COVID-19

 

  • MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

    Adrian Perei

    CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

    NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

    Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

    ¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

    En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

    Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

    También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

    En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

    ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

    Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

    El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

    Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

    También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

    La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

    ¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

    Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

    Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

    Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

    Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

    También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

    Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

    Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

    ¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

    Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

    ¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

    Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

    Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

    Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

    Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

    El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor

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  • MALAUI: ‘La sociedad civil espera que la agenda del nuevo gobierno priorice los derechos humanos’

    CIVICUS conversa con Michael Kaiyatsa, Director Ejecutivo interino del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Centre for Human Rights and Rehabilitation,CHRR), sobre las recientes elecciones presidenciales de Malaui, celebradas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y resultaron en un cambio de gobierno. El CHRR es una organización de la sociedad civil (OSC) que apoya y promueve la democracia y los derechos humanos en Malaui. Su misión es contribuir a la protección, promoción y consolidación de la buena gobernanza mediante el empoderamiento de las comunidades rurales y urbanas para que ejerzan sus derechos. Fundada en 1995 por antiguos estudiantes exiliados que regresaron al país atraídos por la promesa de una nueva democracia, opera a través de dos programas principales: Movilización y Empoderamiento Comunitario y Monitoreo y Capacitación en Derechos Humanos.

     

  • MALAWI: ‘Civil society expects new gov. to place rights at the top of its agenda’

    CIVICUS speaks with Michael Kaiyatsa, acting Executive Director of the Centre for Human Rights and Rehabilitation (CHRR),about the recent presidential election in Malawi, which were held in the context of the COVID-19 pandemic and led to a change of government. The CHRR is civil society organisation (CSO) aimed at supporting and promoting democracy and human rights in Malawi. Its mission is to contribute towards the protection, promotion and consolidation of good governance by empowering rural and urban communities to exercise their rights. Founded in 1995 by former student exiles who returned home to the promise of a new democracy, it operates through two core programmes: Community Mobilisation and Empowerment and Human Rights Monitoring and Training.

    MichaelKaiyatsa 

    Amidst the COVID-19 pandemic and a political crisis, the presidential election was held in Malawi in June 2020. What was the role of civil society and the judiciary in ensuring that the election took place?

    I think it is fair to say that judges and civil society-led protests paved the way for the fresh presidential election to be held. The election that was held on 23 June 2020 was a rerun ordered by Malawi’s Constitutional Court, which ruled on 3 February 2020 to overturn the 21 May 2019 presidential election, citing massive irregularities.

    In the May 2019 presidential contest, the incumbent, Peter Mutharika, was declared winner, in the first-past-the-post system, with 38.57 per cent of the vote. However, the opposition claimed the poll had been fraudulent. They cited, among other things, the alleged use of Tippex correction fluid to change vote tallies. Dr Lazarus Chakwera of the Malawi Congress Party and Dr Saulos Chilima of the United Transformation Movement petitioned the Constitutional Court, seeking to overturn the presidential election results. The two cited widespread irregularities, including the use of Tippex and missing signatures on some result sheets.

    The Constitutional Court’s historic ruling, later validated by the country’s Supreme Court, represents a noteworthy illustration of the independence of the judiciary in Malawi’s maturing democracy. However, key to the ruling was not only the independence of Malawi’s judiciary but also months of civil society-led mass demonstrations. The protests were so sustained and vigorous that they could not be ignored by key democratic institutions like the judiciary. The Human Rights Defenders Coalition, an influential civil society grouping, courageously brought thousands of people to the streets on a regular basis to campaign against the botched outcome of the May 2019 election. This was particularly important because it significantly increased the pressure on the judiciary and other key democratic institutions to do the right thing.

    This is not to underrate the role played by the judiciary. The judges really stood up to defend democracy. Prior to the Constitutional Court ruling there had been several attempts to bribe the judges to ensure that the ruling went in former President Mutharika’s favour: one prominent banker was arrested in connection with the bribery case. There were also numerous threats to the independence of the judiciary prior to the rerun, including a government attempt to force out senior Supreme Court judges through early retirement just days before the rerun. The judges could have easily succumbed to such intimidation and ruled in favour of Mutharika, but they did not. Instead, they stood firm and delivered a radical judgement that has changed the way Malawi is governed.

    Civil society successfully challenged a decision by the former government to impose a lockdown. Why did civil society object to it when other countries around the world were implementing similar measures?

    Civil society wanted the lockdown to be put on hold until the government could come up with some way to protect the country’s poorest and most vulnerable people. Civil society groups were unhappy that the government did not outline a social safety net for vulnerable people during the lockdown, which prompted the Human Rights Defenders Coalition and other CSOs to seek a stop order from the court. It is a fact that many people in Malawi operate on a hand-to-mouth basis.

    It is also important to note that the civil society challenge came after thousands of informal traders in the cities of Blantyre and Mzuzu and in districts like Thyolo had taken to the streets to protest against the lockdown with placards that read, ‘We’d rather die of corona than die of hunger’. Many of these vendors are daily wage earners and a lockdown could have badly affected them. There was also growing suspicion among civil society and the citizenry that the government was trying to use the lockdown to justify the cancellation or postponement of the elections.

    How was the election turnout? Were there worries that Malawians would not come out to vote for fear of contagion?

    There were worries that Malawians would not come out in their numbers to vote because of health concerns caused by the pandemic. It was feared, for example, that with the need for limited exposure to large groups and social distancing, citizens might be less likely to leave their homes to vote because of concerns for their own health and that of their family members. There was also a major risk that those deterred from voting would be disproportionately from older age groups or people with underlying health conditions. The legitimacy of the contest might therefore be undermined by unfair restrictions placed on certain segments of society and thus by their uneven participation. 

    These fears were partly realised. The voter turnout was lower than in the previous election. Of the 6,859,570 Malawians registered to vote in 2020, 64.8 per cent voted. This was down from May 2019, when 74.4 per cent of registered voters participated. But the low turnout could also be attributed to inadequate voter and civic education campaigns. Unlike in previous elections, most CSOs were unable to conduct civic and voter education due to resource challenges. The uncertainty of polling dates made it difficult for CSOs to mobilise resources. The previous Malawi Electoral Commission (MEC) did not give people confidence that the elections would take place within the stipulated 150 days. The official date for the polls was fixed only around two weeks before the elections, so mobilising resources to conduct civic and voter education at such short notice was not easy.

    However, it is also true that some Malawians may have avoided the polls because of the growing COVID-19 pandemic. By election day, there were 803 documented cases and 11 recorded COVID-19 deaths in Malawi so some people – possibly older people and those with pre-existing health conditions – may have stayed away.

    What were the challenges of organising elections during a pandemic?

    The experience in Malawi has shown that organising elections during a pandemic can be very challenging. The prevention measures outlined by the government do not allow gatherings of more than 100 people. However, most political parties ignored this restriction and held campaign meetings exceeding this number.

    A key challenge faced by the MEC during this fresh election was the need to put the health and safety of voters first while ensuring the integrity of elections. The MEC usually has a voter education budget that is utilised ahead of each election. However, given that this fresh election was not budgeted for earlier, the MEC faced financial challenges, which deepened as a result of the COVID-19 pandemic, which required the procurement of personal protective equipment, adding further budgetary constraints.

    The MEC also experienced significant challenges with the production and distribution of voting materials. Malawi imports many election materials from other countries. As Malawi was gearing up for the fresh election, many countries were on full or partial lockdown in the wake of the pandemic. This impacted on election preparations, as some suppliers found it difficult to transport goods internationally. Because of all this, there were significant delays in the printing of ballot papers, which was done in Dubai.

    Another challenge was that political parties were not able to monitor the ballot printing process, as has always been the case, due to COVID-19 related travel restrictions. A further important consequence of the pandemic was the absence of international election observers. With international travel restrictions imposed worldwide, the ability of international observers to observe the election was dramatically restricted. And as already mentioned, the pandemic affected voter turnout.

    Now that the rerun election has led to the ousting of the incumbent and a new president, what does civil society expect from the new government?

    Civil society has many expectations of the new government. One of the key expectations is that the new government will place the promotion and protection of human rights at the top of its agenda and strengthen the fundamental freedoms of all Malawians in line with international human rights standards. It is also hoped that the government will move to protect the space for civil society. The fresh presidential election took place amidst concerted government attacks on civil society and the judiciary. It is our expectation that the new government will fulfil its election promise to protect civic space and allow CSOs to operate freely.

