CIVICUS conversa con Ramiro Orias, abogado y defensor de derechos humanos boliviano. Orias es Oficial de Programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) e integrante y ex director de la Fundación Construir, una OSC boliviana establecida con la finalidad de impulsar procesos de participación ciudadana para fortalecer la democracia y el acceso igualitario a una justicia plural, equitativa, transparente e independiente.
Hace unos días se produjo en Bolivia una protesta nacional contra la posible re-reelección presidencial. ¿Observa en el intento del presidente Evo Morales de volver a reelegirse una degradación democrática?
El intento del presidente de volver a buscar la reelección forma parte de un proceso más amplio de erosión del espacio cívico democrático por efecto de la concentración de poder.
La búsqueda de una nueva reelección presidencial requiere de una reforma de la Constitución de 2009 (que fue promulgada por el propio presidente Evo Morales). Algunas de las disposiciones introducidas entonces en el texto constitucional fueron muy progresistas; hubo un importante avance en materia de derechos y garantías. Al mismo tiempo, se incluyeron reformas políticas destinadas a consagrar un proyecto de poder. Por ejemplo, hubo un cambio en la composición y en los equilibrios políticos de la Asamblea Legislativa destinado a sobre-representar a la mayoría; se destituyó anticipadamente a las principales autoridades del Poder Judicial (los miembros de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional fueron enjuiciados y obligados a renunciar) y se instauró un sistema de elección mediante el voto, sin una fase previa de calificación de méritos. Las instituciones árbitro, como la fiscalía, el Órgano Electoral o el Defensor del Pueblo, también fueron cooptadas en diversa medida por el Ejecutivo.
En relación con el Ejecutivo, la principal reforma constitucional consistió en habilitar la reelección, pero por una sola vez, es decir para un máximo de dos mandatos consecutivos. El primer mandato de Evo Morales (2006-10) hubiera debido contar, porque así lo establecía una cláusula transitoria de la nueva Constitución; sin embargo el gobierno luego argumentó que ese primer mandato no contaba porque se había producido bajo la vieja Constitución (la cual lo inhabilitaba a una nueva elección consecutiva). De modo que el presidente fue reelecto dos veces, en 2010 y en 2015. Es decir, ha cumplido tres mandatos consecutivos, uno más de los que permite la nueva Constitución, y ahora está buscando alguna vía constitucional para habilitar un cuarto mandato.
A principios de 2016 el gobierno convocó a un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre una posible reforma de la Constitución para que Evo Morales pudiera competir nuevamente por la presidencia en 2019. Por un ajustado margen, el gobierno perdió ese referéndum; por eso acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad, que el tribunal aceptó considerar.
Según el presidente, la prohibición de volver a competir afecta el principio de igualdad y discrimina contra los actuales representantes electos, por lo cual sería contraria al Pacto de San José de Costa Rica (la Convención Americana de Derechos Humanos). Es el mismo argumento que utilizó en Nicaragua el presidente Daniel Ortega, quien logró que la Corte Constitucional declarara inconstitucional su propia Constitución y le permitiera reelegirse. Es un argumento bastante forzado, porque los derechos invocados no son absolutos, sino que admiten regulaciones en función del bien común y el interés general (de hecho, el derecho a competir por la presidencia incluye restricciones de nacionalidad y edad, por ejemplo) así como limitaciones en función de valores superiores de una sociedad democrática – por ejemplo, el de la alternancia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
El 10 de octubre pasado, precisamente cuando se cumplían 35 años de la restauración de la democracia en Bolivia, se realizó una manifestación nacional contra la reelección indefinida y en defensa de la voluntad expresada por la ciudadanía en el referéndum del año pasado. Esta protesta fue convocada por diversas organizaciones cívicas, plataformas ciudadanas y partidos políticos de oposición. Fue una expresión callejera masiva, con las mayores concentraciones en las ciudades de La Paz y Santa Cruz y otras menores en Cochabamba, Potosí y Oruro. Afortunadamente el derecho de reunión pacífica fue respetado, en el sentido de que no hubo violencia ni intentos de suprimir las protestas. Sin embargo, el gobierno reconoció que la división de Inteligencia de la Policía siguió y vigiló de cerca de las marchas y a los propios dirigentes opositores, al punto que recabó al detalle las conversaciones que mantuvieron ese día. Lo cual es inadmisible en una sociedad democrática, ya que el uso de una policía política es propio de los gobiernos autoritarios.
¿Piensa que la lucha por la reelección se dará en los tribunales o acabará saldándose en las calles? ¿Convocará el gobierno movilizaciones a favor de la reelección?
Creo que la demanda de inconstitucionalidad es un artificio jurídico; no estamos ante un problema de derecho constitucional, y menos aún ante una cuestión de derechos humanos de los que detentan el poder. El proceso judicial es una táctica más en una estrategia de lucha política en pos de la concentración del poder y la permanencia en el gobierno. La solución de esta controversia se dará en el terreno político. Una característica de la ética política de este régimen es que cuando un tema está en discusión, la aceptación de un arreglo o acuerdo no necesariamente es el punto final.
¿Diría que la sociedad civil está dividida en función del apoyo o el rechazo al gobierno?
