Paris Climate Change Agreement
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‘Solo un gobierno auténticamente democrático podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático’
CIVICUS conversa con Enrique de León, dirigente del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), unaorganización de la sociedad civil dominicana que lucha por la desaceleración del calentamiento global. La organización trabaja para diseminar información y educar a la ciudadanía sobre el cambio climático, monitorear y presionar para que el gobierno cumpla con los compromisos contraídos en la materia, y promover las energías renovables y la descarbonización de la economía nacional.
- ¿A qué se debió el fuerte impacto que tuvieron los recientes huracanes Irma y María sobre el Caribe? ¿Cabe considerarlos desastres solamente “naturales”, o tuvieron causas humanas y acaso hubiera podido hacerse algo para morigerar sus impactos?
En el Caribe siempre hemos tenido huracanes; los ha habido antes de que se iniciara el registro histórico. Pero han cambiado su intensidad, su frecuencia y su previsibilidad. Este año los ciclones fueron consecutivos y en línea, lo que no había pasado en mucho tiempo, por no decir nunca desde que se tenga registro. Y han tenido un comportamiento muy difícil de prever. Esto se debe al cambio climático, y más precisamente al aumento de la temperatura por efecto de la creciente concentración de partículas de dióxido de carbono. Sabemos que el enorme volumen de emisiones de dióxido de carbono en todo el planeta está creando las condiciones para que los huracanes en el Caribe sean más frecuentes, intensos y difíciles de prever.
Lo que se puede hacer para evitarlo lo sabemos hace mucho, aunque algunos lo nieguen: tenemos que disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Es difícil, porque nuestra civilización está basada en la quema de combustibles fósiles – carbón, gas natural, petróleo - que emiten gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global. Pero la solución al problema está en manos de la humanidad, y en particular de la parte de la humanidad que es responsable de la mayor parte de la emisión de gases, es decir de los países altamente industrializados – aunque también los países menos industrializados tenemos un alto nivel de emisiones en términos relativos.
Las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente calentamiento global constituyen una amenaza particularmente grave para los países insulares, vulnerables a la elevación del nivel del mar. Tal es nuestro caso, que además vivimos de nuestras playas. Más del 80% de nuestra población vive en las costas, y estamos perdiendo territorio. La elevación de la temperatura está afectando también la biodiversidad en nuestros arrecifes y, por consiguiente, la viabilidad de la pesca. De modo que también está en juego nuestra seguridad alimentaria.
Los huracanes están provocando fenómenos extremos: en 2014-2015 tuvimos una gran sequía, mientras que a fines de 2016 tuvimos un diluvio en una época inhabitual, que fue un verdadero desastre. En 2017 tuvimos tres huracanes que vinieron en fila india, y si bien la isla de Santo Domingo – que la República Dominicana comparte con Haití – se libró por poco de su impacto directo, Puerto Rico fue atravesado por el huracán María, y todavía no consigue recuperar ni siquiera la energía eléctrica.
En suma, se puede hacer algo para modificar la intensidad y el comportamiento de los huracanes en el Caribe: disminuir las emisiones de dióxido de carbono tal como lo establecen los Acuerdos de París de noviembre de 2015. Pero es difícil, porque ello depende de la introducción de cambios profundos en el sistema económico global.
- Más allá de lo que pase a nivel global, ¿hay algo que los países más afectados por estos fenómenos puedan hacer para protegerse?
Ante todo, podemos y debemos emprender una acción política, consistente en apelar a la comunidad internacional, y en particular a los países con mayor responsabilidad en la emisión de dióxido de carbono, para que reduzcan sus emisiones. Y nosotros también debemos hacer lo mismo, dado que si bien son bajas en términos absolutos, las emisiones per cápita de la República Dominicana son muy altas (3,8 toneladas anuales). De modo que somos corresponsables, y no podemos demandar que otros reduzcan sus emisiones si nosotros no hacemos lo mismo.
Por lo menos es necesario cumplir con las metas fijadas por el Acuerdo de París, aunque habría que fijar metas más ambiciosas, ya que está comprobado que con aquellas no será suficiente para llevar el calentamiento global a niveles aceptables. El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), al igual que todo el movimiento ambientalista latinoamericano y mundial, sostiene que los países más vulnerables, que son los estados insulares del mundo en desarrollo, deben exigir que los mayores responsables por un lado reduzcan las emisiones, y por el otro ayuden a mitigar los efectos del cambio climático y a establecer un sistema económico más sostenible.
