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Medardo Mairena Sequeira HRC

CIVICUS conversa con Medardo Mairena Sequeira, Coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social organizado en oposición al proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En septiembre de 2017 Medardo Mairena integró la delegación de CIVICUS en el 36ª período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participó como orador en un evento paralelo sobre las restricciones del espacio cívico que enfrentan los movimientos indígenas y ambientalistas en todo el mundo.

1. ¿Cuáles son las razones de la movilización contra el proyecto del Canal Interoceánico? ¿Qué consecuencias tendría la construcción del canal?

La concesión para construir y operar el canal por 50 años, prorrogables por 50 más, fue entregada en junio de 2013 a la empresa china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company). Fue otorgada mediante la Ley 840, conocida como “ley canalera”.

El canal tendría unos 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad, un área restringida de 10 kilómetros a ambos lados y 278 kilómetros de largo. Además incluiría un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y otro lago para una central hidroeléctrica, más aeropuerto y cantidades de comercios que ocuparían enormes extensiones de territorio.

Se estima que los desplazados, es decir los afectados directos, serían más de 350 mil personas. Muchas más serían afectadas de manera indirecta, ya que los desplazados tendríamos un impacto allí donde nos moviéramos: tendríamos que ocupar otras propiedades, dado que ya no existen en Nicaragua tierras libres adonde pudiéramos ser reubicados, pese a lo que ha dicho el gobierno en algunas ocasiones.

Las tierras que atravesaría el canal son las mejores tierras de Nicaragua: tienen agua, se pueden cultivar, y es donde vivimos los campesinos. El canal también atravesaría y arruinaría el Lago Cocibolca, que es el único reservorio de agua dulce que tenemos no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica. La contaminación de estas aguas es la muerte, porque miles de hermanos toman agua de ese lago.

Yo vivo en una zona que está en el camino proyectado para el canal. Estoy en Punta Gorda, cerca de un territorio indígena y de la Reserva Indio Maíz, la Reserva Natural Punta Gorda, los humedales de San Miguelito y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Somos vecinos y tenemos muy buena relación con los hermanos indígenas, y al igual que a ellos nadie nos ha consultado. No nos han preguntado si estamos de acuerdo en vender, arrendar o entregar nuestras tierras. En los cuatro años desde que se vendió la concesión, el gobierno aun nunca ha pedido la opinión de los afectados directos. Todo lo que ha hecho es militarizar la zona, poner cantidades de militares y policías que reprimen al pueblo. Así, en la franja canalera encuentras campesinos humildes que han sido intimidados e incluso sufrido torturas.

MedardoSequeira2Pero tenemos una posición muy firme: no entregaremos nuestras propiedades ni aceptaremos la destrucción que el canal causaría en el medio ambiente, y en cambio exigimos la derogación de la Ley 840. El artículo 12 de la ley dice que “es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto”. Pero obviamente no es en nuestro interés que nos quiten nuestras propiedades para que el gobierno pueda hacer sus negocios con los chinos.

2. ¿Qué acciones realiza el movimiento anti-canal para exigir la derogación de la ley?

Hemos hecho más de 90 marchas en diversos lugares del país, y seis marchas nacionales. Las marchas locales han tenido siempre entre 3000 y 7000 personas, mientras que las nacionales han juntado desde 18 mil hasta 30 mil.

Además de marchar, trabajamos continuamente para dar a conocer la ley canalera. Hacemos foros en municipios, comarcas y distritos para explicarle a la gente la situación y nuestra lucha. Sucede que esta ley se hizo a espaldas del pueblo, y por eso la mayoría de los nicaragüenses no sabe lo que significa ni cómo los amenaza. A partir de los foros ellos han sentido la necesidad de organizarse, y así es como ha avanzado el movimiento.