    In its 2019 election manifesto, the Malawi Congress Party, which leads the Tonse Alliance (‘Tonse’ meaning ‘all of us’), a grouping of nine political parties formed weeks before the fresh poll to unseat Mutharika, promised to support the operations of local and international human rights CSOs through a permissive and enabling policy and institutional and legislative framework and to facilitate the progressive development of a civil society that is fully capable of holding the government accountable and defending citizens’ rights. It is our hope that the new administration will walk the talk on this promise and withdraw the oppressive NGO Act (Amendment Bill) of 2018, which contains a number of provisions that could pose a threat to CSOs’ ability to operate. The proposed legislation would raise the penalty fee imposed on a CSO in breach of the law from the current US$70 to US$20,000. It would also impose a seven-year jail term on CSO leaders found in breach of the law. So, for example, if you delay submitting a report to the NGO Authority, you could be fined US$20,000 and the directors of the organisation could be sent to prison for seven years. This is a ridiculous provision. It is a provision that can only be found in authoritarian states. We also hope the new administration will scrap the new fee regime, which is repressive and quite high for CSOs, and revert to the old fees. The new fees that CSOs have to pay to the NGO Board were increased in January 2018 from US$70 to US$1,400.

    What support will civil society in Malawi need from international civil society to help sustain Malawi’s democracy?

    One thing that is urgent now that elections are out of the way is for civil society to sit down and develop an action plan and roadmap, which can include a robust mechanism to check on the government's actions. In this regard, CSOs need the support of international CSOs, particularly to develop their capacities to hold the new government to account on its commitments. CSOs also need financial support to reinforce their role in local governance and accountability. Financial sustainability is crucial for local CSOs if they are to become resilient, effective organisations. International CSOs and donors have a key role to play in helping local CSOs become more sustainable. Finally, CSOs need moral support from international CSOs to be more effective. During the campaign for electoral integrity, local CSOs received overwhelming support from international CSOs through media statements and letters to authorities. It is our hope that this support will continue as we embark on the arduous task of checking the new government’s actions, especially in addressing corruption and the longstanding culture of impunity for human rights violations.

    Civic space in Malawi is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • MALAWI: ‘Girls need protection against COVID-19, and against endemic violations of their rights’

    CIVICUS speaks with Ephraim Chimwaza, Executive Director of the Centre for Social Concern and Development (CESOCODE), a Malawian reproductive health and women’s rights civil society organisation (CSO). CESOCODE works to eliminate all forms of gender-based violence (GBV) against adolescent girls and young women and to promote their human rights and wellbeing through advocacy, research, education, training and the provision of basic reproductive health services. 

    Ephraim Chimwaza picture

    What is the situation of young women and girls in Malawi?

    In Malawi, half the population lives below the poverty line. Girls face more obstacles than boys in accessing education and job opportunities, and many girls don’t know their legal rights. Lack of access to opportunities also drives child marriage, which is another major factor that hinders the rights of girls.

    Malawi has committed to eliminating child, early and forced marriage by 2030 in line with target 5.3 of the Sustainable Development Goals, and has also ratified several international instruments to that end, but still, 42 per cent of girls in Malawi are married before the age of 18 and almost 10 per cent are married before they turn 15. Among some ethnic groups, arranged marriages are commonly used to create alliances between families. Throughout the country, poorer families often marry off their daughters to reduce their financial burden or in an attempt to offer them a chance at better life. In other cases, they marry them off if they get pregnant, to avoid bringing dishonour to their families. Some parents in desperate situations also force their daughters to have sex in exchange for money or food.

    Violence against young women and adolescent girls is commonplace. One in four girls has experienced recent violence by a partner, but few seek help. Social acceptance of sexual and other forms of violence against women and girls is pervasive, even among young people. Not surprisingly, adolescent girls continue to bear the brunt of the HIV epidemic. The number of girls aged 10 to 19 years who are living with HIV is on the rise, as adolescent girls account for nearly three in four of new infections. 

    How do you help address these challenges?

    We have been active since 2009, focusing on promoting girls’ rights and specifically on ending child marriage. To that end, we work with communities and their leaders to encourage girls to stay in school.  We offer girls a safe space to access sexual and reproductive healthcare, and we provide counselling to girls who are affected by GBV.

    We are also members of a global initiative called Girls Not Brides, which includes more than 1,300 CSOs from over 100 countries committed to ending child marriage and enabling girls to fulfil their potential by increasing access to health, education and opportunities. Through that partnership, we bring child marriage and related violations of girls’ rights to global attention, contribute to building an understanding of the issues and call for changes in laws, policies and programmes that will make a difference in the lives of millions of girls.

    How has the COVID-19 pandemic specifically impacted on girls in Malawi, and how have you managed to continue your work?

    The COVID-19 pandemic is having a negative impact on girls in Malawi. We are already seeing it in the communities that we serve. The social distancing measures imposed by the government have led to school closures. As health facilities and mobile clinics also suspended their operations, access to sexual and reproductive health services, which was already limited, decreased further. Under lockdown, cases of GBV and sexual abuse have increased, but reporting has decreased. Most girls are unable to go out and report GBV and have to keep living with their abusers and fearing for their lives.

    Our programmes and activities have been affected by the social distancing measures imposed by the government to diminish the risk of COVID-19 infection. We have been unable to conduct physical meetings with girls and provide them with vital services like condoms and contraceptives. Girls cannot move out from their homes to attend meetings, workshops or conferences, as all public gatherings have been banned to uphold social distancing.

    However, we have continued to reach out to girls through various means.

    First, we are reaching out through social media and mobile apps. We are using online platforms such as Facebook and mobile applications such as WhatsApp to disseminate messaging about public health and domestic violence prevention. We have developed a Bluetooth mobile-to-mobile messaging service, which allows us to check in with girls and for them to let us know if they are at risk. We have also produced a short podcast focusing on domestic violence against girls. This includes a version in sign language, so that we can ensure girls who are deaf or hard of hearing aren’t excluded.

    Second, we are using community radios and television to provide tailored messaging and talk show content to reach out to girls in their homes with GBV prevention messages. These also include sign language interpretation.

    Third, we continue our community engagement work, spreading messages via word of mouth or loudspeakers. We use our vehicle to drive around the communities and disseminate information about GBV prevention and the promotion of girls’ rights, including the prevention of child marriage.

    Fourth, we are distributing printed outreach material that lays out the dangers of violating the rights of girls and explains where to report violence against girls. We do this through flyers and brochures as well as by hanging posters in places where girls frequently pass by, such as shops, water kiosks and mini markets. These materials are always written in the local language and include pictures to make content easier to understand.

    As a result, we have been able to continue our work and we have not abandoned the girls who rely on us at a time when they may need us the most.

    What do you think is the key to the good results you obtained?

    I think there are three main factors that account for the good results that we have obtained.

    First, we have kept community leaders and other key stakeholders engaged with a policy of zero tolerance for GBV against girls. We conducted online meetings and shared podcast programming with relevant stakeholders who work with girls that teaches positive and healthy relationship skills to prevent violence against girls and promote reproductive health for girls during the COVID-19 pandemic.

    Second, we have identified low-cost tools to keep girls engaged and have continued to empower them during the pandemic. We have done this both by using new technologies where available and accessible, and by reaching out in other ways to girls in communities with no access to social media.

    Third, we have pushed for the integration of GBV prevention messaging into COVID-19 prevention materials for healthcare providers to reach out to girls and provide them with full support and protection – not just against the coronavirus but also against endemic violations of their rights.

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  • MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

    CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

    Ephraim Chimwaza picture

    ¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

    En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

    Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

    La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

    ¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

    Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

    También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

    ¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

    La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

    Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

    Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

    En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

    En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

    En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

    Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

    Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

    ¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

    Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

    Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

    En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

    En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

    El espacio cívico en Malawi es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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  • MALAYSIA: ‘Migrants are amongst the first to be victimised and discriminated during the pandemic’

    Adrian PereiCIVICUS speaks to Adrian Pereira, the Executive Director ofNorth South Initiative (NSI), about the situation of migrant workers in Malaysia amid the COVID-19 pandemic.

    NSI helps build advocacy and leadership capacities among migrants, refugees and stateless persons, both documented and undocumented, so they can claim their rights. It also monitors labour and immigration-related abuses by authorities, employers and local workers and ensures that migrant organisations are connected to a strong solidarity network and are able to cooperate with other civil society organisations (CSOs) and trade unions.

    There are estimated to be somewhere between three and six millionmigrant workers in Malaysia. Migrant workers are set up for exploitation by a combination of unscrupulous recruitment agents and employers, harsh immigration policies, unmonitored supply chains and a lack of enforcement of labour protections. They are subjected to passport confiscation, low pay in violation of minimum wage laws, poor living conditions, punishment by fines, high recruitment fees and debts to recruitment agencies and employers, forced labour, human trafficking and salary deductions. Areport on the ability of migrants and refugees to access civic freedoms, produced by CIVICUS and Solidarity Center in collaboration with NSI, showed that the rights to the freedoms of association, peaceful assembly and expression in Malaysia are severely restricted for these vulnerable minorities.

     

    What was the situation of migrant workers’ access to healthcare prior to the pandemic?