Este tiene que ser un movimiento político. Hemos hecho una apuesta fuerte en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 23) que tuvo lugar en Noviembre de 2017. Con el liderazgo de los compañeros peruanos, que han resultado muy golpeados por el cambio climático, hemos formado una coalición latinoamericana con apoyos europeos que presiona para que se alcancen acuerdos puntuales, tales como la eliminación para 2020 del uso del carbón para generar electricidad. Aunque la eliminación de la minería de carbón pueda llevar más tiempo, al menos no deben seguir construyéndose nuevas plantas eléctricas de carbón. También hemos planteado, sobre todo con los compañeros bolivianos y brasileños, que para 2030 se mantenga por lo menos el 80-85% de las reservas mundiales de hidrocarburos bajo tierra. Como contrapartida, deben usarse energías renovables tanto para la generación de energía eléctrica como para el transporte y otras necesidades.
Lamentablemente, dependemos de la voluntad de los gobiernos y de los políticos, que en muchas partes del mundo responden a intereses económicos muy mezquinos. El mejor ejemplo de esto es el presidente de los Estados Unidos, que es realmente un energúmeno, pero no uno cualquiera sino uno que representa a otros energúmenos cuyos intereses y fortunas están vinculados a la reproducción de una economía basada en la quema de combustibles fósiles. El hecho de que Estados Unidos se haya retirado de los Acuerdos de París es un retroceso catastrófico, así como la expresión de que la cúpula dominante de ese país está dispuesta a arriesgar un holocausto global con tal de conservar sus tasas de ganancia.
Esta es una batalla política que no puede ser de unos pocos, y que como todas las luchas cruciales debe librarse en las calles. Tenemos que sacar a la humanidad a la calle, como lo hicimos en 2015, para dejar en claro que no está dispuesta a sacrificarse en aras de las ganancias de una minoría, y exigir que los yacimientos de hidrocarburos permanezcan bajo tierra y que se impulsen con fuerza las energías renovables en todas sus expresiones. En las islas del trópico, por ejemplo, debe promocionarse la energía solar y eólica.
- Internamente, en la República Dominicana, ¿libran ustedes en tanto que sociedad civil una lucha similar con su propio gobierno, o acaso el gobierno dominicano está alineado con estas posturas?
Efectivamente libramos una lucha similar. El nuestro es un gobierno canalla: de un modo ilegal y corrupto hasta un grado nunca visto en nuestra historia, desde 2013 construye dos plantas de carbón de 770 megavatios en Punta Catalina, a 50 kilómetros de la capital. Al mismo tiempo, en noviembre de 2015 nuestro presidente fue a París a liderar a los estados insulares más amenazados en el planteo de la demanda de reducción de la huella de carbono, y a prometer una disminución del las emisiones de 25% para 2030. Cosa que será imposible de cumplir si se pone a funcionar unas plantas de carbón que por sí solas generarán 6,34 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, lo cual supone un incremento de más de 20% en las emisiones totales del país.
Así, mientras construye estas plantas de carbón que van a disparar nuestras emisiones de carbono, que ya son altas en términos relativos, el gobierno se compromete con la comunidad internacional a reducirlas sustancialmente. Frente a esto, desde principios de 2016 el CNLCC, junto con otras veintitantas OSC, sobre todo del movimiento ambientalista, desarrolló una campaña intensa para que nuestro país ratificara los Acuerdos de París. Una vez que, gracias a la campaña, logramos que el Congreso de la República ratificara los acuerdos, y que lo hiciera de manera rápida, unánime y en una sola lectura, tuvimos que esperar tres meses para que del despacho de la Cancillería se dignaran a informárselo a la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Para que eso sucediera tuvimos que movilizarnos; el gobierno se resistía a la ratificación porque sabía que con las nuevas plantas de carbón le sería imposible cumplir con las metas, más allá de su plan de sembrar un millón de árboles de caoba, con los cuales en 50 años con suerte lograrían absorber la cuarta parte del dióxido de carbono que esas plantas van a emitir.
Nuestro país tiene una gran necesidad de energía eléctrica porque, aún bajo un modelo de gran desigualdad y exclusión, la economía está creciendo. Actualmente tenemos déficit energético, con producción de energía cara e ineficiente, y por eso tenemos grandes apagones. O sea que sí necesitamos producir más y mejor energía, pero lo que no necesitamos es que esa energía salga del carbón, cuando nosotros ni siquiera somos productores de carbón. Gracias a la lucha de la sociedad civil dominicana, en 2012 fue aprobada la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 27 estableció la meta de reemplazar antes de 2030 los combustibles fósiles importados por energías renovables, y así descarbonizar la economía. Pero desde que llegó al poder en 2013, el gobierno de Danilo Medina ha hecho todo lo contrario, con acuerdos muy redituables para establecer nuevas plantas eléctricas de carbón.
