Chile

• CHILE: “La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale”

  CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

  ¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

  Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

  Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

  También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

  ¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

  Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

  Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

  Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

  En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

  Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

  Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

  ¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

  Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

  En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

  Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

  Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

  Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

  Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

  ¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

  Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

  También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

  Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

  Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

  Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

  En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

  ¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

  Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

  Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

  Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

  La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

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• CHILE: “La propuesta de constitución refleja la división del país en vez de ser un instrumento para su unión”

  CIVICUS conversa con Patricia Reyes, directora de la Fundación Multitudes, acerca del proceso para redactar una nueva constitución para Chile luego de que la propuesta anterior fuera rechazada en un referéndum en septiembre de 2022.

  La Fundación Multitudes es una organización de la sociedad civil dedicada a generar espacios y crear capacidades en la sociedad civil para que pueda participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.

  ¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?

  El proceso constituyente en que Chile ha estado sumido desde 2022 fue una respuesta a una crisis social y política de larga data que estalló en octubre de 2019. Ante la irrupción de demandas sociales de mayor protección, equidad y garantía de derechos sociales básicos como la educación, la salud y la seguridad social, que en algunos casos se expresaron con violencia inusitada, todos los sectores políticos acordaron iniciar un proceso constituyente.

  En un primer momento se desarrolló un proceso inclusivo que produjo una propuesta de constitución que incorporó estándares adecuados de protección de derechos para un estado democrático y social. Pero la propuesta no logró reunir la adhesión de los sectores más conservadores y fue rechazada en referéndum, en gran medida a causa de errores cometidos en el proceso. Estos se debieron sobre todo a la inexperiencia política de los miembros de la comisión constituyente, que eran en su mayoría independientes sin vínculos con los partidos políticos. Ellos pasaron por alto la necesidad de lograr acuerdos amplios que representaran todos los sectores de la sociedad, y especialmente a los actores políticos tradicionales. También influyeron la incorporación de algunos cambios drásticos en la organización política y la incapacidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía los beneficios del nuevo texto constitucional.

  Tras el rechazo de la propuesta, las demandas sociales que habían disparado el proceso seguían vigentes, y la Constitución actual continuaba siendo tan ineficaz para resolverlas como lo era cuando ocurrió el estallido social. Para resolver nuestros problemas de convivencia democrática necesitamos un nuevo pacto social que nos una en torno a un proyecto institucional común. Por eso se recomenzó el proceso constituyente, esta vez con una dinámica más tradicional, que ha arrojado una nueva propuesta que deberá ser sometida nuevamente al voto de la ciudadanía.

  ¿Cuán diferente es esta nueva propuesta de la que surgió de la Convención Constitucional de 2021?

  La actual propuesta es mucho más cercana a la Constitución vigente, es decir, introduce cambios más modestos. En comparación con la anterior, pienso que retrocede en algunos derechos ya conquistados, especialmente por grupos tradicionalmente relegados como las mujeres. Tampoco introduce un reconocimiento para otros segmentos vulnerables de la población, como niños, adolescentes y pueblos indígenas. Pero sí comparte con la anterior la reafirmación de la libertad de empresa y el mantenimiento de la concepción de un Estado subsidiario.

  Los dos procesos han sido bastante diferentes porque en el primer caso el órgano constituyente incluyó a muchos ciudadanos elegidos por voto popular e independientes de los partidos políticos, mientras que en el segundo se trató de un Consejo de Expertos nombrado por las dos cámaras del Congreso y un Consejo Constitucional elegido popularmente, pero constituido mayormente por miembros propuestos por los partidos políticos que van desde el centro hasta la ultraderecha.

  Sin embargo, en algo sí se parecen las propuestas resultantes de ambos procesos: las dos han sido consideradas de carácter partisano, es decir, alineadas con los intereses de un bando político determinado. Reflejan la división del país en vez de ser un instrumento para su unión.

  ¿Qué cambios introduciría el nuevo proyecto en la Constitución vigente?

  El texto en general reproduce la institucionalidad vigente, salvo por la disminución del número de parlamentarios, y contiene los mismos derechos ya consagrados en la Constitución actual. Tiene muchas de sus fortalezas y también padece muchas de las mismas debilidades.

  El proyecto tiene también varios artículos que han generado polémica por la forma regresiva en que se los podría interpretar. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos las disposiciones constitucionales podrían permitir que se declare inconstitucional la norma que permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

  Asimismo, la incorporación de un órgano especial para la lucha contra la corrupción podría entrar en conflictos de competencia con la actual Contraloría General de la República. También se incluirían algunas herramientas populistas para permitir la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, así como algunas exenciones impositivas – cuestión que generalmente no pertenece a un texto constitucional – y algunas disposiciones de gran sensibilidad, como la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales con reclusión domiciliaria, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

  En lo positivo, se crearía una Defensoría de Víctimas y se avanzaría en la descentralización, otorgando mayores facultades a los gobiernos locales.

  ¿Cómo se posicionan los distintos sectores frente al plebiscito de salida?

  Los partidos de derecha mayoritariamente aprueban el proyecto, mientras que los de izquierda lo rechazan y en el centro hay una gran diversidad de opiniones, con algunos militando por el apruebo y otros por el rechazo.

  Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que atraviesa un momento que ha sido definido como de agotamiento constitucional. Por lo largo y polémico que ha sido el proceso y por la falta de acuerdos transversales, en general hay mucha apatía e indecisión, así como posiciones encontradas. Por el momento las encuestas arrojan una mayoría de rechazos, pero la votación es el 17 de diciembre, por lo que todavía falta bastante, y sigue habiendo mucha gente que aún no tiene decidido su voto.

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• CHILE: “La redacción de la nueva constitución es una oportunidad histórica para las mujeres”

  CIVICUS conversa con Mariela Infante Erazo, directora de la Corporación Humanas, acerca de los impactos de la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile, y sobre sus expectativas frente al comienzo de un nuevo gobierno y los resultados del proceso constituyente en curso.

  Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

  

  ¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

  La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

  La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

  Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

  Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

  ¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

  En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

  Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

  Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

  ¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

  Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

  Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

  En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

  Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

  Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

  Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

  La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

  Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

  ¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

  En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

  Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

  El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

  Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

  ¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

  La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo. 

  La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

  El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

  Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

  ¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

  Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

  El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

  El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda. 

  Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

  El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

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• CHILE: “Las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración”

  CIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.

  ¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?

  Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.

  En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.

  Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.

  Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.

  Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.

  A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.

  Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.

  Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.

  ¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?

  Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.

  En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.

  La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.

  En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.

  Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.

   

  ¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?

  El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.

  Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.

  En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.

  Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.

  ¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?

  La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.

  La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.

  Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.

  Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.

  ¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto? 

  Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas. 

  Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.

  También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.

  Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.

  Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.

  Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

  ¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?

  Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.

  Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.

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  Póngase en contacto con el Instituto Católico Chileno de Migración a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@INCAMIchile y a@JosDelioCubides en Twitter.

   

• CHILE: “Por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay voces antidemocráticas inaceptables”

  

  CIVICUS conversa con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, acerca de las elecciones presidenciales de Chile y el patrón persistente de bajo presentismo electoral. Fundada 23 años atrás, Chile Transparente es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la transparencia de las instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción. 

  ¿Cuáles son las particularidades de este proceso electoral?

  En Chile ha habido últimamente tres votaciones: primero el plebiscito nacional de octubre de 2020, que preguntó a la ciudadanía si quería una nueva constitución y, en caso afirmativo, qué cuerpo debía redactarla; luego las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021; y actualmente, con la convención constitucional funcionando, las elecciones presidenciales, que ya han tenido su primera vuelta el 21 de noviembre y tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre.