    Malaysia removed subsidies for migrant workers to access public healthcare in 2016. Given that migrants rely mostly on public medical services, this measure resulted in declining quality and access to healthcare by migrants, both documented and undocumented, as the high cost of private alternatives usually deters them from getting any healthcare. Despite migrants and their employers and agents paying billions of Malaysian Ringgit per year in levies, taxes and other payments, they are not getting their money’s worth in healthcare.

    Those who are undocumented are only able to access private healthcare, because if they try to access public healthcare, immigration authorities will be informed, and they will come to arrest them. Over the years, brutal enforcement by police, immigration and customs forces and the People’s Volunteer Corps towards undocumented migrants has made them even more fearful of seeking medical treatment.

    There are also cultural competency gaps between medical practitioners and migrants, which make it difficult for them to get proper healthcare. Domestic workers who don’t have days off and are locked indoors have an even more difficult time in accessing healthcare.

    One positive step in 2019 was the inclusion of documented migrants into the national social security system, ensuring much higher compensation and better healthcare in the event of work-related accidents and illnesses. But for non-work-related accidents and injuries, private insurance offers minimal coverage. 

    What additional challenges have migrant workers faced since the beginning of the COVID-19 pandemic?

    Many migrant workers, and especially undocumented and informal ones, have lost their source of income. As a result, they can’t pay for food, rent and medicines, unless they have tested positive for COVID-19, in which case their quarantine and care is covered by the government. Only migrants who provide government-sanctioned ‘essential services’ are able to work. But their safety really depends on whether the companies permitted to operate comply with rules set by the government. The rules are meant to ensure workers are safe from the risk of COVID-19 infection and can continue to work. But there is almost no one to monitor this consistently.

    The government has announced an economic stimulus package that sadly has marginalised migrant workers. There is a worker’s salary subsidy to ensure companies don’t have to retrench workers, but this does not apply to migrant workers. Previously, migrant workers were also excluded from the Workers Insurance Scheme under the national social security body, which would ensure a safety net for workers who were retrenched. The Movement Control Orders (MCOs) imposed by the government to restrict travel that came into force on 18 March have made it difficult for migrants to travel to access basic services, food, banking and other essentials. In Enhanced MCO areas, service providers can’t even enter. Informal sectors are sacking and abandoning the migrants who worked for them, particularly undocumented migrants and refugees. 

    Employers are forcing migrant employees to resign or take unpaid leave. Employers are taking advantage of the MCOs to not pay their workers. NSI received reports of at least two cases of unpaid salaries way before the MCOs were imposed. One had been unpaid since December 2019 and another since February 2020.

    There is also fearmongering going on, with fake messages and misinformation online putting migrants at risk of backlash from Malaysians. The government pledged not to arrest and detain migrants who come forward for COVID-19 testing. But there is still a lot of fear among migrants and hence many are not coming forward. Some sectors that are very economically aggressive are forcing the government to allow them to reopen so workers can go back to work. We have seen this in the Sabah state palm oil sector.

    The European Union (EU) is also putting both migrant and Malaysian workers at risk of forced labour by asking Malaysian personal protective equipment (PPE) manufacturers to ensure production continues during the pandemic. The EU has offered tax incentives to Malaysian companies to supply PPE. Further, small and medium enterprises that have been hiring undocumented workers for many years have abandoned their workers, claiming they are short on cash. 

    How have you and other CSOs responded to the situation?

    We are coaching migrant leaders to ensure their communities have access to networks that provide services and can provide accurate information about needs to those who are providing services. Some public networks, such as the ‘Care Mongering Malaysia’ group, are proving a platform for Malaysians to reach out to help migrants and refugees in need. This is an online platform that links those who need help with those who can afford to provide the service. Also, Sikh temples are providing groceries and packed lunches. 

    Other CSOs working hard on the ground to provide groceries include BERSIH2.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita and also migrant and refugee community organisations.  Migrant workers can call them when they need assistance with food.

    We are forming a network to ensure services can be delivered in the long term, as we foresee the problems continuing for many months to come. Many migrant workers will remain and will need aid, so we are developing a supply chain to support them.

    We are ensuring migrants receive accurate information from global bodies such as the International Organization for Migration, United Nations (UN) Development Programme and UN Refugee Agency and also from the various government agencies related to health, labour, security and welfare. This includes providing information via infographics on counselling services and on health issues in different languages. 

    We are also fighting misinformation related to migrant workers and refugees. There has been a lot of fearmongering blaming them for the spread of the virus.

    We are also encouraging migrants to seek medical treatment if they are sick and monitoring employers who are taking advantage of the current situation and committing labour offences, particularly as the MCOs have partly restricted lawyers from providing legal representation and legal aid.

    Other CSOs are providing counselling, delivering groceries, doing fundraising, monitoring human trafficking, providing gender-sensitive and maternity-related services and catering to women’s needs.

    What further support does Malaysian civil society need at this time?

    We need cash to support migrants’ needs, including to pay for groceries, bills, rentals and safe repatriation home after the MCOs. We are also seeking funding opportunities because as long as the MCOs apply, we are unable to conduct physical meetings, and most fundraising is based on this. We also need legal aid services for those who are being retrenched unfairly and detained unjustly.

    What lessons have you learned so far from the pandemic?

    We have seen that the government has barely consulted CSOs before implementing policies and this is not in line with good governance principles. Also, there is overkill in punishing those who violate MCOs, including people who are forced to breach the MCOs due to livelihood issues. Further, the over-securitisation of migration over the years has now caused a backlash against migrants, who have been neglected.

    Migrants are amongst the first to be victimised and discriminated against during the pandemic as they are neglected and don’t have strong safety nets. A capitalist system that operates on the basis of mega global supply chains and mega businesses does not have a proper risk-management plan that ensures accountability and transparency. Malaysia also has a problem with statistics, as it has been doctoring the numbers of those in poverty and has failed to address the problems resulting from the huge number of undocumented workers due to the meddling of the deep state.

    The civic rights of migrants have been suspended under the MCOs and Enhanced MCOs, and this in turn has weakened their bargaining power to gain their rights. There has also not been enough cooperation between migrants’ countries of origin and Malaysia to ensure the safe repatriation of those who want to return home, which poses a high risk of infection for everyone. We have received reports that under the MCOs, migrants are forced to use irregular passages to travel home. Embassies have turned to Malaysians for assistance for their citizens.

    CSOs are also not as united as I had assumed in building consensus in dealing with the problems, as they have struggled to cope with this. At the same time, some Malaysians who may have been biased against migrants have, in this time of need, showed compassion and responded in solidarity to migrants’ struggles. As has become clear, in the long term, the economic contributions of migrants ended up benefitting everyone except migrants themselves.

    Civic space inMalaysia is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the North South Initiative through itswebsite and Facebook page, and follow@nsinitiative11 on Twitter.

     

  • Malaysia: End harassment and intimidation of media workers and critics

    Joint Statement with Amnesty International and the International Commission of Jurists

    The Malaysian authorities must immediately put an end to their increasing attacks on freedom of expression, especially the media, international non-governmental organisations Amnesty International, CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation and the International Commission of Jurists (ICJ) said today. Laws incompatible with international human rights law and standards, including the Sedition Act 1948 and Section 233 of the Communications and Multimedia Act (CMA) 1998, are being used to limit free speech and press freedom and should be repealed by the legislature.

    In the latest move in the ongoing clampdown on criticism and other expression, authorities have targeted those involved in making the documentary “Locked Up in Malaysia’s Lockdown,” by news broadcaster Al Jazeera and its 101 East series – which reported on the authorities’ arrests of migrant workers during the COVID-19 pandemic. Al-Jazeera is being investigated for sedition and defamation, and has also been accused of breaching the Communications and Multimedia Act by the Malaysian authorities.

    On 3 July 2020, Al Jazeera on its 101 East Stream published a documentary that investigated the arrests, detention, and ill-treatment of refugees and undocumented migrant workers during the outbreak of COVID-19 in Malaysia. The documentary highlighted raids conducted by authorities; the inhumane conditions of detention; and the situation of migrant workers who fear arrest. Those detained were found to be held in cramped facilities, while migrant workers at risk of detention suffered from a severe lack of adequate food. The documentary also highlighted the chilling effect the government crackdown has had on the migrant worker community, who fear for their lives and safety.

    Rather than addressing the concerns raised in the documentary, the government has instead sought to question the reporters involved, and pursue migrant workers who spoke with Al Jazeera. By initiating a public campaign against migrants and refugees and publishing personal details of the migrant workers who were featured in the report, the authorities have also placed the lives and safety of those interviewed in jeopardy.

    The government’s subsequent threats to revoke the visas of foreign workers appears intended to intimidate other migrant workers from speaking up about human rights violations, including mistreatment. These actions have contributed to a worrying rise in intolerance towards freedom of expression, including critical views.

    Amnesty International, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, and the International Commission of Jurists (ICJ) consider these actions as forms of harassment and intimidation of the media, migrant workers, and others exercising their right to freedom of expression, including criticism or dissent.

