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CIVICUS conversa con Enrique de León, dirigente del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), una organización de la sociedad civil dominicana que lucha por la desaceleración del calentamiento global. La organización trabaja para diseminar información y educar a la ciudadanía sobre el cambio climático, monitorear y presionar para que el gobierno cumpla con los compromisos contraídos en la materia, y promover las energías renovables y la descarbonización de la economía nacional.

  1. ¿A qué se debió el fuerte impacto que tuvieron los recientes huracanes Irma y María sobre el Caribe? ¿Cabe considerarlos desastres solamente “naturales”, o tuvieron causas humanas y acaso hubiera podido hacerse algo para morigerar sus impactos?

En el Caribe siempre hemos tenido huracanes; los ha habido antes de que se iniciara el registro histórico. Pero han cambiado su intensidad, su frecuencia y su previsibilidad. Este año los ciclones fueron consecutivos y en línea, lo que no había pasado en mucho tiempo, por no decir nunca desde que se tenga registro. Y han tenido un comportamiento muy difícil de prever. Esto se debe al cambio climático, y más precisamente al aumento de la temperatura por efecto de la creciente concentración de partículas de dióxido de carbono. Sabemos que el enorme volumen de emisiones de dióxido de carbono en todo el planeta está creando las condiciones para que los huracanes en el Caribe sean más frecuentes, intensos y difíciles de prever.

Lo que se puede hacer para evitarlo lo sabemos hace mucho, aunque algunos lo nieguen: tenemos que disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Es difícil, porque nuestra civilización está basada en la quema de combustibles fósiles – carbón, gas natural, petróleo - que emiten gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. Pero la solución al problema está en manos de la humanidad, y en particular de la parte de la humanidad que es responsable de la mayor parte de la emisión de gases, es decir de los países altamente industrializados – aunque también los países menos industrializados tenemos un alto nivel de emisiones en términos relativos.

Las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente calentamiento global constituyen una amenaza particularmente grave para los países insulares, vulnerables a la elevación del nivel del mar. Tal es nuestro caso, que además vivimos de nuestras playas. Más del 80% de nuestra población vive en las costas, y estamos perdiendo territorio. La elevación de la temperatura está afectando también la biodiversidad en nuestros arrecifes y, por consiguiente, la viabilidad de la pesca. De modo que también está en juego nuestra seguridad alimentaria.

Los huracanes están provocando fenómenos extremos: en 2014-2015 tuvimos una gran sequía, mientras que a fines de 2016 tuvimos un diluvio en una época inhabitual, que fue un verdadero desastre. En 2017 tuvimos tres huracanes que vinieron en fila india, y si bien la isla de Santo Domingo – que la República Dominicana comparte con Haití – se libró por poco de su impacto directo, Puerto Rico fue atravesado por el huracán María, y todavía no consigue recuperar ni siquiera la energía eléctrica.

En suma, se puede hacer algo para modificar la intensidad y el comportamiento de los huracanes en el Caribe: disminuir las emisiones de dióxido de carbono tal como lo establecen los Acuerdos de París de noviembre de 2015. Pero es difícil, porque ello depende de la introducción de cambios profundos en el sistema económico global.

  1. Más allá de lo que pase a nivel global, ¿hay algo que los países más afectados por estos fenómenos puedan hacer para protegerse?

Ante todo, podemos y debemos emprender una acción política, consistente en apelar a la comunidad internacional, y en particular a los países con mayor responsabilidad en la emisión de dióxido de carbono, para que reduzcan sus emisiones. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, dado que si bien son bajas en términos absolutos, las emisiones per cápita de la República Dominicana son muy altas (3,8 toneladas anuales). De modo que somos corresponsables, y no podemos demandar que otros reduzcan sus emisiones si nosotros no hacemos lo mismo.

Por lo menos es necesario cumplir con las metas fijadas por el Acuerdo de París, aunque habría que fijar metas más ambiciosas, ya que está comprobado que con aquellas no será suficiente para llevar el calentamiento global a niveles aceptables. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), al igual que todo el movimiento ambientalista latinoamericano y mundial, sostiene que los países más vulnerables, que son los estados insulares del mundo en desarrollo, deben exigir que los mayores responsables por un lado reduzcan las emisiones, y por el otro ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y a establecer un sistema económico más sostenible.