También hemos seguido todo el procedimiento legal que establece nuestra Constitución política para las iniciativas ciudadanas. La Constitución de Nicaragua dice que con las firmas de por lo menos 5000 ciudadanos se puede presentar una iniciativa ya sea para derogar una ley o para proponer una nueva. En abril de 2016 llevamos a la Asamblea Nacional un petitorio para derogar la ley canalera que tenía más de 28 mil firmas, pero la Asamblea se declaró incompetente diciendo que no tenía atribuciones porque la ley canalera tenía rango constitucional, y que por lo tanto no podía derogarla. Pero nosotros tenemos claro que los diputados están autorizados para hacer y deshacer, así que presentamos un recurso de revisión, pero este fue enseguida rechazado. Así que siguiendo los pasos que indica la Constitución presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de ocho meses La Corte Suprema también falló en contra de nosotros los campesinos, violando así nuestros derechos constitucionales. Una vez que agotamos todas las vías legales en Nicaragua, demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por violación de nuestros derechos humanos.

El gobierno dice que el proyecto del canal es apoyado por la mayoría de los nicaragüenses, pero esto no es cierto. Esto se evidencia en la cantidad de gente que se ha unido a nosotros pese a que no contamos con recursos económicos para movilizarnos. Con los pocos recursos que tenemos hemos hecho enormes movilizaciones, y si tuviéramos más recursos quedaría claramente en evidencia que la realidad es exactamente la contraria de lo que el gobierno está diciendo.

El gobierno no nos escucha, al punto que después de cuatro años de lucha todavía no nos reconoce como organización, pese a que hemos liderado grandes movilizaciones. Y de remate, acaba de reestructurar la ley para poder explotar los recursos naturales sin siquiera hacer estudios de impacto ambiental. Para la construcción del canal nunca pudo presentar ningún estudio de impacto ambiental ni socioeconómico, porque ha manejado todo a escondidas: hizo la ley, vendió nuestras tierras a un empresario y luego quiso justificarlo con supuestos estudios. Pero como no tiene los estudios que necesita, porque todos los estudios dicen exactamente lo contrario, finalmente modificó la ley y ahora puede construir sin hacer un estudio de impacto ambiental, lo cual es una violación más de nuestros derechos constitucionales.

3. ¿Han tenido libertad para movilizarse contra el canal?

Hemos encontrado muchos obstáculos para movilizarnos y hemos sido muchas veces reprimidos; por ejemplo el 29 de noviembre de 2016 intentamos hacer una marcha nacional y tuvimos que suspenderla ante la represión de la policía y el Ejército. Desde el día anterior el gobierno puso obstáculos en los caminos, organizó retenes y requisó vehículos en todas las entradas y salidas a la capital. Los manifestantes que intentaban llegar a Managua fueron atacados por la policía antimotines. Hubo infiltraciones, provocaciones y violencia; varios campesinos fueron heridos; uno de ellos, que tuvo heridas graves, sigue mal, ya ha tenido dos operaciones.

La persecución y la criminalización son permanentes. La represión es cada día más fuerte y nuestras familias sufren. Cuando salimos de la casa los hijos piensan que algo nos puede pasar, porque el gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde intimidar hasta asesinar. Algunos líderes que han luchado contra el régimen hoy están muertos, y nunca se ha sabido porqué, cómo ni por quién. La impunidad es total.

4. Usted no solía dedicarse a la política. ¿Cómo llegó a liderar esta lucha?

Nosotros nos organizamos por necesidad, porque los campesinos nos dedicamos a trabajar la tierra y no estamos acostumbrados a andar en estas cosas. Los que hemos emprendido esta lucha somos campesinos: es decir, somos autónomos, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nos organizamos por nuestros propios medios, aunque las organizaciones de derechos humanos nos han apoyado y ahora que hemos presentado nuestra demanda esperamos también el respaldo de la CIDH.

5. ¿El movimiento anti-canal mantiene vínculos con otros movimientos sociales que también están siendo atacados y reprimidos?

Hemos estado en contacto con otros movimientos y hemos tratado de hacer alianzas para fortalecernos. De hecho, el proyecto del canal se coloca en el marco de un modelo extractivista más amplio, que requiere de la entrega de grandes cantidades de tierras y trae mucha destrucción. Los movimientos que oponen resistencia contra la minería o la siembra de monocultivos y las comunidades indígenas que defienden sus territorios están en la misma situación que nosotros, ya que son amenazados por las mismas leyes que los exponen a la expropiación, y son reprimidos por el mismo gobierno.