  Estos procesos electorales han sido bastante particulares porque cado una ha dado resultados bastante distintos en relación con el eje izquierda-derecha. Por un lado se logró una convención constitucional progresista, incluso con un componente importante de una izquierda más dura. Por el otro lado, tanto en las elecciones primarias como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se impuso en primer lugar un candidato de la derecha más dura, José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric, un candidato progresista que se presenta en coalición con el Partido Comunista.

  El ambiente político está bastante polarizado, pero lo que llama más la atención es que entre el 50% y el 60% de los chilenos no va a votar. Esto vuelve los resultados de las elecciones muy inciertos; además, quien gane lo hará con el 13 o 14% de los votos de todos los electores habilitados. No sorprende que luego se generen enormes corrientes de opinión contrarias al gobierno, ya que éste nunca representa a una mayoría. 

  ¿Por qué vota tan poca gente? 

  Es paradojal, porque en el contexto actual uno hubiese esperado una mayor participación. La elección más importante desde 1988 fue la de convencionales constituyentes de 2021, y la participación no alcanzó el 50%. La única votación que superó ese umbral fue el plebiscito de 2020, con 51%, pero era diferente porque se trataba de un voto por sí o por no. Este bajo presentismo llamó la atención, porque si bien nadie esperaba que concurriera un 80 o 90%, como ocurrió en el plebiscito histórico de 1988 que le dijo “no” a la dictadura de Pinochet, sí se esperaba que la participación estuviera más cerca del 60%.

  Es muy posible que en la segunda vuelta tengamos aún menos participación, aun cuando hay dos opciones muy claras y distintas, lo cual se esperaría que motive a más personas a votar. 

  En Chile hay un problema estructural de baja participación. En parte, eso tiene que ver con que el voto es voluntario, pero también tiene que ver con el escaso atractivo de la oferta política. A pesar de que la oferta ha cambiado mucho y la última reforma en el sistema de elección de parlamentarios ha permitido un mayor pluralismo, esto no ha sido suficiente para motivar a las personas a votar. Las últimas elecciones han sido una montaña rusa muy difícil de analizar; lo único cierto es que hay por lo menos un 50% de la ciudadanía que no se siente representado en el sistema electoral.

  ¿Cómo se podría motivar a la ciudadanía para votar? 

  Ya se están haciendo algunas reformas normativas en ese sentido. El plebiscito nacional de 2022, donde la ciudadanía manifestará si está de acuerdo con la nueva constitución, va a ser con voto obligatorio. Asimismo, la votación se va a organizar en forma georreferenciada, para que la gente tenga su local de votación a una distancia caminable.

  Esto no es un detalle menor: en Chile, los lugares de votación no se asignan en función del lugar de residencia, por lo que la gente, sobre todo la de bajos recursos, tiene que tomar mucho transporte colectivo para llegar a votar. A pesar de que no le cuesta dinero, porque es gratuito, tiene que dedicar el día a ir a votar, cosa que muchos no pueden hacer. Estos cambios tendrán el efecto de aumentar los porcentajes de participación, pero va a ser muy difícil que Chile llegue en el corto plazo a una participación del 80%.

  El gran interrogante que nadie ha podido responder es quién y qué piensa el que no vota. Entre la elección de convencionales constituyentes y la elección presidencial parece haber habido un recambio de votantes. El votante más joven fue a votar en las elecciones para constituyentes, mientras que en las presidenciales tendió a participar el votante más adulto.

  ¿Qué rol desempeña Chile Transparente en el proceso electoral?

  Chile Transparente tiene un sistema de denuncias y protección a víctimas y testigos de la corrupción que ha estado recibiendo denuncias de mal uso de fondos electorales. Hoy en día estamos trancados con una polémica bastante importante que involucra al candidato que salió tercero en la primera ronda de las elecciones presidenciales, Franco Parisi. Es un candidato neopopulista cuya campaña ha tenido un financiamiento opaco.

  También trabajamos para motivar la participación y hemos participado en observaciones de procesos electorales locales que tuvieron que repetirse. Contamos con el apoyo de la Unión Europea para un programa que se llama Convención Transparente, que da a conocer el funcionamiento de la convención relevando ciertos temas que podrían parecer relativamente opacos y que hay que sacar a la luz pública.

  Somos una de las pocas organizaciones del país activas en temas de transparencia y anticorrupción y tenemos un rol muy importante junto con el periodismo de investigación.

  ¿Cómo influyó sobre estas elecciones el movimiento de protesta?

  La elección de constituyentes se alimentó de la fuerza de las protestas de 2019; de hecho, en un momento en la Convención Constitucional reflejó a las personas que estaban protestando. Pero para las elecciones presidenciales, celebradas un año después, solo quedaba la resaca de las protestas, y en los resultados se vieron reflejadas las personas que padecieron o estuvieron en contra de las protestas.

  Hay que entender que el proceso de protestas no ha sido meramente romántico, sino que vino acompañado de muchísima violencia. Entre la pandemia y la violencia, hay personas que no han podido reabrir sus negocios, que no pueden ir a trabajar tranquilas, que lo perdieron todo. Al mismo tiempo, obviamente tenemos una deuda en materia de violaciones a de derechos humanos.

  Estas tensiones se expresaron en las urnas, y seguramente tengamos una segunda vuelta de infarto, que se definirá entre un candidato que representa a una derecha muy dura, distinta de la derecha tradicional que ha gobernado en los últimos años, y un candidato que ha estado en coalición con el Partido Comunista, hasta ahora marginal en un juego político que tendía más hacia el centro.

  ¿Qué ha pasado con el otrora institucionalizado sistema de partidos chileno?

  Indudablemente hay un cansancio con la democracia de los últimos 30 años, independientemente de todos los avances que tuvo el país. Hay grandes sectores que consideran que el consenso centrista de la transición a la denominada “democracia de los acuerdos”, consistente en hacer ciertas cosas “en la medida de lo posible”, no genera soluciones. Esto condujo no solo al estallido social, sino también a una reacción conservadora. Es una situación de manual: a toda revolución le sigue una contrarrevolución.

  A esto se suma el problema de la gestión de la migración, que ha provocado un enorme vuelco electoral en todo el país, y sobre todo en el norte. Antes Chile solía votar por la izquierda y ahora votó por dos candidatos – uno de extrema derecha y otro populista - que proponían medidas más duras contra la migración, tales como la construcción de zanjas o la expulsión masiva: nada más alejado de la cultura de los derechos humanos. 

  Al mismo tiempo, a la izquierda le ha faltado una autocrítica. No ha entendido la importancia de responder al malestar con la inseguridad y atender a las víctimas de la violencia. Cuando hay un estallido de violencia, las víctimas de la violencia van a votar por quienes les ofrezcan orden. Como es sabido, en Chile hay desde hace mucho tiempo un conflicto importante con el pueblo indígena mapuche. También ha conflicto con sectores que no son del pueblo mapuche, muchas veces con vínculos con el crimen organizado, que han tomado medidas violentas. En esas zonas, donde se esperaría un voto por la izquierda, ha ocurrido completamente lo contrario. En ciertas localidades donde la violencia está instalada, el candidato conservado ha recibido hasta el 60 o 70% de los votos. 

  ¿Qué implicancias tendría para la sociedad civil del triunfo de uno u otro contendiente en la segunda vuelta? 

