COVID-19

 

  • Libertad de expresión y pandemia de COVID-19: panorama de restricciones y ataques

    COVIDGraphics

    Nuevo reporte del Monitor de CIVICUS señala:

    • Nuevos controles de censura han sido implementados durante la pandemia. 
    • La pandemia ha expandido el uso de leyes que criminalizan la desinformación – más de 35 países han adoptado o modificado medidas. 
    • Periodistas detenidos en más de 30 países por su cobertura de la pandemia. 

    Ha pasado un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia global por COVID-19. Durante este período, CIVICUS ha documentado restricciones a las libertades cívicas persistentes e injustificadas. La más reciente investigación se enfoca en el estado de la libertad de expresión y las violaciones cometidas como respuesta directa a la pandemia.

    La investigación abarca el período entre enero de 2020 y febrero de 2021 y señala dónde los gobiernos están usando al COVID-19 como un pretexto para censurar a los medios de comunicación y silenciar el disenso. En algunos países, los gobiernos han aprobado leyes y regulaciones que imponen restricciones indebidas a la libertad de prensa y acceso a la información. 

    La censura y la detención de periodistas son algunas de las violaciones cubiertas en este reporte. Desde Tanzania hasta Turkmenistán, los gobiernos han prohibido y bloqueado la cobertura de los medios sobre la COVID-19. Mientras que en Chile y China, los gobiernos han llevado a la cárcel a los periodistas por su cobertura de la pandemia. 

    La investigación demuestra como los periodistas, trabajadores de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han sido objeto de los excesos de los gobiernos y brinda más de 60 casos de estudio que ilustran tres tendencias: 

    • El uso de legislación restrictiva para silenciar las voces críticas, incluso mediante legislación sobre la desinformación. 
    • Censura y restricciones al acceso a la información, incluyendo la suspensión de medios de comunicación por su cobertura de COVID-19. 
    • Ataques a periodistas debido a su cobertura de la pandemia, a través de ataques físicos y arrestos. 

    LEA EL ANÁLISIS

     

  • Libertades Cívicas y Pandemia de COVID-19: Panorama de restricciones y ataques

     

    El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de COVID-19 se había convertido en pandemia. La propagación de la pandemia y la respuesta de los Estados a esta crisis han provocado una modificación sin precedente de las condiciones de vida de gran parte de la población mundial. Para contener esta pandemia se ha impuesto una serie de restricciones a las libertades. Sin embargo, algunas de estas limitaciones han tenido efectos preocupantes sobre los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil. En muchos casos estas medidas han continuado y reforzado las restricciones existentes en el espacio cívico.

    El espacio cívico es la base de cualquier sociedad abierta y democrática y tiene su origen en las libertades fundamentales de las personas para asociarse, reunirse de forma pacífica y expresar libremente sus puntos de vista y opiniones. Desde 2016 el CIVICUS Monitor ha documentado y analizado el estado del espacio cívico en 196 países.

    Distintos Estados han tomado medidas que incluyen la aprobación de leyes de emergencia, cuarentenas nacionales y restricciones de desplazamientos. Sin embargo, un mes después de la declaración de la pandemia, CIVICUS ha documentado varias tendencias alarmantes en el espacio cívico, a saber:

    • Restricciones injustificadas al acceso a la información y censura;
    • detención de activistas por la difusión de información esencial;
    • represión de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación;
    • violación del derecho a la privacidad y atribución de poderes excepcionales excesivamente amplios.

    El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que en el marco de emergencias públicas declaradas de forma oficial, incluidas las relacionadas con la salud pública que pongan en peligro la vida de un país, la restricción de algunos derechos puede justificarse, pero estas medidas deben contar con una base legal, ser estrictamente necesarias, tener una duración limitada, respetar la dignidad humana, estar sujetas a revisión, ser proporcionales a la consecución del objetivo, excluir cualquier tipo de discriminación y emplearse únicamente en la medida requerida por la emergencia en cuestión. Incluso cuando ha habido una declaración oficial del estado de emergencia, no deben infringirse los derechos fundamentales inderogables, como el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando no ha habido una declaración oficial del estado de emergencia, los derechos solo pueden restringirse durante la existencia de una amenaza para la salud pública, de acuerdo con las limitaciones vigentes en tiempos normales según lo establecido en las disposiciones correspondientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    El derecho internacional es claro, pero existe preocupación por la posibilidad de que algunas de las medidas aplicadas por algunos Estados puedan exceder las restricciones justificables y afectar de forma negativa a las libertades cívicas. CIVICUS ha compilado información sobre cuestiones clave para el espacio cívico que han surgido debido a la respuesta de los gobiernos y de otros grupos a la pandemia de COVID-19. Estos datos plantean serias preocupaciones sobre el estado del espacio cívico en estos momentos. Esta información procede de grupos de la sociedad civil, activistas, medios fiables y documentos oficiales. Estas restricciones se están imponiendo en una gran variedad de países con diversas clasificaciones de su espacio cívico. A partir de ahora, cuando hagamos referencia a un país en este informe también mostraremos el color correspondiente a su calificación tal y como sigue:

      ABIERTO ESTRECHO OBSTRUIDO  REPRIMIDO CERRADO

    Censura y restricciones al acceso a la información

    En China, al principio el gobierno respondió al brote ocultando información a la población, subestimando el número de infectados y minimizando la gravedad de la infección. Las autoridades también censuraron numerosos artículos y publicaciones sobre la pandemia en las redes sociales, incluidos aquellos publicados por familias de personas infectadas que buscaban ayuda y por residentes de ciudades acordonadas que documentaban su vida diaria. En Brasil, mediante la aprobación de un decreto, el presidente Jair Bollonado eximió a los funcionarios del gobierno de responder a toda solicitud relacionada con la libertad de información durante el brote. Posteriormente, el Tribunal Supremo suspendió dicho decreto. El CIVICUS Monitor demostró que la censura fue la táctica más utilizada en 2019 por parte de los Estados para eliminar la información crítica y para silenciar a activistas, periodistas y críticos del gobierno. Los grupos de derechos humanos han documentado varios intentos de censura o de restricción de la información sobre la pandemia de COVID-19. Estas tentativas podrían haber impedido que los ciudadanos accedieran a información sobre la pandemia que podría haberles ayudado a protegerse a ellos mismos y a sus familias, y a hacer preguntas fundamentadas sobre las decisiones de las autoridades en respuesta a la pandemia.

    En Turkmenistán el gobierno del presidente Gurbanguly Berdymukhamedov limita el uso de la palabra "coronavirus" tanto como le es posible con el fin de impedir la difusión de información sobre la pandemia. De hecho, ha ordenado la eliminación de esta palabra de los impresos sanitarios distribuidos en hospitales, escuelas y lugares de trabajo. En El Salvador, a los periodistas no se les ha permitido hacer preguntas relacionadas con la crisis y la respuesta del gobierno durante las ruedas de prensa.

    En Vietnam, país en el cual el Estado controla todos los medios tradicionales y aplica una estricta censura en las redes sociales, las autoridades han reprimido a usuarios de Facebook y a blogueros que buscan comunicar información útil y oportuna sobre la pandemia. Hasta el 17 de marzo al menos 654 personas habían sido convocadas a las comisarías de policía para ser interrogadas por su publicaciones sobre el brote en Facebook, de entre estas, 146 recibieron una multa.

    Durante esta crisis, los cortes de Internet perjudican directamente la salud y la vida de las personas, y socavan los esfuerzos para controlar la pandemia. El corte de Internet en la zona de Cachemira administrada por la India está impidiendo que los médicos accedan a información sobre el virus y que puedan informar a la población. En el estado de Rakáin, en Birmania, se han planteado inquietudes similares ya que allí también se ha producido un corte de Internet.

    Amenazas y detenciones por críticas contra la respuesta estatal

    También se han señalado detenciones y amenazas por críticas contra la respuesta del Estado o por la difusión de información sobre la pandemia.

    En Irán, militantes de derechos civiles, periodistas, un concejal municipal y un futbolista fueron detenidos o convocados para ser interrogados después de criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno iraní en sus publicaciones en las redes sociales. Algunas de las personas convocadas fueron acusadas de dar una mala imagen del país y fueron presionados para apoyar la respuesta del gobierno frente al brote.

    En las Islas Salomón, el Ministerio de Sanidad envió una circular en la que amenazaba con el despido inmediato a los miembros del personal que publicaran en Internet críticas a la respuesta del gobierno frente a la pandemia. Dicho documento aseguraba que estas disposiciones estaban amparadas por la declaración del estado de emergencia pública. En Sri Lanka, el 1 de abril el inspector general de policía instruyó a todos los agentes de policía para que emprendieran acciones legales contra aquellos que publicaran contenidos en las redes sociales en los que se criticara a las autoridades gubernamentales.

    La policía de Pakistan han detenido a decenas de médicos y miembros del personal sanitario que protestaron por la falta de equipos de protección individual durante su lucha contra la pandemia. En Tailandia, el 23 de marzo un artista fue acusado de violar la draconiana Ley de Delitos Informáticos debido a una publicación en Facebook en la que criticaba la ausencia de medidas para la detección de la COVID-19 en el aeropuerto.

    Restricciones a los medios de comunicación

    Los periodistas y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de información oportuna sobre la pandemia. Sin embargo, algunos Estados están clausurando los medios de comunicación, restringiendo su funcionamiento y criminalizando a los periodistas.

    El 17 de marzo nos informaron que los gobiernos de Jordania, Marruecos, Omán y Yemen habían publicado decretos que suspendían la impresión y la distribución de periódicos en respuesta a la pandemia. Estos decretos afectaban tanto a los medios de comunicación independientes como a los estatales. Las autoridades habrían impuesto esta medida para evitar la posible propagación del virus durante la impresión, entrega y distribución de los rotativos.

    El 5 de marzo las autoridades de Niger detuvieron a Kaka Touda Mamane Goni en su casa en Niamey, capital de Níger. Kaka Touda trabaja como periodista independiente y publica noticias en sus páginas de Facebook y Twitter. Su detención se debió a una queja presentada por el Hospital General de Referencia local en la que alegaba que sus publicaciones en las redes sociales sobre un presunto caso de COVID-19 en dicho hospital representaban una amenaza para el orden público.

    En Kenia, el bloguero Robert Alai fue detenido el 20 de marzo por publicar información falsa sobre el virus. Alai había denunciado que el gobierno estaba ocultando información crucial sobre la propagación del virus y que su incidencia era mucho mayor que la reconocida por el gobierno. Se le acusa de infringir la Ley sobre Delitos Informáticos y el Uso Indebido de Material Informático de 2018.

    En Venezuela, el 21 de marzo agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana allanaron el domicilio del periodista Darvinson Rojas y procedieron a su detención por informar sobre la pandemia en el país. En la audiencia del 23 de marzo, Rojas fue acusado de instigación al odio y de instigación pública.

    El 26 de marzo, el presidente de Vanuatu ratificó la declaración del estado de emergencia en respuesta a la pandemia. Dicha declaración establece que todos las noticias sobre el virus tienen que ser examinadas por la Oficina Nacional de Gestión de Desastres previa consulta con el Ministerio de Sanidad.

    En diversas ocasiones los periodistas también han sido objeto de agresiones físicas o de acoso mientras cubrían noticias relacionadas con la cuarentena por la COVID-19. Por ejemplo en la República Democrática del Congo, donde el 22 de marzo dos agentes de policía habrían perseguido y empujado de una mototaxi al periodista Tholi Totali Glody en Likasi, provincia de Alto Katanga. Como consecuencia de la caída el periodista sufrió varias heridas, entre ellas, la fractura de una pierna.

    Aprobación y uso de leyes restrictivas para combatir las noticias falsas

    A la propagación de la pandemia le ha acompañado la proliferación de información errónea sobre el virus. Si bien la información errónea constituye un problema grave, algunos Estados han recurrido a leyes excesivamente represivas sobre las noticias falsas que podrían tener una amplia repercusión.

    El 18 de marzo el gobierno de Sudáfrica aprobó una nueva legislación que penaliza las declaraciones que busquen llevar a engaño a toda persona en cuanto a la COVID-19 o la respuesta del gobierno contra dicha enfermedad. La nueva normativa fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno bajo la Ley de Gestión de Desastres de 2002 y establece sanciones que incluyen multas y penas de prisión.

    En respuesta a la pandemia el gobierno de Filipinas declaró el estado de emergencia el 25 de marzo y aprobó una ley que incluía disposiciones que penalizan la difusión de información falsa en las redes sociales y en otros espacios. Aquellos que violen dichas disposiciones podrían enfrentarse a una pena de dos meses de prisión o una multa de al menos de 10 000 PHP (unos 196 USD). Los tribunales también podrían imponerles una multa de hasta un millón de pesos filipinos (alrededor de 19 642 USD). El 28 de marzo la Fiscalía General de Egipto anunció que aquellos que difundan noticias falsas y rumores sobre el virus podrían enfrentarse a una pena de cinco años de prisión y a multas de 20 000 EGP (aproximadamente 1 266 USD).

