Bolivia

 

  • ‘La sociedad civil trabaja por una democracia no solo más representativa sino también más participativa’

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    CIVICUS conversa con Ramiro Orias, abogado y defensor de derechos humanos boliviano. Orias es Oficial de Programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) e integrante y ex director de la Fundación Construir, una OSC boliviana establecida con la finalidad de impulsar procesos de participación ciudadana para fortalecer la democracia y el acceso igualitario a una justicia plural, equitativa, transparente e independiente.

    Hace unos días se produjo en Bolivia una protesta nacional contra la posible re-reelección presidencial. ¿Observa en el intento del presidente Evo Morales de volver a reelegirse una degradación democrática?

    El intento del presidente de volver a buscar la reelección forma parte de un proceso más amplio de erosión del espacio cívico democrático por efecto de la concentración de poder.

    La búsqueda de una nueva reelección presidencial requiere de una reforma de la Constitución de 2009 (que fue promulgada por el propio presidente Evo Morales). Algunas de las disposiciones introducidas entonces en el texto constitucional fueron muy progresistas; hubo un importante avance en materia de derechos y garantías. Al mismo tiempo, se incluyeron reformas políticas destinadas a consagrar un proyecto de poder. Por ejemplo, hubo un cambio en la composición y en los equilibrios políticos de la Asamblea Legislativa destinado a sobre-representar a la mayoría; se destituyó anticipadamente a las principales autoridades del Poder Judicial (los miembros de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional fueron enjuiciados y obligados a renunciar) y se instauró un sistema de elección mediante el voto, sin una fase previa de calificación de méritos. Las instituciones árbitro, como la fiscalía, el Órgano Electoral o el Defensor del Pueblo, también fueron cooptadas en diversa medida por el Ejecutivo.

    En relación con el Ejecutivo, la principal reforma constitucional consistió en habilitar la reelección, pero por una sola vez, es decir para un máximo de dos mandatos consecutivos. El primer mandato de Evo Morales (2006-10) hubiera debido contar, porque así lo establecía una cláusula transitoria de la nueva Constitución; sin embargo el gobierno luego argumentó que ese primer mandato no contaba porque se había producido bajo la vieja Constitución (la cual lo inhabilitaba a una nueva elección consecutiva). De modo que el presidente fue reelecto dos veces, en 2010 y en 2015. Es decir, ha cumplido tres mandatos consecutivos, uno más de los que permite la nueva Constitución, y ahora está buscando alguna vía constitucional para habilitar un cuarto mandato.

    A principios de 2016 el gobierno convocó a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre una posible reforma de la Constitución para que Evo Morales pudiera competir nuevamente por la presidencia en 2019. Por un ajustado margen, el gobierno perdió ese referéndum; por eso acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, que el tribunal aceptó considerar.

    Según el presidente, la prohibición de volver a competir afecta el principio de igualdad y discrimina contra los actuales representantes electos, por lo cual sería contraria al Pacto de San José de Costa Rica (la Convención Americana de Derechos Humanos). Es el mismo argumento que utilizó en Nicaragua el presidente Daniel Ortega, quien logró que la Corte Constitucional declarara inconstitucional su propia Constitución y le permitiera reelegirse. Es un argumento bastante forzado, porque los derechos invocados no son absolutos, sino que admiten regulaciones en función del bien común y el interés general (de hecho, el derecho a competir por la presidencia incluye restricciones de nacionalidad y edad, por ejemplo) así como limitaciones en función de valores superiores de una sociedad democrática – por ejemplo, el de la alternancia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

    El 10 de octubre pasado, precisamente cuando se cumplían 35 años de la restauración de la democracia en Bolivia, se realizó una manifestación nacional contra la reelección indefinida y en defensa de la voluntad expresada por la ciudadanía en el referéndum del año pasado. Esta protesta fue convocada por diversas organizaciones cívicas, plataformas ciudadanas y partidos políticos de oposición. Fue una expresión callejera masiva, con las mayores concentraciones en las ciudades de La Paz y Santa Cruz y otras menores en Cochabamba, Potosí y Oruro. Afortunadamente el derecho de reunión pacífica fue respetado, en el sentido de que no hubo violencia ni intentos de suprimir las protestas. Sin embargo, el gobierno reconoció que la división de Inteligencia de la Policía siguió y vigiló de cerca de las marchas y a los propios dirigentes opositores, al punto que recabó al detalle las conversaciones que mantuvieron ese día. Lo cual es inadmisible en una sociedad democrática, ya que el uso de una policía política es propio de los gobiernos autoritarios.

    ¿Piensa que la lucha por la reelección se dará en los tribunales o acabará saldándose en las calles? ¿Convocará el gobierno movilizaciones a favor de la reelección?

    Creo que la demanda de inconstitucionalidad es un artificio jurídico; no estamos ante un problema de derecho constitucional, y menos aún ante una cuestión de derechos humanos de los que detentan el poder. El proceso judicial es una táctica más en una estrategia de lucha política en pos de la concentración del poder y la permanencia en el gobierno. La solución de esta controversia se dará en el terreno político. Una característica de la ética política de este régimen es que cuando un tema está en discusión, la aceptación de un arreglo o acuerdo no necesariamente es el punto final.

    ¿Diría que la sociedad civil está dividida en función del apoyo o el rechazo al gobierno?

    La sociedad civil está dividida. Como en todo proceso de cambio político, hay sectores ganadores, que han recibido beneficios importantes y apoyan la continuidad. Por ejemplo, algunos grupos sindicales, como la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). Al mismo tiempo, hay sectores que en principio se sentían representados por el MAS pero acabaron perdiendo. El gobierno boliviano ha perdido apoyos, sobre todo en su base social indígena, debido a algunas medidas que supusieron retrocesos en la agenda indígena – por ejemplo, la decisión de construir una carretera a través del área protegida del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure), sin respetar el proceso de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas titulares de ese territorio. El gobierno también autorizó la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Esto resultó en cierto alejamiento de la base social que le había dado una amplia mayoría en los inicios de su gobierno.

    La llegada de Evo Morales Ayma a la presidencia y las reformas que se plasmaron en la nueva Constitución implicaron una transformación política, social y cultural enorme, sobre todo en términos de inclusión. Sin embargo, la falta de institucionalización, que se expresa en la ausencia de nuevos liderazgos, ha hecho que el proceso se agote y ya no represente un abanico tan amplio de la sociedad boliviana. Hoy es más difícil para el gobierno erigirse en representante de los movimientos sociales en sentido amplio. Muchos sectores de la sociedad civil que en algún momento vieron con simpatía el proceso de cambio liderado por Evo Morales, hoy lo ven con preocupación porque se ha convertido en un proceso de acumulación de poder político que no ofrece garantías para que puedan realizar libremente su trabajo.

    El resquebrajamiento de sus apoyos llevó al gobierno a imponer regulaciones dirigidas a desmovilizar a la sociedad civil que no adhiere en forma militante al proyecto gubernamental. Esto está afectando seriamente la capacidad de trabajo de muchas OSC. La situación se ha vuelto bastante difícil para los defensores de derechos humanos, y en particular para los defensores de pueblos indígenas y del medio ambiente, que han recibido diversos embates y presiones a su labor.

