens l’ont mal supporté. C’était grotesque : par exemple, tout comme en Chine, on a adopté la mesure consistant à asperger les rues de désinfectant ; mais alors qu’en Chine un robot ou un véhicule parcourait les rues la nuit et passait dans tous les quartiers, ici nous avons eu droit à un défilé d’une caravane de véhicules officiels à 20 heures, avec sirènes, drapeaux, musique, tout un spectacle de campagne. Les gens n’ont pas apprécié, car cela a été interprété comme un gaspillage de ressources à des fins de propagande qui auraient pu être utilisées pour contrôler efficacement la pandémie.

  Quelles possibilités l’opposition avait-elle de faire campagne dans le contexte de l’urgence sanitaire ?

  Les conditions de la campagne étaient très inégales, car les fonctionnaires jouissaient d’une liberté de mouvement au-delà des heures fixées de couvre-feu, et les partis d’opposition se sont plaints que le parti au pouvoir pouvait poursuivre sa campagne sans restriction alors qu’ils étaient limités aux heures autorisées. L’accès aux médias était également inégal : la propagande en faveur du candidat au pouvoir était omniprésente, car elle était confondue avec la propagande du gouvernement. Dans ce sens, il y a eu une publicité qui a généré beaucoup de malaise, qui disait quelque chose comme « restez chez vous, nous nous occupons de l’aide sociale », et comportait les images des candidats officiels à la présidence et à la vice-présidence.

  La pandémie a été utilisée politiquement de nombreuses manières. À un moment donné, la peur de la contagion a été utilisée pour promouvoir l’abstention : il y a même eu une campagne qui présentait le dessin d’une tête de mort avec le slogan « sortir tue ». Alors que nous menions une campagne avec le message « protégez-vous et allez voter », le gouvernement pariait sur l’instillation de la peur dans la classe moyenne indépendante, tout en prévoyant de faire voter ses partisans en masse. La réaction négative a été si forte qu’ils ont été contraints de retirer cette publicité après quelques jours.

  De plus, l'État a été absent de la plupart des politiques mises en œuvre contre la pandémie, et a laissé la fourniture de l’aide sociale et la prévention entre les mains du candidat du parti au pouvoir. Ainsi, ce n’était souvent pas le gouvernement qui se chargeait de la fumigation, mais les entreprises du candidat. Ce sont les jets de la compagnie d’aviation du candidat, et non les avions d’État ou militaires, qui ont ramené les Dominicains bloqués à l’étranger. Les premiers kits de test ont été apportés de Chine par le candidat lui-même, bien sûr avec de grandes opérations de propagande.

  Avec tous les atouts en sa faveur, comment expliquer que le gouvernement ait perdu les élections ?

  En effet, le candidat du PRM, Luis Abinader, l’a emporté dès le premier tour, avec plus de 52% des voix, tandis que le candidat du gouvernement arrivait en deuxième position avec 37% et l’ancien président Fernandez n’a atteint que 9%. La division du parti au pouvoir à la suite des allégations de fraude lors des primaires a eu un effet, car si le parti avait été uni et non affecté par ce scandale, les résultats auraient pu être différents.

  Face au fait qu’un seul parti a gouverné pendant 20 des 25 dernières années, les citoyens en ont eu assez et ont cherché des alternatives. Les citoyens se sont exprimés non seulement par la mobilisation et la protestation, mais aussi par un processus de sensibilisation qui durait depuis plusieurs années. Des plateformes d’expression très intéressantes ont vu le jour, comme le média numérique Somos Pueblo (Nous sommes le peuple), qui a joué un rôle très important avec sa chaîne YouTube. Le gouvernement faisant campagne dans les rues et les citoyens étant isolés par la pandémie, des stratégies créatives ont également été mobilisées pour contourner les limitations et protester sans sortir de chez soi, comme les « cacerolazos ».

  Le désir de participer afin d’obtenir un changement s’est reflété dans le taux de participation aux élections, qui a dépassé 55%. Si ce chiffre est bien inférieur à la moyenne de 70% enregistrée lors des élections de la dernière décennie, il est remarquable dans le contexte de la pandémie. Face à la mauvaise gestion de la pandémie par le gouvernement actuel, les espoirs placés dans le nouveau gouvernement sont très élevés. Si nous parvenons à surmonter ce défi, nous aurons peut-être devant nous une ère de changements positifs en termes de renforcement des institutions et de consolidation de la démocratie.