  Una parte de la prensa más tradicional busca dar la imagen de que si gana Boric se viene el comunismo, y otra parte afirma que si gana Kast se viene el regreso pinochetista. Sin embargo, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, en los últimos años han florecido los medios alternativos. Incluso hay canales de televisión más pluralistas y canales con líneas editoriales bastante diversas, que tienen visiones más matizadas. 

  Creo que con ambas alternativas hay riesgos, porque ambos candidatos incluyen dentro de sus coaliciones a personas o partidos que buscan limitar el espacio de la sociedad civil, que levantan discursos de que la prensa está financiada por poderes internacionales, de que Chile Transparente sirve a ciertos megapoderes, y promueven teorías conspirativas. Recordemos que el candidato del Partido Comunista que perdió las elecciones primarias contra Boric proponía una intervención de los medios de comunicación. Por su parte, Kast tiene el apoyo de elementos del pinochetismo más duro.

  Sin embargo, de cara a la segunda vuelta los dos candidatos se han corrido al centro para poder captar los votos que les faltan para poder ganar. Los sectores que seguían a la expresidenta Michelle Bachelet, que se oponían a Boric, ahora trabajan con él. Del otro lado del espectro, para atraer a sectores de la derecha liberal, Kast ha debido moderar su discurso.

  Puede que la esperanza esté en que el parlamento actúe como un termorregulador de los dos extremos. Es un parlamento diverso y donde ningún partido tendrá mayoría, por lo cual al que le toque gobernar, tendrá que hacerlo en negociación con el parlamento. Al mismo tiempo, el proceso constituyente, que sigue en marcha, puede producir una constitución de unidad que permitiría al nuevo presidente gobernar. 

  El problema es que por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay algunas voces inaceptables desde el punto de vista democrático. Por ejemplo, dos diputados electos por la extrema derecha recientemente se burlaron de una candidata electa que es transgénero. También desde la izquierda se han expresado posiciones no muy alentadoras en materia derechos humanos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile acaba de reconocer a Daniel Ortega como presidente legítimo de Nicaragua y sigue reconociendo a Nicolás Maduro en Venezuela.

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• CHILE: Las protestas revelaron la falta de accountability de la Iglesia Católica

  En 2018 se produjo en Chile una serie de protestas, que luego se extendieron a otros países, en reacción a las revelaciones de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos.CIVICUSconversa sobre la respuesta que ellas suscitaron con Cristián León González, vocero de la FundaciónVoces Católicas, una organización de la sociedad civil chilena dedicada a presentar la posición de la Iglesia Católica en la prensa y otros espacios públicos. Si bien no es representación oficial de la Iglesia, Voces Católicas cuenta con el respaldo de sus autoridades, y busca representar los puntos de vista de la institución en toda su amplitud y diversidad. Inspirada en la organización del mismo nombre del Reino Unido, fue establecida en Chile en 2012. 

• Chile: New Constitution in the Hands of the Far Right

  By Inés Pousadela, Senior Research Specialist, co-director and writer for CIVICUS Lens and co-author of the State of Civil Society Report.

  On 7 May, Chileans went to the polls to choose a Constitutional Council that will produce a new constitution to replace the one bequeathed by the Pinochet dictatorship – and handed control to a far-right party that never wanted a constitution-making process in the first place.

  This is the second attempt at constitutional change in two years. The first process was the most open and inclusive in Chile’s history. The resulting constitutional text, ambitious and progressive, was widely rejected in a referendum. It’s now far from certain that this latest, far less inclusive process will result in a new constitution that is accepted and adopted – and there’s a possibility that any new constitution could be worse than the one it replaces.

  Read on Inter Press Service News

• CHILE: Protests reveal lack of accountability of the Catholic Church

  In 2018, protests broke out in Chile, and then spread to other countries, in reaction to revelations of sexual abuse perpetrated by Catholic priests. CIVICUS speaks about the response to this issue with Cristián León González, spokesperson of Fundación Voces Católicas, a Chilean civil society organisation dedicated to disseminating the views of the Catholic Church in the press and other public forums. Although it does not represent the Church in an official capacity, Voces Católicas is supported by its authorities, and seeks to represent the points of view of the institution in all their breadth and diversity. Inspired by a similarly named organisation in the United Kingdom, it was established in Chile in 2012. 

• CIVICUS Joint UN Universal Periodic Review submissions on civil society space

  Submissions on civil society space– Afghanistan, Chile, Eritrea, Macedonia, Vietnam & Yemen

  The #UN is conducting human rights reviews for #Afghanistan, #Chile, #Eritrea, #Macedonia, #Vietnam & #Yemen. A comparative look at the state of #civicspace in these countries. See recommendations: https://t.co/aBpYi1tNlR pic.twitter.com/C8dl7djPw5

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) August 1, 2018

  CIVICUS and its partners have submitted joint UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on six countries in advance of the 32nd UPR session in January 2019. The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the 2nd UPR cycle over 4 years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations.  

  Afghanistan: CIVICUS, Afghanistan Human Rights Organization (AHRO), Civil Society and Human Rights Network and People’s Action for Change Organization explore the continued insecurity in Afghanistan, which has resulted in the closure of space for civil society, including through targeted attacks on humanitarian workers, protesters and journalists. We further discuss violence against women and the desperate situation faced by women HRDs in Afghanistan who are subjected to a heightened level of persecution because of their gender and their human rights activism.

  Chile: CIVICUS and Pro Acceso Foundation (Fundación Pro Acceso) highlight serious concerns regarding the persistent misuse of the Anti-Terrorism Law to silence members of the Mapuche indigenous community advocating for land rights. We are also concerned by the lack of government commitment to amend legislation regulating the right to peaceful assembly and by the violent suppression of social protests, especially those led by the student movement and indigenous communities. 

  Eritrea: CIVICUS, EMDHR and Eritrea Focus highlight the complete closure of the space for civil society in Eritrea to assemble, associate and express themselves. We note that there are no independent civil society organisations and private media in the country. We further discuss how the government selectively engages with international human rights mechanisms including UN Special Procedures. 

  Macedonia: CIVICUS, the Balkan Civil Society Development Network and the Macedonian Centre for International Cooperation outline serious concerns over the institutional harassment of NGOs in receipt of foreign funding since 2016. Despite a recent improvement in respect for civic freedoms, the submission discusses several restrictions on investigative journalists and media outlets. We also remain alarmed over smear campaigns against human rights defenders and critics of the government orchestrated by nationalist groups. 

  Vietnam: CIVICUS, Civil Society Forum, Human Rights Foundation (HRF), VOICE and VOICE Vietnam examine systematic attempts in Vietnam to silence HRDs and bloggers, including through vague national security laws, physical attacks, restrictions on their freedom of movement and torture and ill-treatment in detention. The submission also explores strict controls on the media in law and in practice, online censorship and the brutal suppression of peaceful protests by the authorities.

  Yemen: CIVICUS, Gulf Centre for Human Rights and Front Line Defenders discuss the ongoing extreme violence against and HRDs and journalists including regular abductions, kidnappings and detention in undisclosed location. We further examine restrictions on freedom of association including raids on CSOs causing many to reduce their activities drastically and even closed entirely. 

  See full library of previous UPR country submissions from CIVICUS and partners. For the latest news on civic space in all UN Member States, see country pages on the CIVICUS Monitor

• COP26: ‘Young people are making proposals rather than just demanding change by holding up a sign’

  In the run-up to the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26), which will take place in Glasgow, UK between 31 October and 12 November 2021, CIVICUS is interviewing civil society activists, leaders and experts about the environmental challenges they face in their contexts, the actions they are undertaking to tackle them and their expectations for the upcoming summit.