    También ha habido cambios importantes en la regulación de las OSC nacionales. El principal cambio normativo, que dejó a las OSC en una posición de gran vulnerabilidad, fue la ley No. 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas (2013). Esta ley exige el alineamiento de los objetivos y acciones de las OSC con las políticas gubernamentales y reemplaza el principio de reconocimiento de la existencia legal de una organización, que se deriva de un acto constitutivo de derecho civil, por el otorgamiento de la personería jurídica por parte del Estado, un acto administrativo que concede amplia discrecionalidad a las autoridades centrales. La personería jurídica puede ser revocada mediante un procedimiento administrativo, sin ninguna garantía del debido proceso. Al mismo tiempo, las OSC no alineadas con el gobierno son estigmatizadas públicamente.

    ¿Qué se requeriría hoy para lograr la concreción de esa promesa democrática que en su momento expresó Evo Morales?

    Al revés de la tendencia dominante de entregar más poder a una sola persona, uno de los principales temas pendientes en la agenda democrática boliviana es el reencauzamiento de la representación política a través de un sistema de partidos plural, institucionalizado, con prácticas internas democráticas. Si el tema de la reelección presidencial está en la agenda, es precisamente porque falta institucionalización: la fuerza en el gobierno no tiene un liderazgo de recambio. Más que un partido político, en el gobierno hay una coalición de diversos intereses que solo el presidente Morales logró amalgamar.

    La democracia representativa, sostenida en instituciones, es un sistema que permite ciertas certidumbres en la vida política, con reglas que se cumplen con regularidad y actores que se someten a ellas de buena fe. Lo que estamos viendo actualmente es que el gobierno usa los mecanismos democráticos cuando le sirven, y cuando no le sirven se aparta de ellos y trata de modificarlos en beneficio propio.

    En el marco de un sistema de partidos políticos débil, la sociedad civil cobra un relieve particular. Cumple un rol de preservación de las libertades de asociación, expresión y manifestación pacífica gracias a las cuales puede promover sus ideas de cambio social. La sociedad civil trabaja por una democracia no solo más representativa sino también más participativa.

    ¿Qué apoyos necesita la sociedad civil boliviana para superar los obstáculos y avanzar en dirección de una democracia más participativa?

    Lo más importante que necesita la sociedad civil en sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos es un sistema de justicia independiente. Ha habido un proceso de debilitamiento de las instituciones judiciales por parte del Ejecutivo, que difícilmente podremos revertir en el corto plazo sin la cooperación de otros actores, nacionales e internacionales.

    Necesitamos, entonces, solidaridad internacional. De hecho, hay un diálogo político intenso con los embajadores acreditados en Bolivia, que reconocen la necesidad de crear un ambiente habilitante para la sociedad civil, así como valoran la urgencia de promover un sistema de justicia independiente. También necesitamos apoyo para que las OSC se empoderen, mejoren sus propios procesos internos de rendición de cuentas y aseguren la transparencia de su propia gestión institucional. Pero lo cierto es que mientras no haya una justicia independiente capaz de tutelar derechos fundamentales, la situación de la sociedad civil seguirá siendo de extrema indefensión.

    • El espacio cívico en Bolivia es clasificado en elCIVICUS Monitor como “estrecho”.

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  • BOLIVIA: ‘Civil society, like political society, is deeply divided’

    CIVICUS speaks about the 2019 protests and elections in Bolivia with Eliana Quiroz, Executive Director of Fundación Internet Bolivia (Bolivia Internet Foundation), an organisation dedicated to strengthening free and secure access to the web. In its work to defend online human rights against censorship, surveillance, manipulation, extortion and other harmful practices, the Bolivia Internet Foundation focuses its actions on capacity strengthening among vulnerable publics, the promotion of open discussion spaces and the development of knowledge and technology-based strategies.

     

  • BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

    Rodrigo MeruviaAl cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa conRodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

    ¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

    El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

    Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

    Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

    ¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

    Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

    Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

    ¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

    En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

    La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

    Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

    Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

    En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

    ¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

    Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

    Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

    Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

    Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

    ¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

    Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

    Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

    El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

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  • BOLIVIA: ‘La pandemia se convirtió en un justificativo para estrechar el control informacional’

    CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.

     

  • BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

    CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

    Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

    La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

    Bolivia-Protests (2).jpgEn todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

    En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

    En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

    Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

    A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

    ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

    La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

    Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

    Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

    Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

    La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

    Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

    Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

    Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

    Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

    ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

    En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

    La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

    En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

    La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

    En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

    Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

    Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

    También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

    En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

    En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

    Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

    En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

    Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

    ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

    La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

    El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

    Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

    El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

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  • BOLIVIA: ‘The pandemic became a justification for tightening information control’

    CIVICUS speaks about the Bolivian political landscape and upcoming elections in the context of the COVID-19 pandemic with Cristian León, programme director of Asuntos del Sur and coordinator of Public Innovation 360, a project focused on strengthening democracy at the subnational level which is currently being implemented in three Latin American countries. Asuntos del Sur is a regional civil society organisation (CSO) based in Argentina that designs and implements political innovations to develop democracies that are inclusive, participatory and based on gender parity. Cristian León is also a founder and current collaborator of InternetBolivia.org, which promotes digital rights in Bolivia.

     

  • BOLIVIA: ‘We empower young people so they can lead the climate movement’

    Rodrigo MeruviaFollowing a year marked by massive mobilisation on the climate emergency, CIVICUS is interviewing civil society activists, leaders and experts about the main environmental challenges they face in their contexts and the actions they are taking. CIVICUS speaks with Rodrigo Meruvia, general coordinator and researcher of the Gaia Pacha Foundation, a civil society organisation (CSO) dedicated to environmental protection and conservation. Based in Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha undertakes research, extension and development initiatives on the basis of cooperation with other CSOs, universities, research centres, government agencies and private companies.

     

     

    What is the main environmental problem in the context where you work?

    The central issue is climate change, a planetary phenomenon that is having impacts at all levels, on populations and their productive and food systems, and that exceeds local and institutional capacities. Among other things, this phenomenon is reflected in an increase in the frequency and magnitude of climatic events and the depth of their impacts.

    We work with the aim of increasing the resilience of rural communities in the face of climate change, as well as building awareness among the urban population regarding the ways in which their consumption patterns affect the development prospects of many communities in rural areas. First of all we work to show how climate change impacts on areas of small family subsistence production and create mechanisms to help increase their resilience to climate change. We also work to empower young people both in rural communities and cities. We train them in technical issues as well as in matters of strategy and leadership, so that they can produce initiatives and generate alternatives on topics such as deforestation or greenhouse gas emission. We encourage them to generate projects applicable to their immediate surroundings and we foster networks and bridges with other civil society and academic organisations to support the implementation of their initiatives.

    For example, at the moment we are working with universities in Cochabamba on the subject of alternative transportation, with the aim of establishing bike paths between the various university campuses within the city, so that young people can use bicycles as an emission-free and safe means of transportation. With that aim in mind, mobile phone apps are being developed that will indicate the safest routes, and parking lots for bicycles are being established, among other things. Work is also being done to educate car drivers, in partnership with the university and in a joint initiative with the municipality and some private companies that are interested in this issue.

    Were there climate mobilisations in Bolivia during 2019?