    El Ministerio del Interior de Turquía anunció el 23 de marzo que se habían emprendido medidas legales contra 316 titulares de cuentas en las redes sociales que habían difundido información sobre el virus con el fin de «suscitar preocupación entre la población, infundir miedo y terror a la ciudadanía, e instigar a ataques contra personas e instituciones». El 11 de marzo las autoridades de Malasia informaron que habían abierto 37 investigaciones penales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre el virus.

    Persecución de los defensores de los derechos humanos

    También hay datos que demuestran que los gobiernos y otros grupos están utilizando la pandemia para atacar a los defensores de los derechos humanos.

    En Honduras la policía detuvo de forma arbitraria a Evelyn Johana Castillo el 24 de marzo por estar en la calle durante el estado de emergencia. Su detención se produjo cuando regresaba a su domicilio tras comprar comida junto con su esposo y su hija mayor. Evelyn es subcoordinadora de la Red de Mujeres de Ojojona y miembro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Evelyn declaró que podría tratarse de una represalia.

    Una defensora de los derechos humanos de El Salvador fue objeto de una campaña de difamación después de denunciar el 13 de marzo en Facebook las condiciones de hacinamiento y de la falta de higiene en las que se hallan las personas en cuarentena durante la pandemia. Recibió mensajes de odio y amenazas, incluidos insultos misóginos y burlas hacia su activismo feminista.

    Según los grupos nacionales de la sociedad civil, en Colombia los escuadrones de la muerte están aprovechando la cuarentena para asesinar a activistas campesinos. Marco Rivadeneira, un destacado activista, fue asesinado en la provincia sureña de Putumayo; Ángel Ovidio Quintero fue asesinado a tiros en la región occidental de Antioquia; Ivo Humberto Bracamonte fue asesinado en la frontera oriental con Venezuela.

    Abusos policiales durante la cuarentena

    Grupos de la sociedad civil y periodistas han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza o por el trato inhumano y degradante por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley contra las personas que han violado la cuarentena en varios países. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación al respecto.

    Según Human Rights Watch, la policía y las autoridades de Filipinas han confinado en jaulas para perros a los detenidos acusados de violar la normativa gubernamental contra la COVID-19. Entre otros abusos, también los obligaron a sentarse bajo el sol de mediodía como castigo. En India han circulado videos en los que se ve a agentes de policía golpear con violencia a quienes no respetan las restricciones. Los infractores también han sido humillados en público al ser obligados a hacer sentadillas, flexiones, andar a gatas o revolcarse en el suelo.

    En Sudáfrica han aparecido numerosos videos que parecen mostrar a agentes de policía y soldados mientras patean, abofetean, azotan e incluso disparan a las personas que infringen la cuarentena. En Sudáfrica durante el primer día de la cuarentena la policía disparó balas de goma contra la periodista de News24, Azarrah Karrim, a pesar de haber gritado «soy periodista» mientras cubría la dispersión de transeúntes por parte de las fuerzas de seguridad en Johannesburgo.

    En Kenia también se grabó a agentes de policía en varias localidades mientras azotaban a personas que no respetaron el toque de queda. Los videos y las fotos también mostraban a la policía lanzando botes de gas lacrimógeno y aporreando a varias personas para despejar las calles antes del toque de queda en la ciudad de Mombasa.

    Vigilancia y violaciones del derecho a la privacidad

    Hay numerosos ejemplos de Estados que han multiplicado las medidas de vigilancia intrusivas. Las medidas de vigilancia y las restricciones al derecho a la privacidad aprobadas en respuesta a la pandemia deben estar recogidas en la legislación, ser necesarias, proporcionadas, temporales y aplicadas con transparencia y con la supervisión adecuada. Asimismo, deben ser los menos intrusivas posible para lograr el resultado deseado. Es evidente que la realidad no ha estado a la altura de estos estándares.

    Las autoridades de China son conocidas por su uso de la tecnología para la vigilancia, libre de las restricciones impuestas por la legislación sobre la privacidad. Su sistema universal de videovigilancia callejera, utilizado por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, ha sido desplegado en las principales áreas metropolitanas del país y recientemente se le ha incorporado un sistema de reconocimiento facial. Las autoridades han utilizado este sistema para atrapar, humillar y multar a los ciudadanos que salen a la calle sin mascarillas, así como para identificar y poner en cuarentena a las personas con síntomas.

    La decisión de las autoridades de Israel de permitir que sus servicios de seguridad utilicen los datos de los teléfonos celulares de personas infectadas también ha generado preocupación en cuanto a la privacidad. Al parecer este sistema ya está en funcionamiento y 400 personas ya habrían recibido mensajes de texto advirtiéndoles de un posible contacto con personas infectadas.

    El 31 de marzo el parlamento de Armenia aprobó varias enmiendas legislativas que amplían los poderes de vigilancia con el fin de facilitar el uso de los datos de los teléfonos celulares para rastrear los casos de COVID-19. Estas enmiendas imponen restricciones al derecho a la privacidad y permiten a las autoridades acceder a información médica confidencial sobre las personas expuestas al virus. La sociedad civil de Fiyi planteó sus inquietudes sobre la privacidad después de que el Ministerio de Sanidad difundiera información privada en la que quedaban recogidos los nombres y direcciones de los pasajeros que estuvieron en el mismo vuelo que el primer paciente confirmado con COVID-19 del país. La lista con 82 nombres incluía las direcciones de sus domicilios.

    Leyes de emergencia demasiado amplias y nueva legislación restrictiva

    La sociedad civil internacional ha documentado que una serie de países han declarado el estado de emergencia o han aprobado leyes o regulaciones de emergencia para combatir el virus que otorgan poderes demasiado amplios al Estado y que ponen en peligro las libertades cívicas. El derecho internacional de los derechos humanos es claro: toda nueva medida debe estar sujeta a una adecuada supervisión por parte del parlamento y de los tribunales, no ha de ser discriminatoria y deberá tener una duración determinada.

    Entre los casos emblemáticos destacados por los socios de CIVICUS se encuentra el de Hungria. Su nuevo Proyecto de Ley para la Protección contra el Coronavirus o Proyecto de Ley T/ 9790, aprobado el 30 de marzo, extiende el poder del gobierno para gobernar por decreto y lo sustrae del escrutinio parlamentario durante un tiempo ilimitado. Esta nueva ley también modifica el Código Penal en lo relativo al delito de «comunicación y difusión de información falsa»: cualquier persona que publique hechos falsos o distorsionados que interfieran con la «protección eficaz» de la población o que pudieran alarmar o perturbar a la población podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.

    El gobierno de Camboya redactó un proyecto de ley sobre el estado de emergencia con disposiciones numerosas, demasiado amplias y ambiguas que facultarían al primer ministro Hun Sen para derogar las protecciones de los derechos humanos fundamentales. Esta ley incluye un poder de vigilancia ilimitado de las telecomunicaciones, el control de los medios de comunicación y de las redes sociales, y la plena autoridad para restringir las libertades de movimiento y de reunión. Los artículos 1 y 4 de este proyecto de ley permitirían su aplicación incluso una vez finalizada la crisis.

    Algunos Estados también han utilizado esta crisis para aprobar de manera discreta leyes restrictivas sin el escrutinio adecuado. Por ejemplo, en medio del caos de la pandemia en los Estados Unidos, al menos tres estados han aprobado leyes que imponen nuevas sanciones penales por las manifestaciones contra infraestructuras de combustibles fósiles.

    Recomendaciones para los gobiernos

    Dadas las inquietudes antes descritas, queda claro que los gobiernos deben hacer mayores esfuerzos para respetar las libertades cívicas mientras responden a la pandemia de COVID-19. Los gobiernos deben poner en práctica las siguientes recomendaciones para garantizar que las libertades fundamentales no sean otra víctima del virus:

    • Salvaguardar la libertad de expresión en todas sus formas mientras se combate la pandemia y evitar censurar las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Toda restricción ha de establecerse en cumplimiento de una orden procedente de una autoridad judicial independiente e imparcial, en conformidad con las debidas garantías procesales y con los estándares de legalidad, necesidad y legitimidad, y según el derecho y las normas internacionales.
    • Mantener un acceso constante y sin restricciones a Internet y poner fin a todos los cortes de Internet que impiden que la población acceda a información y servicios esenciales durante la crisis.
    • Investigar las violaciones cometidas contra los defensores de los derechos humanos y contra los periodistas durante la pandemia, y asegurarse de que quienes cometan violaciones sean investigados de manera independiente y oportuna, y de que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
    • Respetar y proteger la libertad de los medios de comunicación durante la pandemia, tal y como garantiza el derecho internacional de los derechos humanos.
    • Cambiar de enfoque en cuanto a la desinformación sobre la pandemia y pasar de estrategias basadas en la censura y las sanciones penales a otras que pongan énfasis en la transparencia y en la libertad de los medios.
    • Asegurarse de que las medidas de vigilancia adoptadas para combatir la pandemia sean legales, necesarias y proporcionadas. En este contexto, asegurarse de que todos los poderes extraordinarios de seguimiento y vigilancia sean temporales y de que solo estén vigentes durante el tiempo necesario para afrontar la crisis actual.
    • Garantizar que la recopilación, retención y agregación de datos personales adicionales, incluidos los datos de carácter sanitario, solo se utiliza para combatir la pandemia.
    • Controlar que los agentes encargados de hacer cumplir la ley respetan la legislación, que no incurren en conductas abusivas para hacer respetar la cuarentena y los toques de queda, que se investigan a los sospechosos de dichos abusos y que se lleva ante la justicia a los responsables.
    • Velar por que las nuevas leyes y decretos de emergencia puestos en marcha para combatir la pandemia no restrinjan en ningún caso ciertos derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida; la prohibición de la tortura u otros castigos crueles, inhumanos o degradantes; el igual reconocimiento ante la ley y la presunción de inocencia. Comprobar que dichas leyes o decretos no sean discriminatorios de ninguna manera, ya sea por motivos de raza, origen étnico, sexo, identidad sexual, idioma, religión u origen social; que sean temporales y que estén sujetos a una supervisión adecuada por parte de los órganos legislativo y judicial. 

     

  • Lo que estamos logrando con nuestros esfuerzos para combatir la COVID-19

    Novedades de la secretaria general

    lysajohnEstimadas/os miembros y aliadas/os de CIVICUS,

    Este ha sido un período particularmente agitado tanto para la sociedad civil como para el mundo en general. Aunque la emergencia mundial desencadenada por la pandemia hace difícil recordar tiempos más tranquilos, con esta actualización pretendemos mostrarles algunos procesos más amplios que son relevantes para nuestra estrategia y que han avanzado en los últimos meses, así como un resumen de algunos resultados inmediatos que estamos obteniendo gracias a nuestras respuestas a la pandemia de COVID-19.

     

    ¿Qué estamos logrando con nuestros esfuerzos para combatir la COVID-19?

    Como la mayoría de los organismos de todo el mundo, el foco de nuestros esfuerzos ha sido asegurar una respuesta efectiva a la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, nuestras iniciativas se han centrado en torno a los siguientes temas: i) Seguridad y apoyo del personal ii) Coordinación con los miembros, los asociados y los donantes iii) Incidencia en materia de espacio cívico y derechos humanos iv) Actuación con otras entidades para abordar cuestiones sistémicas más amplias.