    The use of the Sedition Act 1948, Section 233 of the Communications and Multimedia Act, and criminal investigations against the media set a dangerous precedent and are incompatible with international law and standards. These laws place restrictions on the exercise of freedom of expression that are overly broad, unnecessary and disproportionate, and inconsistent with rule of law and human rights principles.

    We reiterate their our previous calls on the Government of Malaysia to abolish both laws, which have historically been used to silence voices of those challenging government policy.

    Background

    Since the COVID-19 pandemic emerged earlier this year, the Malaysian government has launched a crackdown on refugees, asylum-seekers and migrant workers, carrying out a series of raids on settlements in Kuala Lumpur and Selangor. Most notably, raids were carried out as Labour Day operations on 1 May 2020, but also continued afterwards.

    In response to these raids, the Office of the UN High Commissioner on Human Rights (OHCHR) denounced the crackdowns on migrant workers and journalists on 21 May. Migrant workers fear for their safety and there have been reports of suicide amongst them.

    Amid growing concerns about the crackdown, the government has increasingly sought to silence criticism.

    On 7 July, refugee aid worker Heidy Quah was questioned by police for posting a statement on the raids and the treatment of migrant and refugee children on social media. Her lawyer confirmed that she is being investigated under the Penal Code for criminal defamation and the Communications and Multimedia Act for the ‘improper use of network facilities or network service’.

    Since the Perikatan Nasional government assumed power, numerous investigations have been launched against individuals who have criticized government actions. Since February 2020, a journalist has been investigated by police for reporting on immigration raids; a member of parliament was investigated for criticising the May parliamentary session for not permitting debates; and a large number of ordinary Malaysians have been convicted for a variety of social media postings, including for criticising the enforcement of quarantine orders under the Movement Control Order (MCO).

    In another recent attack on media freedom, on 2 July 2020, contempt of court charges were filed against Steven Gan, editor-in-chief of online news outlet Malaysiakini, over comments that were posted by readers that were allegedly critical of the judiciary. The Federal Court will next hear the case on 13 July. If convicted, Gan faces an unlimited prison sentence or fine.


    Civic space in Malaysia is rated as Obstructed by the CIVICUS Monitor

     

  • Mandela Day: Nearly 200 rights organisations call for release of activists as part of #StandAsMyWitness campaign

    • 197 human rights organisations sign letter calling on states to end the imprisonment and harassment of human rights defenders
    • States urged to stop new arrests and detentions of defenders, noting heightened risk during COVID-19
    • #StandAsMyWitness campaign launches on Nelson Mandela Day 18 July, featuring human rights defenders from around the world

     

  • MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

    CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

    Wendy Figueroa

    ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

    En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

    ¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

    Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

    En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

    En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

    En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

    Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

    Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

    Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

    Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

    ¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

    En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

    El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

    ¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

    Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

    También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

    ¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

    La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

    Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

    Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

    ¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

    Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

    Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

    El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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  • MEXICO: ‘Violence against women is a historical pandemic’

    CIVICUS speaks with Wendy Figueroa, director of the Red Nacional de Refugios (National Network of Shelters), a Mexican civil society organisation (CSO) that has been active for more than 20 years. The National Network brings together 69 centres dedicated to the prevention, care and protection of victims of family and gender-based violence throughout Mexico. It carries out comprehensive, multidisciplinary and intersectoral work from a gender, human rights and multicultural perspective. It focuses on public policy advocacy, enhancing the visibility of the problem of family and gender-based violence through campaigns and a media presence, and providing free and specialised comprehensive care for women and their children who experience family and gender-based violence.

    Wendy Figueroa

    How has gender-based violence in Mexico been influenced by the COVID-19 pandemic?

    In Mexico, violence against women is a historic pandemic. It did not just emerge with COVID-19; what the pandemic has done is make the situation more apparent and profound during lockdown. The ‘stay home’ measures to mitigate COVID-19 mean that hundreds of women are in a situation of greater risk and vulnerability. Gender-based violence is magnified under the pandemic precisely because within lockdown, women are overloaded with care tasks, domestic work and the responsibility to optimise the resources available in their home: all of this, of course, while under pressure from the aggressor who lives with them.

    How has the National Network responded?

    We have reinforced the activities and interventions that we have been conducting for many years. What characterises the work of the National Network is that, although our work has been constant, our experience in approaches to prevent, attend to and eliminate violence against women, boys and girls has adapted and been enriched with time. These approaches are updated according to the needs of women, boys and girls – and so our responses in this period of lockdown have also been enriched and strengthened in several ways.

    First, the Network has a telephone helpline operating 24 hours a day throughout the year, and we also provide assistance through social media. We have strengthened these, increasing the number of professionals who provide care through these two communication spaces. We also implemented a WhatsApp number as we have seen that when more time is spent in lockdown, women in situations of abuse have fewer possibilities to make external contact. So, text or social media messages have become an extremely important vehicle for women to send us a message whenever they get the chance.

    In several cases, these messages have resulted in rescue operations. During confinement, women have had to leave at the first opportunity when their aggressor is not at home, and as a result rescues have increased exponentially. In just two months we have carried out 19 rescues, compared with just around one per month during the equivalent months in 2019. To achieve this, we have had to be creative and have established alliances with some private companies such as Avon and Uber to arrange logistics and transportation.

    Second, our information, awareness and prevention campaigns have focused on three moments that women who experience abuse go through, in order to share strategies of what to do before, during and after a violent event. We also share strategies to reduce risk situations with children at home and to establish safety plans. We have carried out an inclusive and multicultural campaign, with messages in sign language for deaf women, and messages for Indigenous women in three languages: Mayan, Náhuatl and Zapotec.

    Given that COVID-19 makes pre-existing forms of discrimination and inequalities deeper and more visible, and that women are to a greater degree in this situation of vulnerability, we have also created material aimed at society at large. We promote among the public the establishment of solidarity support networks to make gender-based violence and violence against children more visible, so that people can denounce situations of violence and participate in the construction of a zero-tolerance culture.

    Third, we have carried out the ‘isolation without violence’ campaign, aimed at the government, underscoring the urgency and necessity of creating cross-sectional, resourced public policies that address the consequences and impact of COVID-19 for women from gender, human rights and multicultural perspectives. As the quarantine is lifted, these polices must guarantee access to justice, health services and financial compensation, among other rights.

    Fourth, we have carried out specific actions within the shelters, emergency centres, transition houses and external centres that make up the Network, implementing protocols to mitigate the risk of COVID-19 infection. We have used our creativity to provide assistance through various digital platforms to keep accompanying all the women who take part in our comprehensive programmes. Attention hours within these spaces have been staggered and quarantine rooms established so that we can continue to take in the women and children who require support without any obstacle or discrimination due to COVID-19, as for us it is extremely important to put human rights at the core of our actions.

    We are seeking international and private sector funding to strengthen our network of emergency and transition houses. Emergency houses are the step prior to entering a shelter and we are currently using them to mitigate the risk of COVID-19 infection in shelters: instead of the usual three days, stays have been extended to last the 14 days of quarantine. As for transition houses, they are extremely important because they are the spaces available for women leaving shelters who lack a home or solid support networks. In these transitional spaces they put into practice the plans that they developed during their stay in the shelters and start moving towards independence. But as a result of the economic impacts of COVID-19, the employment agreements that we had for these women have been cancelled. In this context, transitional houses allow women to continue with their process and avoid frustration and re-victimisation.

    Have you faced additional restrictions on the freedoms to organise, speak up and mobilise during the pandemic?

    Generally speaking, of course there have been limitations on mobility as a result of the ‘stay home’ campaign. In response, we have channelled much of our assistance through social media and over the phone. But we have not neglected face-to-face care: there are some cities where we operate in which there is no alternative available to the external attention centre of the local CSO that belongs to the National Network, and in those cases we have continued to provide face-to-face assistance, while taking all necessary precautions to reduce the risk of contagion. We also continue operating and providing in-person care, where necessary, in all our protection spaces: emergency houses, shelters and transition houses. And we continue to mobilise when necessary.

    The freedom of assembly is limited, but it is not forbidden for us to take action in the face of femicides and other rights violations. We continue operating according to our model and on the basis of our guiding principles, namely human rights and women’s lives. We have reorganised to follow social distancing when possible but, above all, focusing on the needs of the families we assist.

    How has the feminist movement adapted when transitioning from mass protests to social isolation?

    We have transformed our ways of protesting, our ways of raising our voices, of joining together in sisterhood to seek justice, substantive equality and respect of all the rights of women and children. We have used digital platforms and technology to keep communicating, networking and proposing actions. Feminist movements did not go silent as COVID-19 arrived: through all these digital media and platforms we have held talks, webinars, solidarity meetings, encounters to express our feelings and exercise solidarity. We have held feminist exchanges to support our sisters’ economy and offer our professional services as psychologists, doctors and lawyers over social media.