  CIVICUS speaks with Antonella Regular and Joaquín Salinas, Communications Coordinator and Training Coordinator of Juventudes COP Chile (COP Chile Youth), an independent youth platform focused on climate action. The group seeks to create advocacy spaces for young people and be an intergenerational and intersectional space for mutual learning.

  

  What are the key environmental problems you encounter in Chile?

  One key problem is that of environmental sacrifice zones or areas with a high level of environmental impact, that is, areas that concentrate a large number of polluting industries that have a direct impact on communities. Another problem is mining and the way in which extractive rights are positioned above the rights of communities and the environment, with operations such as the controversial Dominga project in the Coquimbo region on Chile’s north-central coast. And in the south, the issue of deforestation.

  These environmental issues are our entry point into the communities: they allow us to know what their challenges and goals are so that we can exert influence and act, and not just make demands. Our platform seeks to create solutions to address the problems.

  The fact that young people do not find spaces where they can be heard and actively participate in decision-making is also a problem. Chile is currently going through a constituent process: there is a very diverse and plural Constituent Assembly, which was directly elected by citizens, and which is drafting a new Constitution. For the first time there is the possibility that some historical demands that have been ignored for the longest time will be met. At this decisive moment it is important for young people to be included in decision-making and to be able to influence the design of progressive public policies.

  How do your actions connect with the global climate movement?

  The Juventudes COP Chile platform tries to function as a bridge between civil society and international advocacy spaces such as climate conferences. Our goal is for civil society as a whole to be empowered with opinions and demands to exert influence within these spaces. We have opened spaces for participation and established alliances, and all the proposals that have emerged from these spaces will be delivered to COP26. 

  Juventudes COP Chile promotes the participation of young people and encourages them to take an active position. We are making proposals rather than just demanding change by holding up a sign.

  What progress do you expect from COP26, and more generally, how useful do you find such international processes?

  There are many issues left pending from COP25. For instance, there is a need to finalise the rulebook in relation to article 6 of the Paris Agreement, regarding carbon markets, for states and companies to trade greenhouse gas emissions units. We hope that at COP26, states will finally reach an agreement and there will be a breakthrough in this regard. They should also stop postponing Nationally Determined Contributions (NDCs) until 2050. And NDCs should no longer be voluntary. The fact that they are almost feels like mockery given the state of the climate crisis.

  Progress is urgently needed because we are seeing that climate change is real and it is happening. Some changes are already irreversible: we are experiencing them on a daily basis in our relationship with the environment and we may hardly be able merely to adopt adaptation rules anymore.

  Parties at COP26 should realise this and put their own interests aside to think about the survival of the human species. They must listen to science and to young people. The participation of young people in these processes cannot be a mere protocol: it must be real, active and meaningful.

  What changes would you like to see in the world or in your community that could help solve the climate crisis?

  In our communities we hope for more participation and access to information. In Chile there is a great deal of centralisation: everything happens in the capital, Santiago de Chile, and that creates a deficit of citizen participation in decision-making and information delivery at the community level. We hope that progress will be made on issues of decentralisation and redistribution of effective decision-making power.

  One of the principles upheld by Juventudes COP Chile is precisely that of decentralisation, and that is why we work with people from different parts of the country. We would like to see a much bigger adoption of some of the practices that we have adopted at Juventudes COP Chile, such as artivism, regenerative culture, horizontal relations and community work.

  At the national level, we hope that politicians will start to take this problem seriously. They must work to reduce pollution and alleviate the climate crisis. They must start by recognising that the climate crisis is a human rights crisis, drastically affecting the quality of life of the most vulnerable people and communities. It is important that there is a recognition that this is happening and that it is a serious problem.

  An important step to start moving forward would be for Chile to finally sign the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, better known as the Escazú Agreement. This is the first regional environmental agreement in Latin America and the Caribbean and the first in the world with specific provisions on human rights and environmental defenders. For years the state of Chile pushed forward the negotiations that resulted in this agreement, but then decided not to sign it. It should do so without delay.

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• COP26: “La juventud está presentando propuestas, no se limita a exigir cambios sosteniendo un cartel”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Antonella Regular y Joaquín Salinas, respectivamente Coordinadora de Comunicación y Coordinador del área de Formación de Juventudes COP Chile, una plataforma independiente de jóvenes enfocada en la acción climática. La agrupación busca generar espacios de incidencia para la población juvenil y es un espacio intergeneracional e interseccional de enseñanza mutua.

  

  ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en Chile?

  Un problema de base corresponde directamente a las zonas de sacrificio medioambiental o con un alto nivel de impacto ambiental, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes que tienen un impacto directo sobre las comunidades. Otro problema es la minería y la forman en que los derechos de extracción se posicionan sobre los derechos de las comunidades y el medio ambiente, con explotaciones como la del controversial proyecto Dominga en la región de Coquimbo, en la costa centro-norte de Chile. Y en el sur, el tema de la deforestación.

  Estas problemáticas ambientales son nuestra vía de entrada en las comunidades: nos permiten conocer cuáles son los desafíos y las metas para poder incidir y accionar, y no solamente exigir. Desde la plataforma buscamos generar soluciones para los problemas.

  El hecho de que los jóvenes no encuentren espacios donde sean escuchados y puedan participar activamente en la toma de decisiones también es un problema. Ahora Chile está pasando por un proceso constituyente: tenemos una Asamblea Constituyente muy diversa y plural, elegida directamente por la ciudadanía, que está redactando una nueva Constitución. Por primera vez existe la posibilidad de que algunas demandas históricas que fueron ignoradas durante mucho tiempo sean atendidas. En este momento decisivo es importante que los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones y que puedan incidir en el diseño de políticas públicas progresistas.

  ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

  La plataforma Juventudes COP Chile trata de ser un puente entre la sociedad civil y los espacios de incidencia internacionales como las conferencias climáticas. Nuestro objetivo es la sociedad civil en su conjunto se empodere con opiniones y exigencias para incidir en estos espacios. Hemos abierto espacios de participación y generado alianzas, y todas las propuestas que han surgido en esos espacios serán entregadas a la COP26. 

  Juventudes COP Chile promueve la participación de los jóvenes y los incita a tomar una posición activa. Estamos presentando propuestas, no nos limitamos a exigir cambios sosteniendo un cartel.

  ¿Qué avances esperan de la COP26? Más en general, ¿qué utilidad les ven a estos procesos internacionales?

  Hay muchos asuntos que quedaron pendientes de la COP25. Por ejemplo, cerrar el libro de reglas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, para que estados y empresas intercambien unidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que en esta COP los países se pongan de acuerdo de una vez y haya un gran avance en ese sentido. También deberían dejar de aplazar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hasta el 2050. Y las NDC deberían dejar de ser voluntarias. Esto parece casi una burla teniendo en cuenta el estado de la crisis climática.

  Es urgente que haya avances porque estamos viendo que el cambio climático es real y está ocurriendo. Algunos cambios son ya irreversibles: los estamos experimentando diariamente en nuestro relacionamiento con el medio ambiente y es posible que apenas podamos ya adoptar normas de adaptación.

  Las partes participantes de la COP26 deberían darse cuenta de eso y dejar sus intereses de lado para pensar en la supervivencia de la especie humana. Deben escuchar a la ciencia y a los jóvenes. La participación de los jóvenes en estos procesos no puede ser un mero protocolo: debe ser real, activa y significativa.