    Entre los principales progresos alcanzados a este respecto cabe mencionar los siguientes:

    • El equipo interno de respuesta a COVID-19 ha trabajado conjuntamente desde los primeros días de marzo para asegurar la continuidad del trabajo y los sistemas de apoyo pertinentes al contexto del personal de CIVICUS. Entre los resultados de este esfuerzo se incluyen equipar a la/os colegas para trabajar a distancia, trasladar las actividades planificadas a espacios virtuales, negociar los plazos y los resultados de las donaciones con los principales donantes y aprovechar la información de los miembros y los compañeros sobre las respuestas a una situación que cambia rápidamente. En consonancia con las continuas repercusiones sanitarias y económicas de la pandemia, hemos adoptado medidas para la aplicación del "Protocolo de Seguridad Social COVID-19" y hemos prorrogado nuestra suspensión de viajes y los actos presenciales para el personal y las personas asociadas hasta septiembre de 2020.
    • En nuestra primera actuación hacia el exterior, publicamos una carta para reforzar la necesidad de flexibilidad y capacidad de respuesta de los donantes, en consonancia con nuestro enfoque de la sostenibilidad y de dotación de recursos de la sociedad civil. Nuestra carta abierta dirigida a donantes se publicó el 19 de marzo, y fue complementada con reuniones de divulgación específicas con una serie de redes de donantes y de desarrollo. En línea con este esfuerzo, ampliamos el Fondo de Solidaridad de CIVICUS para cubrir las solicitudes relacionadas con la COVID-19 y seguimos trabajando con nuestros aliados en el movimiento #ShiftThePower para asegurarnos de que los donantes internacionales están proporcionando el apoyo necesario a las organizaciones locales del sur global en este período.
    • En concordancia con nuestro compromiso con la protección del espacio cívico y los derechos humanos, el 24 de marzo publicamos una declaración instando a los Estados a poner los derechos humanos en el centro de sus estrategias de respuesta. A continuación, se celebró una reunión informativa del CIVICUS Monitor sobre las restricciones y ataques a la sociedad civil que se han registrado desde que se declaró la pandemia. El 16 de abril, también lanzamos una carta abierta a los líderes mundiales en la que se esbozan 12 acciones clave necesarias para proteger el espacio cívico y los derechos humanos. La carta ha recibido más de 600 adhesiones en menos de una semana desde su lanzamiento, y servirá de punto de partida para nuestras actividades de sensibilización ante los gobiernos.
    • De acuerdo a nuestro enfoque de actuar con otras entidades para abordar cuestiones sistémicas más amplias, publicamos el "Protocolo de Seguridad Social COVID-19" el 07 de abril, en línea con el marco de políticas COVID-19 de la OIT. El Protocolo ya ha sido adoptado por cerca de 200 organizaciones, la mayoría de las cuales son organizaciones locales del sur global con recursos limitados. Este enfoque refuerza nuestro relato sobre los cambios sistémicos en los que la sociedad civil y la sociedad en general deben actuar como parte del esfuerzo necesario para reconstruir las sociedades y las economías después de COVID-19. Nuestra participación en la configuración y el apoyo de las respuestas internacionales a la pandemia mediante una estrecha coordinación con los mecanismos de las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York, así como con la nueva plataforma regional para las prioridades políticas de COVID-19 en África.

    Actuando en nuestra revisión de mitad de periodo del Plan Estratégico

    El año pasado dedicamos una cantidad significativa de energía a revisar los progresos realizados con nuestra estrategia. La revisión de mitad de período del plan estratégico dio como resultado 18 recomendaciones principales que fueron definidas tras un proceso de deliberación y planificación del conjunto del secretariado, la junta y los miembros. Nuestra respuesta de gestión consolidada al análisis de la estrategia se publicó el 17 de marzo de 2020 y servirá de base para nuestros planes anuales de la segunda mitad del período de la estrategia, así como para el proceso de planificación de la próxima estrategia que se iniciará en 2021.

    Si bien reconocemos que una parte importante de nuestros esfuerzos de este año deberá reorientarse para responder a los desafíos que la pandemia plantea al espacio cívico y a la sociedad civil, esperamos seguir invirtiendo energías en áreas de trabajo relacionadas con la revisión de mitad de período que hablan de nuestra capacidad para fortalecer la capacidad de la alianza CIVICUS para organizar fuerzas e influir en el cambio de formas más nuevas e innovadoras.

    CIVICUS Midterm Strategy Review.SP

    Mejorando nuestra rendición de cuentas

    Ya está disponible nuestro 11º Informe Anual de Rendición de Cuentas (para 2018/19). La información que hemos recibido del grupo independiente que ha examinado el documento incluye el reconocimiento de los esfuerzos realizados para garantizar una rendición de cuentas dinámica, en particular en lo que respecta a la participación de las partes interesadas, las asociaciones y el aprendizaje. Entre las recomendaciones de mejora se incluye el fortalecimiento de los sistemas para hacer un seguimiento de los gastos destinados a la consecución de los objetivos estratégicos, así como la gestión de nuestros sistemas de comunicación de resultados. Ambas son áreas a las que prestaremos atención este año.

    Esperamos con interés su continua participación y sus ideas en los próximos meses.

    En solidaridad,
    Lysa John
    Secretaria general de CIVICUS
    @lysajohn (Johannesburgo, Sudáfrica)

     

  • Lors de la Journée internationale Mandela, environ 200 organisations de défense des droits demandent la libération des militants dans le cadre de la campagne #StandAsMyWitness

    • 197 organisations de défense des droits de l'homme signent une lettre appelant les États à mettre fin à l'emprisonnement et au harcèlement des défenseurs des droits de l'homme
    • Les États sont priés de mettre fin aux nouvelles arrestations et détentions de défenseurs, notant un risque accru lors du COVID-19
    • Lancement de la campagne #StandAsMyWitness le 18 juillet, lors de la journée Nelson Mandela, avec des défenseurs des droits de l'homme du monde entier

     

  • Los Estados deben aliarse con la sociedad civil porque la segunda ola de la COVID-19 ya azota a los países

    Árabe | Portugués

    Cuando la pandemia de COVID-19 arrasaba el mundo, las organizaciones de la sociedad civil respondieron con agilidad y eficacia, proporcionaron ayuda en la primera línea y defendieron los derechos de las personas en todo el mundo. El informe ‘La solidaridad en tiempos de COVID-19’ publicado hoy por CIVICUS, alianza global de organizaciones de la sociedad civil, subraya el papel irreemplazable de los activistas, las ONG y las organizaciones de base durante la pandemia a la vez que exhorta a los Estados a trabajar con la sociedad civil para mitigar el impacto de la COVID-19 y crear un mundo mejor para después de la pandemia. 

     

  • MALAISIE : « Les migrants sont parmi les premiers à être victimes de traitements injustes et de discriminations pendant la pandémie »

    Adrian PereiCIVICUS s’entretient avec Adrian Pereira, directeur exécutif de l’Initiative Nord-Sud (NSI par son sigle anglais), sur la situation des travailleurs migrants en Malaisie dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

    La NSI contribue à renforcer les capacités de plaidoyer et de leadership des migrants, des réfugiés et des apatrides, qu’ils soient ou non en situation régulière, afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Elle surveille également les violations en matière de travail et de migration commises par les autorités, les employeurs et les travailleurs locaux, en veillant à ce que les organisations de migrants soient reliées à un réseau de solidarité solide et soient en mesure de coopérer avec d’autres organisations de la société civile (OSC) et des syndicats.

    On estime qu’il y a entre trois et six millions detravailleurs migrants en Malaisie. Ces personnes sont souvent exploitées en raison de multiples facteurs combinés, à savoir des recruteurs et des employeurs sans scrupules, des politiques migratoires sévères, des chaînes d’approvisionnement non contrôlées, et la non-application des mesures de protection des travailleurs. En outre, leur passeport leur est confisqué, ils sont sous-payés (en violation aux lois sur le salaire minimum), vivent dans des conditions précaires, se voient infligés des amendes comme forme de punition, et paient des frais de recrutement et des dettes élevés aux agences de recrutement et aux employeurs. Ils doivent également faire face au travail forcé, à la traite des êtres humains et à des retenues sur leur salaire. Unrapport sur la capacité des migrants et des réfugiés à exercer leurs libertés civiques, produit par CIVICUS et le Solidarity Center en collaboration avec la NSI, a montré qu’en Malaisie, le droit aux libertés d’association, de réunion pacifique et d’expression de ces minorités vulnérables est sévèrement restreint.

    Quelle était la situation des travailleurs migrants en matière d’accès aux services de santé avant la pandémie ?

    En 2016, la Malaisie a supprimé les subventions qui permettaient aux travailleurs migrants d’accéder aux services de santé publique. Comme les migrants dépendent fortement des services médicaux publics, ce mouvement a entraîné une baisse de la qualité et de l’accessibilité des services de santé à leur détriment, qu’ils soient en situation régulière ou non, car le coût élevé des services de soins privés les dissuade généralement de chercher une alternative. Bien que les migrants, leurs employeurs et leurs agents paient chaque année des milliards de dollars malaisiens en prélèvements, taxes et autres types de frais, ils ne reçoivent pas en retour les soins de santé auxquels ils ont droit.

    Les personnes sans papiers ne peuvent accéder qu’aux soins de santé privés :  si elles tentent d’accéder aux soins de santé publics, les services d’immigration en seront informés et les arrêteront. Au fil des ans, les sans-papiers ont brutalement été réprimés par la police, les services de l’immigration et des douanes et le Corps des volontaires du peuple, les décourageant encore plus à chercher à se faire soigner.

    Il existe également un manque de compréhension au niveau culturel entre les professionnels de la santé et les migrants, ce qui leur complique encore plus l’accès à des services de santé appropriés. Les personnes employées comme domestiques, qui n’ont aucun jour de congé et sont enfermées entre quatre murs, ont encore plus de difficultés à y accéder.

    Un grand pas a été franchi en 2019 : les migrants en situation régulière ont été inclus dans le système national de sécurité sociale, ce qui leur garantit des indemnités plus élevées et de meilleurs soins de santé en cas d’accidents ou de maladies liés au travail. Mais lorsqu’il s’agit d’accidents et de blessures non liés au travail, les assureurs privés offrent une couverture minimale.

    Quels sont les autres défis auxquels les travailleurs migrants sont confrontés depuis la pandémie de COVID-19 ?

    De nombreux travailleurs migrants, notamment ceux qui sont sans papiers ou clandestins, ont perdu leur source de revenus. Par conséquent, ils ne peuvent pas payer la nourriture, le loyer ou les médicaments, sauf s’ils ont été testés positifs à la COVID-19, auquel cas leurs frais de quarantaine et de soins sont couverts par le gouvernement. Seuls les migrants qui fournissent des « services essentiels » approuvés par le gouvernement sont autorisés à travailler. Toutefois, leur sécurité dépend du respect des règles fixées par le gouvernement par les entreprises autorisées à opérer. Ces règles visent à protéger le travailleur contre le risque de contracter le virus, afin qu’il puisse continuer à travailler. Cependant, en règle générale, personne ne surveille la situation.

    Le gouvernement a annoncé le lancement d’un programme de relance économique qui a malheureusement exclu les travailleurs migrants. Il existe une subvention salariale pour les travailleurs afin que les entreprises ne soient pas obligées de licencier des employés, mais elle ne s’applique pas aux travailleurs migrants. Auparavant, les travailleurs migrants étaient également exclus du régime d’assurance des travailleurs relevant de l’agence nationale de sécurité sociale, qui offre un filet de sécurité aux travailleurs licenciés. Les ordres de contrôle des mouvements (OCM) imposés par le gouvernement pour restreindre les déplacements, qui sont entrés en vigueur le 18 mars, ont rendu beaucoup plus difficile pour les migrants de se déplacer pour accéder aux services de base, à la nourriture, aux services bancaires et autres biens ou services essentiels. Dans les zones des OCM élargies, les prestataires de services ne peuvent même pas entrer. Les secteurs informels de l’économie licencient et abandonnent ceux qui y travaillaient, notamment les sans-papiers et les réfugiés.

    Les employeurs obligent leurs employés migrants à démissionner ou à prendre un congé sans solde et profitent des OCM pour éviter de payer leurs employés. La NSI a reçu des rapports sur au moins deux cas de salaires impayés avant l’imposition des OCM. L’une de ces personnes n’avait pas été payée depuis décembre 2019, tandis que l’autre n’avait pas été payée depuis février 2020.

    La peur est également instillée par de faux messages et de la désinformation sur Internet, exposant ainsi les migrants à une réaction hostile de la part de la population malaisienne. Le gouvernement a promis de ne pas arrêter ou détenir les migrants qui se rendent au test de dépistage de la COVID-19. Cependant, les migrants ont encore très peur, et beaucoup ne se manifestent pas. Certains secteurs plus « agressifs » sur le plan économique font pression sur le gouvernement pour que ce dernier les autorise à reprendre leurs activités, afin que les travailleurs puissent retourner au travail. Ce cas de figure s’est produit, par exemple, dans le secteur de l’huile de palme dans l’État de Sabah.

    L’Union européenne (UE) expose également les travailleurs migrants et malaisiens au risque de travail forcé en demandant aux fabricants malaisiens d’équipements de protection individuelle (EPI) d’assurer la continuité de la production pendant la pandémie. L’UE a proposé des incitations fiscales aux entreprises malaisiennes qui fournissent des EPI. En outre, les petites et moyennes entreprises qui, pendant de nombreuses années, ont embauché des travailleurs sans papiers, abandonnent aujourd’hui leurs employés, sous prétexte qu’ils manquent d’argent.

    Comment la NSI et d’autres OSC ont-ils réagi à cette situation ?

    Nous formons des leaders migrants afin de garantir que leurs communautés aient accès aux réseaux qui fournissent des services et puissent partager des informations précises sur les besoins existants avec ceux qui fournissent ces services. Certains réseaux publics, tels que le groupe Care Mongering Malaysia, offrent à la population malaisienne une plateforme pour aider les migrants et les réfugiés dans le besoin. Il s’agit d’une plateforme en ligne qui met en relation ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui peuvent payer pour ce service. Les temples sikhs offrent également de la nourriture et des paniers-repas.