Este tiene que ser un movimiento político. Hemos hecho una apuesta fuerte en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 23) que tuvo lugar en Noviembre de 2017. Con el liderazgo de los compañeros peruanos, que han resultado muy golpeados por el cambio climático, hemos formado una coalición latinoamericana con apoyos europeos que presiona para que se alcancen acuerdos puntuales, tales como la eliminación para 2020 del uso del carbón para generar electricidad. Aunque la eliminación de la minería de carbón pueda llevar más tiempo, al menos no deben seguir construyéndose nuevas plantas eléctricas de carbón. También hemos planteado, sobre todo con los compañeros bolivianos y brasileños, que para 2030 se mantenga por lo menos el 80-85% de las reservas mundiales de hidrocarburos bajo tierra. Como contrapartida, deben usarse energías renovables tanto para la generación de energía eléctrica como para el transporte y otras necesidades.

Lamentablemente, dependemos de la voluntad de los gobiernos y de los políticos, que en muchas partes del mundo responden a intereses económicos muy mezquinos. El mejor ejemplo de esto es el presidente de los Estados Unidos, que es realmente un energúmeno, pero no uno cualquiera sino uno que representa a otros energúmenos cuyos intereses y fortunas están vinculados a la reproducción de una economía basada en la quema de combustibles fósiles. El hecho de que Estados Unidos se haya retirado de los Acuerdos de París es un retroceso catastrófico, así como la expresión de que la cúpula dominante de ese país está dispuesta a arriesgar un holocausto global con tal de conservar sus tasas de ganancia.

Esta es una batalla política que no puede ser de unos pocos, y que como todas las luchas cruciales debe librarse en las calles. Tenemos que sacar a la humanidad a la calle, como lo hicimos en 2015, para dejar en claro que no está dispuesta a sacrificarse en aras de las ganancias de una minoría, y exigir que los yacimientos de hidrocarburos permanezcan bajo tierra y que se impulsen con fuerza las energías renovables en todas sus expresiones. En las islas del trópico, por ejemplo, debe promocionarse la energía solar y eólica.

  1. Internamente, en la República Dominicana, ¿libran ustedes en tanto que sociedad civil  una lucha similar con su propio gobierno, o acaso el gobierno dominicano está alineado con estas posturas?

Efectivamente libramos una lucha similar. El nuestro es un gobierno canalla: de un modo ilegal y corrupto hasta un grado nunca visto en nuestra historia, desde 2013 construye dos plantas de carbón de 770 megavatios en Punta Catalina, a 50 kilómetros de la capital. Al mismo tiempo, en noviembre de 2015 nuestro presidente fue a París a liderar a los estados insulares más amenazados en el planteo de la demanda de reducción de la huella de carbono, y a prometer una disminución del las emisiones de 25% para 2030. Cosa que será imposible de cumplir si se pone a funcionar unas plantas de carbón que por sí solas generarán 6,34 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, lo cual supone un incremento de más de 20% en las emisiones totales del país.

Así, mientras construye estas plantas de carbón que van a disparar nuestras emisiones de carbono, que ya son altas en términos relativos, el gobierno se compromete con la comunidad internacional a reducirlas sustancialmente. Frente a esto, desde principios de 2016 el CNLCC, junto con otras veintitantas OSC, sobre todo del movimiento ambientalista, desarrolló una campaña intensa para que nuestro país ratificara los Acuerdos de París. Una vez que, gracias a la campaña, logramos que el Congreso de la República ratificara los acuerdos, y que lo hiciera de manera rápida, unánime y en una sola lectura, tuvimos que esperar tres meses para que del despacho de la Cancillería se dignaran a informárselo a la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Para que eso sucediera tuvimos que movilizarnos; el gobierno se resistía a la ratificación porque sabía que con las nuevas plantas de carbón le sería imposible cumplir con las metas, más allá de su plan de sembrar un millón de árboles de caoba, con los cuales en 50 años con suerte lograrían absorber la cuarta parte del dióxido de carbono que esas plantas van a emitir.

