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CIVICUS conversa con Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La Coordinadora de Derechos Humanos es una red, registrada como asociación civil sin fines de lucro, que nuclea a 35 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en torno de la defensa de los derechos humanos. Fundada en 1999, es desde 2002 el capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

  1. ¿Por qué se moviliza la gente en Paraguay? ¿Cuáles son las causas de las protestas; cuáles son los principales actores movilizados?

En tiempos recientes ha habido por lo menos tres grupos que han tenido mucho protagonismo. En primer lugar el movimiento campesino, un sector históricamente movilizado en torno de demandas relacionadas con la propiedad y el uso de la tierra y con organizaciones y coaliciones muy fuertes, como la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Nacionales Campesinas. En segundo lugar, el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, que este año se movilizó con bastante intensidad y protagonizó numerosas acciones, tales como tomas de colegios y facultades. Sus reivindicaciones fueron mayormente sobre temas educativos, sobre el gobierno democrático de la universidad y la creación de nuevas instituciones universitarias. En tercer lugar, se ha expresado con bastante fuerza el movimiento de mujeres, particularmente en los últimos meses. El actual gobierno ha sido muy receptivo a las demandas de sectores religiosos fundamentalistas de diversas denominaciones, y ha tomado medidas muy regresivas en el ámbito de la educación, tales como la prohibición del uso de materiales sobre educación sexual y reproductiva, no discriminación e igualdad de género. Ello ha generado una importante reacción ciudadana liderada por organizaciones feministas y de mujeres, que justamente acaban de movilizarse nuevamente el 25 de noviembre en torno de una campaña por la erradicación de la violencia de género, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En el caso del movimiento campesino, este año hemos tenido un poco de todo: movilizaciones tanto en el interior del país, incluyendo cortes de rutas, como en Asunción, la capital. En septiembre de 2017, por ejemplo, cientos de campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial entraron a la capital y montaron un campamento permanente en la plaza frente al Congreso Nacional, en el marco de una campaña por la condonación de deudas de los productores de la economía familiar. Los pequeños productores han padecido condiciones climáticas muy adversas que aniquilaron cultivos enteros, a lo que se sumó una tendencia de precios desfavorables para sus principales productos, de modo que la demanda de condonación de sus deudas, así como de medidas de fortalecimiento de la economía familiar campesina, ha sido uno de los temas centrales de la protesta social. Y por supuesto, también ha habido protestas en torno de la propiedad de la tierra, ya que es una demanda de larga data, pero estas no han tenido la misma masividad ni la misma fuerza.

Los movimientos estudiantil y de mujeres, por su parte, son básicamente fenómenos urbanos con presencia muy fuerte en Asunción y en su área metropolitana, aunque en el caso de las organizaciones feministas hubo también expresiones de movilización en el interior, y en particular en zonas de frontera paraguayo-argentina como Encarnación-Posadas, donde hubo un interesante proceso de articulación entre organizaciones de ambos países. Algo similar sucedió en la frontera con Brasil.

  1. ¿Cómo ha reaccionado el Estado paraguayo frente a la movilización social?

La actuación represiva del Estado es tanto más violenta allí donde las manifestaciones interpelan políticamente al gobierno y son vistas por el Ejecutivo como una amenaza a su poder. Este año hubo varios sectores que se movilizaron, pero la reacción no fue la misma hacia todos ellos. En un determinado momento, los campesinos que acampaban en el centro de Asunción en reclamo de la condonación de sus deudas quedaron encerrados en la plaza frente al Congreso, sin que la policía los dejara movilizarse por las calles de la ciudad, como lo habían estado haciendo en las semanas precedentes mientras duraba la negociación con el Congreso. Para ello la policía apeló a la ley 1.066/1997, coloquialmente conocida como “Ley del Marchódromo”, que tiene muchos años pero nunca se había aplicado. Esta ley, que nosotros consideramos que es inconstitucional e incompatible con los estándares internacionales de regulación del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, establece fuertes restricciones de horarios y de lugares para la movilización. Su aplicación logró reducir en gran medida el impacto de una importante protesta social en curso.

En contraste, esta legislación no fue utilizada contra otras manifestaciones – por ejemplo de docentes y de estudiantes - que tuvieron lugar en torno de las mismas fechas. De modo que estamos ante la aplicación discriminatoria de una legislación que además es inconstitucional, en el marco de una relación con la movilización basada en una estrategia de premios y castigos.

  1. Además de las expresiones ya mencionadas de la protesta social, hubo en marzo-abril de 2017 una serie de protestas contra la reelección presidencial que terminaron en una fuerte represión. ¿A qué se debió la inusual violencia de estas manifestaciones?

Las protestas que culminaron en los hechos del 30 de marzo y el 1 de abril tuvieron un origen más político que las mencionadas anteriormente, en el sentido prácticamente partidista del término, ya que estuvieron vinculadas a un intento de reforma de la Constitución Nacional para permitir la reelección presidencial. Esta pretensión fue rechazada por amplios sectores de la sociedad civil, incluida la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La propuesta de reformar la Constitución había sido planteada por el partido en el gobierno junto con sectores de la oposición, ya que habilitaría a presentarse no solamente al actual presidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, sino también al ex presidente Fernando Lugo, hoy senador por el Frente Guasú y presidente del Congreso. Amplios sectores de la ciudadanía vieron el intento de reforma de la Constitución como un ejercicio abusivo del poder por parte de una alianza circunstancial que destruiría la poca institucionalidad que aún tenemos.