    D’autres OSC travaillent d’arrache-pied sur le terrain pour distribuer de la nourriture : BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganitaet d’autres organisations communautaires de réfugiés et de migrants. Les travailleurs migrants peuvent les appeler lorsqu’ils ont besoin d’aide pour obtenir de la nourriture.

    Nous formons un réseau pour assurer la fourniture de services à long terme, car nous pensons que la situation va perdurer pendant de nombreux mois. De nombreux travailleurs migrants vont rester en Malaisie et ont besoin d’aide, c’est pourquoi nous développons une chaîne d’approvisionnement pour les soutenir.

    Nous veillons à ce que les migrants reçoivent des informations correctes de la part d’agences mondiales telles que l’Organisation internationale pour les migrations, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, ainsi que de différentes agences gouvernementales liées à la santé, au travail, à la sécurité et au bien-être. Nous fournissons, entre autres, des informations dans différentes langues avec des infographies sur les services de conseil et les questions de santé.

    Nous luttons également contre la désinformation liée aux travailleurs migrants et aux réfugiés. Il y a eu beaucoup de craintes parce qu’ils ont été accusés de propager le virus.

    D’autre part, nous encourageons les migrants à se faire soigner s’ils sont malades et nous surveillons les employeurs qui profitent de la situation actuelle et commettent des violations des droits du travail, notamment parce que les OCM ont en partie empêché les avocats de leur fournir une représentation et des conseils juridiques.

    D’autres OSC fournissent des conseils, distribuent de la nourriture, collectent des fonds, surveillent le trafic d’êtres humains, proposent des services en matière d’égalité des sexes et de maternité et répondent aux besoins des femmes.

    De quel type de soutien la société civile malaisienne a-t-elle besoin en ce moment ?

    Nous avons besoin d’argent pour répondre aux besoins des migrants, par exemple pour acheter de la nourriture, payer les factures et le loyer, et pour les rapatrier en toute sécurité lorsque les OCM seront révoquées. Nous sommes également à la recherche de possibilités de financement, car tant que les OCM restent en vigueur, nous ne pouvons pas organiser de réunions physiques et la plupart des campagnes de collecte de fonds sont basées sur ces réunions. Nous avons également besoin de services d’aide juridique pour les personnes qui sont injustement licenciées et détenues.

    Quelles leçons avez-vous tirées jusqu’à présent de la pandémie ?

    Nous avons constaté que le gouvernement a à peine consulté les OSC avant de mettre en œuvre des politiques, ce qui n’est pas conforme aux principes de bonne gouvernance. En outre, ceux qui violent les OCM sont excessivement punis, y compris ceux qui sont contraints de commettre de telles violations pour résoudre des problèmes liés à leur subsistance. En outre, l’approche de la migration de plus en plus axée sur la sécurité au fil des ans a entraîné des représailles contre les migrants, qui ont été marginalisés.

    Les migrants sont parmi les premiers à être victimes de traitements injustes et de discriminations pendant la pandémie, car ils sont exclus et ne disposent pas de réseaux de soutien solides. Un système capitaliste qui fonctionne sur la base de chaînes d’approvisionnement mondiales et d’énormes sociétés ne dispose pas d’un plan de gestion des risques approprié pour garantir la transparence et la reddition de comptes. En outre, les statistiques publiées par le gouvernement malaisien ne sont pas fiables, puisque ce dernier falsifie le nombre de personnes en situation de pauvreté. D’autre part, il n’a pas su faire face aux problèmes résultant du grand nombre de travailleurs sans papiers en raison de l’ingérence de ce l’on appelle l’« État profond ».

    Dans le cadre des OCM et des OCM élargies, les droits civiques des migrants ont été suspendus, ce qui a affaibli leur pouvoir de négociation pour obtenir des droits. La coopération entre les pays d’origine des migrants et la Malaisie a également été insuffisante pour garantir le rapatriement en toute sécurité de ceux qui souhaitent rentrer chez eux, ce qui entraîne des risques élevés d’infection pour tout le monde. Nous avons reçu des informations selon lesquelles, dans le cadre des OCM, les migrants et les réfugiés sont contraints d’utiliser des voies irrégulières pour rentrer chez eux. Les ambassades, quant à elles, se sont tournées vers les Malaisiens pour fournir une assistance à leurs citoyens.

    Contrairement à ce que je croyais, les OSC ne sont pas assez unies pour parvenir à dégager un consensus afin de résoudre efficacement les difficultés, car elles ont également eu du mal elles-mêmes à y faire face. Dans le même temps, certains Malaisiens qui avaient peut-être des préjugés envers les migrants ont agi avec compassion et se sont montrés solidaires envers eux en cette période de besoin. Comme nous le savons déjà, à long terme, les contributions économiques des migrants ont fini par profiter à tout le monde sauf aux migrants eux-mêmes.

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  • MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

    Adrian Perei

    CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

    NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

    Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

    ¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

    En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

    Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

    También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

    En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

    ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

    Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

    El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

    Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

    También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

    La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

    ¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

    Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

    Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

    Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

    Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

    También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

    Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

    Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

    ¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

    Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

    ¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

    Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

    Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

    Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

    Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

    El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor

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  • MALAUI: ‘La sociedad civil espera que la agenda del nuevo gobierno priorice los derechos humanos’

    CIVICUS conversa con Michael Kaiyatsa, Director Ejecutivo interino del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Centre for Human Rights and Rehabilitation,CHRR), sobre las recientes elecciones presidenciales de Malaui, celebradas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y resultaron en un cambio de gobierno. El CHRR es una organización de la sociedad civil (OSC) que apoya y promueve la democracia y los derechos humanos en Malaui. Su misión es contribuir a la protección, promoción y consolidación de la buena gobernanza mediante el empoderamiento de las comunidades rurales y urbanas para que ejerzan sus derechos. Fundada en 1995 por antiguos estudiantes exiliados que regresaron al país atraídos por la promesa de una nueva democracia, opera a través de dos programas principales: Movilización y Empoderamiento Comunitario y Monitoreo y Capacitación en Derechos Humanos.

     

  • MALAWI : « La société civile attend du nouveau gouvernement qu’il donne la priorité aux droits humains »

    CIVICUS s’entretient avec Michael Kaiyatsa, directeur exécutif par intérim du Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR), au sujet des récentes élections présidentielles au Malawi, qui se sont déroulées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et ont abouti à un changement de gouvernement. Le CHRR est une organisation de la société civile (OSC) qui soutient et promeut la démocratie et les droits humains au Malawi. Sa mission est de contribuer à la protection, la promotion et la consolidation de la bonne gouvernance en donnant aux communautés rurales et urbaines les moyens d’exercer leurs droits. Fondée en 1995 par d’anciens étudiants exilés qui sont rentrés dans le pays, attirés par la promesse d’une nouvelle démocratie, elle opère à travers deux programmes principaux : la mobilisation et l’autonomisation des communautés et la surveillance et la formation en matière de droits humains.

    MichaelKaiyatsa

    L’élection présidentielle a eu lieu au Malawi en juin 2020, en pleine pandémie de COVID-19 et en pleine crise politique. Quels rôles ont joué la société civile et le système judiciaire dans la réalisation de l’élection ?

    Je pense qu’il est juste de dire que les manifestations menées par les avocats et la société civile ont ouvert la voie à la tenue d’une nouvelle élection présidentielle. L’élection qui s’est tenue le 23 juin 2020 était un nouveau scrutin ordonné par la Cour constitutionnelle du Malawi le 3 février 2020, lorsqu’elle a décidé d’annuler l’élection présidentielle du 21 mai 2019, en invoquant des irrégularités massives.

    Lors de la présidentielle de mai 2019, le président sortant Peter Mutharika a été déclaré vainqueur au scrutin majoritaire à un tour, avec 38,57 % des voix. Cependant, l’opposition a affirmé que l’élection était frauduleuse. Elle a cité, entre autres, l’utilisation présumée de liquide correcteur Tippex pour modifier les chiffres sur les bulletins de vote. Le Dr Lazarus Chakwera, du Malawi Congress Party (MCP), et le Dr Saulos Chilima, du United Transformation Movement, ont demandé à la Cour constitutionnelle d’annuler les résultats de l’élection présidentielle. Tous deux ont invoqué des irrégularités généralisées, notamment l’utilisation de Tippex et des signatures manquantes sur certaines listes de résultats.

    L’arrêt historique de la Cour constitutionnelle, validé ensuite par la Cour suprême, constitue une illustration remarquable de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans la démocratie naissante du Malawi. Cependant, la clé de cet arrêt n’est pas seulement l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais aussi les mois de manifestations de masse menées par la société civile. Les protestations étaient si soutenues et vigoureuses qu'elles ne pouvaient être ignorées par les institutions démocratiques majeures comme le pouvoir judiciaire. La Human Rights Defenders Coalition, un groupement influent de la société civile, a courageusement conduit des milliers de personnes dans les rues à maintes reprises pour protester contre les résultats erronés des élections de mai 2019. Cette action a été particulièrement importante car elle a considérablement augmenté la pression sur le pouvoir judiciaire et d'autres institutions démocratiques incontournables pour qu'ils agissent comme il se doit. Il ne s’agit pas de sous-estimer le rôle joué par le pouvoir judiciaire. Les juges se sont vraiment levés pour défendre la démocratie. Avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il y a eu plusieurs tentatives de corruption des juges pour que l'arrêt soit favorable à l’ancien président Mutharika ; un banquier de premier plan a d’ailleurs été arrêté dans le cadre de cette affaire de corruption. De nombreuses menaces ont également pesé sur l’indépendance du pouvoir judiciaire avant la tenue de la nouvelle élection, notamment une tentative du gouvernement de mettre à la retraite anticipée des juges de haut rang de la Cour suprême quelques jours avant l’élection. Les juges auraient pu facilement succomber à cette intimidation et statuer en faveur de Mutharika, mais ils ne l’ont pas fait. Au contraire, ils ont tenu bon et ont rendu un jugement qui a radicalement changé la façon dont le Malawi est gouverné.

    La société civile a contesté avec succès la décision du gouvernement précédent d’imposer un confinement. Pourquoi l’a-t-elle fait, alors que d’autres pays dans le monde mettaient en œuvre des mesures similaires ?

    La société civile voulait que le confinement soit suspendu jusqu’à ce que le gouvernement trouve un moyen de protéger les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Les groupes de la société civile étaient mécontents que le gouvernement n’ait pas mis en place un filet de sécurité sociale pour les personnes les plus vulnérables pendant le confinement, ce qui a conduit la Human Rights Defenders Coalition et d’autres OSC à demander une décision de justice pour la suspendre. Il s’agit d’un instantané de la réalité que vivent de nombreuses personnes au Malawi au quotidien.

    Il est également important de noter que la demande de la société civile est intervenue après que des milliers de commerçants informels dans les villes de Blantyre et de Mzuzu et dans des districts tels que Thyolo soient descendus dans la rue pour protester contre le confinement avec des banderoles sur lesquelles était écrit « nous préférons mourir du coronavirus plutôt que de mourir de faim ». Beaucoup de ces vendeurs sont des gens qui gagnent leur vie au jour le jour et un confinement aurait pu les affecter gravement. La société civile et les citoyens soupçonnaient de plus en plus le gouvernement d’essayer d’utiliser le confinement pour justifier l’annulation ou le report des élections.

    Quel a été le taux de participation aux élections ? A-t-on craint que les citoyens ne se déplacent pas pour voter par peur de contracter le virus ?

    On craignait que les gens ne se rendent pas aux urnes en grand nombre par peur de la contagion dans le contexte de la pandémie. On craignait, par exemple, qu’étant donné la nécessité de ne pas se réunir en grands groupes et de maintenir une distance sociale, les citoyens préfèrent ne pas quitter leur domicile pour voter, par souci de leur propre santé et de celle de leur famille. Il y avait également un risque important que les personnes dissuadées de voter appartiennent de manière disproportionnée aux groupes d’âge plus élevés ou aux personnes souffrant de maladies préexistantes. Ainsi, la légitimité de l’élection pouvait être sapée par des restrictions injustes imposées à certains segments de la société et donc par leur participation inégale.

    Ces craintes se sont en partie concrétisées. La participation des électeurs a été plus faible que lors des élections précédentes. Sur les 6 859 570 Malawites inscrits pour voter en 2020, 64,8 % ont voté. Ce chiffre est inférieur à celui de mai 2019, lorsque 74,4 % des électeurs inscrits avaient participé. Mais le faible taux de participation pourrait également être attribué à l’insuffisance des campagnes d’éducation civique et électorale. Contrairement aux élections précédentes, la plupart des OSC n’ont pas été en mesure de mener à bien ces campagnes en raison d’un manque de ressources. L’incertitude quant à la date des élections a rendu difficile la mobilisation des ressources par les OSC. La précédente Commission électorale du Malawi (MEC) n’a pas donné suffisamment confiance à la population pour que les élections aient lieu dans le délai imparti de 150 jours. La date officielle de l’élection a été fixée à peine deux semaines à l’avance, et il n’a pas été facile de mobiliser des ressources pour mener une éducation civique et électorale dans un délai aussi court.