    Yes, in September, when the global climate mobilisations were held, major Bolivian cities joined as well. In Cochabamba, we provide support to the youth movement, providing them with resources so that they can lead the climate movement. We provide them with logistical and institutional support, which is needed because there is still a lack of trust in young people in our cities. We propel them without becoming the spokespeople for the movement. We provide training on a variety of topics and transmit the fundamentals and basic concepts to them so that they can account for the reasons for their mobilisation rather than just go to a march armed with a single slogan. The idea is for them to become the disseminators of accurate information regarding both the causes and local effects of global climate change.

    With that aim we held several workshops targeted at young people. We trained about 100 young people directly, and indirectly we have reached around 1,400.

    Did climate mobilisations in Bolivia echo global demands, or did demands have specific local components?

    Demonstrations in Bolivia expressed demands related mainly to the forest fires that come hand in hand with the expansion of the agricultural frontier. Their main demand was the repeal of domestic laws that benefit agribusiness and neglect the protection of forests.

    Bolivian laws do not protect forests, but rather the opposite. In mid-2019, just a few months before 2019’s great forest fires, the government enacted decree 3973, which authorised clearance for agricultural activities in private and community lands in the departments of Beni and Santa Cruz, and allowed controlled fires. In other words, the law gives free rein to any owner interested in expanding their production space, whether for livestock or agriculture. Unfortunately, this has been the position of the state so far, and in our experience whether there were leftist or right-wing governments in place has not made any difference. Beyond the party ideology of the incumbent government, there’s the interests of the agribusiness sector, which are much more permanent and broader, since they involve not only local actors but also transnational companies.

    We believe that the cause of the fires is primarily human in origin, since they are started to expand the agricultural frontier. This is how about five and a half million hectares have already been burned. To give an idea of​​the dimensions of the disaster: the area that has been burned in the lowlands of Bolivia is almost the same size as Guatemala. And not only the forest is lost, but also the entire habitat is degraded, the water sources of some communities disappear and the effects of this extend beyond Bolivia, as bioclimates and rainfall change.

    We understand that the phenomenon that affects us is part of a bigger problem, which this year had several expressions in the form of fires in the Brazilian Amazon, in African countries and in Australia. As there is insufficient rainfall due to climate change, forests are much more prone to burning. In addition to agricultural expansion policies, especially those aimed at growing soybeans – which in addition are genetically modified – this makes these places much more vulnerable. The consequences of this are suffered not only by the population living in the territories where these incidents occur, which is directly affected, but also by the general population.

    At the same time, we also put forward the issue of urban deforestation. In Cochabamba there are around 200 deaths per year due to respiratory problems. It is one of the cities with the most polluted air in Latin America, so this was also one of the specific demands of our mobilisations, as well as the fact that we adhere to the global call for definitive and effective action by governments.

    Have you had participated in international processes related to climate change?

    We have participated from the local level, training young people to take part in the international negotiation processes, mainly at the COP – Conference of the Signatory Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change – series of meetings.

    We started by recruiting in various institutions that work with young people, and making a diagnosis to identify who were the ones who were ready and committed to addressing the issue of climate change, and then we made selections based on the issues we were working on. We gave workshops on topics ranging from the conceptual and technical approach to the issue of climate change, to the management of environmental projects, the characteristics of the negotiation process and strategies to participate, as well as workshops to improve people’s ability to express themselves adequately at these events. It was a long process, but it yielded very good results, because we already have leaders in the country’s nine departments who are trained to go participate in discussions and show the world the initiatives and projects that are being developed in Bolivia.

    Unfortunately, the last-minute change of the venue for COP 25 to Spain – because it could not take place in Santiago de Chile due to the context of protests and repression – deflated us, because we were well prepared and had a firm position that in the end we could not contribute to the event. This was the case not just for us in Bolivia, but more generally for Latin America, where something very big was being prepared to share in Chile. The change of location and the short notice with which it was decided created a big complication for us, financially and logistically. On top of this, for us in Bolivia the consequences of recent socio-political conflicts also were an obstacle that prevented us from implementing our strategy before COP 25.

    But we do not want to throw away the existing motivation and the accumulated work that we have done over approximately one and a half years, so we have continued to work to train young leaders. Our goal is to underpin the ability of young people to generate proposals and initiatives, both technically and politically, not only in their regions but also in international spaces.

    Do you think that the disappointing outcomes of COP 25 had something to do with the absence of many people who were ready to influence the agenda but could not participate?

    Yes, I think so. Without detracting from the work done by the countries and organisations that did participate, I think it ended up being a very improvised event, and if it had been held in Chile as planned, the results could have been a bit more significant and positive thanks to the presence and the participation of young people. For the first time, Bolivia was going to count on the participation of a group of young people recognised by the state, who were to carry out the mandate of a collective process developed in Bolivia’s nine departments through four or five prior forums.

    However, we are trying to have a constructive attitude in the face of this setback, and we are taking advantage of the extra time we have to get ready. We already have these young people who are in a position to formulate demands and proposals wherever it might be necessary to do so – be it in the UK, where COP 26 will be held, or in any other international event if the opportunity arises.

    Civic space in Bolivia is rated as ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • BOLIVIA: Increasing reduction of spaces immune to state co-optation or repression

    CEDLA: Javier Gómez

    Bolivia was home to a series of protests in 2018. CIVICUS speaks about these to Javier Gómez Aguilar, Executive Director of the Centre of Studies for Labour and Agrarian Development (CEDLA). Founded in 1985, CEDLA is a non-profit research centre dedicated to producing and disseminating critical knowledge about labour issues in order to influence public debate. CEDLA works directly with workers and their organisations, and with development institutions, financial counterparts, other social organisations and regional and international networks.

    How would you describe the environment for civil society in Bolivia over the past year?

    Our normative framework is that of a multiparty liberal democracy with periodic elections and separation of powers; however, there is an ongoing trend, which is apparent not only in Bolivia, towards a dominant party regime and the personal concentration of power. The Movement towards Socialism (MAS), led by President Evo Morales, is deeply rooted in Bolivia’s popular sectors, and over the course of 12 years in power it has taken over civil society space. It has done so through very different mechanisms: by criminalising protest, persecuting opponents, dividing social organisations, putting pressure on civil society organisations (CSOs), harassing them by applying tax or labour standard compliance regulations, acquiring media outlets, denying official advertising to independent media and monitoring social networks.

    The use of these mechanisms has increased as the ruling party, despite remaining the biggest party, has lost support. As the government controls the four branches of government, it uses them to counter its progressive loss of legitimacy. Discontent has increased and so have protests, albeit not in the same proportion. The government continues controlling the streets and retains the capacity to mobilise its supporters, particularly public servants and sectors of the population who depend on funds transfers or state subsidies.

    If any CSO denounces violations of environmental rights or norms, the government responds very aggressively and denounces the spokesperson, accusing them of having links to unspeakable political interests, notably those of US imperialism. CEDLA recently published a report on the situation in state-owned companies, and the government aggressively attacked us. They did not discuss content. After all, we used information that was already public, and all we did was analyse it. Instead they just sought to discredit the source. They may try to link us to the radicalised left, while at the same time, as we receive European funding, accusing us of representing the right-wing ideology that has won power in Europe. They do whatever it takes to build a narrative in which we appear as actively conspiring against a progressive government.