El gobierno hace negocios con proyectos extractivistas entregando concesiones sin consultar ni con las comunidades indígenas – no se han hecho las consultas previas, libres e informadas que exige la ley – ni con nosotros los campesinos. El gobierno solo quiere seguir enriqueciéndose para mantenerse en el poder. El proyecto del canal es tan innecesario que cabe pensar en las peores motivaciones: por ejemplo, que se busca dar movilidad sin controles a negocios oscuros, incluso ilícitos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero el progreso puede y debe ser amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos.

6. Usted sufrió recientemente una instancia de criminalización. ¿Nos puede contar qué pasó?

Yo había viajado a Costa Rica porque tenía a mi hijo enfermo allá; estuve cinco días hospitalizado con él. Cuando venía de regreso para Nicaragua, visé mi pasaporte en Costa Rica, pagué los impuestos, pasé la frontera, y luego del lado nicaragüense me sellaron el pasaporte, me requisaron la mochila como de costumbre – todo normal. Y cuando ya estaba por volver a abordar el bus me alcanzó alguien de Migraciones de Nicaragua para decirme que querían hablar conmigo. Llegaron dos antimotines, me pusieron las esposas y me llevaron a empujones. Yo pregunté porqué me detenían, si tenían orden de captura, qué delitos se me imputaban, y pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica a mi familia para que supieran que estaba siendo detenido, pero nunca me explicaron nada: solo me decían que querían hablar conmigo. Primero me tuvieron unas dos horas ahí en la frontera, y después llegó una patrulla de policía y me llevaron a la estación policial. Cuando les preguntaba cuál era mi delito me respondían que era una investigación y que la ley les daba facultades para detener a una persona por 48 horas para hacer averiguaciones. Yo les decía que yo no soy una persona desconocida ni ando escondido, y que si me hubieran dado una cita yo hubiera ido a la estación de policía para una entrevista si querían hablar conmigo; no era necesario que me pusieran las esposas o me encerraran.

Me llevaron a una cárcel de Managua que es una cárcel de tortura. Gracias a Dios a mí no me torturaron físicamente, pero torturaron psicológicamente a mi familia, porque desde el momento en que me desaparecieron sin dejarme hacer una llamada, considero que fue un secuestro. Mientras tanto me estuvieron interrogando; me hicieron preguntas ilógicas, me tuvieron dos días detenido y al final cuando ya me iban a liberar me dijeron que los disculpara, que no tenía ningún delito, que tenía razón, que lo que les había dicho era cierto…

Yo creo que intentan intimidarnos para que dejemos esta lucha. Pero estamos seguros de que es una lucha muy justa, de modo que vamos a seguir. En mi caso hubo mucha presión de organizaciones de derechos humanos que estuvieron preguntando por mi desaparición, de campesinos que ya se estaban movilizando en toda Nicaragua para protestar, algunos medios de comunicación, las redes sociales… esta presión ayudó mucho para que el caso saliera a la luz.

7. ¿Qué clase de apoyo necesita el movimiento de parte de la comunidad internacional?

Necesitamos espacio en los medios para divulgar nuestra lucha. Queremos que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Queremos mandar un mensaje a las empresas y gobiernos que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. Ellos deben saber que las tierras sobre las que se piensa construir el canal no son de Daniel Ortega sino de los nicaragüenses, y que los nicaragüenses, y sobre todo los campesinos, estamos organizados y tenemos una posición muy firme en defensa de nuestra tierra. Nosotros vivimos en el campo y esta es la única forma en que sabemos sobrevivir. No podemos ir a la ciudad; allí nadie nos espera. Antes que morir de hambre, preferimos morir defendiendo nuestras tierras.

Las empresas y gobiernos interesados no deben malinvertir su dinero y el de sus pueblos. Tienen que saber que estamos firmes en esta lucha y que vamos a llevarla hasta el final, de modo que si tratan de invertir aquí se estarán comprando un problema.

El espacio cívico en Nicaragua es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.

Visite el perfil de Facebook del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

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