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La alianza global de la sociedad civil CIVICUS condenó el arresto y la detención ilegal del periodista y activista de los derechos indígenas Jerson Antonio Xitumul Morales por parte de las autoridades guatemaltecas, el 11 de noviembre de 2017.

La detención de Morales es la acción más reciente de la campaña emprendida por el gobierno de Guatemala para silenciar a los activistas e integrantes de la comunidad indígena Maya Qeqchi, quienes han expresado su preocupación por los desastrosos efectos de la minería sobre sus fuentes de subsistencia. Su arresto pone de relieve el difícil entorno en que operan los activistas indígenas, ambientalistas y por el derecho a la tierra en Guatemala. Tan solo en 2017, dos activistas fueron asesinados por manifestar objeciones contra proyectos mineros e hidroeléctricos y expresar reparos por su impacto negativo sobre el medio ambiente de las comunidades locales.

Morales es miembro de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA), una coalición de cuatro grupos de asociaciones de pescadores formada para generar conciencia acerca de los efectos de las actividades mineras en las comunidades. Desde hace varios años, miembros de la GPA y de la comunidad Maya Qeqchi han sido intimidados, hostigados y atacados por expresarse contra la contaminación del lago de Izabal, una importante fuente de sustento para los pescadores y miembros de la comunidad, causada por la minería de níquel. Las preocupaciones planteadas por estos activistas han sido con frecuencia ignoradas por las autoridades, colusionadas con las empresas privadas con intereses en la minería.

Según afirmó Inés Pousadela, Especialista Senior en Investigación de CIVICUS, “el caso de Jerson es un ejemplo de la tendencia actual al ataque, la violencia y la persecución judicial de quienes se erigen en defensa del medio ambiente y las fuentes de sustento de las comunidades y en contra de los intereses de las grandes corporaciones”.

“Es hora de que el gobierno de Guatemala respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ponga fin a los altos niveles de impunidad de que disfrutan quienes pisotean las libertades de los ciudadanos”, dijo Pousadela.

Esta es tan solo la última de una larga serie de acciones contra los activistas emprendidas por el gobierno de Guatemala. En julio de 2017 Morales, junto con otros miembros de la GPA y algunos periodistas, fue acusado por la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) de provocar daños contra la propiedad. La acusación fue formulada luego de que los activistas criticaran el impacto de la minería en el lago de Izabal y su entorno. Más tarde, el grupo fue acusado de asociación y reunión ilícitas, así como del intento de cometer delitos, y se emitieron órdenes de arresto en su contra. Morales es uno de los pocos periodistas que documentan y publican acerca de las actividades de las compañías mineras y la represión violenta de las protestas pacíficas en El Estor.

Anteriormente, el 27 de mayo de 2017, un manifestante murió cuando las manifestaciones pacíficas lideradas por la GPA en rechazo de la contaminación del lago de Izabal fueron dispersadas con violencia. Antes de eso, el 17 de enero de 2017, fuerzas paramilitares dispararon y asesinaron al activista Sebastián Alonso durante una protesta contra el proyecto hidroeléctrico Pojom I en San Mateo, en las tierras altas occidentales. Varios manifestantes más resultaron heridos. El proyecto se está desarrollando sin el consentimiento de las comunidades indígenas de la zona.

En los últimos cuatro años, por lo menos 51 defensores de derechos humanos, muchos de ellos activos en el terreno de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas, fueron asesinados en Guatemala. Los ataques contra ellos son alimentados por la ausencia de acciones adecuadas por parte del gobierno para llevar a los perpetradores a la justicia.

La violencia y el acoso contra los activistas en Guatemala son una réplica de las restricciones que padecen quienes abogan por los derechos ambientales, indígenas y sobre la tierra en el resto del mundo. En septiembre de 2017, un grupo de 39 defensores de derechos humanos de 29 países emitieron una declaración para expresar su preocupación por las presiones que reciben regularmente por parte de estados, corporaciones y actores no estatales, e hicieron un llamado para que la comunidad internacional preste más atención a la difícil situación que atraviesan.

CIVICUS apela al gobierno de Guatemala para que libere a Jerson Antonio Xitumul Morales y lleve a cabo investigaciones independientes acerca de los ataques contra miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor y otros defensores de derechos humanos que abogan por los derechos ambientales e indígenas.

FIN

Para más información, favor de contactar a:

Deborah Walter

Gerente de Comunicación, CIVICUS

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Inés Pousadela

Especialista Senior en Investigación, CIVICUS

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