    In addition, in November 2018 an audio clip was leaked in which the police commander informed the authorities about actions undertaken to “monitor” journalists and opponents on social media, and said something that was very revealing: that actions were being taken to both “inform and misinform.”

    As a result, many lean towards self-censorship or self-restraint, and the public agenda weakens as a consequence. In the face of persisting activism, the government resorts to stigmatisation, treating activists as liars and subjecting them to fiscal persecution and criminalisation, even including judicial persecution. This has happened to all the social movements that mobilised in recent years. The most extreme case, throughout 2018, has been that of the Yungas coca producers, whose demands to expand production have been systematically denied by the government. Instead the producers of Chapare, the other coca region, where President Morales comes from, were allowed to expand. The Yungas coca producers have mobilised for years, but it was in mid-2018 that the government began to denounce their alleged links to armed sectors, and in August 2018 a mobilisation ended with a strange episode that resulted in the death of a police officer, and the main leader of the movement was arrested.

    This situation invariably repeats itself with each sector that mobilises and in one way or another represents a threat to the government: their protests end with their leaders denounced for violence, prosecuted in the absence of due process guarantees and detained preventively for prolonged periods. It is quite common that, as protest leaders are let go with some form alternative measure, they choose to leave the country. Demobilisation ensues.

     

    What caused protests by students in 2018, and how did the government react to them?
    Student mobilisations were triggered by the limited budget allocation to El Alto Public University (UPEA), a new university that was born out of the popular struggles of 2000, which caters to a lot of students but is quite poor. UPEA mobilisations started in early 2018, and in March a student, Jonathan Quispe Vila, was killed in a protest. The government immediately claimed that the student had been killed as a result of the impact of a marble of the sort that students were throwing, although available home videos appear to show that he was hit by a police-issue bullet. In any case, there was no clear investigation of what happened, and although initially further demonstrations were held to protest against the death, the ultimate effect of repression was demobilisation due to fear of confrontation with the police.
    Another relevant mobilisation of 2018, which started in late 2017, was that of medical doctors. Health professionals held a long strike and staged numerous protests against a new article in the Criminal Code that introduced sanctions of between five and nine years in prison for medical negligence and malpractice, following what was barely more than an administrative process. Health workers mobilised over the end-of-year holidays of 2017 and up to 21 February 2018, the day when citizens mobilise to keep on the agenda the fact that in 2016 President Morales lost a referendum that should have denied him the prerogative of running for another term in office. In the process of the health workers’ protests, several instances of confrontation, violence and persecution took place. In January 2018, the police violently broke into the Convent of San Francisco in La Paz and arrested doctors and medical students who had found safe haven there following the repression they faced when trying to block the passage of the Dakar Rally, which was routed through Bolivia. This was extraordinary: historically, the church in Bolivia protected various protesters, including those involved in hunger strikes against the dictatorship, and up to now there had never been any such intervention. There are almost no spaces immune to state repression anymore. In the case of the doctors, mobilisation gave way when the Criminal Code was repealed.
    In the face of every mobilisation, the state apparatus behaves in the same way. Even when it faces sectoral demands that in themselves do not necessarily imply a political challenge, the government allows conflict to grow, feeds polarisation, waits for scuffles and confrontations with the police to arise and then accuses the leaders of mobilised groups of being behind the violence and has them arrested and prosecuted. Opposition members side with these movements, arguing that the government is not listening to them, and then conflicts that were initially sectoral or territorial end up being treated as destabilisation attempts orchestrated by the opposition.

     

    When and why did protests against presidential re-election reignite? Why was this issue not solved once and for all with the 2016 referendum?

    The February 2016 referendum was organised by the president himself, with the intention of getting a green light to change the Constitution - a Constitution that had been passed under his administration - in order to enable a further re-election. The referendum mechanism gives citizens the last word, so that the issue of re-election should have been resolved for good with the ‘no’ victory, and the president should not have been able to run again.

    The current Constitution allows for only one re-election, but President Morales is already in his third term; the first one was not taken into account because it took place under the previous Constitution. After 12 years in power, the dispute over re-election reflects the ruling party’s institutional fragility. A prohibition on re-election would not amount to a ban against the party: the MAS could present another candidate. But at this point there is no successor to Evo Morales because, instead of acknowledging at an earlier stage that there would be no re-election, and therefore focusing on producing an alternative leadership, the government devoted itself to finding alternative ways to overcome the re-election ban.

    Given that the ‘no’ option won by a very narrow margin, it has been said that the vote was ‘almost’ a draw, and therefore the result was not conclusive. In the judicial arena, two pro-government representatives filed a claim of unconstitutionality, invoking the Pact of San José de Costa Rica (the American Convention on Human Rights), which has a status higher than the Constitution. They say that because the Convention guarantees the full right of citizens to vote and be voted for, the prohibition on re-election would be a violation of the president’s political rights.

    In December 2017, just days before its term ended, the Constitutional Court accepted the plaintiffs’ claim and authorised Evo Morales to seek a further re-election. It should be emphasised that Constitutional Court judges are elected and serve five-year terms, and the judges who issued that ruling are all public officials now. In other words, the judiciary is not an independent power. We are currently awaiting the Inter-American Court of Human Rights’ pronouncement on the subject.

    The government retains about 30 per cent electoral support and mobilises a lot of people on the streets. So while fighting on the judicial front, it has also tried another way, through the approval of a new political parties bill that mandates that primary elections be held in January 2019. Right after the law was passed, the Electoral Tribunal enabled the president and vice-president to run in the primaries. Participation in these elections is mandatory for parties that want to present candidates in the general elections, but is voluntary for voters, and restricted to party members. Registries are in very bad shape: when the lists of registered voters were published, many of us found ourselves listed as members of parties that we had never been affiliated with. The opposition has insisted that this election is unnecessary, since all the parties - including the incumbent - have registered single candidates. However, the Electoral Tribunal ratified it for 27 January. Now that President Morales has been proclaimed as a candidate, it will be increasingly difficult to turn back, because this move changed the focus of the discussion: from discussing President Morales’ political rights and whether they would be violated by a re-election ban, we have moved onto a discussion of the right of MAS members and activists to vote for their favourite candidate.

     

    Is civil society divided over the re-election issue? Would you say that Bolivian citizens are polarised around the issue?

    There are demonstrations and counter-demonstrations, expressions in favour of and against the re-election. President Morales retains a very important level of support, particularly among public servants. There are organised sectors that receive abundant state resources and mobilise systematically against any anti-re-election protest. At the same time citizen platforms - groups of women, young people, students and sections of the middle class - have mobilised under the 'Bolivia said no' banner to demand respect for the results of the referendum. During one of the recent marches by university students the front of the Electoral Court building in Santa Cruz was set on fire. According to the students, the fire was caused by infiltrators who also caused much other damage. But the government immediately arrested the protest leaders, one of whom was indicted in a single day: he was given an abbreviated trial, pleaded guilty and was given a three-year suspended prison sentence - something quite extraordinary in the context a very slow judicial system, in which 80 per cent of prisoners have not been sentenced. The student was freed with alternative measures, but the objective of creating fear among mobilised sectors was achieved. It clearly showed that if you mobilise, you can end up in jail.