    Cependant, il est également possible que certains Malawites aient évité de se rendre aux urnes à cause de la pandémie de COVID-19. Le jour de l’élection, on comptait déjà 803 cas documentés et 11 décès dus au COVID-19 au Malawi. Il est donc possible que certaines personnes - en particulier les personnes âgées ou celles ayant des problèmes de santé préexistants - se soient abstenues de se rendre aux urnes.

    Quels ont été les défis de l’organisation d’élections pendant une pandémie ?

    L’expérience du Malawi a montré que l’organisation d’élections pendant une pandémie peut être très difficile. Les mesures de précaution émises par le gouvernement n’autorisent pas les rassemblements de plus de 100 personnes. Cependant, la plupart des partis politiques ont ignoré cette restriction et ont organisé des événements de campagne qui dépassaient ce nombre.

    L’un des principaux défis auxquels la MEC a été confrontée lors de ces nouvelles élections était la nécessité de donner la priorité à la santé et à la sécurité des électeurs tout en garantissant l’intégrité des élections. La MEC dispose généralement d’un budget pour l’éducation des électeurs qui est utilisé avant chaque élection. Cependant, comme cette nouvelle élection n’a pas été budgétisée à l’avance, la MEC a dû faire face à des difficultés financières, qui ont été aggravées par la pandémie de COVID-19, car elle a nécessité l’achat d’équipements de protection individuelle, ajoutant des contraintes budgétaires supplémentaires.

    La MEC a également rencontré des difficultés importantes en ce qui concerne la production et la distribution du matériel de vote. Le Malawi importe beaucoup de matériel électoral d’autres pays. Alors que le Malawi se préparait aux nouvelles élections, de nombreux pays étaient en confinement total ou partiel en raison de la pandémie. Cela a eu des répercussions sur les préparatifs des élections, car certains fournisseurs ont eu des difficultés à transporter des matériaux au-delà des frontières internationales. En conséquence, l’impression des bulletins de vote, qui a eu lieu à Dubaï, a connu des retards importants.

    Un autre défi a été que les partis politiques n’ont pas pu surveiller le processus d’impression des bulletins de vote, comme cela a toujours été le cas, en raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19. Une autre conséquence importante de la pandémie a été l’absence d’observateurs électoraux internationaux. Compte tenu des restrictions de voyage imposées dans le monde entier, la capacité des observateurs internationaux à contrôler les élections a été considérablement réduite. Et comme mentionné ci-dessus, la pandémie a également affecté la participation électorale.

    Maintenant que l’élection a abouti à la nomination d’un nouveau président, qu’attend la société civile du nouveau gouvernement ?

    La société civile attend beaucoup du nouveau gouvernement. Principalement, elle attend que le programme du nouveau gouvernement donne la priorité aux droits humains et renforce les libertés fondamentales de tous les Malawites, conformément aux normes internationales en la matière. On attend également du gouvernement qu’il agisse pour protéger l’espace de la société civile. La nouvelle élection présidentielle s’est déroulée dans un contexte d’attaques concertées du gouvernement contre la société civile et le pouvoir judiciaire. Nous attendons du nouveau gouvernement qu’il tienne sa promesse électorale de protéger l’espace civique et de permettre aux OSC de fonctionner librement.

    Dans son manifeste électoral de 2019, le MCP, qui dirige l’Alliance Tonse (un mot qui signifie « nous tous »), une coalition de neuf partis politiques formée quelques semaines avant la nouvelle élection pour déloger Mutharika, a promis de soutenir le fonctionnement des OSC locales et internationales de défense des droits humains grâce à un cadre politique, institutionnel et législatif permissif et habilitant, et de faciliter le développement progressif d’une société civile pleinement capable de demander des comptes au gouvernement et de faire respecter les droits des citoyens. Nous espérons que le nouveau gouvernement donnera suite à cette promesse et retirera le projet de loi oppressif sur les ONG de 2018, qui contient un certain nombre de dispositions susceptibles de constituer une menace pour la capacité des OSC à fonctionner. Le projet de loi augmenterait le montant de la pénalité imposée à une OSC en infraction avec la loi, qui passerait de 70 dollars US actuellement à 20 000 dollars US. Il prévoit également une peine de sept ans de prison pour les dirigeants d’OSC reconnus coupables de violation de la loi. Ainsi, par exemple, si vous tardez à envoyer un rapport à l’Autorité des ONG, vous risquez une amende de 20 000 dollars US. En outre, les directeurs de l’organisation pourraient être envoyés en prison pour sept ans. Il s'agit d'une disposition ridicule. C’est le genre de disposition que l’on ne trouve que dans les États autoritaires. Nous espérons également que le nouveau gouvernement supprimera le nouveau régime de cotisation, qui est répressif et impose une lourde charge aux OSC, et rétablira l’ancien système de cotisation. Les nouveaux frais que les OSC doivent payer au Conseil des ONG ont été augmentés en janvier 2018, passant de 70 dollars US à 1 400 dollars US.

    De quel soutien la société civile malawite aura-t-elle besoin de la part des partenaires internationaux pour aider à soutenir la démocratie au Malawi ?

    Maintenant que les élections sont terminées, il est urgent que la société civile se réunisse et élabore une feuille de route et des plans d’action comprenant un mécanisme solide de contrôle des actions du gouvernement. Pour ce faire, et en particulier pour développer leurs capacités à demander au nouveau gouvernement de rendre compte de ses engagements, les OSC ont besoin du soutien des OSC internationales. Les OSC ont également besoin d’un soutien financier pour renforcer leur rôle en tant qu’acteurs de la gouvernance et de la responsabilité locales. La viabilité financière est essentielle pour que les OSC locales deviennent des organisations résilientes et efficaces. Les OSC et les donateurs internationaux ont un rôle clé à jouer pour contribuer à la durabilité des OSC locales. Enfin, les OSC ont besoin du soutien moral des OSC internationales pour être plus efficaces. Pendant la campagne pour l’intégrité des élections, les OSC locales ont reçu un soutien massif de la société civile internationale par le biais de déclarations dans les médias et de lettres aux autorités. Nous espérons que ce soutien se poursuivra tandis que nous nous lançons dans la tâche ardue de surveiller les actions du nouveau gouvernement, notamment en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la fin de la culture d’impunité qui prévaut depuis longtemps en ce qui concerne les violations des droits humains.

    L’espace civique au Malawi est classé « obstrué » par leCIVICUS Monitor.

    Contactez le Centre for Human Rights and Rehabilitation via sonsite web ou sa pageFacebook, et suivez@CHRRMalawi sur Twitter. 

     

  • MALAWI : « Les filles doivent être protégées non seulement contre la COVID-19, mais aussi contre la violation endémique de leurs droits »

    Ephraim Chimwaza pictureCIVICUS s’entretient avec Ephraim Chimwaza, directeur exécutif du Centre for Social Concern and Development (CESOCODE), une organisation de la société civile (OSC) qui travaille sur les questions de santé reproductive et promeut les droits des femmes au Malawi. Le CESOCODE s’emploie à mettre fin à toutes les formes de violence fondée sur le genre subies par les filles, les adolescents et les jeunes femmes et promeut leurs droits humains et leur bien-être par le biais du plaidoyer, de la recherche, de l’éducation, de la formation et de la fourniture de services de santé reproductive de base.

    Quelle est la situation des filles et des jeunes femmes au Malawi ?

    Au Malawi, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les filles rencontrent plus d’obstacles que les garçons dans l’accès à l’éducation et à l’emploi, et beaucoup d’entre elles ne connaissent pas leurs droits. Le manque d’accès aux opportunités favorise également le mariage des enfants, ce qui compromet également dans une large mesure la réalisation des droits des filles.

    Le Malawi s’est engagé à mettre un terme aux mariages d’enfants, aux mariages précoces et aux mariages forcés d’ici 2030, conformément à la cible 5.3 des Objectifs de développement durable, et a également ratifié plusieurs instruments internationaux à cette fin. Pourtant, 42 % des filles au Malawi sont mariées de force avant l’âge de 18 ans, et près de 10 % sont mariées avant l’âge de 15 ans. Dans certains groupes ethniques, les mariages arrangés sont couramment utilisés pour créer des alliances entre les familles. Dans tout le pays, les familles les plus pauvres donnent souvent leurs filles en mariage pour réduire la charge économique que représente leur entretien, ou dans l’espoir de leur offrir une vie meilleure. Dans d’autres cas, elles les forcent à se marier si elles tombent enceintes, afin qu’elles ne déshonorent pas leur famille. Certains parents qui se trouvent dans des situations désespérées, obligent également leurs filles à avoir des rapports sexuels en échange d’argent ou de nourriture.

    La violence contre les adolescentes et les jeunes femmes est monnaie courante. Une jeune femme sur quatre a récemment subi des violences de la part de leur conjoint, mais peu d’entre elles cherchent de l’aide. La violence sexuelle et les autres formes de violence à l’encontre des femmes et des filles sont largement acceptées par la société, même par les jeunes. Il n’est pas surprenant que les adolescentes continuent de faire les frais de l’épidémie de VIH. Le nombre de filles âgées de 10 à 19 ans qui vivent avec le VIH est en augmentation, et près de trois nouveaux cas d’infections sur quatre concernent des adolescentes.

    Comment le CESOCODE contribue-t-il à relever ces défis ?

    Depuis 2009, nous nous efforçons de promouvoir les droits des filles et l’éradication du mariage des enfants. À cette fin, nous coopérons avec les communautés et leurs dirigeants pour encourager les filles à rester à l’école. Nous offrons aux adolescentes un espace sûr où elles peuvent accéder à des services de santé sexuelle et reproductive, et nous offrons des conseils aux victimes de violences sexistes.

    Nous faisons également partie d’une initiative mondiale appelée « Girls Not Brides», qui regroupe plus de 1 300 OSC dans plus de 100 pays, et dont l’objectif est de mettre fin au mariage des enfants et d’aider les filles à réaliser pleinement leur potentiel en leur donnant accès aux services de santé, à l’éducation et à de meilleures opportunités. Grâce à ce partenariat, nous attirons l’attention du monde sur le mariage des enfants et les violations concomitantes des droits des filles, nous aidons à faire comprendre le problème et appelons à des changements dans les lois et à la mise en œuvre de politiques et de programmes qui feront la différence dans la vie de millions de filles.

    Quelle incidence la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur les filles au Malawi, et comment avez-vous réussi à continuer à travailler dans ce contexte ?

    La pandémie de COVID-19 a des répercussions sur les filles au Malawi. Nous le constatons déjà dans les communautés où nous travaillons. Les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement ont entraîné la fermeture d’écoles. L’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, qui était déjà limité, s’est encore réduit, étant donné que les centres de santé et les cliniques mobiles ont également suspendu leurs soins. Pendant le confinement, les cas de violence sexiste et d’abus sexuels ont augmenté, mais leur signalement a diminué. La plupart des filles ne sont pas en mesure de dénoncer les violences sexistes qu’elles subissent et doivent continuer à vivre avec leurs agresseurs en craignant pour leur vie.
    Nos programmes et activités ont été affectés par les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement visant à réduire le risque d’infection par la COVID-19. Nous n’avons pas été en mesure de rencontrer physiquement les filles et de leur fournir des services essentiels, tels que des préservatifs et des contraceptifs. Les filles ne peuvent pas quitter leur domicile pour assister à des réunions, des ateliers ou des conférences, car tous les rassemblements publics ont été interdits afin de respecter les mesures de distanciation.

    Cependant, nous avons continué à être à l’écoute des filles par différents moyens.

    Premièrement, nous les informons en diffusant par exemple des messages sur la santé publique et la prévention de la violence domestique sur Facebook et WhatsApp. Nous avons développé un service de messagerie Bluetooth de mobile à mobile qui nous permet de rester en contact avec les filles et qu’elles peuvent utiliser pour nous alerter si elles sont en danger. Nous avons également produit un court podcast axé sur la violence domestique à l’égard des filles, qui comprend une version en langue des signes afin de ne pas exclure celles qui sont sourdes ou malentendantes.
    Deuxièmement, nous utilisons la radio et la télévision communautaires pour diffuser des messages personnalisés et proposer des talk-shows afin que les filles qui sont à la maison puissent entendre nos messages de prévention de la violence fondée sur le genre. Une interprétation en langue des signes est également disponible.
    Troisièmement, nous continuons à travailler dans les communautés, en diffusant des messages de bouche à oreille ou par le biais de haut-parleurs. Nous utilisons notre véhicule avec haut-parleur pour faire le tour des communautés et diffuser des informations sur la prévention de la violence sexiste et du mariage des enfants et pour promouvoir les droits des filles en général.