  L’espace civique en République dominicaine est classé « rétréci » par leCIVICUS Monitor.

  Contactez Manifiesto Ciudadano via sonsite web ou son profilFacebook, et suivez@ManifiestoCiuRD sur Twitter. Contactez Alianza ONG via sonsite web ou son profilFacebook, et suivez@AlianzaONG et@AddysThen sur Twitter. 

• RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : « Nous faisons partie d’un mouvement antiraciste global »

  CIVICUS s’entretient avec Elena Lorac, coordinatrice de Reconoci.do, un réseau civique indépendant et pluraliste composé principalement de jeunes Dominicains d’origine haïtienne. Reconoci.do défend les droits humains et promeut l’intégration réelle, pleine et effective des Dominicains d’origine haïtienne dans la société dominicaine. Présent sur tout le territoire de la République dominicaine, Reconoci.do défend la vision d’un pays multiculturel où les personnes de toutes origines vivent ensemble avec dignité, sans stigmatisation ni discrimination, et où leurs droits fondamentaux sont respectés par la société et protégés par l’État.

• Resources for civil society in the midst of the COVID-19 pandemic

  Defending civil society, democratic rights, and our fundamental freedoms can be challenging, let alone having to do it while under “lockdown” practicing social distancing in the midst of a global health crisis spreading rapidly across the world. In times like these, solidarity and social compassion play the most important role. To help connect and inform the alliance and civil society during this time, we will be collecting information, resources, and support to share. 

  We will be updating this page as this crisis unfolds and as new information is shared. You can also contribute with useful information by contacting us at:

  All important reminder that we must act together even as we stay apart to overcome the #COVID19 pandemic! #stayinghome #solidarity pic.twitter.com/R466V7gFA0

  — Lysa John (@lysajohn) March 16, 2020

  CIVIL SOCIETY RESPONSES

  Civil society and human rights analyses:

  • UN experts: States should not abuse emergency measures to suppress human rights (The Office of the High Commissioner for Human Rights)
  • Coronavirus is a historic trigger event and it needs a movement to respond (Waging Violence)
  • The coronavirus pandemic can empower us to demand change (Al Jazeera)
  • COVID-19: Emergency powers must be kept in check (Article 19)
  • COVID-19 highlights the failure of neoliberal capitalism: We need feminist global solidarity (APWLD)
  • COVID-19 and the disability movement COVID-19 and the disability movement (International Disability Alliance)

  Donor messages:

  • Ford Foundation: Support to Grantees (Ford Foundation)
  • Advice for Grant Makers (Philanthropy)
  • Barr Foundation (Barr Foundation)
  • Philanthropy's response to the novel coronavirus (COVID-19) (CANDID)

  Civil Society statements and messages

  Amnesty International	Asian Venture Philanthropy Network	CIVICUS	Council on Foundations	Fireflight Foundation Fireflight Foundation	Harvard Kennedy School	Red Argentina de Cooperacion Internacional (RACI)
  Salam for Democracy and Human Rights	The People's Assembly	The World Organisation Against Torture	The Office of the High Commissioner for Human Rights

   

  RESOURCES

  Now that we all have to be physically distant and isolated from each other, our daily routine will have to change. These resources offer tips and guidance on dealing with isolation, working from home and carrying on our fight for civil society while practicing social distancing. 

  Working from home? Some resources to help you: Suddenly working remotely? Some tips and resources for you (Collaborations Superpowers) Nonprofit resources for remote work during the COVID-19 outbreak Tech against Coronavirus Online collaborative whiteboarding platform (MIRO)  Resources for online meetings, workshops, and events