     

    What are the long-term changes that have been seen in Bolivia?

    No matter who wins the next election, scheduled for October 2019, the next government will be transitional in nature. The social transformations of the past 12 years have been profound and, I believe, irreversible. Inclusion may have been achieved through the market, but the policy changes have nonetheless been enormous, and they have taken place without any dramatic social conflict. We could have had a bloody revolution, but instead we had a very institutionalised process of social change. The fact that there are representatives, senators, mayors and governors of indigenous descent has become a natural occurrence. Out of the eight presidential candidates competing in the upcoming primaries, four are of indigenous descent - Aymara or Quechua - and each represents a different political and ideological strand, including one on the far right. Inclusion and the realisation of the rights of indigenous people was originally a leftist cause and was indeed pushed from the left, but nowadays being indigenous no longer equates with supporting alternative causes or political renewal. Being indigenous is compatible with a diversity of ideological options and no longer represents anything close to a position of moral superiority: it has become part of the mainstream, and therefore encompasses all the complexities and contradictions of society. That alone reveals how much this country has changed.

     

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  • Bolivia: Informe de Diálogo sobre Democracia: 20 y 27 de agosto de 2018

    Diálogo sobre Democracia organizado por el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL). Sucre, 9 y 10 de agosto; Tarija, 30 y 31 de agosto; El Alto, 20 y 27 de agosto de 2018

     

  • BOLIVIA: Limitación de los espacios a salvo de la cooptación o la represión estatal

    CEDLA: Javier Gómez

    Bolivia fue testigo de varias protestas en 2018. CIVICUS conversa sobre ellas con Javier Gómez Aguilar, Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Fundado en 1985, el CEDLA es un centro de investigaciones sin fines de lucro dedicado a producir y difundir conocimiento crítico sobre la problemática laboral, a incidir en el debate público y a trabajar directamente con los y las trabajadores/as y sus organizaciones; así como con instituciones de desarrollo, contrapartes financieras y otras organizaciones sociales y redes regionales e internacionales.

    ¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Bolivia durante el último año?

    Nuestro marco normativo es el de una democracia liberal multipartidista con elecciones periódicas y división de poderes; sin embargo, se observa la tendencia, y no solo en Bolivia, hacia un régimen de partido dominante y concentración personalista del poder. El Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales es un partido fuertemente arraigado en los sectores populares, que a lo largo de 12 años en el poder ha ido copando el espacio de la sociedad civil. Lo ha hecho a través de mecanismos muy diversos: criminalización de la protesta, persecución de opositores, división de organizaciones sociales, presión sobre organizaciones de la sociedad civil (OSC), acoso impositivo o relativo al cumplimiento de normas laborales, compra de medios de comunicación, retaceo de publicidad oficial a medios independientes, e incluso vigilancia en las redes sociales.

    El uso de estos mecanismos se ha acentuado a medida que el partido de gobierno, pese a continuar siendo el más importante, ha perdido apoyo. Como el gobierno controla los cuatro poderes del Estado, contrarresta con estos mecanismos su progresiva pérdida de legitimidad. El descontento ha aumentado y también lo han hecho las protestas, pero no en igual proporción. El gobierno sigue controlando la calle y conserva la capacidad de movilizar a sus partidarios, y en particular a funcionarios públicos y poblaciones que reciben transferencias o subsidios del Estado.

    Si alguna OSC denuncia violaciones de derechos o de normas ambientales, el gobierno responde muy agresivamente y denuncia al vocero, acusándolo de estar vinculado a intereses políticos inconfesables, sobre todo del imperialismo estadounidense. El CEDLA recientemente publicó un informe sobre la situación de las empresas públicas, y el gobierno nos descalificó agresivamente. Ellos no discuten el contenido – nosotros usamos información que es pública, y lo único que hacemos es analizarla - y en cambio buscan desprestigiar a la fuente. Pueden vincularnos tanto con la izquierda radicalizada, como – si recibimos financiamiento europeo – decir que representamos a la derecha que ha ido llegando al poder en Europa. Lo que sea para construir una narrativa en la cual nosotros aparezcamos como conspirando activamente contra un gobierno progresista.

    Además, en noviembre de 2018 se filtró un audio en el que el comandante de policía informaba a las autoridades del gobierno sobre acciones de “monitoreo” a periodistas y opositores en las redes sociales, y decía algo muy revelador: que se estaban realizando acciones para “informar y desinformar”.

    En consecuencia, muchos se autocensuran o se autolimitan, y la agenda pública se debilita. Ante el activismo que persiste, el gobierno apela a la estigmatización y lo trata de mentiroso, a la persecución fiscal y a la criminalización, llegando incluso a la persecución judicial. Esto ha pasado con todos los movimientos sociales que se han movilizado en los últimos años. El caso más extremo, a lo largo de todo 2018, ha sido el de los productores de coca de Yungas, que desde hace tiempo reclaman ampliar la producción ante la negativa del gobierno, que en cambio lo permitió  a los productores del Chapare, la otra región cocalera de donde proviene Evo Morales. Este sector de cocaleros se moviliza desde hace años, pero a mediados de 2018 el gobierno comenzó a denunciar que estaban vinculados a sectores armados, y en agosto una movilización terminó con un hecho muy extraño que resultó en la muerte de un policía, y el principal dirigente del movimiento quedó detenido.

    Esta situación se repite invariablemente con cada sector que se moviliza y que de algún modo representa una amenaza para el gobierno: las protestas terminan con dirigentes denunciados por violencia, procesados sin garantías del debido proceso, y detenidos preventivamente por períodos prolongados. Es bastante común que, cuando logran salir con medidas sustitutivas, opten por irse del país. El resultado es la desmovilización.

    ¿Cuáles fueron las causas de las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en 2018? ¿Cómo reaccionó el gobierno ante ellas?

    Las movilizaciones estudiantiles se iniciaron por un reclamo presupuestario en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), una universidad nueva, nacida de la efervescencia popular del 2000, pobre y con mucha matrícula. La UPEA estuvo movilizada desde principios de 2018, y en marzo en una protesta murió un estudiante, Jonathan Quispe Vila. El gobierno enseguida afirmó que el muchacho había muerto por el impacto de una canica que los mismos estudiantes estaban utilizando, aunque los videos caseros disponibles parecen mostrar que recibió el impacto de un proyectil usado por la policía. En todo caso, no hubo una clara investigación de lo ocurrido, y si bien inicialmente hubo nuevas movilizaciones en protesta por esta muerte, el efecto último fue de desmovilización, en este caso por efecto del temor al enfrentamiento con la policía.