    Quatrièmement, nous distribuons des documents de sensibilisation pour expliquer les conséquences des violations des droits des filles et indiquer où signaler les cas de violence à leur encontre. Pour ce faire, nous distribuons des dépliants et des brochures, et nous apposons des affiches dans les endroits où les filles et les adolescents passent fréquemment, comme les magasins, les fontaines à eau et les supérettes. Ces documents sont toujours rédigés dans la langue locale et comportent des images pour faciliter la compréhension du contenu.
    Ainsi, nous avons pu poursuivre notre travail et nous n’avons pas abandonné les filles qui nous font confiance à un moment où elles ont le plus besoin de nous.

    Selon vous, quelles sont les clés du succès que nous constatons aujourd’hui ?

    Je pense qu’il y a trois facteurs principaux qui expliquent les bons résultats que nous avons obtenus.

    Tout d’abord, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les dirigeants communautaires et d’autres parties prenantes clés pour faire en sorte qu’ils continuent de soutenir la politique de tolérance zéro en matière de violence sexiste à l’encontre des filles. Nous avons organisé des réunions virtuelles et partagé des programmes de podcasts avec des parties prenantes qui travaillent avec des filles. L’objectif est d’encourager des relations positives et saines afin de prévenir la violence à leur égard, tout en promouvant la santé reproductive des jeunes femmes pendant la pandémie de COVID-19. 

    Ensuite, nous avons identifié des outils peu coûteux qui nous ont permis de maintenir le contact avec les filles et de continuer à les autonomiser pendant la pandémie. Pour ce faire, nous avons utilisé les nouvelles technologies lorsqu’elles étaient disponibles et accessibles, et nous avons cherché à créer des liens par d’autres moyens avec les filles vivant dans des communautés qui n’ont pas accès aux réseaux sociaux.
    Enfin, nous avons fait pression pour intégrer des messages de prévention de la violence fondée sur le genre dans le matériel de prévention de la COVID-19, afin que les services de santé communiquent avec les filles et leur apportent un soutien et une protection totale, non seulement contre la COVID-19 mais aussi contre la violation endémique de leurs droits.

    L’espace civique au Malawi est classé comme « obstrué » par le CIVICUS Monitor.
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  • MALAWI: ‘Civil society expects new gov. to place rights at the top of its agenda’

    CIVICUS speaks with Michael Kaiyatsa, acting Executive Director of the Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR),about the recent presidential election in Malawi, which were held in the context of the COVID-19 pandemic and led to a change of government. The CHRR is civil society organisation (CSO) aimed at supporting and promoting democracy and human rights in Malawi. Its mission is to contribute towards the protection, promotion and consolidation of good governance by empowering rural and urban communities to exercise their rights. Founded in 1995 by former student exiles who returned home to the promise of a new democracy, it operates through two core programmes: Community Mobilisation and Empowerment and Human Rights Monitoring and Training.

    MichaelKaiyatsa 

    Amidst the COVID-19 pandemic and a political crisis, the presidential election was held in Malawi in June 2020. What was the role of civil society and the judiciary in ensuring that the election took place?

    I think it is fair to say that judges and civil society-led protests paved the way for the fresh presidential election to be held. The election that was held on 23 June 2020 was a rerun ordered by Malawi’s Constitutional Court, which ruled on 3 February 2020 to overturn the 21 May 2019 presidential election, citing massive irregularities.

    In the May 2019 presidential contest, the incumbent, Peter Mutharika, was declared winner, in the first-past-the-post system, with 38.57 per cent of the vote. However, the opposition claimed the poll had been fraudulent. They cited, among other things, the alleged use of Tippex correction fluid to change vote tallies. Dr Lazarus Chakwera of the Malawi Congress Party and Dr Saulos Chilima of the United Transformation Movement petitioned the Constitutional Court, seeking to overturn the presidential election results. The two cited widespread irregularities, including the use of Tippex and missing signatures on some result sheets.

    The Constitutional Court’s historic ruling, later validated by the country’s Supreme Court, represents a noteworthy illustration of the independence of the judiciary in Malawi’s maturing democracy. However, key to the ruling was not only the independence of Malawi’s judiciary but also months of civil society-led mass demonstrations. The protests were so sustained and vigorous that they could not be ignored by key democratic institutions like the judiciary. The Human Rights Defenders Coalition, an influential civil society grouping, courageously brought thousands of people to the streets on a regular basis to campaign against the botched outcome of the May 2019 election. This was particularly important because it significantly increased the pressure on the judiciary and other key democratic institutions to do the right thing.

    This is not to underrate the role played by the judiciary. The judges really stood up to defend democracy. Prior to the Constitutional Court ruling there had been several attempts to bribe the judges to ensure that the ruling went in former President Mutharika’s favour: one prominent banker was arrested in connection with the bribery case. There were also numerous threats to the independence of the judiciary prior to the rerun, including a government attempt to force out senior Supreme Court judges through early retirement just days before the rerun. The judges could have easily succumbed to such intimidation and ruled in favour of Mutharika, but they did not. Instead, they stood firm and delivered a radical judgement that has changed the way Malawi is governed.

    Civil society successfully challenged a decision by the former government to impose a lockdown. Why did civil society object to it when other countries around the world were implementing similar measures?

    Civil society wanted the lockdown to be put on hold until the government could come up with some way to protect the country’s poorest and most vulnerable people. Civil society groups were unhappy that the government did not outline a social safety net for vulnerable people during the lockdown, which prompted the Human Rights Defenders Coalition and other CSOs to seek a stop order from the court. It is a fact that many people in Malawi operate on a hand-to-mouth basis.

    It is also important to note that the civil society challenge came after thousands of informal traders in the cities of Blantyre and Mzuzu and in districts like Thyolo had taken to the streets to protest against the lockdown with placards that read, ‘We’d rather die of corona than die of hunger’. Many of these vendors are daily wage earners and a lockdown could have badly affected them. There was also growing suspicion among civil society and the citizenry that the government was trying to use the lockdown to justify the cancellation or postponement of the elections.

    How was the election turnout? Were there worries that Malawians would not come out to vote for fear of contagion?

    There were worries that Malawians would not come out in their numbers to vote because of health concerns caused by the pandemic. It was feared, for example, that with the need for limited exposure to large groups and social distancing, citizens might be less likely to leave their homes to vote because of concerns for their own health and that of their family members. There was also a major risk that those deterred from voting would be disproportionately from older age groups or people with underlying health conditions. The legitimacy of the contest might therefore be undermined by unfair restrictions placed on certain segments of society and thus by their uneven participation. 

    These fears were partly realised. The voter turnout was lower than in the previous election. Of the 6,859,570 Malawians registered to vote in 2020, 64.8 per cent voted. This was down from May 2019, when 74.4 per cent of registered voters participated. But the low turnout could also be attributed to inadequate voter and civic education campaigns. Unlike in previous elections, most CSOs were unable to conduct civic and voter education due to resource challenges. The uncertainty of polling dates made it difficult for CSOs to mobilise resources. The previous Malawi Electoral Commission (MEC) did not give people confidence that the elections would take place within the stipulated 150 days. The official date for the polls was fixed only around two weeks before the elections, so mobilising resources to conduct civic and voter education at such short notice was not easy.

    However, it is also true that some Malawians may have avoided the polls because of the growing COVID-19 pandemic. By election day, there were 803 documented cases and 11 recorded COVID-19 deaths in Malawi so some people – possibly older people and those with pre-existing health conditions – may have stayed away.

    What were the challenges of organising elections during a pandemic?

    The experience in Malawi has shown that organising elections during a pandemic can be very challenging. The prevention measures outlined by the government do not allow gatherings of more than 100 people. However, most political parties ignored this restriction and held campaign meetings exceeding this number.

    A key challenge faced by the MEC during this fresh election was the need to put the health and safety of voters first while ensuring the integrity of elections. The MEC usually has a voter education budget that is utilised ahead of each election. However, given that this fresh election was not budgeted for earlier, the MEC faced financial challenges, which deepened as a result of the COVID-19 pandemic, which required the procurement of personal protective equipment, adding further budgetary constraints.

    The MEC also experienced significant challenges with the production and distribution of voting materials. Malawi imports many election materials from other countries. As Malawi was gearing up for the fresh election, many countries were on full or partial lockdown in the wake of the pandemic. This impacted on election preparations, as some suppliers found it difficult to transport goods internationally. Because of all this, there were significant delays in the printing of ballot papers, which was done in Dubai.

    Another challenge was that political parties were not able to monitor the ballot printing process, as has always been the case, due to COVID-19 related travel restrictions. A further important consequence of the pandemic was the absence of international election observers. With international travel restrictions imposed worldwide, the ability of international observers to observe the election was dramatically restricted. And as already mentioned, the pandemic affected voter turnout.

    Now that the rerun election has led to the ousting of the incumbent and a new president, what does civil society expect from the new government?

    Civil society has many expectations of the new government. One of the key expectations is that the new government will place the promotion and protection of human rights at the top of its agenda and strengthen the fundamental freedoms of all Malawians in line with international human rights standards. It is also hoped that the government will move to protect the space for civil society. The fresh presidential election took place amidst concerted government attacks on civil society and the judiciary. It is our expectation that the new government will fulfil its election promise to protect civic space and allow CSOs to operate freely.

    In its 2019 election manifesto, the Malawi Congress Party, which leads the Tonse Alliance (‘Tonse’ meaning ‘all of us’), a grouping of nine political parties formed weeks before the fresh poll to unseat Mutharika, promised to support the operations of local and international human rights CSOs through a permissive and enabling policy and institutional and legislative framework and to facilitate the progressive development of a civil society that is fully capable of holding the government accountable and defending citizens’ rights. It is our hope that the new administration will walk the talk on this promise and withdraw the oppressive NGO Act (Amendment Bill) of 2018, which contains a number of provisions that could pose a threat to CSOs’ ability to operate. The proposed legislation would raise the penalty fee imposed on a CSO in breach of the law from the current US$70 to US$20,000. It would also impose a seven-year jail term on CSO leaders found in breach of the law. So, for example, if you delay submitting a report to the NGO Authority, you could be fined US$20,000 and the directors of the organisation could be sent to prison for seven years. This is a ridiculous provision. It is a provision that can only be found in authoritarian states. We also hope the new administration will scrap the new fee regime, which is repressive and quite high for CSOs, and revert to the old fees. The new fees that CSOs have to pay to the NGO Board were increased in January 2018 from US$70 to US$1,400.

    What support will civil society in Malawi need from international civil society to help sustain Malawi’s democracy?

    One thing that is urgent now that elections are out of the way is for civil society to sit down and develop an action plan and roadmap, which can include a robust mechanism to check on the government's actions. In this regard, CSOs need the support of international CSOs, particularly to develop their capacities to hold the new government to account on its commitments. CSOs also need financial support to reinforce their role in local governance and accountability. Financial sustainability is crucial for local CSOs if they are to become resilient, effective organisations. International CSOs and donors have a key role to play in helping local CSOs become more sustainable. Finally, CSOs need moral support from international CSOs to be more effective. During the campaign for electoral integrity, local CSOs received overwhelming support from international CSOs through media statements and letters to authorities. It is our hope that this support will continue as we embark on the arduous task of checking the new government’s actions, especially in addressing corruption and the longstanding culture of impunity for human rights violations.

    Civic space in Malawi is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • MALAWI: ‘Girls need protection against COVID-19, and against endemic violations of their rights’

    CIVICUS speaks with Ephraim Chimwaza, Executive Director of the Centre for Social Concern and Development (CESOCODE), a Malawian reproductive health and women’s rights civil society organisation (CSO). CESOCODE works to eliminate all forms of gender-based violence (GBV) against adolescent girls and young women and to promote their human rights and wellbeing through advocacy, research, education, training and the provision of basic reproductive health services. 

    Ephraim Chimwaza picture

    What is the situation of young women and girls in Malawi?

    In Malawi, half the population lives below the poverty line. Girls face more obstacles than boys in accessing education and job opportunities, and many girls don’t know their legal rights. Lack of access to opportunities also drives child marriage, which is another major factor that hinders the rights of girls.

    Malawi has committed to eliminating child, early and forced marriage by 2030 in line with target 5.3 of the Sustainable Development Goals, and has also ratified several international instruments to that end, but still, 42 per cent of girls in Malawi are married before the age of 18 and almost 10 per cent are married before they turn 15. Among some ethnic groups, arranged marriages are commonly used to create alliances between families. Throughout the country, poorer families often marry off their daughters to reduce their financial burden or in an attempt to offer them a chance at better life. In other cases, they marry them off if they get pregnant, to avoid bringing dishonour to their families. Some parents in desperate situations also force their daughters to have sex in exchange for money or food.

    Violence against young women and adolescent girls is commonplace. One in four girls has experienced recent violence by a partner, but few seek help. Social acceptance of sexual and other forms of violence against women and girls is pervasive, even among young people. Not surprisingly, adolescent girls continue to bear the brunt of the HIV epidemic. The number of girls aged 10 to 19 years who are living with HIV is on the rise, as adolescent girls account for nearly three in four of new infections. 