  Civil society and online activism:
  • Online activism for the time being (The Verge)
  • Preparing for Coronavirus crisis: as organizers, it’s time to do what we do best (Bay Rising
  • Coronavirus Tech Handbook
  • Responding to the Coronavirus Outbreak: Resources to Help Nonprofits (Philanthropy)
  • Coronavirus and Climate Strikes (Afrika Vuka)
  • How to care for your community in a crisis (350 org)
  • Comprehensive non-profit and philanthropy resources 
  • The benefits of citizen engagement during a crisis
  • Citizens on Cyberattacks: This new report is an international snapshot of the public’s awareness of nation-sponsored cyberattacks. It signals that while the public may not be able to give the details of specific nation-sponsored cyberattacks, they are very much aware of cyberwarfare and overwhelmingly view it as a serious concern.
  • COVID-19 toolkit for civil society partners: Emergency powers and crisis responses
  • Civil society is critical in the fight against the COVID-19 pandemic
  • People's tech for people's power: This guide, which is tailored to the South African context – but applicable to other societies – will equip you with the info needed to protect yourself against government and corporate spying. 
  • Essential resources for Nonprofits (DonorBox)

  following the guidelines of @WHO and not taking to the streets in larger crowds. but we want to keep the momentum going and so have created #ClimateStrikeOnline
  
  join me and my friends by solo striking! #FridaysForFuture @GretaThunberg @AnnaKernahan @isabelle_ax @elijahmckenzee pic.twitter.com/k8eyELlpt0

  — dominique palmer (@domipalmer) March 13, 2020

  Do you need help in shifting your campaigns and movements to the online world? 350 Org are giving you the chance to ask a digital organiser to help you!

  OPPORTUNITIES FOR CIVIL SOCIETY

  • The Urgent Action Fund COVID-19 Crisis Fund
  • Elton John AIDS Foundation’s COVID-19 Emergency Fund: provides grants to fund solutions to addressing the specific challenges faced by those living with AIDS during this time. Projects should focus on mitigating the threat of COVID-19 to HIV/AIDS-positive individuals and/or increasing access to HIV healthcare programs. 
  • LGBTQ Funding Resources: LGBT Funders has compiled a substantial list of rapid response resources for organizations and individuals seeking to address the unique impact of COVID-19 on the global LGBTI community. 
  • Peace First: rapid response grants to address COVID-19.  The grants will go to young individuals and activists launching projects to mitigate the effects of COVID-19 around the world. 
  • National Geographic Covid-19 Emergency Fund for Journalists: funding for journalists all over the world working to cover COVID-19 and its impact in their communities. Grants prioritize projects that aim to deliver news and information to underserved communities. 
  • Pen America Writers Emergency Fund is providing grants of $500 to $1,000 to writers who demonstrate an acute financial need due to the pandemic. 
  • The International Women’s Media Foundation is taking relief fund cases from women-identifying journalists who have been economically impacted by the pandemic. They currently accept cases in English, Spanish, French, and Chinese for up to $2,000. 
  • The Soze Foundation Artist + Activist Fund: supporting artists and activists whose work has been directly impacted by the coronavirus. It is currently only accepting applicants based in the US but is exploring ways to provide grants to activists and artists globally. 
  • The Black Sea Trust for Regional Cooperation: Coronavirus Fast Response Fund: grants to CSOs working in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, and Ukraine on projects to mitigate the effect of the pandemic.  Projects should focus on rapid assistance for vulnerable groups, preserving good governance and accountability, countering fake news, and more broadly adjusting to the new reality that coronavirus has created. 
  • Center for Disaster Philanthropy Fund: grants to non-profit organizations working to combat the impacts of the coronavirus pandemic among vulnerable populations. 
  • GrantStation page on Grant Opportunities Related to the COVID-19 Pandemic - searchable by region, target population, theme of interest,  etc
  • Candid’s pop-up page of funding opportunities for COVID-19 (mostly for the US but with a small “international aid” section at the bottom) 
  • TechSoup: tools to support remote work
  • Open Technology Fund’s
    
  • The Open Road Alliance is offering charitable grants to organizations responding directly to COVID-19
  • Free Press Unlimited: Legal Defense Fund and Reporters Respond
  • Gender Links': Rapid Response Funding: COVID and Women’s Rights

  In the midst of this pandemic, it is very easy to find ourselves face to 'fake news' and disinformation about the virus. Open Democracy has shared this quiz that will help you spot common Coronavirus disinformation circulating on the internet.