    Otra movilización relevante de 2018, en rigor iniciada a fines de 2017, fue la de los médicos. Los médicos hicieron una larga huelga y numerosas protestas contra un nuevo artículo del Código Penal que, mediante procesos casi administrativos, imponía penas de entre 5 y 9 años de cárcel por negligencia y mala praxis. Los trabajadores de la salud estuvieron movilizados durante todas las fiestas de fin de año de 2017 y hasta el 21 de febrero de 2018, fecha en que la ciudadanía se moviliza para mantener en la agenda el hecho de que en 2016 el presidente Evo Morales perdió el referéndum con el cual pretendía obtener la prerrogativa de postularse a una nueva reelección. En el curso de las protestas de los médicos hubo episodios de enfrentamiento, violencia y persecución. En enero de 2018 la policía irrumpió violentamente en el Convento de San Francisco de La Paz, para arrestar a médicos y estudiantes de Medicina que se habían refugiado allí ante la represión que enfrentaron cuando intentaron bloquear el paso del Rally Dakar, que atraviesa Bolivia. Esto fue extraordinario: históricamente, la iglesia en Bolivia cobijó diversas protestas, incluso huelgas de hambre contra la dictadura, y hasta ahora nunca había habido ninguna intervención semejante. Actualmente ya casi no quedan espacios a salvo de la represión estatal. En el caso de los médicos, la movilización cedió cuando el Código Penal fue abrogado.

    Ante todas las movilizaciones se observa el mismo comportamiento del aparato estatal, que incluso ante demandas sectoriales que de por sí no necesariamente cuestionan al gobierno, deja crecer conflicto, alimenta la polarización, espera a que inevitablemente se produzcan desórdenes y enfrentamientos con la policía, y después acusa de la violencia, detiene y procesa a los dirigentes de los sectores movilizados. Actores de la oposición se colocan del lado de estos movimientos con el argumento de que el gobierno no los está escuchando, y entonces conflictos que son inicialmente sectoriales o territoriales terminan siendo tratados como intentos de desestabilización orquestados por la oposición.

    ¿Cuándo y por qué se reavivaron las protestas contra la reelección presidencial? ¿Por qué este problema no se cerró de una vez con el referéndum de 2016?

    El referéndum de febrero de 2016 fue convocado por el propio presidente con la intención de conseguir luz verde para reformar la Constitución – una Constitución que había sido aprobada bajo su gestión - de modo de habilitar una nueva reelección. El mecanismo del referéndum entrega a la ciudadanía la última palabra, de modo que el tema de la reelección debería haber quedado cerrado con triunfo del NO y el presidente no debería poder repostularse.

    La Constitución actual permite una sola reelección, pero el presidente va ya por su tercera gestión de gobierno, ya que la primera no fue tomada en cuenta porque tuvo lugar bajo la Constitución anterior. Tras 12 años en el poder, la disputa por la reelección refleja una gran fragilidad institucional del partido gobernante. La prohibición de la reelección no equivale a una proscripción del partido: el MAS podría presentar a otro candidato. Pero Evo Morales hoy no tiene reemplazo porque, en vez de asumir tempranamente que no habría reelección y producir liderazgos alternativos, el gobierno se dedicó a buscar vías alternativas para superar la prohibición.

    Como el NO ganó por muy escaso margen, se ha llegado a afirmar que “casi” fue un empate, y que por lo tanto el resultado no fue concluyente. En el terreno judicial, dos diputados oficialistas presentaron un reclamo de inconstitucionalidad invocando el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un estatus superior a la Constitución Nacional. Afirman que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el pleno derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, la prohibición de la reelección estaría violando los derechos políticos del presidente.

    Apenas días antes de terminar su mandato, en diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional hizo lugar a la demanda de los diputados, autorizando a Evo Morales a buscar la reelección. Hay que recalcar que los jueces del Tribunal Constitucional son electos y cumplen mandatos de cinco años, y todos ellos son hoy funcionarios públicos, o sea que no se trata de un poder independiente. En estos días estamos esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema.

    El gobierno conserva cerca de 30% de apoyo electoral y moviliza mucha fuerza en las calles. De modo que mientras peleaba esa batalla judicial ha intentado otro camino, mediante la aprobación de una nueva ley de partidos políticos que establece la celebración de elecciones primarias para enero de 2019. Acto seguido, el Tribunal Electoral habilitó al presidente y al vice a participar en las elecciones primarias. La participación en estas elecciones es obligatoria para los partidos que quieran presentar candidatos a las elecciones generales, pero es voluntaria para los votantes, y está restringida a los afiliados a los partidos. Y los registros son un desastre: cuando se publicaron los listados de electores habilitados, muchos descubrimos que éramos miembros de partidos a los que nunca nos habíamos afiliado. La oposición ha insistido en que es una elección innecesaria, ya que todos los partidos – incluido el gobernante – han inscripto candidaturas únicas; sin embargo, el Tribunal Electoral la ratificó para el 27 de enero. Ahora que Evo Morales es precandidato, cada vez es más difícil la vuelta atrás, porque esta jugada cambió el eje de la discusión: de discutir sobre los derechos políticos de Evo Morales y sobre si estos serían o no violados si se prohíbe la reelección, pasamos a discutir el derecho de los militantes del MAS a votar por su candidato.

     ¿Está dividida la sociedad civil ante el tema de la reelección? ¿Diría que la ciudadanía boliviana está polarizada en torno del tema?

    Hay manifestaciones y contramanifestaciones, expresiones a favor y en contra. Evo Morales conserva un piso electoral muy importante, en particular en la capa de funcionarios públicos. Hay sectores organizados, con muchos recursos estatales, que se movilizan sistemáticamente contra toda movilización en contra de la reelección. Por su parte, las llamadas plataformas ciudadanas – grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, sectores de clase media – se han movilizado con el slogan “Bolivia dijo no”, en defensa del resultado del referéndum. Recientemente una de las marchas de universitarios terminó con el incendio del frontis del Tribunal Electoral en Santa Cruz, que según los estudiantes fue provocado por infiltrados que también provocaron otros destrozos. El gobierno enseguida detuvo a los dirigentes y uno de ellos fue procesado en un solo día: le dieron proceso abreviado, se declaró culpable y lo sentenciaron a tres años de prisión en suspenso – algo extraordinario en un sistema judicial muy lento, que tiene un 80% de presos sin sentencia. El muchacho quedó libre, con medidas sustitutivas, pero el objetivo de generar temor en los sectores movilizados se ha cumplido. La idea es mostrar que, si te movilizas, puedes terminar en la cárcel.

    ¿Qué cambios de largo plazo se han producido en Bolivia?

    Gane quien gane las elecciones de octubre de 2019, el próximo será un gobierno de transición. Las transformaciones sociales de los últimos 12 años han sido profundas y pienso que serán irreversibles. Puede que la inclusión se haya dado por la vía del mercado, pero el cambio en las políticas ha sido enorme, y se ha producido sin enfrentamientos sociales dramáticos. Podríamos haber tenido una revolución sangrienta, y tuvimos en cambio un proceso muy institucional de cambio social. El que haya diputados, senadores, alcaldes y gobernadores de origen indígena es hoy algo natural. De los ocho candidatos a presidente en estas primarias, cuatro son de origen indígena aymara o quechua, y expresan corrientes políticas e ideológicas muy diferentes – incluso uno de extrema derecha. La inclusión y la reivindicación de los derechos de la población indígena fue una causa de izquierda y se concretó desde la izquierda, pero hoy el ser indígena ya no representa lo alternativo ni lo renovador. Ser indígena es compatible con una diversidad de opciones ideológicas y ya no representa nada parecido a una posición de superioridad moral: se ha vuelto parte del mainstream, abarca todas las complejidades y contradicciones de la sociedad, y eso en sí mismo revela lo mucho que ha cambiado este país.