El debate sobre la reforma constitucional se estaba dando en espacios institucionales y en los medios de comunicación, pero la reacción ciudadana, espontánea y masiva, ante aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso lo sacó a las calles. En el marco de estas protestas hubo una serie de incidentes que fueron mundialmente conocidos porque incluyeron la quema del edificio del Congreso. En opinión de la CODEHUPY, estos actos de vandalismo fueron en gran medida el resultado de la inacción de la Policía Nacional, que dejó deliberadamente vacante la protección de la institución parlamentaria.

Esa noche yo participaba como observador de la movilización con un equipo de trabajo de la CODEHUPY y junto a una comitiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Todos nosotros fuimos testigos directos del momento en que un grupo de manifestantes logró entrar al edificio del Congreso, y observamos algo completamente inusual. Mientras que lo habitual es que las instituciones oficiales, y en particular el Congreso y las oficinas del Ejecutivo, tengan altos niveles de custodia, vimos que la policía había abandonado el lugar, y recién se hizo presente mucho más tarde, con toda su fuerza y con el objeto de reprimir indiscriminadamente a los manifestantes y acabar con la violencia que ella misma había instigado. Esto dio como resultado numerosos heridos y centenares de detenciones arbitrarias. Al final del día se habían registrado por lo menos 211 personas detenidas, muchas de ellas víctimas de torturas, malos tratos y otros abusos por parte de la policía.

En el marco de este estallido de violencia, que duró toda la noche entre el 30 de marzo y el 1 de abril, el hecho más grave fue la muerte de un dirigente juvenil del Partido Liberal en el interior de la sede central de su partido, que había sido allanada sin orden judicial por la policía.

  1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil frente a estas restricciones, tanto legales como de hecho, de las libertades cívicas y en particular del derecho de protesta?

La CODEHUPY ha tenido reuniones con varias organizaciones campesinas, y estamos conversando sobre la necesidad de proponer al Congreso una ley derogatoria de la ley 1.066/1997, que es inconstitucional. Por otro lado, la sociedad civil lleva años llamando la atención sobre el rol que debería tener el Ministerio Público. Desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público debería ejercer la representación de la sociedad ante el Poder Judicial; sin embargo, raramente los fiscales asumen un rol de salvaguarda del derecho de los sectores movilizados a estar en las calles y hacer valer sus reclamos. De modo que insistimos en la necesidad de que esta institución desempeñe el rol que le corresponde. La denuncia en torno de estas cuestiones está generando fuertes articulaciones entre los movimientos sociales y en el seno de la sociedad civil. En ese sentido, en Noviembre de 2017 presentamos un informe de investigación sobre la actuación (o la inacción) de la Fiscalía de Derechos Humanos en la persecución y sanción de la tortura, realizado por la CODEHUPY con el apoyo del MNP.

Otra práctica que tenemos desde hace tiempo, pero que hemos intensificado en el último año, es la de documentar casos que se han dado en diversos lugares de Paraguay y que no han tenido mucha visibilidad y aportarlos como insumos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a algunas relatorías de derechos humanos de los organismos regionales e internacionales, y en particular de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Durante las sesiones de la CIDH que tuvieron lugar en Montevideo, Uruguay, en octubre de 2017, la CODEHUPY participó de una audiencia sobre la falta de independencia judicial y de garantías del debido proceso en Paraguay. En ella denunciamos que en nuestro país existe una jerarquía de derechos, en cuya cúspide se ubica la protección de la propiedad privada, de modo tal que ante conflictos de tierras siempre se impone el interés del empresario o ganadero por sobre el de las poblaciones indígenas o campesinas, lo cual viola sistemáticamente el principio de no discriminación por parte del Estado.

  1. ¿Recibe la sociedad civil paraguaya la solidaridad y el apoyo de sus contrapartes en el resto del mundo? ¿Qué clase de apoyo internacional necesitaría para poder responder mejor a estos desafíos?

La CODEHUPY está trabajando mucho en el marco de redes regionales de derechos humanos. Con eje en el tema del derecho a la protesta, por ejemplo, hemos trabajado en una articulación con organizaciones de otros países de la región, tales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Artículo 19 de Brasil, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de México y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), entre otras. En ese marco hemos producido un informe sobre la criminalización de la protesta social en América Latina, y estamos preparándonos para producir un informe sobre la protesta social en Paraguay, que concretaremos en 2018 como parte de una campaña más amplia de difusión y sensibilización sobre el derecho a la protesta y en el marco de una estrategia para poner el tema de lleno en la agenda regional.

Otro espacio de referencia para nosotros es la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y activistas de 75 países. Esta red ha generado interacciones muy importantes para nosotros y ha realizado un activismo muy solidario para con el Paraguay.

Dentro de nuestro esquema de alianzas internacionales, también tenemos un vínculo cercano con Amnistía Internacional, y especialmente con su sección temática sobre protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que pone el foco sobre los defensores locales del derecho a la tierra. Esto nos ha permitido afianzar vínculos más allá de las organizaciones de nuestro país y nuestra región. Los vínculos, el apoyo y la solidaridad  internacionales siempre han sido y siguen siendo fundamentales para el activismo de derechos humanos en Paraguay.

  • El espacio cívico en Paraguay es clasificado como ‘obstruido’ en el CIVICUS Monitor, lo cual indica la presencia de restricciones severas sobre las libertades de la sociedad civil.
  • Visite el sitio web o el perfil de Facebook de la CODEHUPY o siga en Twitter a @CodehupyPy


 

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