  ¿Qué cambios les gustaría ver, en el mundo o en su comunidad, que puedan ayudar a resolver la crisis climática?

  En nuestras comunidades esperamos una mayor participación y acceso a la información. En Chile hay una gran centralización: todo ocurre en la capital, Santiago de Chile, y eso genera un déficit de participación ciudadana en la toma de decisiones y de entrega de información en las comunidades. Esperamos que se avance en temas de descentralización y redistribución de poder efectivo de toma de decisiones.

  Uno de los principios de Juventudes COP Chile es precisamente la descentralización, y por eso trabajamos con personas de diferentes partes del país. Nos gustaría ver una adopción más masiva de algunas de las prácticas que integramos en Juventudes COP, tales como el artivismo, la cultura regenerativa, la horizontalidad y el trabajo comunitario.

  A nivel nacional, esperamos que los políticos empiecen a tomarse este problema en serio. Tienen que trabajar para reducir la contaminación y paliar la crisis climática. Deben partir del reconocimiento de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos, que afecta drásticamente la calidad de vida de las personas y las comunidades más vulnerables. Es importante que haya un reconocimiento de que esto está ocurriendo y de que es un problema grave.

  Un paso importante para empezar a andar sería que Chile finalmente firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Durante años Chile impulsó las negociaciones que resultaron en este acuerdo, pero luego decidió no firmarlo. Debería hacerlo sin demoras.

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• Cultural barriers are lifting but legal and political obstacles still hinder gender equality in Chile

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  CIVICUS speaks to Natalia Muñoz Castillo, director of International Affairs at the Observatory Against Street Harassment (OCAC), a Chilean civil society organisation that works to make public spaces safe and egalitarian, making them accessible to the most vulnerable, and specifically to women, children, adolescents and LGBTI people.

  1.Why an organisation dedicated to the issue of street harassment? Why is this an important issue in terms of women’s rights?
  While there are indeed other outstanding issues in which women’s lives and health are directly at stake, street sexual harassment is also a real problem in Chile. And it is an issue that is difficult to address because it is supposedly attached to our culture. For a long time it was considered to be part of our Latin American culture and upheld as “the way Chilean men are”, and therefore it was believed that there was nothing you could do to guarantee your safety in the street. We believe it is unfair for women to be second-rate persons and to be forced to use the public space in fear. What we try to do at OCAC is challenge preconceptions, take ownership of public space and promote change so that we can feel safe without being constantly on guard against the possibility of sexual assault. In Chile, giving a woman a “compliment” in the street is widely accepted, it is considered normal and natural; however, it actually violates the right of women to walk around safely. This practice has endured for many years, and in that sense it is “traditional”, but that does not make it acceptable. If it causes you fear and insecurity, and limits your prospects for the only reason that you are a woman – it makes you avoid certain routes, restrict your schedule, change the way you dress or move – then it amounts to gender-based violence.

  2. In which ways does the use of public space – that is, the restrictions linked to the understanding of the place that each is meant to occupy – relate to the broader problem of gender inequality?
  The female gender is generally associated with the private sphere. The privileged participation of males in the public sphere translates into better salaries, greater security in the streets and sexual freedom. When women dare to cross these barriers of patriarchy, societal norms immediately set the limits. If I, a woman, leave the private space and try to move freely in the public space, I become a target for violence. And society will blame me for whatever happens to me: it was my fault because I was in a place where I should not have been, because I was dressed in a way I shouldn’t have, or because I was out at a time when I should have been home. So gender inequality is visible both inside and outside the home. The Observatory focuses on what goes on outside, while other organisations focus on, for instance, sexual violence within the home, dating violence and other violations of rights that occur in the sphere of private or intimate relationships. In sum, OCAC focuses its efforts on addressing sexual violence taking place in the streets, and occurring when women seek to occupy a public space that traditionally, according to societal norms, does not belong to them.

  3. You have probably been told a thousand times: “Chile has a female president, what else do you want?
  That’s exactly right. And we reply: The fact that Chile has a female president [Michelle Bachelet, president in 2006-10 and re-elected in 2014] is no guarantee that all women in our society are being treated equally. In fact, the president herself is portrayed in the media in an extremely sexist fashion. Congress representatives such as former student leaders Camila Vallejo and Karol Cariola also receive sexist press coverage and public opinion also reflects these views. People refer to the president in demeaning ways by focusing on her weight or her body, which has never happened to male presidents. Even when they reach prominent positions in national politics, women are still subjected to violence linked to traits that have nothing to do with their ability to do their jobs. They are permanently questioned and assessed in terms of their “feminine” attributes and for their bodies above anything else.

  4. As feminist activists, have you and your colleagues faced similar stereotypes?
  I am also a teacher, and when I talk to my students about gender issues they often react by saying “but prof, you don’t look like a feminist!” It’s just that I don’t fit into their stereotypes. They say “but you are married”, meaning I am not a lesbian, or they point out that I have long hair, or that I wear makeup, or that I don’t mistreat male students but instead treat them all equally. This surprises them because their point of departure is the characterisation of a feminist as a very angry woman who rejects everything feminine and wants to vent her anger against men – in short, a “feminazi”.

  This conversation helps my students feel that gender issues are much closer to them and gives them a different point of entrance into feminism – by watching my actions, and particularly my emphasis on equal treatment. As representatives of a feminist organisation, we are subjected to public scrutiny, so we need to be careful of, for instance, the ways we refer to men and women. And we strongly insist that the current situation is not the fault of individual men, but of the patriarchal structure within which all of us, both men and women, have been raised.

  In fact, although there are many women in our organisation, and our directors are all female (for reasons of experience with these issues as well as trajectory within the organisation), ours is not strictly a women’s organisation, since many males also work in it.

  5. On its website, the Observatory does not define itself as a feminist organisation. Is that label still too much weight to carry?
  This was a discussion that we did have in the beginning. When the organisation was founded, in 2013, there was still some fear of the connotations the label could carry. Still then, being a feminist was not “cool” in Latin America, it was not in fashion, so the label was not all that desirable. But after a while we realised that what we were doing was grounded in feminism, and that we needed to claim the label and see what happened – and if it was not well received, then bad luck. So we started presenting ourselves as feminists, as we do on Twitter and Facebook.

  As our work began to take hold – our posters were there in the metro, our memes circulated on social media – we noticed feminism was becoming more popular among younger generations. Among young women, today it is almost unconceivable not to be a feminist. I may have a biased perspective, because I am talking about the people I interact with in my surroundings, but nowadays my students are very aware of what harassment is, they recognise gender differences and inequalities, they know that respect requires and understand what things should not be done… I am not sure I would say feminism is now fashionable, but at least it is more normal: you can say you are a feminist and you will not be attacked from all flanks. It is possible to have a meaningful conversation, and even to quote feminist organisations to support your argument… this may have something to do with access to information, which is much more open today. Internet access has educated the public on these issues.

  6. What strategies – advocacy, campaigning, mobilisation – does OCAC use?
  As an organisation we work in various fields, and we work in teams of professionals specialised in law, sociology and political science, communications and design, and psychology, pedagogy and social work, depending on the case. The International Networks team, which I lead, works alongside “sister” organisations in several Latin American countries: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua and Uruguay. In some of these countries, and particularly in Guatemala and Nicaragua, the situation is much more difficult than in Chile. Here in Chile, street sexual harassment usually takes less-than-drastic forms: you feel insecure and limited in your freedom, but phenomena such as gang rapes are rare, while they are fairly common in other countries.