  • Take the coronavirus disinformation test (Open Democracy)
• Ressources pour la société civile en période de pandémie COVID-19

  Défendre la société civile, les droits démocratiques et nos libertés fondamentales peut être un défi, sans parler du fait de devoir le faire pendant le "confinement", en pratiquant la distanciation sociale au milieu d'une crise sanitaire mondiale qui s'étend rapidement dans le monde entier. Dans des moments comme celui-ci, la solidarité et la compassion sociale jouent le rôle le plus important. Pour aider à connecter et à informer l'alliance et la société civile pendant cette période, nous allons collecter des informations, des ressources et un soutien à partager.

  Nous mettrons cette page à jour au fur et à mesure de l'évolution de la crise et du partage de nouvelles informations. Vous pouvez également contribuer avec des informations utiles en nous contactant à l'adresse suivante :

  Tout cela nous rappelle que nous devons agir ensemble, même si nous restons isolés pour surmonter la pandémie #COVID19! #stayinghome #solidarity pic.twitter.com/R466V7gFA0

  — Lysa John (@lysajohn) March 16, 2020

  Tout d'abord, quelques informations de base sur la prévention du National Council for Voluntary Organisations

  Socialement éloignés mais ensemble ✨ pic.twitter.com/YlLN8RJ8L5

  — Amnesty International (@amnesty) March 17, 2020

  LA RÉPONSE DE CIVICUS 

  • Le secrétariat de CIVICUS répond à l'urgence qui se propage rapidement et aux besoins qui en découlent dans divers endroits. Il s'agit notamment de soutenir notre personnel dans ses efforts pour faire face aux défis personnels et professionnels qui sont apparus à la suite de la pandémie COVID-19. Les mesures institutionnelles clés qui sont en vigueur jusqu'à présent comprennent un moratoire sur les voyages du personnel, la suspension des réunions pour les prochains mois et des systèmes permettant aux collègues de travailler depuis leur domicile et de concilier leurs responsabilités envers leurs familles et leurs communautés. Une équipe interne d'intervention COVID-19 est en place pour s'assurer que nos processus opérationnels et humains répondent aux réalités changeantes et soutiennent les besoins du personnel et des partenaires conformément aux directives de l'OMS en matière de prévention et de protection.
  • Dans l'intérêt de l'alliance CIVICUS et du soutien nécessaire aux petites et moyennes organisations en particulier, nous appelons les donateurs et les intermédiaires à faire preuve de souplesse et de compréhension car l'épidémie de COVID-19 nécessitera une redéfinition des priorités et des ajustements dans la programmation et les activités de sensibilisation des organisations de la société civile dans le monde entier. En ce moment, nous avons besoin que les bailleurs de fonds et les soutiens travaillent ensemble pour s'assurer que la société civile reste forte et résiliente alors que nous faisons face aux crises et incertitudes actuelles et futures, y compris dans la sphère sociale, politique et économique.
  • Ce faisant, nous sommes également conscients de la nécessité de nous soutenir mutuellement par des messages d'espoir, de résilience et de solidarité pour faire face aux conséquences négatives potentielles sur la cohésion sociale, la confiance et les luttes civiques. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons mettre en place des mesures qui réduisent l'impact de la pandémie sur les groupes rendus particulièrement vulnérables par l'inégalité, la discrimination, le handicap et l'absence de mesures de sécurité sociale.
  • Enfin, comme beaucoup de membres de nos réseaux s'emploient activement à dire la vérité au pouvoir et à contester les inégalités de pouvoir, nous sommes préoccupés par la manière dont les mesures d'urgence peuvent être réorientées dans certains contextes pour réduire encore l'espace réservé à la société civile. Nous comprenons que l'exercice des libertés civiques, en particulier les mobilisations publiques, devra se faire en ligne temporairement. Cela nécessite des efforts supplémentaires pour appeler et contrôler une surveillance illicite renforcée. Les attaques contre les acteurs de la société civile pourraient également s'intensifier, car l'attention du monde est détournée ailleurs. Les prisonniers politiques, les défenseurs des droits humains détenus arbitrairement, les journalistes et les prisonniers politiques sont extrêmement vulnérables dans ce contexte et nous nous joignons aux appels à la libération immédiate et inconditionnelle de ces acteurs, en abandonnant toutes les charges retenues contre eux face à la surpopulation et à l'accès limité aux soins de santé qui existent déjà dans les systèmes pénitentiaires.
  • Il est impératif que nous restions vigilants et que nous agissions ensemble, en puisant efficacement dans nos réserves d'innovation et de résilience.