    We have also continued making statements. We recently produced, along with 42 other feminist groups, a video that accompanies a letter that gathered over 6,000 signatures to demand that the Mexican federal government and the 32 state governments implement urgent and priority actions to guarantee the life and safety of all women, girls and boys in our country. In the face of the minimisation of violence against women, we launched the We Have Other Data campaign, which has had quite an impact. And we have also echoed the voices of the women who are victims of violence and have sought our help. So we are definitely and fully present and we will continue to be.

    What needs to change after the pandemic, and how can we work together to bring about that change?

    The COVID-19 pandemic has highlighted all of our country’s underlying problems: those of an extremely unequal access to health, education, information, justice and rights restitution. From my perspective, the post-pandemic era can be a great opportunity to reengineer our systems of care, protection and security to ensure that everyone has both legal guarantees and actual opportunities to lead a life free of violence – and particularly those groups in a situation of greater vulnerability, including women, girls and boys, older people, migrants and people with disabilities.

    We need state policies that guarantee equal access to all rights for all people. These state policies need to have a designated budget. And they must be state-level policies rather than government policies because this is not a problem of the current administration – it is a historical problem. Government policies are typically dismantled every time the government changes, even in the case of affirmative action policies that are producing good results. This is why it is essential to move towards intersectoral state policy with a guaranteed budget. These must include gender, human rights and multicultural perspectives so that no one is left out. These policies must be the responsibility not just of the federal government, but also of our 32 states and of society itself, and of course of CSOs as well, so we can advance towards a society where sexist violence is not justified and normalised, as is unfortunately currently the case.

    All people in all sectors have to work to achieve cultural change, starting with ourselves to identify our own discriminatory acts and violent actions, as well as how we reproduce social mandates and naturalise violence. This is why I believe that change needs to take place at all levels before it is really possible to speak of a true transformation.

    What support does the National Network need from the international community?

    We need the international community to know the human rights regression that our country is going through. It is important for information to reach international organisations because the state of Mexico has signed and ratified the Convention of Belém do Pará (the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women), the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Beijing Platform for Action, and it is in breach of all these conventions. Mexico has already received many international recommendations in this regard but is not addressing them with real actions.

    On the contrary, the government is often complicit in the violence. When they ignore and even deny that women experience violence in their homes and that this problem has increased during lockdown, the authorities do nothing but re-victimise the victims. Likewise, austerity policies are affecting programmes and communities. Since 2019 shelters have been in a regrettable, constant struggle to defend their budget, showing the benefits and impact they have on Mexican families. So we also need support in the form of donations to strengthen our national network and establish more emergency houses and transition houses, which play an extremely important role in closing the cycle of violence and delivering true citizenship and protection of human rights.

    Civic space in Mexico is rated as ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with the National Network of Shelters through itswebsite andFacebook page, or follow@RNRoficial on Twitter.

     

  • MYANMAR: ‘Opposition parties complain that the election body censors their messaging'

    Cape DiamondCIVICUS speaks to award-winning journalist Cape Diamond (Pyae Sone Win) about the upcoming elections in Myanmar. Cape is a multimedia journalist based in Myanmar, covering issues of human rights, crisis and conflict. Currently freelancing for the Associated Press (AP), he has provided critical coverage during the Rohingya crisis and contributed to numerous international outlets, including Al Jazeera, ABC News and CBS. He also contributed to the BAFTA Award-winning documentaryMyanmar’s Killing Fields and New York Film Festival gold medal award-winner The Rohingya Exodus.

     

    Scheduled on 8 November 2020, the election will be Myanmar’s first since 2015, which resulted in a landslide victory for the National League for Democracy (NLD), and only the second competitive election since 1990, when the military annulled the NLD’s overwhelming victory.

    What is the situation for civic freedoms and civil society ahead of the elections?

    The situation for the freedom of speech is very concerning. Over the years, journalists and rights activists in Myanmar have been criminally charged for their work. Restrictive laws, including the Telecommunications Law, the Unlawful Associations Act, the Official Secrets Act and defamation provisions in the Penal Code, continue to be used to prosecute activists and journalists. The Peaceful Assembly and Procession Law has been used against those protesting.

    Many political parties have raised complaints that the Union Election Commission (UEC), the electoral body, has censored the messages that are set for broadcast on national TV ahead of the elections. For example, Ko Ko Gyi, chairman of the People's Party, said that the edits that the UEC made to his election campaign speech prevent him from airing the party's full political stance ahead of the elections. Two parties – the Democratic Party for a New Society and the National Democratic Force – cancelled their election broadcasts in protest against censorship.

    At the same time, critics say that the electoral body is biased in favour of the ruling party, the NLD led by Aung San Suu Kyi. It’s something that we should keep our eyes on and speak out about to ensure credible elections.

    Has the electoral body engaged with civil society?

    I’ve been hearing that the current UEC is not that actively engaging with civil society. They initially barred the People’s Alliance for Credible Elections (PACE), one of the largest election monitoring groups in the country, from monitoring the election. The UEC accused PACE of not being registered under the law that applies to civil society organisations and of receiving funding from international sources. Even though the UEC subsequently allowed PACE to operate, the organisation is struggling to proceed due to the newly imposed COVID-19 restrictions.

    What are the main issues the campaign will revolve around?

    The COVID-19 pandemic and the ongoing civil war across the country are the main issues for us at the moment. It’s very clear that the ruling party and the government are not paying enough attention to the situation of minorities in regions experiencing civil war. 

    It’s worrying that the country is undergoing a pandemic, which I believe it does not have enough capacity to handle. As of 29 September 2020, we have had a total of 11,000 reported cases and 284 deaths due to COVID-19. A surge of infections over the last few weeks has been worrying, as we only had around 400 confirmed cases in August. I am concerned about whether the environment will be safe for people to go out and vote on the election days. 

    More than 20 political parties have sent requests to the electoral body to postpone the elections due to the pandemic, but they were rejected. The ruling party is not willing to have the elections postponed.

    Will it be possible to have a ‘normal’ campaign in this context? 

    I don’t think it’s possible to have normal campaign rallies such as those of the previous election in 2015, because we are in a pandemic. The government has taken several measures to combat the spread of the disease, including orders against gatherings of people. Political parties are not allowed to organise their campaigns in semi-lockdown areas.

    Major cities like Yangon and the Yangon Region, as well as some townships in Mandalay, are under semi-lockdown, which the government calls the Stay-At-Home programme. At the same time, the whole of Rakhine State, which is experiencing civil war, is also on semi-lockdown. I am afraid people in the civil war zone will not be able to go out and vote.

    Candidates are using both mainstream and social media to reach their audiences. However, as noted earlier, some opposition parties have been censored by the UEC. Some opposition members have denounced unfair treatment by the UEC and the government, while the ruling party is using its power to expand its popularity. This will clearly harm the electoral chances of the opposition.

    What specific challenges do candidates face in Rakhine State?

    As the whole of Rakhine State is under COVID-19 restrictions, candidates are not able to campaign in person. Therefore, they are mostly campaigning on social media. At the same time, a long internet shutdown has been in place in many townships in Rakhine State, imposed due to ongoing fighting between the Arakan Army and the military. I am concerned about whether people will be able to get enough information around the elections.

    The Myanmar government is also using the discriminatory 1982 Citizenship Law and the Election Law to disenfranchise Rohingya people and block them from running for political office. Election officials barred Kyaw Min, head of the Rohingya-led Democracy and Human Rights Party (DHRP), from running. He was disqualified along with two other DHRP candidates because their parents were allegedly not citizens, as required by election law. This is one of the various tools used to oppress the Rohingya population.

    In October, the UEC released a smartphone app that was criticised over its use of a derogatory label for Rohingya Muslims. The mVoter2020 app, aimed at improving voter awareness, labels at least two candidates from the Rohingya ethnic group as ‘Bengali’, a term that implies they are immigrants from Bangladesh, although most have lived in Myanmar for generations. This label is rejected by many Rohingya people. Additionally, none of the one million Rohingya refugees in Bangladesh and another several hundred thousand dispersed in other countries will be allowed to vote.

    Civic space in Myanmar is rated asrepressed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

    Cape DiamondCIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA,Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York,The Rohingya Exodus.

     

    Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

    ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

    La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

    Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

    Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

    ¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

    He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

    ¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

    La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

    Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

    Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

    ¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

    No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

    Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

    Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

    ¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

    Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

    El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

    En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

    El espacio cívico enMyanmar es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

    Siga a@cape_diamond en Twitter. 

     

  • Myanmar: Continued crackdown on civil society undermines efforts to address COVID-19

    Statement at the 44th Session of the UN Human Rights Council

    Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on Myanmar


    CIVICUS welcomes the Special Rapporteur’s update, and looks forward to our future engagement.

    This is a critical time in Myanmar, where a crackdown on expression, peaceful assembly and access to information is a barrier to accountability and undermines the country’s efforts to address the COVID-19 pandemic. Individuals have criminalised for speaking out, reporting or protesting again human rights violations.