  So we collaborate with our counterparts in these countries by producing joint campaigns at the regional level and supporting the communications work of our weaker nodes. For those countries where violence against women and girls is more serious, such as Guatemala, we have devised stronger awareness-raising campaigns. The demands we put forward for our governments to address are not the same everywhere: in those cases, for instance, rather than a law against street harassment more basic security measures are required, including protection against femicide. We try to be a source of support for these organisations, because they also feel much more abandoned by the law than we do. After all, civil society organisations mostly have one another for support.

  In turn, the Legal Advisory team provides legal support to victims of street sexual harassment, and it was also the one that drafted and promoted the Law of Street Respect (Ley de Respeto Callejero) that is currently under discussion in the Chilean Senate Human Rights Commission. The Communications team works in sharing experiences, making public denunciations and generating content for campaigns. We also have a Studies team whose research feeds into public debate, outreach efforts and campaigns; an Interventions team that works with communities, schools and public opinion to educate the public about street harassment, and also accompanies victims; and a Management and Projects team that develops alliances, seeks donations and guarantees funding for our initiatives.

  It is important to note that while we emerged as an organisation with a focus on street sexual harassment, which is therefore at the core of our work, we embrace the feminist demand in its entirety. We therefore have a clear-cut position on femicide and we support the #NiUnaMenos (“not one less”) campaign and the legalisation of abortion. However, street mobilisation does not rank high among our strategies: although we regularly join in mobilisations summoned by other organisations, OCAC itself rarely calls for mobilisation. Rather than massively taking to the streets, we focus on using to our favour a variety of platforms – social media, traditional media, institutional spaces, communications with elected officials – that are available for citizens to make themselves heard. We consider ourselves to be neither street feminists nor academic feminists, but we rather try to spread our message throughout society. So we try to be present in the media, in schools and universities as well as in streets, marketplaces and public squares.

  A recent campaign we took out there was #Notedavergüenza (“Aren’t you ashamed”). We addressed it to men, whom we invited to reflect on consent in order to understand that, in the absence of explicit consent, many behaviours that are relatively common in fact constitute sexual violence. Besides spreading it on social media, we took the campaign to street markets in order to talk to people about it. Our goal is to establish a dialogue, introduce our organisation to people and have them commit to making a change and spreading it.

  6. Have you faced any obstacles, cultural or otherwise, when doing this work?
  Cultural obstacles are there, but mostly among older generations. Chile was the last country in the region to legalise divorce, and is among those that still ban abortion under any circumstances. However, this is a legacy of the dictatorship (1973-1990) rather than a deeply rooted cultural trait. In fact, until the late 1960s Chilean women had access to therapeutic abortion, under lax conditions that made it relatively accessible. It was under the Pinochet regime that legislation went back to unmitigated prohibition, and this remained untouched as democracy was restored, among other reasons because the coalition that came to power and ruled for many years was either led by or prominently included the Christian Democratic Party. Thus the law remained aligned with Christian doctrine.

  While the law remained frozen in time, citizens’ mentality changed. And in some areas, and to some extent, this had repercussions on the law, which began to give way. This was the case of Law No. 20830, passed in 2015, which regulated civil unions for same-sex couples. This happened because the younger generation is more open on these issues than their predecessors. My parents’ generation grew up under the dictatorship, so they grew up in fear, and change does not come easy to them.

  In this sense, today’s obstacles are legal and political rather than cultural. Chile’s majority is nominally Catholic, that is, Catholic by tradition rather than out of actual conviction or regular religious practice. The majority of the population takes stances that are more open and tolerant than those of the Church, but the political class is more conservative than public opinion. The Catholic Church continues to wield power and its views are taken into account when decisions are made. That is why, for us, the Catholic Church remains a wall in our way.

  • Civic space in Chile is rated as “narrowed” in the CIVICUS Monitor.
  • Get in touch with OCAC through their website, visit their Facebook page, or follow @ocacchile on Twitter. You can also sign to support the campaign against street harassment at www.respetocallejero.cl

• Human Rights Council adopts resolution on peaceful protests

  Reaction to resolution on peaceful protests at the 44th Session of the UN Human Rights Council

  With the adoption of a new resolution on peaceful protests, the Human Rights Council has sent a strong message that it stands by peaceful protesters who mobilise for change, and that law enforcement officials who perpetrate violence against protesters must be held to account.

  All over the world, protesters have been mobilizing and standing up to win better working conditions, further equality, and end forms of oppression. But in too many cases, from Chile to Hong Kong to the US, protesters, protest monitors and journalists have been met with repression and police brutality, often with complete impunity. We urge states to ensure full accountability for human rights violations perpetrated by law enforcement in the context of peaceful protests. 

  The COVID-19 pandemic has accelerated the urgency of the protection of online assembly. Given this context, CIVICUS welcomes that the resolution strongly reaffirms that the rights of peaceful assembl guaranteed offline are also guaranteed online. We thank Switzerland and Costa Rica in bringing forward this resolution, which could not come at a more critical time for the protection of peaceful protests worldwide.

  The resolution mandates the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association to prepare over the next two years a dedicated report on the protection of human rights in the context of peaceful protests during crisis situations. It also provides for a panel discussion on the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests, looking at achievements and contemporary challenges, at the Council Session next June.

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  Current council members:

  Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, Somalia, Sudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

  Civic space ratings from the CIVICUS Monitor

  OPEN	NARROWED	OBSTRUCTED	REPRESSED	CLOSED

• New report looks at the state of civic freedoms in Chile

  In October 2019, student protests in Santiago over a public transport price increase gave rise to a mass, nationwide display of discontent over social inequality and discrimination. Over the course of several weeks, millions of people joined protests in what is commonly referred to as Chile’s ‘estallido social’ (social unrest or uprising). At the time, protesters raised historical demands, including the recognition of Indigenous peoples’ collective rights, decent pension guarantees and access to water, quality housing, education and healthcare.

  This was a transformative period in Chile’s history which exposed deep-rooted dissatisfaction with the enduring legacy of the Pinochet dictatorship that governed Chile from 1974 to 1990, showing that structural changes are long overdue. Many called for a new social pact founded on human dignity and pluralism, pointing to the need to change the current constitution, which dates back to the country’s military regime.

  A process to develop a new constitution emerged as a key demand of the protests and in October 2020, Chilean voters approved the creation of a directly elected Constitutional Convention, which began its work in July 2021. The body was praised for its diverse composition, with guaranteed gender parity and reserved seats for Indigenous representatives. While the process was launched with high hopes, confidence in the Convention gradually eroded and support for the progressive draft constitution it developed declined over time. On 4 September 2022, an overwhelming majority of Chileans rejected the adoption of the proposed constitution.

  While this leaves the country in uncertainty as to how this process will continue, authorities in the government and the National Congress have asserted that they still intend to find a path forward for a new constitution.

  This research brief summarises the situation of civic space in Chile between August 2020 and August 2022, reviewing emblematic cases, the main violations and positive developments regarding freedoms of peaceful assembly, association and expression. This period encompasses the final years of the government of President Sebastián Piñera, from March 2018 to March 2022, and the first months of the administration of President Gabriel Boric, since March 2022.

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  More information

  Download the Chile research brief here.