  DÉSINFORMATION

  Au milieu de cette pandémie, il est très facile de se retrouver face à des "fausses nouvelles" et à la désinformation sur le virus. Open Democracy vous propose ce quiz qui vous aidera à repérer les désinformations courantes sur le Coronavirus qui circulent sur Internet.

  • Passer le test sur la désinformation face au Corona (Open Democracy)

  LES RÉPONSES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

  Analyses de la société civile et des droits de l'homme :

  • COVID-19 : les États ne doivent pas abuser des mesures d’urgence pour réprimer les droits de l’homme (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme)
  • Coronavirus is a historic trigger event and it needs a movement to respond (Waging Violence)
  • The coronavirus pandemic can empower us to demand change (Al Jazeera)
  • COVID-19: Emergency powers must be kept in check (Article 19)
  • COVID-19 highlights the failure of neoliberal capitalism: We need feminist global solidarity (APWLD)
  • COVID-19 and the disability movementCOVID-19 and the disability movement (International Disability Alliance)

  Avec la diffusion du COVID-19 dans le monde entier, les différents systèmes nationaux ont des réponses différentes à cette crise. Et l'état de la société civile est donc influencé par la réaction ou l'absence de réaction des gouvernements. Lisez les différents cas signalés dans les différents pays :

  • Shrinking civic space in Lebanon, Facebook targets Palestinians, and Iran’s information control deepens Coronavirus crisis (IFEX)
  • Pandemics and human rights (Just Security)
  • South Korea shows that democracies can succeed against the coronavirus (The Washington Post)
  • How coronavirus is infecting South Africa’s economy (New Frame)
  • United States: COVID-19 Threatens people behind bars (Human Rights Watch)
  • Coronavirus: Israel enables emergency spy powers (BBC)
  • Indonesia:Civil society groups call on govt to clear up confusion over social distancing (The Jakarta Post) 
  • International Rescue Committee mobilizes global response to combat spread of Coronavirus to world’s most vulnerable (International Rescue Committee) 
  • Around the clock updates about the pandemic(Alliance Magazine)
  • G20: Hundreds of civil society organisations pledge to avoid Saudi Arabia-led process (CIVICUS)
  • UK: Legislation to pass without vote amid coronavirus (BBC)
  • Iran: Coronavirus could be used by authoritarian leaders as excuse to undermine democracy, experts warn (The Independent)
  • Hungary govt seeks to extend special powers amid coronavirus crisis (Reuters)

  Messages de la part des donateurs:

  • Ford Foundation: Support to Grantees (Ford Foundation)
  • Advice for Grant Makers (Philanthropy)
  • Barr Foundation (Barr Foundation)
  • Philanthropy's response to the novel coronavirus (COVID-19) (CANDID)

  Déclarations et messages de la société civile:

  • Déclaration par les experts de Nations Unies (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme)
  • The British People's Assembly statement on the Coronavirus crisis (The People's Assembly)
  • International Center for Not-for-profit Law Statement (International Center for Not-for-profit Law)
  • How the public sector and civil society can respond to the coronavirus pandemic (Harvard Kennedy School)
  • Mesures prises face à la crise du COVID-19 et obligations des Etats en matière de droits humains: Observations préliminaires (Amnesty International)
  • La dignité en temps de COVID 19(OMCT)
  • RACI Protocol(In Spanish)
  • Wikimedia letter to staff
  • Meeting notes: Agency initiatives across the SDG Hub
  • A call to action: Philanthropy's commitment during COVID-19 (Council on Foundations)
  • Philanthropic opportunities to systemically mitigate pandemic impact (AVPN)
  • How all donors - no matter what they fund - can help right now (Firelight Foundation)

  • The G20 must put human rights at the heart of its response to COVID-19 pandemic (CIVICUS)

  • Bahrain: Urgent action on prisons, Bahrainis citizens requiring repatriation and adherence to human rights principles needed to uphold public health standards and human rights in the fight against Covid-19 virus (Salam for Democracy and Human Rights)

  RESSOURCES 

  Maintenant que nous devons tous être physiquement distants et isolés les uns des autres, notre routine quotidienne devra changer. Ces ressources offrent des conseils et des orientations pour faire face à l'isolement, travailler à domicile et poursuivre notre combat pour la société civile tout en pratiquant la distanciation sociale.