     El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

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  • Bolivian government using law and force to cow civil society into silence

    Spanish

    CIVICUS speaks to Marco Antonio Gandarillas, Director of the Centre of Information and Documentation Bolivia (CEDIB), a human rights organisation founded in 1970 with the aim of providing information and consulting services with a critical eye on the social reality of Bolivia and Latin America. He speaks on the protests gripping the country in recent years, the response of state security forces and the dire situation of environmental activists.

    1. Since the beginning of 2017, there have been protests over water, mobilisations for and against the president’s re-election, violent protests against the coca Bill, and countless local protests. Are we seeing a peak in social mobilisation in Bolivia?
    Conflict is a part of this country’s political culture: as sociologist Fernando Calderón would put it, politics in Bolivia is “done in the streets”. We have government agencies and civil society organisations dedicated to counting social conflicts in Bolivia, because this is a country that is in permanent conflict.

    The current situation must be apprehended in historical perspective. When President Evo Morales attained power in 2006, it was initially a rather convulsive stage. Certain actors, notably centres of regional power, disputed power spaces with the state. Starting with the constitutional process in 2006-2008, disputes between regional power groups and the central state subsided, and some stability ensued. There were some violent incidents here and there, but generally speaking it was a phase of low levels of conflict that lasted several years.

    Around 2011 the situation changed again, with sustained increases in conflict, particularly fuelled by socio-economic factors. The turning point was the mobilisation of the indigenous peoples of TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure), a highly biodiverse protected area. The people of TIPNIS mobilised to reject the construction of a highway that would cut through their territory. The conflict was particularly relevant because this was a sector that had been an ally of the government, and that by mobilising independently raised a national conflict with the state. They received numerous expressions of public support and this became one of the main topics of public debate.

    It should be noted that this process of de-alignment was important at the level of social leadership, but not so much at the grassroots level of indigenous organisations. Indigenous peoples actually live very far removed from conventional partisan politics and were not necessarily aligned with the government to begin with. In fact, many indigenous peoples – we are talking about more than thirty groups in the highlands, and about as many in the lowlands - never saw President Evo Morales as one of their own. President Morales represents the sector of the cocaleros, colonisers from the highlands who occupied the lowlands to grow coca in territories originally belonging to smaller and more vulnerable indigenous peoples. So there is actually not a single standpoint attributable to “the indigenous peoples”. Politically, indigenous organisations were a circumstantial ally of a government that at first advocated certain rights, promoted legal progress and proposed dialogue and social pacts. But the government also supported the expansion of agribusiness in the lowland territories of indigenous peoples, even allowing illegal activities such as coca cultivation for cocaine production.

    In short, since 2011, and more intensely on the eve of the latest presidential election (the third) that President Morales won in late 2014, we have had a number of conficts that is even higher than the number of conflicts that took place in 2003, a time of social upheaval leading to the fall and flight of then-President Gonzalo Sánchez de Lozada. Although larger in number, however, the nature of conflicts has also changed. At present, there is a great proliferation of disaggregated conflicts, many of which are accompanied by high levels of violence.

    2. How has the state reacted to the protests?
    It has become commonplace for conflicts to be contained by heavy police intervention, often resulting in fatalities. The security forces, and particularly the police, enjoy total impunity: no cases of deaths caused by repression have been truly probed, and perpetrators have never even been prosecuted.

    For instance, last year the conflict involving mining cooperatives resulted in seven deaths, six on the side of the miners plus a high authority – the deputy Interior Minister – who was lynched. There are detainees, but there is no evidence of legal proceedings complying with due process guarantees having been initiated against the material and intellectual authors of these crimes. Five of those people were killed by police-issued weapons, but perpetrators have not been identified.

    This increase in conflict levels is the result of growing social unrest, which has surprisingly not expressed itself at the polls. From President Morales’ 2014 solid victory – he was re-elected with about 60% of the vote – the government deduced that society supported their economic model, regardless of the fact that according to the available data, the main reason for most conflicts was socio-economic in nature, revolving around wages, land, natural resources, public services and the allocation of public funds.

    Therefore, as he was inaugurated for the third time, President Morales embraced the deepening of the government’s model as his main objective. This triggered new conflicts and worsened existing ones. I think this is at the basis of the high levels of violence that now characterise social conflict, along with the impunity with which repressive agencies act.

    3. Was the repression of protests accompanied by legal changes that may have fueled police violence and increased impunity?
    Legal changes have indeed also taken place, as part of a regional trend. Under pressure from the United States of America, all countries in the Southern Cone have introduced repressive reforms into their criminal codes, typifying various forms of social protest as criminal offences. An ambiguous figure that almost all countries incorporated was that of “fight against terrorism”.

    In Bolivia, the government soon realised that it could not control society solely through the co-optation of social leadership – what I call “clientelistic social control” – and therefore began to deploy a strategy of repressive social control. The new tools it used went beyond police repression: they included for instance smear campaigns and “public lynching” of dissenting voices by government authorities. Any sector, institution or leader who appears as overly critical is accused by the president of being right-wing, destabilising or promoting coups. This in turn justifies the adoption of further measures such as the physical seizure of organisations’ headquarters, which has often occurred. Many grassroots organisations that were independent from the government, including large indigenous organisations such as CIDOB (Confederation of Indigenous Peoples of Bolivia) have been forcibly taken over by government-affiliated groups that had their legitimately elected authorities removed and replaced with activists from their own ranks or even with government officials. In general, they sought to make this look as if this had been the outcome of a confrontation between groups, when in fact the police intervened to remove legitimate leaders and replace them with impostors. A recent example of this was the attempted takeover of APDHB (Permanent Assembly of Human Rights of Bolivia) in February 2017.

    Once the government was engaged in media lynching, it was only natural for a conviction to develop regarding the need to regulate those situations in which protesting is not acceptable. Various laws – including the Investment Promotion Law and the Mining Law, both passed in 2014 –, along with a number of supreme decrees, for instance those about cooperatives, classified a variety of forms of legitimate social opposition as criminal offences, in many cases carrying prison sentences ranging from 4 to 8 years. I do not know of any specific case in which the Investment Law has been applied to someone for blocking a road; this legislation works rather as deterrence of mobilisation against state-promoted initiatives.

    4. Are there any specific issues or mobilised groups that are targeted with higher levels of violence?
    Mobilisations with a national ambition and involving political questioning of the government are most harshly repressed. Such was the case of the mobilisation by mining cooperatives. In the pre-electoral period in 2014, miners were promised many things that eventually found their way into a Mining Law (Law No. 535/2014) granting them unrestricted access to exploitation areas. Failure to comply with these provisions led to their mobilisation in 2016.

    At the same time, other sectors – particularly indigenous peoples – typically react when their territories and livelihoods are affected by extractive activities. 2011 was a turning point for them too. Until then, there were umbrella indigenous organisations at the regional and national levels. Since then, government action has focused on de-structuring indigenous organisation: most departmental, regional and national organisations have since been seized, or parallel organisations have been established. Indigenous communities’ capacity for national action against mining or hydrocarbon exploitation has therefore been greatly affected. These days, in the context of a large hydroelectric project north of La Paz, the government strategically avoids dealing with local actors, who are directly affected and therefore oppose the project, and deals instead with a regional leadership that no longer represents anybody but turns out to be their preferred political partner.