    Members of the Peacock Generation, a slam poetry troupe, who were convicted under the Telecommunications Act and Section 505(a) of the Penal Code remain in prison for their satirical criticism of the government. The Peaceful Assembly and Procession Law has been used against those protesting the internet blackout in Rakhine and Chin states. These laws, and countless others, make up the repressive legal framework used against independent journalists and human rights defenders who speak out on crimes perpetrated by the government.

    The report of the IIMM presented during the 42nd Session of this council said that Myanmar’s future depends on the clear demonstration that its international crimes will not be tolerated. It also depends on those in Myanmar who speak out on violations and advocate for positive change being listened to, rather than persecuted. We call on the Myanmar government to do so, and on the international community to stand by these activists.

    We ask the Special Rapporteur: what are your priorities for your time in this mandate, and how do you see the role of an open civic space in achieving accountability? Finally, how can civil society support you in your work?


    Civic space in Kuwait is currently rated as Repressed by the CIVICUS Monitor

    Current council members:

    Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, SomaliaSudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

    Civic space ratings from the CIVICUS Monitor

    OPEN NARROWED OBSTRUCTED  REPRESSED CLOSED

     

     

  • Myanmar: Independent investigation needs access and international community must ensure accountability

    Statement at the 45th Session of the UN Human Rights Council

    Interactive Dialogue with the Independent Investigative Mechanism for Myanmar 


    Thank you, Madame President,

    We thank the Independent Investigative Mechanism for its second report.

    We particularly welcome efforts articulated towards outreach and engagement with local and regional civil society. 

    We are alarmed by the continuing lack of access granted to Myanmar to the Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM), which has been exacerbated owing to the COVID-19 pandemic. For the mechanism to fulfil its mandate, it is crucial that it has access to information including to relevant evidence of serious international crimes and witnesses. Ongoing failure to ensure unfettered access to journalists, humanitarian actors and human rights monitors to Rakhine state also puts this in jeopardy. We call on the government to grant access to the Mechanism and other actors as a matter of urgency. We further call on Facebook to uphold its commitment to cooperate by providing all relevant evidence it holds, noting that to date it has only partially complied with such requests.

    Myanmar’s future depends on a clear demonstration from the international community that any international crimes will not be tolerated. It also depends on those in Myanmar who speak out on violations and advocate for positive change being listened to, rather than persecuted. We call on the Myanmar government to do so.

    Pursuing criminal accountability is a long process and requires long-term sustainability. We call on the Council to ensure that the Mechanism can enjoy such sustainability by ensuring it adequate resources. We further call on the international community to recognize that the vital work of the Mechanism is only one stage of this process, and to take steps to ensure progress towards accountability is made: including by referring Myanmar to the International Criminal Court or an independent tribunal, and exercising universal jurisdiction to hold the perpetrators accountable. 

    Failing to do so would be a grave abdication of responsibility to the victims of grave human rights violations, their families and communities, who have deserved accountability and justice for so long.

    We ask the Mechanism what steps it is taking to systematize engagement with civil society, and what steps it is taking to ensure sustainability in the event of budget restrictions?

    Thank you.


    Civic space in Myanmar is rated as Repressed by the CIVICUS Monitor.

    Current council members:

    Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, SomaliaSudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

    Civic space ratings from the CIVICUS Monitor

    OPEN NARROWED OBSTRUCTED  REPRESSED CLOSED

     

     

  • Niger : les défenseurs des droits humains injustement détenus pendant plus de six mois

    • Le 15 septembre marque le sixième mois de la détention de trois éminents défenseurs nigériens des droits humains

    • Les principales organisations de défense des droits humains appellent les autorités à libérer immédiatement et sans condition Moudi Moussa, Halidou Mounkaila et Maikoul Zodi

    • Inquiétudes face à une répression croissante des droits humains au Niger

    Niger stopalacorruption FRLe 15 septembre 2020, cela fera six mois que trois défenseurs des droits humains ont été emprisonnés au Niger simplement pour avoir participé à des manifestations pacifiques pour demander l'ouverture d'une enquête sur les allégations de détournement de fonds par le ministère de la défense.

    CIVICUS, Amnesty International, Oxfam Niger, Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP), Tournons la Page International (TLP) et Front Line Defenders demandent la libération immédiate et inconditionnelle de Moudi Moussa, Halidou Mounkaila et Maikoul Zodi. Ils ont été arrêtés avec quatre autres militants entre le 15 et le 17 mars 2020 après que les forces de sécurité aient violemment dispersé des manifestations pacifiques contre la corruption dans la capitale Niamey. Les autorités avaient interdit tout rassemblement le 13 mars, à titre de mesure préventive contre la pandémie de COVID-19. Les violences ont fait au moins trois morts et plusieurs bâtiments ont été endommagés. Les accusations portées contre eux comprennent « l'organisation d'un rassemblement non autorisé, incendie criminel, dommages aux biens publics et homicide involontaire ».

    Au moins 15 militants avaient été arrêtés, dont six ont été placés en détention provisoire.  Trois des détenus ont été libérés provisoirement en mai mais Moudi, Halidou et Maikoul sont toujours détenus arbitrairement malgré l'octroi d'une caution de 5 millions de francs (environ 9 200 dollars US) le 6 août.  Le procureur a fait appel de cette décision avec succès et ils sont toujours détenus dans trois prisons distinctes. 

    Moudi Moussa est journaliste et syndicaliste, Halidou Mounkaila est leader du syndicat d'enseignants SYNACEB et Maikoul Zodi est le coordinateur national du mouvement mondial Tournons La Page. Ces trois défenseurs des droits humains sont membres de la coalition PWYP et sont présentés dans la campagne de CIVICUS #StandAsMyWitness, qui sensibilise le public aux défenseurs des droits humains détenus arbitrairement dans le monde et demande leur libération. Amnesty International les considère comme des prisonniers de conscience et demande leur libération immédiate et inconditionnelle.

    La détention des défenseurs des droits humains intervient dans un contexte de répression croissante des droits humains et de l'espace civique au Niger. En juin, le pays a été ajouté à la liste de surveillance de CIVICUS. Cette liste met en évidence les pays où il y a eu récemment un déclin rapide des droits humains, y compris les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association.  

    Les organisations de défense des droits humains sont particulièrement préoccupées par le harcèlement, l'intimidation et les attaques dont font l'objet les militants et défenseurs des droits humains, notamment ceux qui réclament la transparence et la responsabilité dans les secteurs public et privé. Des journalistes ont également été arrêtés pour avoir fait des reportages sur des allégations de corruption.

    Le 10 juin 2020, la journaliste et bloggeuse Samira Sabou a été arrêtée à Niamey et inculpée de diffamation en rapport avec un post sur les réseaux sociaux mettant en lumière la corruption. Selon ses collègues militants, son arrestation est liée à un post du 26 mai 2020, dans lequel elle faisait référence à un audit du ministère de la défense concernant l'achat frauduleux de matériel militaire pour l'armée. L'un des commentaires en dessous du post critiquait le fils du président en relation avec l'audit, bien que Samira Sabou n'ait pas mentionné le fils dans son poste. Le 28 juillet, elle a été relaxée par le tribunal de grande instance de Niamey pour "délits non constitués" et libérée le même jour.

    Le 12 juillet, le journaliste Ali Soumana a été convoqué par la police, interrogé et accusé de fausse information pour des commentaires faits sur des allégations de corruption. Certains journalistes ont également été arrêtés et détenus pour avoir fait des reportages sur la réponse des autorités au COVID-19. En mai, l'Assemblée nationale a promulgué une nouvelle loi qui permet aux autorités d'intercepter des conversations téléphoniques dans le cadre de la réponse de l'État à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, sans les garanties appropriées en matière de droits humains, y compris les droits à la liberté d'expression et à la vie privée. 

    "Au cours des huit derniers mois, nous avons assisté à une recrudescence des violations des droits humains par les autorités nigériennes, y compris l'intimidation et le harcèlement des militants, défenseurs et journalistes des droits humains. C'est une mascarade que Moudi Moussa, Halidou Mounkaila et Maikoul Zodi soient toujours en prison simplement pour avoir protesté contre une mauvaise utilisation présumée des fonds de la défense. Ils devraient tous être libérés immédiatement et sans condition", a déclaré David Kode, responsable du Plaidoyer et des Campagnes de CIVICUS.

    "Nous pensons que les accusations portées contre les militants pour complicité de dégradation de biens publics, d'incendie criminel et d'homicide involontaire sont fabriquées de toutes pièces pour compromettre l'exercice pacifique de leurs droits humains et les exigences de transparence et de responsabilité", a déclaré Samira Daoud, directrice régionale du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

    Les organisations sont préoccupées par la détention prolongée de défenseurs des droits humains sur la base d'accusations sans fondement. Nous appelons le gouvernement du Niger à libérer immédiatement Moudi Moussa, Halidou Mounkaila et Maikoul Zodi et à cesser de persécuter les membres de la société civile.