- ¿Por qué el gobierno dominicano optó por el carbón en vez de energías renovables? ¿A qué intereses representa?
La opción por el carbón, así como la elección de la empresa Odebrecht, que encabeza el consorcio que construye Punta Catalina, fue una decisión de financiamiento político. El gobierno de Danilo Medina necesitaba reelegirse, y la reelección estaba prohibida, de modo que tuvo que financiar primero la reforma electoral y luego la campaña para la reelección. Ese financiamiento lo facilitó la planta de carbón construida junto con Odebrecht. Está plenamente documentado que la licitación fue amañada: Odebrecht compró ese contrato, tal como lo confesó en diciembre de 2016 en Nueva York. En tanto que forma de financiamiento político corrupto, la obra incluyó desde el principio una sobrevaluación de mil millones de dólares. De los 2945 millones de dólares que iba a costar la obra, mil eran sobreprecios. Esto lo denunciamos, pero no hubo forma de que se abriera un proceso de investigación serio, porque nuestro Poder Judicial es extremadamente dependiente del Ejecutivo.
De hecho, esas plantas van a terminar costando mucho más caras, porque recientemente se develó que hay un sobrecosto de 708 millones más, ya que no se habían hecho los estudios correspondientes y para hacerlos le están pasando la factura al gobierno. Además, una de las socias de Odebrecht en la construcción de la planta ha hecho una reclamación por 720 millones por montos adeudados a proveedores y por la reposición de un generador dañado por la empresa estatal cuando quiso montar a toda velocidad la primera unidad para hacer una demostración. Nosotros denunciamos que la planta no estaba lista, y efectivamente tiene una enorme demora, pero para demostrar que no era así el gobierno se apuró y dañó un generador. En cuanto a los pagos adeudados, los retrasos se deben a la campaña que hicimos con el apoyo de aliados europeos para que los bancos europeos que estaban financiando las obras detuvieran el desembolso por razones de corrupción.
- ¿Cómo reaccionó la ciudadanía dominicana a medida que se develaron estos hechos de megacorrupción?
Desde el 22 de enero de 2017 ha habido todos los meses manifestaciones multitudinarias inéditas en nuestra historia, en reclamo del fin de la corrupción y la impunidad. Y el corazón de esa demanda es Punta Catalina, que es realmente la prueba del delito. Estos reclamos expresados en las calles obligaron al gobierno a montar una ópera cómica: al fin y al cabo procesó a todo el mundo menos a los principales culpables. Odebrecht ha comprado contratos desde 2001 hasta 2015, y el gobierno procesó a gran parte de los presuntos implicados hasta 2012, pero a ninguno desde 2012 para acá. Es decir, no rozó siquiera a los involucrados en Punta Catalina, entre ellos el propio Presidente de la República. Además, ni uno solo de los procesados está en prisión.
El país no solo está indignado: está frustrado y harto, y se siente violentado. Para contener posibles reacciones ciudadanas, el Ministerio Público apeló la liberación de dos de los imputados: el empresario Ángel Rondón, intermediario a cargo del reparto del dinero de los sobornos y las ganancias ilícitas, y Víctor Díaz Rúa, ministro de Obras Públicas del gobierno anterior. Sin embargo, la Suprema Corte mantuvo la libertad de ambos. Esto realmente no sorprendió a nadie.
El pueblo dominicano hizo uso del medio más democrático que tenía a su disposición: la manifestación callejera. El gobierno se mantuvo indiferente y apostó al desgaste del movimiento: lo dejó gritar y patalear hasta cansarse. Pero ya hay una parte importante de la población que piensa que este gobierno es el principal obstáculo para impartir justicia y acabar con la impunidad, y que hay que terminar con él. Hace poco se comprobó que en las elecciones de 2016, en las que fue reelecto el presidente Danilo Medina, la empresa que proveyó los escáneres también programó el conteo de los votos. La ciudadanía lo tomó con calma, porque de hecho ya lo sabía, pero desde entonces se está buscando alguna forma de acortar esta presidencia.