    In dozens of territories, still known as TCOs (tierras comunitarias de origen or “original community lands”), simultaneous processes of resistance are taking place against a number of extractive projects. But these resistances are taking place on a local scale that is often almost imperceptible to the media and public opinion.

    5. Have other fundamental civic space freedoms been affected?
    Restrictions have been introduced in all areas, but the freedom of association has been hit the worst. From 2011 onwards, the government has targeted not only the directly affected groups mobilised against extractive activities but also the organisations supporting them through research, advocacy and by shaping public opinion. Thus, many research centres and environmental, human rights and indigenous rights NGOs have become enemies to be defeated by the state. In addition to systematically smearing them in public, the government has passed legislation – notably Law No. 351 on Legal Personalities (2013) – in order to deplete the urban civil society that works in solidarity or campaigns on behalf of indigenous and other excluded groups. Law No. 351 replaces the entire previous legal framework of the Civil Code and requires civil society to align its objectives and activities with government policies. More than in the forcible shutting down of organisations, the new legal framework has resulted in “silent suicide”. In a context in which, since judicial authorities are now elected by popular vote, the judiciary has become subordinate to the executive and due process guarantees fail, civil society has felt intimidated. Many organisations have decided to either close their doors or change their goals and lower their profile so as not to disturb power. In so doing, civil society has lost strength and independence.

    Over the past few years, CEDIB has received countless inspections by various state agencies. Neither public offices nor private companies are subjected to the kind of controls that this small organisation has had to submit to. We have had audits of all kinds, including some that are blatantly illegal, as when we had to respond to a requirement to submit accounting documentation dating back more than twenty years, although the Commercial Code establishes an obligation to keep records going back just five years.

    However, CEDIB is a prestigious centre and has a certain specific weight. In fact, the state is one of the main users of our services and data. So our relationship with the state is complex and contradictory, as the authorities demand resources from us all the while wishing we were politically aligned with the government. This leads to some authorities, as the vice president did at some point, launching attacks against us, while at the same time others keep recognising that they need our information and advice. And in the eyes of society and even the media – including para-governmental outlets – we are still a serious and credible organisation whose existence is vital for democracy. That, in a way, is what has kept us going.

    6. How has civil society responded to the deterioration of its enabling environment?
    Unfortunately, historic NGO networks have not been able to curb authoritarian advances. Other governments in the past had tried to deprive civil society of its autonomy, but had failed to do so because NGO networks used to be stronger. Vis-à-vis our current government, however, civil society organisations have become weak and intimidated, partly because of the already mentioned administrative restrictions and reprisals used against them, and also as a result of reductions in development aid funding.

    Civil society has not just been attacked: it has also suffered divisions. In the face of reduced flows of international cooperation funds, many organisations were left without sources of external funding, which used to be prevalent in the sector, and therefore sought refuge in the state. Other organisations were co-opted not by means of state resources but by President Evo Morales’ developmentalist discourse, which accurately reflected their own ideals and trajectory. And for many others – I would say for the majority – what prevailed was the feeling of impotence vis-à-vis a government that proved itself capable of doing whatever they wanted with them, be it legally or extra-legally. In other words, fear prevailed given the credible threat of controls resulting in steep, impossible-to-pay fines and even in prison sentences for organisations’ staff.

    As a result, there is now a large set of NGOs that are actually para-governmental organisations and survive on contracts, consultancy work and other state resources. In addition, there are a number of NGOs that have been founded and are directed by high state authorities. All senior public officials, starting with President Evo Morales, manage NGOs that have been set up in order to run government programmes with international cooperation or public funds. It has been reported that, for instance, a foundation run by the president has its own television channel and handles large state advertising contracts.

    Still, along with three other organisations – the Permanent Assembly of Human Rights (APDHB), the Centre for Legal Studies and Social Research (CEJIS) and the Centre for Local Development Studies and Support (CEADL) – we did submit a petition to the Inter-American Commission on Human Rights in defence of the freedoms of associacion and expression as a negative ruling was issued by the Constitutional Court. But it was just the four of us, out of a very vast group of NGOs that did not come together in defence of these freedoms. Fear semed to be the common denominator among them all.

    7. Have you missed out on international solidarity as a result of Latin American and global progressives’ sympathies for President Evo Morales? In which ways could the international community support civil society in Bolivia?
    We are currently facing a transition scenario. President Morales can no longer run for re-election, and there are several crises underway. One of those crises has derived from the fall in commodities’ prices, which has had a major impact on this ultra-extractivist country that has placed all its bets on primary exports. In other words, we will have not just a change of government but also a change in the state, as a result of impending public spending restrictions. Politically, the upcoming transision must involve the recovery of infringed rights, which requires the repeal or reform of various pieces of legislation and the abandonment of intimidatory practices. It is necessary to ensure a favourable environment for the activities of civil society and journalists, to make public management transparent, and to build an agenda for the strengthening of civil society.

    At the international level, the critical phase was overcome years ago. There was a period in which it was outrightly condemned to criticise, or even relativise, the very optimistic view that prevailed abroad about what was going on in Bolivia. We were told that criticism amounted to “play into the hands of the right” and in favour or international power centres. That ended even before TIPNIS: in 2010, the Mother Earth Summit (World Peoples’ Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth) held in Cochabamba exposed major contradictions between what the government said abroad and what they did domestically: between its environmental discourse, on the one hand, and the expansion of extractivism and the advances of deforestation, on the other.

    Another, more recent turning point was the Indigenous Communication Summit in November 2016. The Bolivian government acted as convenor of this annual summit of movements, and then tried to control it, bypassing the entire indigenous leadership from other countries. They did this so clumsily that even the groups that came in most convinced that in Bolivia there was an indigenous intercultural revolution underway, came out disillusioned. The government attempted to control them in the same way it has done with Bolivian indigenous organisations - they even accused them of having come to Bolivia to conspire to organise a coup, which made no sense.

    In this context, the first thing we need from the international community is that they condemn the regression we have experienced in terms of fundamental rights. The legal framework established by Law No. 351 is rather suited to a dictatorship: a government requiring civil society to organise along its own objectives is completely unacceptable.

    Second, we need a rapprochement with the civil societies of the countries in our region. In recent times, regional mafias have mobilised across borders, and we need common standards in order to fight them. Not only governments but also civil societies need to have an agenda beyond our own country’s borders, that is, with an international projection – regional to start with, and then global as well.

    • The Centre of Information and Documentation Bolivia is one of Bolivia’s most prestigious and socially rooted civil society institutions. CEDIB administers one of the most important archives containing documents of major historical importance, and its research has great impact on public opinion.
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    • Civic space in Bolivia is rated as ‘narrowed’ in the CIVICUS Monitor

     

  • Civil Society “Contested and Under Pressure”, says new report

    Read this press release in Arabic, French, Portuguese and Spanish

    Civil society around the globe is “contested and under pressure” according to a 22-country research findings report released by CIVICUS, the global civil society alliance, and The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). The report, Contested and Under Pressure: A Snapshot of the Enabling Environment of Civil Society in 22 Countries, brings together insights from Enabling Environment National Assessments (EENA) conducted around the world between 2013 and 2016.