    Le Niger figure sur la liste des pays "bloqués" par le CIVICUS Monitor, un outil en ligne qui suit les conditions de l'espace civique dans le monde

    INTERVIEWS

    Pour plus d'informations ou pour organiser des interviews, veuillez contacter : 

    et   Tel/Whatsapp: +27(0)785013500

    À PROPOS DES SIGNATAIRES

    CIVICUS est une alliance mondiale d'organisations de la société civile qui se consacre au renforcement de l'action citoyenne et de la société civile dans le monde entier. CIVICUS compte plus de 10 000 membres dans le monde entier.

    Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 7 millions de personnes qui considèrent l'injustice comme une affaire personnelle. Nous faisons campagne pour un monde où les droits humains sont accessibles à tous.

    Front Line Defenders a été fondée à Dublin en 2001 dans le but spécifique de protéger les défenseurs des droits humains en danger (DDH), des personnes qui travaillent, de manière non violente, pour tout ou partie des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Front Line Defenders répond aux besoins de protection identifiés par les défenseurs des droits humains eux-mêmes.

    Publish What You Pay (PWYP)  est un mouvement mondial regroupant plus de 1000 organisations de la société civile qui font campagne pour que les revenus du pétrole, du gaz et des mines contribuent à améliorer la vie des gens.

    Tournons La Page est un mouvement composé de 250 organisations actives dans 10 pays d'Afrique et en Europe pour promouvoir l'alternance démocratique.

     

  • NIGERIA: ‘La protesta antirracista global renovó el reclamo para que la policía rinda cuentas’

    CIVICUS conversa con Nelson Olanipekun, abogado de derechos humanos y fundador y líder del equipo de Citizens’ Gavel, una organización nigeriana de tecnología cívica que trabaja para aumentar la velocidad de la impartición de justicia mediante la promoción del acceso a la justicia, la participación ciudadana y el uso de tecnologías digitales. Citizens’ Gavel fue fundada en 2017, en reacción a la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector de la justicia.

    Nelson Olanipekun1

    ¿Qué tipo de trabajo hace Citizens’ Gavel?

    Citizens’ Gavel es una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Nigeria. Fue establecida hace tres años para hacer frente a la lentitud de los procesos judiciales, promover la rendición de cuentas y ofrecer apoyo legal. Nuestro principal objetivo es aumentar la eficacia de la impartición de justicia a través de la tecnología, la incidencia y el cabildeo estratégico, y reducir las violaciones de derechos humanos a través de políticas e incidencia legal. Actualmente estamos trabajando en conjunto con otras OSC en la reforma legal. En ese sentido, estamos tratando de convertirnos en un actor relevante en los procesos de formulación de políticas que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía nigeriana.

    Trabajamos con casos que involucran problemas que van desde el encarcelamiento masivo hasta la falta de procesos digitalizados en el sector de la justicia. El proceso de administración de justicia en Nigeria es uno de los más lentos de África; en consecuencia, tenemos una elevada proporción de personas encarceladas en espera de juicio. Alrededor del 70% del total de personas encarceladas están esperando su juicio; apenas el 30% tienen condena. En 2017 presentamos una demanda colectiva en nombre de más de 500 personas que esperaban su juicio en prisión en el estado de Oyo. Estas personas ya habían pasado varios años en la cárcel, pese a que la ley establece que se puede retener a los acusados durante un máximo de 28 días antes de llevarlos ante los tribunales. También digitalizamos los listados de causas de más de 30 tribunales de Nigeria y nos concentramos en mejorar la cooperación entre los actores del sector judicial.

    Brindamos representación legal gratuita para los detenidos con prisión preventiva que no pueden pagar un abogado. Hemos desarrollado programas y aplicaciones para que las víctimas de abusos de derechos humanos y sus familias puedan buscar ayuda legal fácilmente. Entre ellos se destaca Podus, una plataforma tecnológica que permite a las personas con prisión preventiva conectarse con el abogado pro bono que se encuentre más cerca. Esta plataforma fue creada específicamente para jóvenes que no tienen fácil acceso a abogados o a los programas de justicia. Contamos con más de 160 abogados en 24 estados de Nigeria y con un equipo legal de respuesta rápida de siete abogados. Hasta ahora hemos resuelto 1.500 casos. Otra aplicación de tecnología que desarrollamos para el área de justicia es el Reloj de la Justicia (Justice Clock), una plataforma tecnológica que calcula la cantidad de tiempo que los reclusos pasan detenidos y la cantidad de días que los sospechosos pasan en juicio en comparación con lo que disponen la Ley de Administración de Asuntos Penales y otras leyes. La plataforma también ofrece un espacio donde los actores del sector de la justicia -el poder judicial, la policía, los fiscales y los funcionarios penitenciarios- pueden informarse sobre las mejores prácticas internacionales y mejorar su trabajo. Hemos colaborado estrechamente con el estado de Ogun para implementar con éxito el Reloj de la Justicia de modo que el sector de la justicia, y específicamente el director del Ministerio Público y el Comisionado de Justicia del estado de Ogun, se aseguraran de que se respetaran los plazos constitucionales dentro de los cuales los acusados en espera de juicio pueden permanecer encarcelados.

    Hacemos un seguimiento de los casos que involucran violencia sexual y de género (VSG), tomamos casos de brutalidad policial, monitoreamos las campañas anticorrupción y los casos de corrupción para brindar información relevante al público, y abogamos por las personas indigentes y las conectamos a través de la tecnología. Nuestra preocupación por esta población surgió de la constatación de que el número de personas pobres que permanecen presas en espera de juicio va en aumento. Si no reciben ninguna ayuda, los acusados sin medios económicos pasan mucho tiempo en la cárcel por delitos menores, simplemente porque no pueden pagar la fianza ni sobornar a la policía. También son vulnerables y pueden ser obligados a confesar delitos que no cometieron y en consecuencia puede que terminen pasando en prisión períodos aún más prolongados.

    Citizens’ Gavel también trabaja en el tema del abuso policial. ¿Cuál es la situación en Nigeria, y cómo resonaron localmente las protestas globales provocadas por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos?

    La brutalidad policial es un gran problema en Nigeria y llevamos bastante tiempo trabajando en el tema. En abril de 2019, por ejemplo, instamos a la Policía de Nigeria para que realizara una evaluación de la salud mental a los oficiales que habían cometido abusos o asesinatos; caso contrario iniciaríamos acciones legales.

    En Nigeria, la protesta global ante la muerte de George Floyd renovó el reclamo de que la policía rinda cuentas y la gente comenzó a compartir historias de sus interacciones con agentes de policía. En conjunción con los problemas locales preexistentes, el incidente ocurrido en los Estados Unidos y sus resonancias globales realzaron las voces locales que se pronunciaban contra la brutalidad policial. Tuvimos la oportunidad de contribuir a este movimiento abordando las quejas que los ciudadanos nos hicieron llegar y continuamos trabajando para garantizar que los policías culpables rindan cuentas de sus actos.

    ¿De qué modo se han profundizado los problemas de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19?

    En cuanto comenzó la pandemia hubo un aumento de los casos de brutalidad policial relacionados con la aplicación de las medidas de confinamiento y el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las interacciones entre ciudadanos y agentes de policía aumentaron y como resultado de ello hubo más denuncias en contra de agentes de policía. Hacia abril de 2020, parecían ser más las personas muertas a manos de la policía que las fallecidas a causa del COVID-19. Además, los abusos cometidos por la Unidad del Escuadrón Especial Antirrobo de la Fuerza de Policía de Nigeria continuaron durante la pandemia, y las autoridades siguieron sin procesar a los agentes que cometieron actos de tortura y delitos violentos, en su mayoría contra hombres jóvenes de bajos ingresos.

    Otra epidemia de larga data, la de la VSG, también floreció bajo la pandemia. Antes de la pandemia, alrededor del 30% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad habían sufrido abusos sexuales. Al tiempo que previenen los brotes del virus, las medidas de confinamiento representan una amenaza creciente para la seguridad de mujeres y niñas, ya que obliga a las víctimas de VSG a permanecer encerradas junto con sus abusadores. Entre marzo y abril de 2020, las denuncias de VSG aumentaron 149%. El confinamiento también comprometió la disponibilidad y el acceso a servicios, ya que muchos centros y refugios para víctimas de VSG cerraron o redujeron la gama de servicios que brindaban. Como resultado, estos servicios esenciales estuvieron en falta precisamente en el momento en que las sobrevivientes más los necesitaban.

    En respuesta a esta situación, Citizens’ Gavel aumentó la cantidad de casos de VSG que maneja. Estamos haciendo todo lo que podemos teniendo en cuenta que las reuniones físicas y las intervenciones legales fueron suspendidas y los miembros de nuestro equipo han estado trabajando de forma remota durante varios meses. Afortunadamente, nos resultó relativamente fácil manejar la situación porque somos una organización de tecnología cívica y nuestro personal ya estaba capacitado en el uso de herramientas virtuales.