Nuestro país tiene una gran necesidad de energía eléctrica porque, aún bajo un modelo de gran desigualdad y exclusión, la economía está creciendo. Actualmente tenemos déficit energético, con producción de energía cara e ineficiente, y por eso tenemos grandes apagones. O sea que sí necesitamos producir más y mejor energía, pero lo que no necesitamos es que esa energía salga del carbón, cuando nosotros ni siquiera somos productores de carbón. Gracias a la lucha de la sociedad civil dominicana, en 2012 fue aprobada la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 27 estableció la meta de reemplazar antes de 2030 los combustibles fósiles importados por energías renovables, y así descarbonizar la economía. Pero desde que llegó al poder en 2013, el gobierno de Danilo Medina ha hecho todo lo contrario, con acuerdos muy redituables para establecer nuevas plantas eléctricas de carbón.

  1. ¿Por qué el gobierno dominicano optó por el carbón en vez de energías renovables? ¿A qué intereses representa?

La opción por el carbón, así como la elección de la empresa Odebrecht, que encabeza el consorcio que construye Punta Catalina, fue una decisión de financiamiento político. El gobierno de Danilo Medina necesitaba reelegirse, y la reelección estaba prohibida, de modo que tuvo que financiar primero la reforma electoral y luego la campaña para la reelección. Ese financiamiento lo facilitó la planta de carbón construida junto con Odebrecht. Está plenamente documentado que la licitación fue amañada: Odebrecht compró ese contrato, tal como lo confesó en diciembre de 2016 en Nueva York. En tanto que forma de financiamiento político corrupto, la obra incluyó desde el principio una sobrevaluación de mil millones de dólares. De los 2945 millones de dólares que iba a costar la obra, mil eran sobreprecios. Esto lo denunciamos, pero no hubo forma de que se abriera un proceso de investigación serio, porque nuestro Poder Judicial es extremadamente dependiente del Ejecutivo.

De hecho, esas plantas van a terminar costando mucho más caras, porque recientemente se develó que hay un sobrecosto de 708 millones más, ya que no se habían hecho los estudios correspondientes y para hacerlos le están pasando la factura al gobierno. Además, una de las socias de Odebrecht en la construcción de la planta ha hecho una reclamación por 720 millones por montos adeudados a proveedores y por la reposición de un generador dañado por la empresa estatal cuando quiso montar a toda velocidad la primera unidad para hacer una demostración. Nosotros denunciamos que la planta no estaba lista, y efectivamente tiene una enorme demora, pero para demostrar que no era así el gobierno se apuró y dañó un generador. En cuanto a los pagos adeudados, los retrasos se deben a la campaña que hicimos con el apoyo de aliados europeos para que los bancos europeos que estaban financiando las obras detuvieran el desembolso por razones de corrupción.

  1. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía dominicana a medida que se develaron estos hechos de megacorrupción?

Desde el 22 de enero de 2017 ha habido todos los meses manifestaciones multitudinarias inéditas en nuestra historia, en reclamo del fin de la corrupción y la impunidad. Y el corazón de esa demanda es Punta Catalina, que es realmente la prueba del delito. Estos reclamos expresados en las calles obligaron al gobierno a montar una ópera cómica: al fin y al cabo procesó a todo el mundo menos a los principales culpables. Odebrecht ha comprado contratos desde 2001 hasta 2015, y el gobierno procesó a gran parte de los presuntos implicados hasta 2012, pero a ninguno desde 2012 para acá. Es decir, no rozó siquiera a los involucrados en Punta Catalina, entre ellos el propio Presidente de la República. Además, ni uno solo de los procesados está en prisión.

El país no solo está indignado: está frustrado y harto, y se siente violentado. Para contener posibles reacciones ciudadanas, el Ministerio Público apeló la liberación de dos de los imputados: el empresario Ángel Rondón, intermediario a cargo del reparto del dinero de los sobornos y las ganancias ilícitas, y Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas del gobierno anterior. Sin embargo, la Suprema Corte mantuvo la libertad de ambos. Esto realmente no sorprendió a nadie.

El pueblo dominicano hizo uso del medio más democrático que tenía a su disposición: la manifestación callejera. El gobierno se mantuvo indiferente y apostó al desgaste del movimiento: lo dejó gritar y patalear hasta cansarse. Pero ya hay una parte importante de la población que piensa que este gobierno es el principal obstáculo para impartir justicia y acabar con la impunidad, y que hay que terminar con él. Hace poco se comprobó que en las elecciones de 2016, en las que fue reelecto el presidente Danilo Medina, la empresa que proveyó los escáneres también programó el conteo de los votos. La ciudadanía lo tomó con calma, porque de hecho ya lo sabía, pero desde entonces se está buscando alguna forma de acortar esta presidencia.