  • Vous travaillez à domicile ? Quelques ressources pour vous aider :
    • Suddenly working remotely? Some tips and resources for you (Collaborations Superpowers)
    • Nonprofit resources for remote work during the COVID-19 outbreak
    • Tech against Coronavirus
    • Online collaborative whiteboarding platform(MIRO) 
    • Resources for online meetings, workshops, and events
       
  • La société civile et l'activisme en ligne :
    • Online activism for the time being (The Verge)
    • Preparing for Coronavirus crisis: as organizers, it’s time to do what we do best (Bay Rising
    • Coronavirus Tech Handbook
    • Responding to the Coronavirus Outbreak: Resources to Help Nonprofits (Philanthropy)
    • Coronavirus and Climate Strikes (Afrika Vuka)
    • How to care for your community in a crisis (350 org)
    • Comprehensive non-profit and philanthropy resources 

  en suivant les lignes directrices de l' @OMS et en ne descendant pas dans la rue en grand nombre. mais nous voulons continuer sur notre lancée et avons donc créé #ClimateStrikeOnline
  
  rejoignez-moi et mes amis en lançant des grèves en solo !  #FridaysForFuture @GretaThunberg @AnnaKernahan @isabelle_ax @elijahmckenzee pic.twitter.com/k8eyELlpt0

  — dominique palmer (@domipalmer) March 13, 2020

  Puisque nous sommes confinés à la maison, un bon moyen d'apprendre sur les droits de l'homme et l'espace civique est de suivre des podcasts et des cours en ligne. Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources permettant d'explorer et de découvrir des faits et des réalités concernant les droits de l'homme, la conduite du changement et bien plus encore.

  • The Hum:  un podcast qui va droit au cœur des questions relatives aux droits de l'homme.
  • Declarations: the Human Rights Podcast
  • Rights Not Reserved
  • RightsUp: The Oxford Human Rights Hub

  Cours gratuits :

  • Amnesty Academy 
  • Change making 
• Restrictions on civil liberties curtail efforts to build back better

  Statement at the 47th Session of the UN Human Rights Council

  ---

  Delivered by Lisa Majumdar

  Thank you, Madame President, and thank you High Commissioner for your report.

  With sufficient and shared resources, the pandemic can and will be overcome. However, the ramifications of rollbacks in hard-fought gains in civil and political rights – whether willful or unwilful – could last for generations. Continued restrictions will curtail any chance of building back better. Our collective strength to recover risks being undermined by eroding democratic safeguards, attacking human rights defenders, and stifling people’s ability to participate in public life. Our ability to prevent and respond to future crises is made stronger by – and would be impossible without – civil society participation.

  The CIVICUS Monitor found that multiple States used their pandemic response to introduce or implement restrictions on civic freedoms, with far-reaching implications. Authorities in China continued their path of repression, censoring numerous articles and social media posts about the pandemic. Emergency bills drafted by Cambodia, Hungary, Serbia and Botswana granted sweeping powers to the executive and restricted human rights. The pandemic was used as a smokescreen for attacks against protesters and to undermine civil society.

  Fundamental freedoms and an independent civil society are not only valuable for their own sake, but form the basis of participatory and effective governance which is essential to tackle global emergencies. To this end, we particularly support the recommendation that human rights monitoring capacity be enhanced to warn early on of potential violations, inform policies and protect human rights. The pandemic is far from over and its human rights implications are still emerging; we urge continued monitoring of and action on this issue by the Council.

  Thank you.

• RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”

  CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.

• RUSSIA: ‘Human rights activism can be expected to increase in reaction to repression’

  CIVICUS speaks with Leonid Drabkin, a coordinator with OVD-Info, an independent human rights civil society organisation (CSO) that documents and helps the victims of political persecution in Russia. Through a hotline and other sources, OVD-Info collects information about detentions at public rallies and other cases of political persecution, publishes the news and coordinates legal assistance to detainees.