    ¿De qué modo podría la sociedad civil internacional apoyar su trabajo?

    Agradeceríamos toda oportunidad de capacitación que nos ponga en mejores condiciones para atender mejor a las comunidades locales con las que trabajamos. También nos gustaría conocer las estrategias que mejor han funcionado para frenar los abusos de derechos humanos en otros contextos.

    Citizens’ Gavel pone mucho énfasis en el uso de la tecnología para resolver algunos de los problemas de justicia que tiene el país y ha podido desarrollar algunas herramientas tecnológicas en ese sentido; sin embargo, nos gustaría aprender más sobre las tecnologías que están funcionando en otros contextos. El acceso a plataformas internacionales a través de las cuales podamos exigir que nuestro gobierno rinda cuentas también es clave para nuestra estrategia.

    El espacio cívico Nigeria is calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con Citizen’s Gavel a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@citizen_gavel en Twitter.

     

  • NIGERIA: ‘The global anti-racist protests renewed the call for police accountability’

    CIVICUS speaks to Nelson Olanipekun, a human rights lawyer and the founder and team lead of Citizens’ Gavel, a Nigerian civic tech organisation that works to increase the pace of the delivery of justice by promoting access to justice, citizens’ engagement and the use of digital technologies. Citizens’ Gavel was founded in 2017 in reaction to the lack transparency and accountability in the justice sector.

    Nelson Olanipekun1

    What kind of work does Citizens’ Gavel do?

    Citizens’ Gavel is a civil society organisation (CSO) based in Nigeria. It was established three years ago to tackle the slow pace of the delivery of justice, promote accountability, and provide legal support. Our main goal is to increase the effectiveness of the delivery of justice through tech, advocacy, and strategic lobbying, and to reduce human rights violations through policy and legal advocacy. At the moment we are working jointly with other CSOs on legal reform. In doing so, we are trying to become a major player in policy-making processes that affect the fundamental rights of Nigerians.

    We work with cases involving issues that range from mass incarceration to the lack of digitised processes in the justice sector. The justice delivery process in Nigeria is one of the slowest in Africa and it results in a high percentage of people incarcerated while awaiting trial. About 70 percent of the people who are in prison are awaiting trial; only 30 percent have been convicted. In 2017 we filed a class action suit for more than 500 people who were awaiting trial in prison in Oyo State. These people had already spent several years in prison, although the law establishes that people can be held for a maximum of 28 days before being taken to court. We also digitised cause lists in over 30 courts across Nigeria, and focused on improving cooperation among stakeholders in the justice sector.

    We provide pro bono legal representation for pre-trial detainees who can’t afford a lawyer. We have developed programmes and apps for human rights abuse victims and their families to reach out for legal help easily. One of them is Podus, a tech platform that enables victims of pre-trial detention to connect with the pro bono lawyer nearest to their location. This platform was created specifically for young people, who don’t have easy access to lawyers or justice programmes. We have over 160 lawyers across 24 states in Nigeria and a rapid response legal team of seven lawyers. So far we have resolved 1,500 cases. Another tech-for-justice app we developed is Justice Clock, a tech platform that helps calculate the amount of time inmates spend in detention and the number of days suspects spend on trial vis-a-vis the appropriate provisions of the Administration of Criminal Justice Act and other laws. The platform also offers a space where actors in the justice sector – the judiciary, the police, prosecutors and prison officials – can stand at par with international best practices, and in doing so can make their work easier. We have worked hand in hand with Ogun State to successfully deploy the Justice Clock so that the justice sector, specifically the Director of Public Prosecutions and the Commissioner for Justice of Ogun State, ensures that it respects the constitutional time limits for which inmates awaiting trial can be imprisoned.

    We track cases that involve sexual and gender-based violence (SGBV), take cases of police brutality, monitor anti-corruption campaigns and anti-corruption cases to provide relevant information to the public, and advocate for people living in extreme poverty and connect them through tech. Our concern about this population originally arose from the growing number of poor people who are imprisoned while awaiting trial. If they don’t receive any help, poor defendants spend a long time in jail for minor offences, just because they cannot afford to either pay bail or bribe the police. They are also vulnerable and can be coerced into confessing to crimes they did not commit and end up spending even longer periods in prison.

    Citizens’ Gavel also works on police brutality. What is the situation in Nigeria, and how did the global protests triggered by the death of George Floyd in the USA resonate locally?

    Police brutality is a big issue in Nigeria and we have worked on it for some time. In April 2019, for instance, we challenged the Nigerian Police Force to conduct mental health assessments on officers who had committed abuses or killings, or otherwise face legal action.

    The global protests triggered by the death of George Floyd renewed the call for police accountability in Nigeria and people started sharing stories of their encounters with police officers. Coupled with pre-existing local issues, the US incident that resonated globally enhanced the local voices who were speaking up against police brutality. We were able to contribute by addressing the complaints that citizens reported to us and continuing to work to ensure culpable officers are held accountable.

    In what ways have human rights issues worsened during the COVID-19 pandemic?

    As the pandemic started there was an increase in police brutality related to the enforcement of lockdown measures and compliance with sanitary protocols. Interactions between citizens and police officers increased and resulted in more complaints against police officers. By April 2020, it appeared that police officers had killed more people than COVID-19. Additionally, the brutalities committed by the Special Anti-Robbery Squad Unit of the Nigerian Police Force continued during the pandemic, and the authorities continued failing to prosecute officers who committed torture and violent crimes, mostly against young men from low-income backgrounds.

    Another longstanding epidemic, that of SGBV, flourished under the pandemic. Before the pandemic, about 30 percent of women and girls between the ages of 15 and 49 had experienced sexual abuse. While preventing outbreaks of the virus, lockdown measures represented a heightened threat to the safety of girls and women, as victims of SGBV remained locked in with their abusers. Between March and April 2020, reports of SGBV increased by 149 percent. The lockdown also compromised the availability of and access to services, as many centres and shelters for victims of SGBV closed or reduced the range of services they provided. As a result, these essential services were lacking precisely when survivors needed them the most.

    In response to this situation, Citizens’ Gavel increased the number of SGBV cases we manage. We are doing as much as we can, taking into account that physical meetings and legal interventions were suspended and our team members had to work remotely for several months. Fortunately, this was relatively easy to pivot to because we are a civic tech organisation and our staff had already been trained to use online tools.

    What kind of support from international civil society would help your work?

    We would appreciate training opportunities to enhance our skills to better serve the local communities we work with. We would also like to know about the strategies that work best to curb human rights abuses in other environments.

    Citizens’ Gavel is big on using tech to solve some of the local justice issues and has been able to develop some tech tools; however, we would like to learn more about technologies that work in other contexts. Accessing international platforms through which we can hold the government accountable is also key to our strategy.

    Civic space in Nigeria is rated as ‘repressed’ by theCIVICUS Monitor.
    Get in touch with Citizens’ Gavel through itswebsite orFacebook page, and follow@citizen_gavel on Twitter.

     

     

  • Observations on the quest to build back better

    SDG Knowledge Hub’s interview with Mandeep Tiwana, Chief Programmes Officer

    • Five years since the passage of the SDGs, the impulse in many quarters is still to scale up existing approaches, rather than to push for fundamental changes in how our societies and economies function to better realize rights.
    • In addition, there are worrying signs that COVID-19 emergency restrictions could be used as a smokescreen for a broader crackdown on dissent, which would undermine accountability for the 2030 Agenda.
    • Countries that appear to have done better are ones that have empathetic leaders who have been inclusive in their policy responses and have involved civil society in decision making.

    The SDG Knowledge Hub spoke with Mandeep Tiwana, Chief Programmes Officer at CIVICUS, about his assessment of responses to the COVID-19 pandemic and impacts on the 2030 Agenda. Mandeep highlights the persistence of “MDG mindsets” and an increase in censorship and surveillance. He also suggests five ways to build a better post-pandemic world.

    Read full interview in SDG Knowledge Hub

     

  • Open letter to donors: 'Accelerate your commitments' during COVID-19

    This is an open letter from representatives of NEAR, Civicus, and the Global Fund for Community Foundations

    Dear international donors,

    It is time to join up global solidarity with swift and effective local action. At the risk of calling the evolving tragedy of a global pandemic an opportunity, we believe that there is a way for you to accelerate your commitments and ensure we have a lasting and stronger local civil society in the global south, both during the COVID-19 emergency response and for many years to come.

    Read on Devex

     

  • Open letter to the G20 Finance Ministers

    Dear G20 Finance Ministers,

    As you meet this week, we are writing to you to encourage you to take concrete actions in order to build a better future through a just recovery by investing in people and ensuring that funds being made available reach those that need them the most.