La sociedad civil está dividida. Como en todo proceso de cambio político, hay sectores ganadores, que han recibido beneficios importantes y apoyan la continuidad. Por ejemplo, algunos grupos sindicales, como la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). Al mismo tiempo, hay sectores que en principio se sentían representados por el MAS pero acabaron perdiendo. El gobierno boliviano ha perdido apoyos, sobre todo en su base social indígena, debido a algunas medidas que supusieron retrocesos en la agenda indígena – por ejemplo, la decisión de construir una carretera a través del área protegida del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure), sin respetar el proceso de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas titulares de ese territorio. El gobierno también autorizó la explotación de hidrocarburos en áreas protegidas. Esto resultó en cierto alejamiento de la base social que le había dado una amplia mayoría en los inicios de su gobierno.
La llegada de Evo Morales Ayma a la presidencia y las reformas que se plasmaron en la nueva Constitución implicaron una transformación política, social y cultural enorme, sobre todo en términos de inclusión. Sin embargo, la falta de institucionalización, que se expresa en la ausencia de nuevos liderazgos, ha hecho que el proceso se agote y ya no represente un abanico tan amplio de la sociedad boliviana. Hoy es más difícil para el gobierno erigirse en representante de los movimientos sociales en sentido amplio. Muchos sectores de la sociedad civil que en algún momento vieron con simpatía el proceso de cambio liderado por Evo Morales, hoy lo ven con preocupación porque se ha convertido en un proceso de acumulación de poder político que no ofrece garantías para que puedan realizar libremente su trabajo.
El resquebrajamiento de sus apoyos llevó al gobierno a imponer regulaciones dirigidas a desmovilizar a la sociedad civil que no adhiere en forma militante al proyecto gubernamental. Esto está afectando seriamente la capacidad de trabajo de muchas OSC. La situación se ha vuelto bastante difícil para los defensores de derechos humanos, y en particular para los defensores de pueblos indígenas y del medio ambiente, que han recibido diversos embates y presiones a su labor.
También ha habido cambios importantes en la regulación de las OSC nacionales. El principal cambio normativo, que dejó a las OSC en una posición de gran vulnerabilidad, fue la ley No. 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas (2013). Esta ley exige el alineamiento de los objetivos y acciones de las OSC con las políticas gubernamentales y reemplaza el principio de reconocimiento de la existencia legal de una organización, que se deriva de un acto constitutivo de derecho civil, por el otorgamiento de la personería jurídica por parte del Estado, un acto administrativo que concede amplia discrecionalidad a las autoridades centrales. La personería jurídica puede ser revocada mediante un procedimiento administrativo, sin ninguna garantía del debido proceso. Al mismo tiempo, las OSC no alineadas con el gobierno son estigmatizadas públicamente.
¿Qué se requeriría hoy para lograr la concreción de esa promesa democrática que en su momento expresó Evo Morales?
Al revés de la tendencia dominante de entregar más poder a una sola persona, uno de los principales temas pendientes en la agenda democrática boliviana es el reencauzamiento de la representación política a través de un sistema de partidos plural, institucionalizado, con prácticas internas democráticas. Si el tema de la reelección presidencial está en la agenda, es precisamente porque falta institucionalización: la fuerza en el gobierno no tiene un liderazgo de recambio. Más que un partido político, en el gobierno hay una coalición de diversos intereses que solo el presidente Morales logró amalgamar.
La democracia representativa, sostenida en instituciones, es un sistema que permite ciertas certidumbres en la vida política, con reglas que se cumplen con regularidad y actores que se someten a ellas de buena fe. Lo que estamos viendo actualmente es que el gobierno usa los mecanismos democráticos cuando le sirven, y cuando no le sirven se aparta de ellos y trata de modificarlos en beneficio propio.
En el marco de un sistema de partidos políticos débil, la sociedad civil cobra un relieve particular. Cumple un rol de preservación de las libertades de asociación, expresión y manifestación pacífica gracias a las cuales puede promover sus ideas de cambio social. La sociedad civil trabaja por una democracia no solo más representativa sino también más participativa.
¿Qué apoyos necesita la sociedad civil boliviana para superar los obstáculos y avanzar en dirección de una democracia más participativa?
Lo más importante que necesita la sociedad civil en sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos es un sistema de justicia independiente. Ha habido un proceso de debilitamiento de las instituciones judiciales por parte del Ejecutivo, que difícilmente podremos revertir en el corto plazo sin la cooperación de otros actores, nacionales e internacionales.
Necesitamos, entonces, solidaridad internacional. De hecho, hay un diálogo político intenso con los embajadores acreditados en Bolivia, que reconocen la necesidad de crear un ambiente habilitante para la sociedad civil, así como valoran la urgencia de promover un sistema de justicia independiente. También necesitamos apoyo para que las OSC se empoderen, mejoren sus propios procesos internos de rendición de cuentas y aseguren la transparencia de su propia gestión institucional. Pero lo cierto es que mientras no haya una justicia independiente capaz de tutelar derechos fundamentales, la situación de la sociedad civil seguirá siendo de extrema indefensión.
- El espacio cívico en Bolivia es clasificado en el CIVICUS Monitor como “estrecho”.
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