El 16 de julio de 2017 el movimiento anticorrupción Marcha Verde hizo la manifestación más grande en la historia del país, y allí se lanzó la idea de procesar al presidente. El pueblo dominicano ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para encontrar una salida, y hasta ahora no la ha encontrado porque el Poder Ejecutivo tiene secuestrada a toda la institucionalidad democrática. Ni el Legislativo ni el Judicial son poderes independientes, de modo que ¿quién va a procesar al presidente?
Más recientemente, sectores de la Marcha Verde y diversas agrupaciones políticas están haciendo el planteo de que el año próximo se busque un gran acuerdo de todos los sectores para ponerle fin al mandato presidencial y buscar una solución institucional mediante una Constituyente que establezca un Poder Judicial y un Poder Legislativo realmente independientes y provea garantías de pulcritud electoral, de modo de preparar las condiciones para la elección de un nuevo gobierno en 2020.
- ¿Hay alguna chance de que nuevas elecciones lleven al poder a alguien que represente intereses más amplios, y que esté en condiciones de enfrentar seriamente el problema del cambio climático?
No perdemos las esperanzas de que así sea. El pueblo dominicano nunca se ha cansado de luchar por una auténtica democracia. El 22 de enero de 2017, un pueblo al que muchos creíamos derrotado se levantó con fuerza en rechazo de la corrupción. No lo hizo por aumentos de salarios ni por rebajas en los precios de los alimentos, ambas causas legítimas, sino por simple indignación en relación con las implicaciones que las confesiones de Odebrecht tenían para nuestro país.
El Estado dominicano está atravesado de punta a punta por la corrupción y la impunidad, y ello limita fuertemente su capacidad para luchar contra el cambio climático. Hoy por hoy, a las autoridades no les importa en lo más mínimo mentirle a la comunidad internacional, prometiendo una cosa que saben que no van a cumplir.
Nosotros abogamos por que una parte del Fondo Verde establecido por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se utilice para mitigar los daños que sufre la República Dominicana a causa del calentamiento global. Es decir, que una parte de esos 100 mil millones de dólares anuales que los países desarrollados, los mayores emisores de gases causantes del cambio climático, aportarán para materializar acciones de mitigación y adaptación en las naciones en desarrollo, financie la adaptación tecnológica, cultural y productiva de nuestro país. Para mitigar desastres y volver a reconstruir se necesita mucho dinero: por ejemplo, el huracán Georges, que en 1998 nos pegó de lleno, provocó en República Dominicana pérdidas que representaron el 14% del PIB (de 1997). La lluvia de finales de 2016 nos costó 9478 millones. Con el huracán María, nuevamente, hemos tenido entre 9 mil y 10 mil millones de dólares en pérdidas, pese a que no nos pegó directamente sino que solamente pasó cerca.
El problema es que si ese dinero llega hasta aquí, corre el riesgo de perderse, ya que los desastres y la posterior reconstrucción son ocasiones perfectas para la corrupción. Así, por ejemplo, los fondos destinados a la mitigación de los efectos de las lluvias de 2016 nunca llegaron a los territorios. La gente de Marcha Verde en las regiones más afectadas reclamó una y otra vez que el dinero no había llegado. De modo que enfrentamos un dilema muy duro: al mismo tiempo que reclamamos a la comunidad internacional apoyo para enfrentar las consecuencias y combatir las causas del cambio climático, nos sometemos a la rapacidad de nuestros propios gobiernos. Evitar que ese dinero se pierda y lograr que llegue a su destino es un problema que compartimos con otros países de la región. Solo un gobierno auténticamente democrático, que represente los intereses de la mayoría de la ciudadanía en vez de los intereses concentrados de los empresarios y los políticos aunados por la corrupción, podrá enfrentar seriamente el problema del cambio climático.
- El espacio cívico en República Dominicana recibe la calificación de ‘obstruido’ en elCIVICUS Monitor, lo cual indica la existencia de restricciones serias de las libertades cívicas.
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CIVICUS: Ending poverty needs serious introspection and hard decisions
Johannesburg, 10 May 2011. CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation calls on the United Nations Least Developed Countries (LDC) IV Conference to examine the current development paradigm and ensure progress on commitments related to development aid funding.
It is vital that practical, innovative and time bound approaches to development are prioritised along with a reaffirmation of commitments under the Paris Declaration and the Accra Agenda for Action.