    How do you help address these challenges?

    We have been active since 2009, focusing on promoting girls’ rights and specifically on ending child marriage. To that end, we work with communities and their leaders to encourage girls to stay in school.  We offer girls a safe space to access sexual and reproductive healthcare, and we provide counselling to girls who are affected by GBV.

    We are also members of a global initiative called Girls Not Brides, which includes more than 1,300 CSOs from over 100 countries committed to ending child marriage and enabling girls to fulfil their potential by increasing access to health, education and opportunities. Through that partnership, we bring child marriage and related violations of girls’ rights to global attention, contribute to building an understanding of the issues and call for changes in laws, policies and programmes that will make a difference in the lives of millions of girls.

    How has the COVID-19 pandemic specifically impacted on girls in Malawi, and how have you managed to continue your work?

    The COVID-19 pandemic is having a negative impact on girls in Malawi. We are already seeing it in the communities that we serve. The social distancing measures imposed by the government have led to school closures. As health facilities and mobile clinics also suspended their operations, access to sexual and reproductive health services, which was already limited, decreased further. Under lockdown, cases of GBV and sexual abuse have increased, but reporting has decreased. Most girls are unable to go out and report GBV and have to keep living with their abusers and fearing for their lives.

    Our programmes and activities have been affected by the social distancing measures imposed by the government to diminish the risk of COVID-19 infection. We have been unable to conduct physical meetings with girls and provide them with vital services like condoms and contraceptives. Girls cannot move out from their homes to attend meetings, workshops or conferences, as all public gatherings have been banned to uphold social distancing.

    However, we have continued to reach out to girls through various means.

    First, we are reaching out through social media and mobile apps. We are using online platforms such as Facebook and mobile applications such as WhatsApp to disseminate messaging about public health and domestic violence prevention. We have developed a Bluetooth mobile-to-mobile messaging service, which allows us to check in with girls and for them to let us know if they are at risk. We have also produced a short podcast focusing on domestic violence against girls. This includes a version in sign language, so that we can ensure girls who are deaf or hard of hearing aren’t excluded.

    Second, we are using community radios and television to provide tailored messaging and talk show content to reach out to girls in their homes with GBV prevention messages. These also include sign language interpretation.

    Third, we continue our community engagement work, spreading messages via word of mouth or loudspeakers. We use our vehicle to drive around the communities and disseminate information about GBV prevention and the promotion of girls’ rights, including the prevention of child marriage.

    Fourth, we are distributing printed outreach material that lays out the dangers of violating the rights of girls and explains where to report violence against girls. We do this through flyers and brochures as well as by hanging posters in places where girls frequently pass by, such as shops, water kiosks and mini markets. These materials are always written in the local language and include pictures to make content easier to understand.

    As a result, we have been able to continue our work and we have not abandoned the girls who rely on us at a time when they may need us the most.

    What do you think is the key to the good results you obtained?

    I think there are three main factors that account for the good results that we have obtained.

    First, we have kept community leaders and other key stakeholders engaged with a policy of zero tolerance for GBV against girls. We conducted online meetings and shared podcast programming with relevant stakeholders who work with girls that teaches positive and healthy relationship skills to prevent violence against girls and promote reproductive health for girls during the COVID-19 pandemic.

    Second, we have identified low-cost tools to keep girls engaged and have continued to empower them during the pandemic. We have done this both by using new technologies where available and accessible, and by reaching out in other ways to girls in communities with no access to social media.

    Third, we have pushed for the integration of GBV prevention messaging into COVID-19 prevention materials for healthcare providers to reach out to girls and provide them with full support and protection – not just against the coronavirus but also against endemic violations of their rights.

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  • MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

    CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

    Ephraim Chimwaza picture

    ¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

    En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

    Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

    La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

    ¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

    Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

    También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

    ¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

    La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

    Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

    Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

    En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

    En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

    En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

    Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

    Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

    ¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

    Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

    Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

    En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

    En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

    El espacio cívico en Malawi es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
    Contáctese con CESOCODE a través de su página de Facebook.

     

     

  • MALAYSIA: ‘Migrants are amongst the first to be victimised and discriminated during the pandemic’

    Adrian PereiCIVICUS speaks to Adrian Pereira, the Executive Director ofNorth South Initiative (NSI), about the situation of migrant workers in Malaysia amid the COVID-19 pandemic.

    NSI helps build advocacy and leadership capacities among migrants, refugees and stateless persons, both documented and undocumented, so they can claim their rights. It also monitors labour and immigration-related abuses by authorities, employers and local workers and ensures that migrant organisations are connected to a strong solidarity network and are able to cooperate with other civil society organisations (CSOs) and trade unions.

    There are estimated to be somewhere between three and six millionmigrant workers in Malaysia. Migrant workers are set up for exploitation by a combination of unscrupulous recruitment agents and employers, harsh immigration policies, unmonitored supply chains and a lack of enforcement of labour protections. They are subjected to passport confiscation, low pay in violation of minimum wage laws, poor living conditions, punishment by fines, high recruitment fees and debts to recruitment agencies and employers, forced labour, human trafficking and salary deductions. Areport on the ability of migrants and refugees to access civic freedoms, produced by CIVICUS and Solidarity Center in collaboration with NSI, showed that the rights to the freedoms of association, peaceful assembly and expression in Malaysia are severely restricted for these vulnerable minorities.

     

    What was the situation of migrant workers’ access to healthcare prior to the pandemic?

    Malaysia removed subsidies for migrant workers to access public healthcare in 2016. Given that migrants rely mostly on public medical services, this measure resulted in declining quality and access to healthcare by migrants, both documented and undocumented, as the high cost of private alternatives usually deters them from getting any healthcare. Despite migrants and their employers and agents paying billions of Malaysian Ringgit per year in levies, taxes and other payments, they are not getting their money’s worth in healthcare.

    Those who are undocumented are only able to access private healthcare, because if they try to access public healthcare, immigration authorities will be informed, and they will come to arrest them. Over the years, brutal enforcement by police, immigration and customs forces and the People’s Volunteer Corps towards undocumented migrants has made them even more fearful of seeking medical treatment.

    There are also cultural competency gaps between medical practitioners and migrants, which make it difficult for them to get proper healthcare. Domestic workers who don’t have days off and are locked indoors have an even more difficult time in accessing healthcare.

    One positive step in 2019 was the inclusion of documented migrants into the national social security system, ensuring much higher compensation and better healthcare in the event of work-related accidents and illnesses. But for non-work-related accidents and injuries, private insurance offers minimal coverage. 

    What additional challenges have migrant workers faced since the beginning of the COVID-19 pandemic?

    Many migrant workers, and especially undocumented and informal ones, have lost their source of income. As a result, they can’t pay for food, rent and medicines, unless they have tested positive for COVID-19, in which case their quarantine and care is covered by the government. Only migrants who provide government-sanctioned ‘essential services’ are able to work. But their safety really depends on whether the companies permitted to operate comply with rules set by the government. The rules are meant to ensure workers are safe from the risk of COVID-19 infection and can continue to work. But there is almost no one to monitor this consistently.

    The government has announced an economic stimulus package that sadly has marginalised migrant workers. There is a worker’s salary subsidy to ensure companies don’t have to retrench workers, but this does not apply to migrant workers. Previously, migrant workers were also excluded from the Workers Insurance Scheme under the national social security body, which would ensure a safety net for workers who were retrenched. The Movement Control Orders (MCOs) imposed by the government to restrict travel that came into force on 18 March have made it difficult for migrants to travel to access basic services, food, banking and other essentials. In Enhanced MCO areas, service providers can’t even enter. Informal sectors are sacking and abandoning the migrants who worked for them, particularly undocumented migrants and refugees. 

    Employers are forcing migrant employees to resign or take unpaid leave. Employers are taking advantage of the MCOs to not pay their workers. NSI received reports of at least two cases of unpaid salaries way before the MCOs were imposed. One had been unpaid since December 2019 and another since February 2020.

    There is also fearmongering going on, with fake messages and misinformation online putting migrants at risk of backlash from Malaysians. The government pledged not to arrest and detain migrants who come forward for COVID-19 testing. But there is still a lot of fear among migrants and hence many are not coming forward. Some sectors that are very economically aggressive are forcing the government to allow them to reopen so workers can go back to work. We have seen this in the Sabah state palm oil sector.

    The European Union (EU) is also putting both migrant and Malaysian workers at risk of forced labour by asking Malaysian personal protective equipment (PPE) manufacturers to ensure production continues during the pandemic. The EU has offered tax incentives to Malaysian companies to supply PPE. Further, small and medium enterprises that have been hiring undocumented workers for many years have abandoned their workers, claiming they are short on cash. 

    How have you and other CSOs responded to the situation?

    We are coaching migrant leaders to ensure their communities have access to networks that provide services and can provide accurate information about needs to those who are providing services. Some public networks, such as the ‘Care Mongering Malaysia’ group, are proving a platform for Malaysians to reach out to help migrants and refugees in need. This is an online platform that links those who need help with those who can afford to provide the service. Also, Sikh temples are providing groceries and packed lunches. 

    Other CSOs working hard on the ground to provide groceries include BERSIH2.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita and also migrant and refugee community organisations.  Migrant workers can call them when they need assistance with food.

    We are forming a network to ensure services can be delivered in the long term, as we foresee the problems continuing for many months to come. Many migrant workers will remain and will need aid, so we are developing a supply chain to support them.

    We are ensuring migrants receive accurate information from global bodies such as the International Organization for Migration, United Nations (UN) Development Programme and UN Refugee Agency and also from the various government agencies related to health, labour, security and welfare. This includes providing information via infographics on counselling services and on health issues in different languages. 

    We are also fighting misinformation related to migrant workers and refugees. There has been a lot of fearmongering blaming them for the spread of the virus.

    We are also encouraging migrants to seek medical treatment if they are sick and monitoring employers who are taking advantage of the current situation and committing labour offences, particularly as the MCOs have partly restricted lawyers from providing legal representation and legal aid.

    Other CSOs are providing counselling, delivering groceries, doing fundraising, monitoring human trafficking, providing gender-sensitive and maternity-related services and catering to women’s needs.

    What further support does Malaysian civil society need at this time?

    We need cash to support migrants’ needs, including to pay for groceries, bills, rentals and safe repatriation home after the MCOs. We are also seeking funding opportunities because as long as the MCOs apply, we are unable to conduct physical meetings, and most fundraising is based on this. We also need legal aid services for those who are being retrenched unfairly and detained unjustly.

    What lessons have you learned so far from the pandemic?

    We have seen that the government has barely consulted CSOs before implementing policies and this is not in line with good governance principles. Also, there is overkill in punishing those who violate MCOs, including people who are forced to breach the MCOs due to livelihood issues. Further, the over-securitisation of migration over the years has now caused a backlash against migrants, who have been neglected.

    Migrants are amongst the first to be victimised and discriminated against during the pandemic as they are neglected and don’t have strong safety nets. A capitalist system that operates on the basis of mega global supply chains and mega businesses does not have a proper risk-management plan that ensures accountability and transparency. Malaysia also has a problem with statistics, as it has been doctoring the numbers of those in poverty and has failed to address the problems resulting from the huge number of undocumented workers due to the meddling of the deep state.

    The civic rights of migrants have been suspended under the MCOs and Enhanced MCOs, and this in turn has weakened their bargaining power to gain their rights. There has also not been enough cooperation between migrants’ countries of origin and Malaysia to ensure the safe repatriation of those who want to return home, which poses a high risk of infection for everyone. We have received reports that under the MCOs, migrants are forced to use irregular passages to travel home. Embassies have turned to Malaysians for assistance for their citizens.

    CSOs are also not as united as I had assumed in building consensus in dealing with the problems, as they have struggled to cope with this. At the same time, some Malaysians who may have been biased against migrants have, in this time of need, showed compassion and responded in solidarity to migrants’ struggles. As has become clear, in the long term, the economic contributions of migrants ended up benefitting everyone except migrants themselves.

    Civic space inMalaysia is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the North South Initiative through itswebsite and Facebook page, and follow@nsinitiative11 on Twitter.

     

  • Malaysia: Authorities reverting to repressive tactics of former governments to throttle expression online

     

  • Malaysia: End harassment and intimidation of media workers and critics

    Joint Statement with Amnesty International and the International Commission of Jurists

    The Malaysian authorities must immediately put an end to their increasing attacks on freedom of expression, especially the media, international non-governmental organisations Amnesty International, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation and the International Commission of Jurists (ICJ) said today. Laws incompatible with international human rights law and standards, including the Sedition Act 1948 and Section 233 of the Communications and Multimedia Act (CMA) 1998, are being used to limit free speech and press freedom and should be repealed by the legislature.