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  Chile is currently rated Obstructed by the CIVICUS Monitor. There are a total of 42 other countries in the world with this rating (see all). This rating is typically given to countries where the state generally allows individuals and civil society organisations to exercise their rights to peaceful assembly, freedom of speech and freedom of association, but violations of these rights also take place (see the full description of ratings)

• Progress and shortcomings from 44th Session of the Human Rights Council

  Joint Statement for the end of the 44th Session of the UN Human Rights Council

  The 44th session of the UN Human Rights Council began with China's imposition of legislation severely undermining rights and freedoms in Hong Kong. Within days, there were reports of hundreds of arrests, some for crimes that didn’t even exist previously. We welcome efforts this session by a growing number of States to collectively address China’s sweeping rights abuses, but more is needed. An unprecedented 50 Special Procedures recently expressed concerns at China’s mass violations in Xinjiang, Hong Kong and Tibet, suppression of information in the context of Covid-19, and targeting of human rights defenders across the country. The Council should heed the call of these UN experts to hold a Special Session and create a mechanism to monitor and document rights violations in the country. No state is beyond international scrutiny. China’s turn has come.

  The 44th session also marked an important opportunity to enable those affected directly by human rights violations to speak to the Council through NGO video statements.

  Amnesty's Laith Abu Zeyad addressed the Council remotely from the occupied West Bank where he has been trapped by a punitive travel ban imposed by Israel since October 2019. We call on the Israeli authorities to end all punitive or arbitrary travel bans.

  During the interactive dialogue with the Commission of Inquiry on Syria, victims’ associations and families of victims highlighted the human rights violations occurring in detention centers in Syria. We welcome the efforts by some States to underline their demands and welcome the adoption of the Syria resolution on detainees and urge the Syrian government to take all feasible measures to release detainees and provide truth to the families, noting the important pressure needed by Member States to further call for accountability measures for crimes committed in Syria.

  Collette Flanagan, Founder of Mothers against Police Brutality, also delivered a powerful video statement at the Council explaining the reality of racist policing in the United States of America. We fully support victims’ families’ appeals to the Council for accountability.

  We hope that the High Commissioner's reporton systemic racism, police violence and government responses to antiracism peaceful protests will be the first step in a series of meaningful international accountability measures to fully and independently investigate police killings, to protect and facilitate Black Lives Matter and other protests, and to provide effective remedy and compensation to victims and their families in the United States of America and around the world.

  We appreciate the efforts made by the Council Presidency and OHCHR to overcome the challenges of resuming the Council’s work while taking seriously health risks associated with COVID-19, including by increasing remote and online participation. We recommend that remote civil society participation continue and be strengthened for all future sessions of the Council.

  Despite these efforts, delays in finalising the session dates and modalities, and subsequent changes in the programme of work, reduced the time CSOs had to prepare and engage meaningfully. This has a disproportionate impact on CSOs not based in Geneva, those based in different time zones and those with less capacity to monitor the live proceedings. Other barriers to civil society participation this session included difficulties to meet the strict technical requirements for uploading video statements, to access resolution drafts and follow informal negotiations remotely, especially from other time zones, as well as a decrease in the overall number of speaking slots available for NGO statements due to the cancellation of general debates this session as an ‘efficiency measure.’

  We welcome the joint statement led by the core group on civil society space and endorsed by cross regional States and civil society, which calls on the High Commissioner to ensure that the essential role of civil society, and States’ efforts to protect and promote civil society space, are reflected in the report on impact of the COVID-19 pandemic presented to the 46th Session of the HRC. We urge all States at this Council to recognise and protect the key role that those who defend human rights play.

  These last two years have seen unlawful use of force perpetrated by law enforcement against peaceful protesters, protest monitors, journalists worldwide, from the United States of America to Hong Kong, to Chile to France, Kenya to Iraq to Algeria, to India to Lebanon with impunity.

  We therefore welcome that the resolution “the promotion and protection of human rights in the context of peaceful protests” was adopted by consensus, and that the Council stood strongly against some proposed amendments which would have weakened it. We also welcome the inclusion in the resolution of a panel during the 48th session to discuss such events and how States can strengthen protections. We urge States to ensure full accountability for such human rights violations as an essential element of the protection of human rights in the context of protests. The current context has accelerated the urgency of protecting online assembly, and we welcome that the resolution reaffirms that peaceful assembly rights guaranteed offline are also guaranteed online. In particular, we also commend the resolution for calling on States to refrain from internet shutdowns and website blocking during protests, while incorporating language on the effects of new and emerging technologies, particularly tools such as facial recognition, international mobile subscriber identity-catchers (“stingrays”) and closed-circuit television.

  We welcome that the resolution on “freedom of opinion and expression” contains positive language including on obligations surrounding the right to information, emphasising the importance of measures for encryption and anonymity, and strongly condemning the use of internet shutdowns. Following the High Commissioner’s statement raising alarm at the abuse of ‘false news’ laws to crackdown on free expression during the COVID-19 pandemic, we also welcome that the resolution stresses that responses to the spread of disinformation and misinformation must be grounded in international human rights law, including the principles of lawfulness, legitimacy, necessity and proportionality. At the same time, we are concerned by the last minute addition of language which focuses on restrictions to freedom of expression, detracting from the purpose of the resolution to promote and protect the right. As we look to the future, it is important that the core group builds on commitments contained in the resolution and elaborate on pressing freedom of expression concerns of the day, particularly for the digital age, such as the issue of surveillance or internet intermediary liability, while refocusing elements of the text.

  The current context has not only accelerated the urgency of protecting assembly and access to information, but also the global recognition of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment. We welcome the timely discussions on ”realizing children’s right to a healthy environment” and the concrete suggestions for action from panelists, States, and civil society. The COVID-19 crisis, brought about by animal-to-human viral transmission, has clarified the interlinkages between the health of the planet and the health of all people. We therefore support the UN Secretary General’s call to action on human rights, as well as the High Commissioner’s statement advocating for the global recognition of the human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment – already widely reflected at national and regional levels - and ask that the Council adopts a resolution in that sense. We also support the calls made by the Marshall Islands, Climate Vulnerable Forum, and other States of the Pacific particularly affected and threatened by climate change. We now urge the Council to strengthen its role in tackling the climate crisis and its adverse impacts on the realization of human rights by establishing a Special Rapporteur on Human Rights and Climate Change, which will help address the urgency of the situation and amplify the voices of affected communities.

  The COVID crisis has also exacerbated discrimination against women and girls. We welcome the adoption by the Council of a strong resolution on multiple and intersecting forms of discrimination against women and girls, which are exacerbated in times of a global pandemic. The text, inter alia, reaffirms the rights to sexual and reproductive health and to bodily autonomy, and emphasizes legal obligations of States to review their legislative frameworks through an intersectional approach. We regret that such a timely topic has been questioned by certain States and that several amendments were put forward on previously agreed language.

  The Council discussed several country-specific situations, and renewed the mandates in some situations.

  We welcome the renewal of the Special Rapporteur’s mandate and ongoing scrutiny on Belarus. The unprecedented crackdown on human rights defenders, journalists, bloggers and members of the political opposition in recent weeks ahead of the Presidential election in August provide a clear justification for the continued focus, and the need to ensure accountability for Belarus’ actions. With concerns that the violations may increase further over the next few weeks, it is essential that the Council members and observers maintain scrutiny and pressure even after the session has finished.