"After decades of empty promises, missed deadlines and opportunities, the international community must agree that concrete measures need to be taken to ensure domestic ownership of aid. Conditionalities tied to aid packages hinder rather than promote the effective utilisation of aid," said Ingrid Srinath, Secretary General of CIVICUS. "On the other hand, it is equally important that ownership of development processes is democratised at the national level through the inclusion of parliaments, civil society and local communities in developing policies around resource utilisation."
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Climate refugees need global protection – with or without the US
By Danny Sriskandarajah
The United States’ abandonment of global migration and climate change agreements in the same year could be disastrous for climate refugees. When it comes to addressing the growing problem of climate change induced displacement, neither the UN’s Global Compact on Migration nor the Paris Climate Change agreement go far enough. With or without the support of the United States, we need both of these agreements to be more ambitious and implemented faster, to protect some of the world’s most vulnerable people.
Read on: Open Democracy
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New paper on the restrictions facing climate change activists
- Environmental activism is dangerous and too often deadly, and may worsen as the growing climate crisis fuels divides over access to natural resources
- Millions of people have marched this year calling for an end to climate injustice yet around the world just 4 percent of the world’s population live in countries where governments are properly respecting the freedoms of association, peaceful assembly and expression according to the CIVICUS Monitor.
- The annual United Nations climate change negotiations (COP), to be held in Madrid from 2 to 13 December was meant to be the ‘People’s COP’ but was unable to find a home in Latin America, which remains the most dangerous region in the world to be an environmental defender
Millions of people have taken to the streets in 2019 calling for an end to climate injustice but on the frontlines of the crisis and at the United Nations brave activists continue to be deliberately silenced.This new position paper ‘We will not be silenced: Climate activism from the frontlines to the UN’ details how people who speak out for climate justice are threatened and intimidated with violence, repressive laws, frivolous lawsuits and disinformation campaigns. Instead of responding to the demands of the climate movement for a more ambitious and just response to the climate crisis, governments are choosing to smother their voices.
In October, when Chilean civil society called for the government to withdraw the military from the streets before hosting COP 25 the Piñera government instead responded by withdrawing overnight from hosting the pivotal meeting. Chile’s withdrawal reflects a worrying trend after Brazil earlier pulled out from hosting COP 25 and Poland, the host of COP 24, imposed restrictions on public mobilisations and limited the participation of accredited civil society.
Civil society scrutiny and contributions to UN climate talks are vital in a year when millions of people have marched in the streets demanding an end to climate inaction. Recent developments in UN climate talks - including the erasure of the landmark IPCC 1.5 degree report from negotiations - under pressure from states including Saudi Arabia - show the vital need for the COP 25 to be the first true ‘People’s COP’ - reversing the trends in closing space for civil society from the local to the global level.
For more information and interview requests please contact:
Lyndal Rowlands (English)
Natalia Gomez Peña (English, Spanish) -
Nuevo documento sobre las restricciones que sufren los activistas que luchan contra el cambio climático
- El activismo ambiental es peligroso y, con demasiada frecuencia, mortal. Esto puede empeorar a medida que la creciente crisis climática agrava el acceso a los recursos naturales.
- Millones de personas han marchado este año pidiendo el fin de la injusticia climática, pero en todo el mundo solo el 4 por ciento de la población mundial vive en países donde los gobiernos respetan adecuadamente las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, según el Monitor CIVICUS.
- Aunque la COP 25, que se celebrará en Madrid del 2 al 13 de diciembre, debía ser la "COP de la gente", no pudo encontrar un hogar en América Latina, que sigue siendo la región más peligrosa del mundo para defender el medioambiente
Millones de personas salieron a las calles en 2019 pidiendo el fin de la injusticia climática, pero en la primera línea de la crisis y en las Naciones Unidas, valientes activistas continúan siendo silenciados deliberadamente. Este nuevo documento de posición "Silenciando a los Testigos: activismo climático desde la primera línea hasta la ONU" detalla cómo las personas que hablan por la justicia climática son amenazadas e intimidadas con violencia, leyes represivas, juicios frívolos y campañas de desinformación. En lugar de responder a las demandas del movimiento climático por una respuesta más ambiciosa y justa a la crisis climática, los gobiernos eligen sofocar sus voces.En octubre, cuando la sociedad civil chilena pidió al gobierno que retirara a los militares de las calles antes de la COP 25, el gobierno de Piñera respondió cancelando de la noche a la mañana esta reunión central. El retiro de Chile como anfitrión de la COP refleja una tendencia preocupante, después de que Brasil decidió no alojar la COP 25 y Polonia, la anfitriona de la COP 24, impuso restricciones a las movilizaciones públicas y limitó la participación de la sociedad civil acreditada.