    In the latest move in the ongoing clampdown on criticism and other expression, authorities have targeted those involved in making the documentary “Locked Up in Malaysia’s Lockdown,” by news broadcaster Al Jazeera and its 101 East series – which reported on the authorities’ arrests of migrant workers during the COVID-19 pandemic. Al-Jazeera is being investigated for sedition and defamation, and has also been accused of breaching the Communications and Multimedia Act by the Malaysian authorities.

    On 3 July 2020, Al Jazeera on its 101 East Stream published a documentary that investigated the arrests, detention, and ill-treatment of refugees and undocumented migrant workers during the outbreak of COVID-19 in Malaysia. The documentary highlighted raids conducted by authorities; the inhumane conditions of detention; and the situation of migrant workers who fear arrest. Those detained were found to be held in cramped facilities, while migrant workers at risk of detention suffered from a severe lack of adequate food. The documentary also highlighted the chilling effect the government crackdown has had on the migrant worker community, who fear for their lives and safety.

    Rather than addressing the concerns raised in the documentary, the government has instead sought to question the reporters involved, and pursue migrant workers who spoke with Al Jazeera. By initiating a public campaign against migrants and refugees and publishing personal details of the migrant workers who were featured in the report, the authorities have also placed the lives and safety of those interviewed in jeopardy.

    The government’s subsequent threats to revoke the visas of foreign workers appears intended to intimidate other migrant workers from speaking up about human rights violations, including mistreatment. These actions have contributed to a worrying rise in intolerance towards freedom of expression, including critical views.

    Amnesty International, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, and the International Commission of Jurists (ICJ) consider these actions as forms of harassment and intimidation of the media, migrant workers, and others exercising their right to freedom of expression, including criticism or dissent.

    The use of the Sedition Act 1948, Section 233 of the Communications and Multimedia Act, and criminal investigations against the media set a dangerous precedent and are incompatible with international law and standards. These laws place restrictions on the exercise of freedom of expression that are overly broad, unnecessary and disproportionate, and inconsistent with rule of law and human rights principles.

    We reiterate their our previous calls on the Government of Malaysia to abolish both laws, which have historically been used to silence voices of those challenging government policy.

    Background

    Since the COVID-19 pandemic emerged earlier this year, the Malaysian government has launched a crackdown on refugees, asylum-seekers and migrant workers, carrying out a series of raids on settlements in Kuala Lumpur and Selangor. Most notably, raids were carried out as Labour Day operations on 1 May 2020, but also continued afterwards.

    In response to these raids, the Office of the UN High Commissioner on Human Rights (OHCHR) denounced the crackdowns on migrant workers and journalists on 21 May. Migrant workers fear for their safety and there have been reports of suicide amongst them.

    Amid growing concerns about the crackdown, the government has increasingly sought to silence criticism.

    On 7 July, refugee aid worker Heidy Quah was questioned by police for posting a statement on the raids and the treatment of migrant and refugee children on social media. Her lawyer confirmed that she is being investigated under the Penal Code for criminal defamation and the Communications and Multimedia Act for the ‘improper use of network facilities or network service’.

    Since the Perikatan Nasional government assumed power, numerous investigations have been launched against individuals who have criticized government actions. Since February 2020, a journalist has been investigated by police for reporting on immigration raids; a member of parliament was investigated for criticising the May parliamentary session for not permitting debates; and a large number of ordinary Malaysians have been convicted for a variety of social media postings, including for criticising the enforcement of quarantine orders under the Movement Control Order (MCO).

    In another recent attack on media freedom, on 2 July 2020, contempt of court charges were filed against Steven Gan, editor-in-chief of online news outlet Malaysiakini, over comments that were posted by readers that were allegedly critical of the judiciary. The Federal Court will next hear the case on 13 July. If convicted, Gan faces an unlimited prison sentence or fine.


    Civic space in Malaysia is rated as Obstructed by the CIVICUS Monitor

     

  • Malaysia: Fundamental freedoms in decline under Perikatan Nasional government

    Joint research report on the state of civic freedoms in Malaysia

    The Perikatan Nasional government has undermined and obstructed the exercise of fundamental freedoms during its first twelve months in power, said ARTICLE 19 and CIVICUS in a new report published today. The government has not only failed to reform or repeal laws that restrict the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association but has initiated baseless criminal proceedings against government critics, human rights defenders, journalists, and individuals expressing critical opinions.

    The report, “Rights in Reverse: One year under the Perikatan Nasional government in Malaysia”, highlights the Perikatan Nasional government’s record during its first year in power against its obligation to respect, protect, and fulfil the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. The report highlights the government’s sustained use of repressive laws and provisions to silence dissent amid a global pandemic, when press freedom and civil society is needed more than ever to ensure reliable information and to hold the state accountable.

    “The Perikatan Nasional government has been extremely secretive about its legislative agenda but has been crystal clear about its intention to continue using repressive laws to target critics and dissenters,” said Nalini Elumalai, ARTICLE 19’s Malaysia Programme Officer. “A healthy environment for public discourse cannot be achieved until dissenting and unpopular opinions are respected and protected instead of silenced.”

    Over the past year, authorities have aggressively applied the Sedition Act 1948 and Communications and Multimedia Act 1998 (CMA) to investigate, arrest, charge, and convict individuals who have criticized government officials or Malaysian royalty, or who have shared opinions about sensitive issues such as race and religion. Between March 2020 and February 2021, ARTICLE 19 and CIVICUS recorded 66 cases involving 77 individuals who have been investigated or charged under the two laws because of their exercise of the right to freedom of expression. Over this period, at least 12 people were convicted under the CMA.

    Press freedom has also declined sharply during the Perikatan Nasional government’s first year in power. This trend was highlighted by Malaysiakini’s conviction on contempt of court charges in relation to third-party comments made on its website, the unprecedented witch-hunt against Al Jazeera journalists investigating the treatment of migrants workers during the COVID-19 pandemic, and the targeting of journalists reporting on the actions and statements of government officials. The harassment and intimidation of journalists further demonstrates the shrinking space for free and independent media in Malaysia.

    In addition to journalists, the authorities have harassed, investigated, and arbitrarily detained human rights defenders, peaceful protesters, women’s rights activists, and union leaders in an effort to silence civil society voices.

    The legal framework governing the exercise of freedom of assembly and association remains highly restrictive and excessively burdensome.

    The Peaceful Assembly Act falls shorts of international law and standards and denies the right to protest to children and non-citizens. It also fails to allow for spontaneous assemblies. The last year saw peaceful protesters being investigated and arrested, including health workers protesting their lack of access to adequate personal protective equipment during the COVID-19 pandemic.

    The Societies Act has continued to stand in the way of enjoyment of the right to freedom of association, which is critical in a democracy. The Registrar of Societies has excessive powers and has erected barriers to registration for new opposition political parties such as Muda and Pejuang and civil society groups while simultaneously fast-tracking the registration of the Perikatan Nasional.

    “The Perikatan government has attempted to silence peaceful protesters and impede the formation of political parties to keep itself in power,” said Josef Benedict, CIVICUS Researcher. “Its attempt to join the Human Rights Council cannot be taken seriously unless it takes immediate steps to remove undue restrictions on assembly and association,” Benedict added.

    ARTICLE 19 and CIVICUS urge the Malaysian government to undertake a comprehensive and inclusive process of legislative and institutional reform in order to promote and protect fundamental rights and freedoms. To this end, authorities must ensure that all processes are fully transparent and facilitate full and effective participation of all concerned stakeholders, including civil society.

    Malaysia’s reform process must be informed by relevant international human rights standards. The Perikatan National government should take concrete steps towards the ratification of core human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights.

    For further information:

    • Nalini Elumalai, ARTICLE 19 Malaysia Program Officer,
    • Josef Benedict, CIVICUS Civic Space Researcher,

    More information

    The space for civil society in Malaysia is rated as ‘Obstructed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks civic space in every country. An Obstructed rating for civic space means that democratic freedoms – such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association – face a combination of legal and practical constraints in Malaysia.

     

  • Malaysia: New report on the state of fundamental freedoms under the Perikatan Nasional government

    Joint research report on the state of civic freedoms in Malaysia

    The Perikatan Nasional government has undermined and obstructed the exercise of fundamental freedoms during its first twelve months in power, said ARTICLE 19 and CIVICUS in a new report published today. The government has not only failed to reform or repeal laws that restrict the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association but has initiated baseless criminal proceedings against government critics, human rights defenders, journalists, and individuals expressing critical opinions.

    The report, “Rights in Reverse: One year under the Perikatan Nasional government in Malaysia”, highlights the Perikatan Nasional government’s record during its first year in power against its obligation to respect, protect, and fulfil the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. The report highlights the government’s sustained use of repressive laws and provisions to silence dissent amid a global pandemic, when press freedom and civil society is needed more than ever to ensure reliable information and to hold the state accountable.

    “The Perikatan Nasional government has been extremely secretive about its legislative agenda but has been crystal clear about its intention to continue using repressive laws to target critics and dissenters,” said Nalini Elumalai, ARTICLE 19’s Malaysia Programme Officer. “A healthy environment for public discourse cannot be achieved until dissenting and unpopular opinions are respected and protected instead of silenced.”

    Over the past year, authorities have aggressively applied the Sedition Act 1948 and Communications and Multimedia Act 1998 (CMA) to investigate, arrest, charge, and convict individuals who have criticized government officials or Malaysian royalty, or who have shared opinions about sensitive issues such as race and religion. Between March 2020 and February 2021, ARTICLE 19 and CIVICUS recorded 66 cases involving 77 individuals who have been investigated or charged under the two laws because of their exercise of the right to freedom of expression. Over this period, at least 12 people were convicted under the CMA.

    Press freedom has also declined sharply during the Perikatan Nasional government’s first year in power. This trend was highlighted by Malaysiakini’s conviction on contempt of court charges in relation to third-party comments made on its website, the unprecedented witch-hunt against Al Jazeera journalists investigating the treatment of migrants workers during the COVID-19 pandemic, and the targeting of journalists reporting on the actions and statements of government officials. The harassment and intimidation of journalists further demonstrates the shrinking space for free and independent media in Malaysia.

    In addition to journalists, the authorities have harassed, investigated, and arbitrarily detained human rights defenders, peaceful protesters, women’s rights activists, and union leaders in an effort to silence civil society voices.

    The legal framework governing the exercise of freedom of assembly and association remains highly restrictive and excessively burdensome.

    The Peaceful Assembly Act falls shorts of international law and standards and denies the right to protest to children and non-citizens. It also fails to allow for spontaneous assemblies. The last year saw peaceful protesters being investigated and arrested, including health workers protesting their lack of access to adequate personal protective equipment during the COVID-19 pandemic.

    The Societies Act has continued to stand in the way of enjoyment of the right to freedom of association, which is critical in a democracy. The Registrar of Societies has excessive powers and has erected barriers to registration for new opposition political parties such as Muda and Pejuang and civil society groups while simultaneously fast-tracking the registration of the Perikatan Nasional.

    “The Perikatan government has attempted to silence peaceful protesters and impede the formation of political parties to keep itself in power,” said Josef Benedict, CIVICUS Researcher. “Its attempt to join the Human Rights Council cannot be taken seriously unless it takes immediate steps to remove undue restrictions on assembly and association,” Benedict added.

    ARTICLE 19 and CIVICUS urge the Malaysian government to undertake a comprehensive and inclusive process of legislative and institutional reform in order to promote and protect fundamental rights and freedoms. To this end, authorities must ensure that all processes are fully transparent and facilitate full and effective participation of all concerned stakeholders, including civil society.

    Malaysia’s reform process must be informed by relevant international human rights standards. The Perikatan National government should take concrete steps towards the ratification of core human rights treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights.

    For further information:

    • Nalini Elumalai, ARTICLE 19 Malaysia Program Officer,
    • Josef Benedict, CIVICUS Civic Space Researcher,

    More information

    The space for civil society in Malaysia is rated as ‘Obstructed’ by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks civic space in every country. An Obstructed rating for civic space means that democratic freedoms – such as the freedoms of expression, peaceful assembly and association – face a combination of legal and practical constraints in Malaysia.

     

  • Mandela Day: Nearly 200 rights organisations call for release of activists as part of #StandAsMyWitness campaign

    • 197 human rights organisations sign letter calling on states to end the imprisonment and harassment of human rights defenders
    • States urged to stop new arrests and detentions of defenders, noting heightened risk during COVID-19
    • #StandAsMyWitness campaign launches on Nelson Mandela Day 18 July, featuring human rights defenders from around the world

     

  • MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

    CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

    Wendy Figueroa

    ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

    En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

    ¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

    Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

    En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

    En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

    En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

    Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

    Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

    Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

    Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

    ¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

    En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

    El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

    ¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

    Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

    También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

    ¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

    La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

    Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

    Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

    ¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

    Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

    Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

    El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Red Nacional de Refugios a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@RNRoficial en Twitter.