  We welcome the extension of the mandate of the Special Rapporteur on Eritrea. We urge the government to engage, in line with its Council membership obligations, as the Special Rapporteur’s ‘benchmarks for progress’ form a road map for human rights reform in the country. We welcome the High Commissioner report on the human rights situation in the Philippines which concluded, among other things, that the ongoing killings appear to be widespread and systematic and that “the practical obstacles to accessing justice in the country are almost insurmountable.” We regret that even during this Council session, President Duterte signed an Anti Terrorism Law with broad and vague definition of terrorism and terrorists and other problematic provisions for human rights and rule of law, which we fear will be used to stifle and curtail the rights to freedom of opinion and expression, to freedom of peaceful assembly and of association. Also during this session, in a further attack on press freedom, Philippine Congress rejected the franchise renewal of independent media network ABS-CBN, while prominent journalist Maria Ressa and her news website Rappler continue to face court proceedings and attacks from President Duterte after Ressa’s cyber libel conviction in mid-June. We support the call from a group of Special Procedures to the Council to establish an independent, impartial investigation into human rights violations in the Philippines and urge the Council to establish it at the next session.

  The two reports presented to the Council on Venezuela this session further document how lack of judicial independence and other factors perpetuate impunity and prevent access to justice for a wide range of violations of civil, cultural, economic, political, and social rights in the country. We also urge the Council to stand ready to extend, enhance and expand the mandate of the Independent International Fact-Finding Mission when it reports in September. We also welcome the report of the Special rapporteur on the human rights situation in the Palestinian Territory occupied since 1967 and reiterate his call for States to ensure Israel puts an end to all forms of collective punishment. We also reiterate his call to ensure that the UN database of businesses involved with Israeli settlements becomes a living tool, through sufficient resourcing and annual updating.

  We regret, however, that several States have escaped collective scrutiny this session.

  We reiterate the UN Special Rapporteur Agnes Callamard’s call to pressure Saudi Arabia to release prisoners of conscience and women human rights defenders and call on all States to sustain the Council’s scrutiny over the situation at the September session.

  Despite calls by the High Commissioner for prisoners’ release, Egypt has arrested defenders, journalists, doctors and medical workers for criticizing the government’s COVID-19 response. We recall that all of the defenders that the Special Procedures and the High Commissioner called for their release since September 2019 are still in pre-trial detention. The Supreme State Security Prosecution and 'Terrorism Circuit courts' in Egypt, are enabling pre-trial detention as a form of punishment including against human rights defenders and journalists and political opponents, such as Ibrahim Metwally, Mohamed El-Baqer and Esraa Abdel Fattah, Ramy Kamel, Alaa Abdel-Fattah, Patrick Zaky, Ramy Shaat, Eman Al-Helw, Solafa Magdy and Hossam El-Sayed. Once the terrorism circuit courts resumed after they were suspended due to COVID-19, they renewed their detention retroactively without their presence in court. It’s high time the Council holds Egypt accountable.

  As highlighted in a joint statement of Special Procedures, we call on the Indian authorities to immediately release HRDs, who include students, activists and protest leaders, arrested for protesting against changes to India’s citizenship laws. Also eleven prominent HRDs continue to be imprisoned under false charges in the Bhima Koregaon case. These activists face unfounded terror charges under draconian laws such as sedition and under the Unlawful Activities (Prevention) Act. While we welcome that Safoora Zargar was granted bail on humanitarian grounds, the others remain at high risk during a COVID-19 pandemic in prisons with not only inadequate sanitary conditions but also limited to no access to legal counsel and family members. A number of activists have tested positive in prison, including Akhil Gogoi and 80-year-old activist Varavara Rao amid a larger wave of infections that have affected many more prisoners across the country. Such charges against protestors, who were exercising their rights to freedom of peaceful assembly must be dropped. We call on this Council to strengthen their demands to the government of India for accountability over the excessive use of force by the police and other State authorities against the demonstrators.

  In Algeria, between 30 March and 16 April 2020, the Special rapporteur on freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and of association, human rights defenders, issued three urgent appeals in relation to cases involving arbitrary and violent arrests, unfair trials and reprisals against human rights defenders and peaceful activists Olaya Saadi, Karim Tabbou and Slimane Hamitouche. Yet, the Council has been silent with no mention of the crackdown on Algerian civil society, including journalists.

  To conclude on a positive note, we welcome the progress in the establishment of the OHCHR country office in Sudan, and call on the international community to continue to provide support where needed to the transitional authorities. While also welcoming their latest reform announcements, we urge the transitional authorities to speed up the transitional process, including reforms within the judiciary and security sectors, in order to answer the renewed calls from protesters for the enjoyment of "freedom, peace and justice" of all in Sudan. We call on the Council to ensure continued monitoring and reporting on Sudan.

  ENDORSEMENTS

  International Service for Human Rights
  DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project)
  Center for Reproductive Rights
  Franciscans International
  The Syrian Legal Development Programme
  Egyptian Front for Human Rights (EFHR)
  CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
  International Movement Against All Forms of Discrimination and Racism (IMADR)
  International Lesbian and Gay Association (ILGA World)
  Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
  Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
  Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
  ARTICLE 19
  International Federation for Human Rights (FIDH)
  Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
  IFEX
  Association for Progressive Communications
  International Commission of Jurists (ICJ)
  Amnesty International

   

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  Current council members:

  Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Burkina Faso, Brazil, Cameroon, Chile, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Eritrea, Fiji, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Libya, Marshall Islands, Mauritania, Mexico, Namibia, Nepal, Netherlands, Nigeria, Poland, Pakistan, Peru, Philippines, Qatar, Republic of Korea, Senegal, Slovakia, Somalia, Sudan, Spain, Togo, Ukraine, Uruguay, Venezuela

  Civic space ratings from the CIVICUS Monitor

  OPEN	NARROWED	OBSTRUCTED	REPRESSED	CLOSED

   

• Statement: Chile's adoption of Universal Periodic Review on Human Rights

  41st Session of the UN Human Rights Council

  Pro Acceso and CIVICUS welcome the government of Chile's engagement with the UPR process. We also welcome the government's progress in relation to the legislative framework governing  freedom of association and progressive initiatives to strengthen the participation of civil society.
    
  However, in our joint UPR Submission, we documented significant challenges with respect to the right to peaceful assembly both in law and in practice. In addition, the government has failed to create a safe environment for HRDs, particularly for indigenous people, who continue to face attacks and criminalisation.
   
  We remain concerned by the lack of commitment of the government to amend legislation regulating peaceful protest, which contradicts the Chilean Constitution and international standards. The Supreme Decree 1,086, which came into force in 1983, regulates this right and establishes procedures that in practice functions as a system of prior authorisation. 

  In practice, civil society has documented cases of excessive use of force by the police, including the use of teargas bombs, rubber bullets and hydrant trucks.  Between June 2016 and March 2019, the CIVICUS Monitor received several reports of police repression of protests, especially protests by students and members of the Mapuche community.

  In addition, we are concerned by the misuse of the Anti-Terrorism Law (Law 18,314 on counter terrorism policy) against members of the Mapuche indigenous community advocating for land and environmental rights. The legislation has been used in a "total of 19 emblematic cases, involving 108 individuals, mostly related to situations of Mapuche protests.” 

  Mr President,  Pro Acceso and CIVICUS call on the Government of Chile to take proactive measures to address these concerns and implement recommendations to create and maintain, in law and in practice, an enabling environment for civil society, including signing and ratifying the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean known as the Escazu Agreement, whose negotiation process Chile lead since 2012, and which establishes specific obligations for the protection of environmental defenders.