El escrutinio por parte de la sociedad civil y las contribuciones a las conversaciones sobre el clima de la ONU son vitales en un año en que millones de personas marcharon por las calles exigiendo el fin de la inacción climática. Los recientes desarrollos en las negociaciones climáticas de la ONU, incluida la eliminación del histórico informe de 1.5 grados del IPCC de las negociaciones, bajo la presión de estados como Arabia Saudita, muestran la necesidad vital de que la COP 25 sea la primera 'COP de la gente', y que se reviertan las tendencias del cierre del espacio cívico para la sociedad civil desde el nivel local hasta el global.
Para obtener más información y solicitudes de entrevistas, comuníquese con:
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Paris Climate Agreement comes into force: A review of the UN's Climate Change Conference in Marrakech (A.K.A. COP22)
One year since the historic Paris Climate Change Agreement, over 20,000 leaders from government, business and civil society met in Marrakech, Morocco for the 22nd Conference of the Parties (COP22). The two week conference reviewed progress on implementation, produced additional commitments and examined the relationship between the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals.
In the beginning, there was a lot of enthusiasm with the ratification of the Paris agreement in a record time just before the negotiations started. However, in the third day of the Conference participants were hit by the election of Donald Trump as President of the United States. Despite reassuring remarks on the resilience of the Paris Agreement and the possibility of leadership on the local and regional levels, concerns and uncertainty about the future of climate cooperation were present throughout the event.
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Sign on! Global Civil Society Declaration on Climate-Induced Migration
At the conclusion of International Civil Society Week 2017 (ICSW) on December 7th, more than 700 civil society leaders and activists from over 100 countries have called for climate change to be formally recognised as a primary driver of migration. The call comes just days after Donald Trump announced that he is withdrawing the United States from the United Nations Global Compact on Migration.
The Global Civil Society Declaration on Climate Induced Displacement was first presented to delegates of ICSW, held in Suva, Fiji, by global civil society alliance CIVICUS and the Pacific Islands Association of Non Governmental Organisations (PIANGO). This is the first time in more than 20 years of convening that ICSW was held in the Pacific region, where rising sea levels are already displacing communities.
The declaration calls on the international community to commit to protecting the human rights of all persons, regardless of their migratory status and fulfill the objectives of the Paris Climate Agreement.“The UN global compact process is a critical opportunity to develop a consensus position on how the international community should promote rights-based migration and protect refugees,” said Danny Sriskandarajah, Secretary General of CIVICUS. “We are urging policymakers to protect the rights and dignity of individuals who are being forced to move, and promote the cultural rights of the communities affected,“ Said Sriskandarajah.
Organisations which have contributed to the declaration include the Pacific Islands Association of Non-Governmental Organisations, the Pacific Islands Development Forum, Oxfam Pacific, 350.org, ACT Alliance and CIVICUS, among others.
WHAT YOU CAN DO
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.@Pacific_2030, @PIDF01, @oxfampacific, @350, @ACTAlliance, CIVICUS & many others, launch Declaration on Climate Induced Displacement. Read the full declaration and sign on here: http://bit.ly/2B6eVDI
More than 700 civil society leaders and activists from over 100 countries call for #climatechange to be recognised as a key driver of #migration! Join the call here: http://bit.ly/2B6eVDI #ICSW2017
I just joined others around the world in signing on to the Climate Declaration! You can too: http://bit.ly/2B6eVDI
.@CIVICUSSG calls on policymakers to protect the rights & dignity of individuals who are being forced to move, and protect the cultural rights of the communities affected. Join the call http://bit.ly/2B6eVDI
Rising seas and extreme weather are leading many to have no option but to abandon their homes! Sign on to the Climate Declaration and call on policy makers to protect climate refugees http://bit.ly/2B6eVDI
Find out more:
Check out these stories by journalists and delegates attending ICSW.Al Jazeera: Ex-New Zealand PM: Manus refugees deserve humanity
Open Democracy: Climate refugees need global protection – with or without the US
Inter Press News: Migrants Deserve Dignity” says CIVICUS While Trump Pulls out of Proposed Migrant Compact
Open Democracy: Climate refugees need global protection – with or without the US
Reuters: Where is the justice?' ask climate 'refugees', sidelined from global deal
Fiji Times: Call for solidarity on migration
Radio New Zealand: Climate-induced migration critical issue for Pacific NGOsWant to know more about what happened at International Civil Society Week 2017? Visit the live blog archive.