El 16 de julio de 2017 el movimiento anticorrupción Marcha Verde hizo la manifestación más grande en la historia del país, y allí se lanzó la idea de procesar al presidente. El pueblo dominicano ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para encontrar una salida, y hasta ahora no la ha encontrado porque el Poder Ejecutivo tiene secuestrada a toda la institucionalidad democrática. Ni el Legislativo ni el Judicial son poderes independientes, de modo que ¿quién va a procesar al presidente?

Más recientemente, sectores de la Marcha Verde y diversas agrupaciones políticas están haciendo el planteo de que el año próximo se busque un gran acuerdo de todos los sectores para ponerle fin al mandato presidencial y buscar una solución institucional mediante una Constituyente que establezca un Poder Judicial y un Poder Legislativo realmente independientes y provea garantías de pulcritud electoral, de modo de preparar las condiciones para la elección de un nuevo gobierno en 2020.

  1. ¿Hay alguna chance de que nuevas elecciones lleven al poder a alguien que represente intereses más amplios, y que esté en condiciones de enfrentar seriamente el problema del cambio climático?

No perdemos las esperanzas de que así sea. El pueblo dominicano nunca se ha cansado de luchar por una auténtica democracia. El 22 de enero de 2017, un pueblo al que muchos creíamos derrotado se levantó con fuerza en rechazo de la corrupción. No lo hizo por aumentos de salarios ni por rebajas en los precios de los alimentos, ambas causas legítimas, sino por simple indignación en relación con las implicaciones que las confesiones de Odebrecht tenían para nuestro país.

El Estado dominicano está atravesado de punta a punta por la corrupción y la impunidad, y ello limita fuertemente su capacidad para luchar contra el cambio climático. Hoy por hoy, a las autoridades no les importa en lo más mínimo mentirle a la comunidad internacional, prometiendo una cosa que saben que no van a cumplir.

Nosotros abogamos por que una parte del Fondo Verde establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se utilice para mitigar los daños que sufre la República Dominicana a causa del calentamiento global. Es decir, que una parte de esos 100 mil millones de dólares anuales que los países desarrollados, los mayores emisores de gases causantes del cambio climático, aportarán para materializar acciones de mitigación y adaptación en las naciones en desarrollo, financie la adaptación tecnológica, cultural y productiva de nuestro país. Para mitigar desastres y volver a reconstruir se necesita mucho dinero: por ejemplo, el huracán Georges, que en 1998 nos pegó de lleno, provocó en República Dominicana pérdidas que representaron el 14% del PIB (de 1997). La lluvia de finales de 2016 nos costó 9478 millones. Con el huracán María, nuevamente, hemos tenido entre 9 mil y 10 mil millones de dólares en pérdidas, pese a que no nos pegó directamente sino que solamente pasó cerca.

El problema es que si ese dinero llega hasta aquí, corre el riesgo de perderse, ya que los desastres y la posterior reconstrucción son ocasiones perfectas para la corrupción. Así, por ejemplo, los fondos destinados a la mitigación de los efectos de las lluvias de 2016 nunca llegaron a los territorios. La gente de Marcha Verde en las regiones más afectadas reclamó una y otra vez que el dinero no había llegado. De modo que enfrentamos un dilema muy duro: al mismo tiempo que reclamamos a la comunidad internacional apoyo para enfrentar las consecuencias y combatir las causas del cambio climático, nos sometemos a la rapacidad de nuestros propios gobiernos. Evitar que ese dinero se pierda y lograr que llegue a su destino es un problema que compartimos con otros países de la región. Solo un gobierno auténticamente democrático, que represente los intereses de la mayoría de la ciudadanía en vez de los intereses concentrados de los empresarios y los políticos aunados por la corrupción, podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático.

  • El espacio cívico en República Dominicana recibe la calificación de ‘obstruido’ en el CIVICUS Monitor, lo cual indica la existencia de restricciones serias de las libertades cívicas.
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